CE - Sentencia 25000231500020250078001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

BogotÆ, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos m il veinticinco (2025) Referencia Acción de tutela Radicación 25000-23-15-000-2025-00780-01 Demandante CRISTIAN ALFONSO MART˝NEZ BEDOYA Demandada JUZGADO 53 ADMINISTRATIVO DE BOGOT` Temas Acción de tutela. Requisitos generales de procedibi lidad de la acción. La subsidiariedad. Medio de control de nuli dad y restablecimiento del derecho. Inconformidades sobre ascenso. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sección Cuarta decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de 22 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A que dispuso lo siguiente: «PRIMERO. - DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Yudi Elvira Toro en calidad de agente oficiosa del señor Cristian Alfonso Martínez B edoya contra el Juzgado Cincuenta y Tres (53) Administrativo del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la presente sentencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 5 de septiembre de 2025 1, la seæora Yudy Elvira Aya Toro instauró acción de

expuestas en la presente sentencia».

ANTECEDENTES

1. Pretensiones El 5 de septiembre de 2025 1, la seæora Yudy Elvira Aya Toro instauró acción de tutela contra el Juzgado 53 Administrativo de BogotÆ , quien adujo actuar como representante de su cónyuge el seæor Cristian Alfons o Martínez Bedoya, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la salud, mínimo vital, igualdad y debido proceso de este œltimo.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones : «1. Que se admita la presente acción de tutela.

2. Que se ordene al Juzgado 53 Administrativo del Ci rcuito de BogotÆ actuar con inmediatez para garantizar el cumplimiento pleno, integral y sin solución de continuidad de la sentencia que restablece los derechos de Cristian Alfonso Martínez Bedoya.

3. Que se le ordene al EjØrcito Nacional reconocer su antigüedad interrumpida por actos ilegales, permitirle presentar los cursos de ascenso y asce nderlo al grado que le corresponde, conforme a lo ordenado en la sentencia.

4. Que se ordene el cese inmediato de asignación de fu nciones distintas a las administrativas, segœn lo establece la sentencia judicial.

5. Que se requiera al Juzgado 53 informar en un tØrm ino perentorio las acciones adoptadas para garantizar la ejecución de la sentencia judicial.

6. Que se adopten medidas provisionales si se considera necesario, para proteger el mínimo vital y la estabilidad emocional y familiar del accionante.

7. Que se tenga en cuenta como precedente la Senten cia T-261 de 2014, por tratarse de un caso con similitudes sustanciales.

vital y la estabilidad emocional y familiar del accionante.

7. Que se tenga en cuenta como precedente la Senten cia T-261 de 2014, por tratarse de un caso con similitudes sustanciales.

1 Índice 2 en Samai.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

Demandante: Cristian Alfonso Martínez Bedoya

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8. Que se ordene al EjØrcito Nacional expedir un acto administrativo que repare el daæo ocasionado por la negativa a permitir el ascenso, y proceda a ascender a Cristian Alfonso Martínez Bedoya al grado que le corresponde.

9. Que el Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bo gotÆ imparta directamente la orden de cumplimiento inmediato de la sentencia y adopte medidas efectivas para evitar que la omisión continœe generando perjuicios».

2. Hechos Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes: 2.1. El seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya interpuso de manda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Defensa, EjØrcito Nacional, con el fin de obtener la nulidad (i) del acta de 5 de marzo de 2019 expedida por el Tribunal MØdico Laboral de Revisión Militar y de Policía en la cual se declaró que aquel padecía de una incapacidad permanente parcial con un 11.15% de pØrdida de capac idad laboral y se declaró como una persona no apta para la actividad mil itar y (ii) del acto

y de Policía en la cual se declaró que aquel padecía de una incapacidad permanente parcial con un 11.15% de pØrdida de capac idad laboral y se declaró como una persona no apta para la actividad mil itar y (ii) del acto administrativo por medio del cual fue retirado del s ervicio activo por la causal de disminución de la capacidad psicofísica. A título de restablecimiento del derecho, solicitó s u reintegro sin solución de continuidad en calidad de suboficial del EjØrcito Nacional; así como el pago de la totalidad de salarios, primas, subsidios, prestaciones y demÆs emolumentos dejados de percibir desde la fecha de retiro. 2.2. Del asunto conoció en primera instancia el Juzgado 53 Administrativo de BogotÆ, expediente 11001-33-42-053-2019-00467-00. En sentencia de 15 de mayo de 2023, dicha autoridad judicial declaró la nul idad parcial del acta del Tribunal MØdico Laboral de Revisión Militar y de Policía TML19-2141 de 2019, así como del acto administrativo que dispuso el ret iro del servicio activo del seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya. La decisión se fundamentó en que el testimonio tØcn ico del mØdico psiquiatra daba cuenta que para la fecha de consulta el seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya no presentaba síntomas ni signos de padecer una enfermedad mental activa; ademÆs, de la historia clínica tampoco se de sprendía la existencia de una enfermedad mental crónica. A su vez, el experto i ndicó que al haberse

Bedoya no presentaba síntomas ni signos de padecer una enfermedad mental activa; ademÆs, de la historia clínica tampoco se de sprendía la existencia de una enfermedad mental crónica. A su vez, el experto i ndicó que al haberse dado un tratamiento óptimo y advertirse que en los œlt imos 6 o 7 aæos no se habían presentado episodios mentales, lo mÆs probable es que la enfermedad se hubiese presentado de manera temporal, como un ev ento aislado. La autoridad judicial tambiØn aseguró que se corrobo ró que antes de ser retirado del servicio militar el actor ejercía labores en el Batallón de Sanidad en Campaæa “SL.J.M. Hernández”, desarrollando funciones administrativas, ayudando en el rØgimen interno y en el archivo. Segœn el acta de seguimiento aportada, aquel adelantó sus labores con total normal idad. Asimismo, se acreditó que aprobó el curso como tØcnico mantenimient o aeronÆutico y que tiene mœltiples capacitaciones y estudios en el SENA. Por consiguiente, el Juzgado afirmó que la disminución de la capacidad laboral del demandante no obstruía su buen desempeæo como mi litar y que sus capacidades podrían ser aprovechadas en otros campo s que no fuesen en combate. MÆs si se considera que esas funciones adm inistrativas eran, justamente, las que venía desempeæando al momento d el retiro. Por lo tanto, la autoridad judicial censuró que el nominador no h aya tenido en cuenta el desempeæo de actividades del suboficial previo a su retiro del servicio, su

justamente, las que venía desempeæando al momento d el retiro. Por lo tanto, la autoridad judicial censuró que el nominador no h aya tenido en cuenta el desempeæo de actividades del suboficial previo a su retiro del servicio, su formación acadØmica y la utilidad que este le podía ofrecer a la entidad.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

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3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En criterio del Juzgado, la institución castrense te nía el deber de implementar medidas de discriminación afirmativas en favor del ac tor, para garantizar su igualdad material. Lo anterior dada la estabilidad d e la que gozaba, en virtud de la discapacidad física adquirida con ocasión del servicio. Aæadió que segœn el artículo 107 del Decreto 1790 de 2000 es posible mantener en el servicio activo a aquellos miembros d e las Fuerzas Militares que por sus calificaciones lo merezcan y cuando sus capacidades puedan ser aprovechadas en determinadas actividades militares. Por ende, consideró que el nominador debió optar inicialmente por la reubicación laboral, antes de ordenar el retiro, pues se trataba de una disminución de la capacidad psicofísica menor que no afectó el desarrollo normal de funciones. Con fundamento en las razones expuestas, el Juzgado dispuso lo siguiente: «TERCERO: A título de restablecimiento del derecho OR DENAR al MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL el reintegro del seæor CRISTIAN ALFONSO MARTINEZ

«TERCERO: A título de restablecimiento del derecho OR DENAR al MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL el reintegro del seæor CRISTIAN ALFONSO MARTINEZ BEDOYA (…), al grado que ostentaba al momento de su retiro, de biendo ser ubicado laboralmente en la misma ciudad que se encontraba al momento de la separación del servicio, en el Ærea cuya actividad pueda desempeæar de acuerdo a sus habilidades actuales, destrezas y formación acadØmica o en su defecto se le imparta instrucción en Æreas administrativas, en la misma ciudad, sin solución de continuidad, conforme y se indicó en la parte motiva. A título indemnizatorio, pagar el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir sin superar los veinticuatro (24) meses de salario, d escontando de ese monto las sumas de ley que corresponden al servidor y toda aquella que, por cualquier concepto laboral, pœblico o privado, dependiente o independiente, haya recibido el demandante; así como lo percibido por concepto de indemnización por el retiro, de conformidad con lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia». 2.3. Ninguna parte presentó recurso de apelación contra la s entencia de primera instancia. 2.4. En el aæo 2025, aduciendo actuar como representante d e su cónyuge, la seæora Yudy Elvira Aya Toro presentó varios memoriales a nte el Juzgado 53 Administrativo de BogotÆ bajo el rótulo de incidente de desacato, en los que solicitó lo siguiente: (sic para toda la cita) «1. Que se adopten las medidas urgentes y necesarias para evitar una nueva vulneración de

Administrativo de BogotÆ bajo el rótulo de incidente de desacato, en los que solicitó lo siguiente: (sic para toda la cita) «1. Que se adopten las medidas urgentes y necesarias para evitar una nueva vulneración de derechos fundamentales del suboficial Cristian Alfonso Martínez Bedoya, tanto en el presente como en el futuro.

2. Que se ordene a la entidad demandada que, en un tØrmino improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas: Proceda a la inclusión inmediata del s uboficial en el curso de ascenso actualmente en desarrollo, o, En su defecto, expida el correspondiente acto administrativo de ascenso al grado inmediatamente superior, como medida de restablecimiento pleno, reconociendo el tiempo de servicio conforme a la sentencia.

3. Que se insista a la entidad en el deber de cumplimi ento efectivo del fallo judicial, no como una formalidad, sino como garantía sustancial de los d erechos restablecidos por esta jurisdicción.

4. Que se disponga que no se vuelva a incurrir en vulne ración alguna de los derechos del suboficial Cristian Alfonso Martínez Bedoya, ni en la p resente ni en futuras situaciones,

garantizando así la estabilidad y desarrollo de su carrera militar conforme a la ley y al fallo judicial y que de igual forma su actividad dentro de la institución sea tal cual dice en el fallo en funciones administrativas inherentes a su conocimiento. (…)

3. Que el despacho tenga en cuenta la urgencia del cu mplimiento de la sentencia judicial proferida, y en consecuencia active el procedimiento correspondiente de conformidad con el articulo 299 del CPACA, adoptando las medidas que estime necesarias y proporcionales para garantizar su ejecución efectiva».

proferida, y en consecuencia active el procedimiento correspondiente de conformidad con el articulo 299 del CPACA, adoptando las medidas que estime necesarias y proporcionales para garantizar su ejecución efectiva». 2.5. En auto de 5 de septiembre de 2025, el Juzgado 53 A dministrativo de BogotÆ dispuso no dar trÆmite a las solicitudes radicadas, por considerar que estas eran improcedentes y dada la falta de acreditación del derecho de postulación.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El juzgado explicó que, conforme al artículo 160 de la Ley 1437 de 2011 es obligatorio contar con la representación de un abogad o para participar en un proceso judicial. Esta exigencia busca asegurar una d efensa tØcnica y especializada en el litigio y garantizar una representación adecuada, lo cual es fundamental para el correcto desarrollo del proceso ju dicial. En consecuencia, si bien la seæora Yudy Elvira Aya Tor o manifestó actuar como cónyuge y tercero con interØs legítimo y pese a que aportó poder notariado conferido por el seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya en el que la autoriza para adelantar trÆmites administrativos y jur ídicos, lo cierto es que tal representación no estÆ permitida. La razón obedece a que la seæora Yudy Elvira Aya Toro carece de las condiciones para representa rlo judicialmente, al no ser abogada debidamente inscrita.

representación no estÆ permitida. La razón obedece a que la seæora Yudy Elvira Aya Toro carece de las condiciones para representa rlo judicialmente, al no ser abogada debidamente inscrita. Por otra parte, respecto a la solicitud incidental, la autoridad judicial explicó que el incidente de desacato es una institución prop ia de la acción de tutela, mas no del medio de control de nulidad y restablecim iento del derecho. TambiØn se le indicó a la solicitante que de requerirs e el cumplimiento de una sentencia declarativa, como es el caso, el mecanism o idóneo es a travØs del proceso ejecutivo, pues es ese el trÆmite previsto par a exigir la ejecución de la orden judicial impartida. Sin embargo, se explicó que dicho proceso se limita a exigir la ejecución de la orden clara, expresa y exigible que haya dictado el juez. En el caso, sin embargo, no se advierte que e l incumplimiento alegado se relacione con la orden impartida a título de restab lecimiento del derecho. De ahí que los nuevos hechos que no fueron objeto d e discusión en el medio de control no son susceptibles de ejecución.

3. Fundamentos de la acción La seæora Yudy Elvira Aya Toro indicó que actœa como te rcero con poder especial otorgado por Cristian Alfonso Martínez Bedoya, «sin ser abogada, en mi calidad de esposa y representante directa para la defensa de sus derechos fundamentales».

Manifestó que, a pesar de lo resuelto judicialmente por el Juzgado 53 Administrativo de BogotÆ, el EjØrcito ha negado a su cónyuge el acce so a cursos de ascenso, por razones que no son atribuibles a Øl. Por ejemplo, se le ha dicho que no cumple con

de BogotÆ, el EjØrcito ha negado a su cónyuge el acce so a cursos de ascenso, por razones que no son atribuibles a Øl. Por ejemplo, se le ha dicho que no cumple con el tiempo requerido. Sin embargo, aseguró que no es vÆ lido aducir esa razón, ya que «el tiempo fue afectado precisamente por el acto ilegal anulado en la sentencia». TambiØn indicó que, pese a que la sentencia estable ce que Cristian Alfonso Martínez Bedoya debe desempeæar funciones administra tivas, este œltimo ha sido forzado a cumplir funciones militares y sometido a tratos discriminatorios. Todo esto contradice lo ordenado judicialmente. Indicó que desde el 18 de julio de 2025 se han radi cado varios memoriales ante el Juzgado 53 Administrativo de BogotÆ solicitÆndole que como medida de reparación integral le ordene al EjØrcito Nacional expedir un acto administrativo que reconozca el daæo y, por lo tanto, conceda el ascenso correspo ndiente. Sin embargo, dicha autoridad judicial no ha procedido de esa forma, lo cual demuestra una omisión «por parte de servidores pœblicos al no cumplir el fallo j udicial ni adoptar medidas para garantizar sus efectos». Por su parte, el EjØrcito ha respondido que «la sentencia no ordena la devolución de la antigüedad». Por consiguiente, como juez natural, al Juzgado 53 A dministrativo de BogotÆ le corresponde impartir una orden de cumplimiento integral de la sentencia, en la que se dispongan las medidas necesarias para evitar nuev as vulneraciones y reparar el daæo ya causado.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

corresponde impartir una orden de cumplimiento integral de la sentencia, en la que se dispongan las medidas necesarias para evitar nuev as vulneraciones y reparar el daæo ya causado.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

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5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Se refirió a la sentencia T-261 de 2014, en la cual la Corte Constitucional amparó los derechos de una teniente de la Policía Nacional afectada por una actuación ilegal que interrumpió su antigüedad y obstaculizó sus ascen sos. En dicho fallo, la Corte ordenó que se le reconociera la antigüedad y se le as cendiera hasta alcanzar el grado correspondiente frente a sus compaæeros, como repar ación a la vulneración generada por el acto anulado. Indicó que ese preced ente es aplicable al caso del seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya, cuya situació n jurídica y fÆctica es similar.

4. TrÆmite e intervenciones 4.1. El 6 de septiembre de 2025, la seæora Yudy Elvira Aya Toro y el seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya allegaron memorial suscrito por ambos, en el que sostuvieron que el Juzgado 53 Administrativo de Bogo tÆ incurrió en una dilación al no dar respuesta oportuna a los memoriale s presentados y que hasta ese día se les dio respuesta a sus solicitudes .

Reprocharon que tal autoridad judicial «estÆ dando trÆmite solo de forma y no de fondo a mi solicitud, cumpliendo œnicamente requisitos forma les sin resolver realmente la

hasta ese día se les dio respuesta a sus solicitudes . Reprocharon que tal autoridad judicial «estÆ dando trÆmite solo de forma y no de fondo a mi solicitud, cumpliendo œnicamente requisitos forma les sin resolver realmente la vulneración de mis derechos». Asimismo, manifestaron su desacuerdo con el hecho de que el Juzgado exija la intervención de un abogado, a pesar de que el seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya confirió poder a la seæora Yudy Elvira Aya Toro. A su juicio, esto significa un obstÆculo inju stificado para el acceso a la justicia. Se indicó que se otorgó poder para que la cónyuge Yudy Elvira Aya Toro actœe en representación del seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya «por motivos de seguridad y temor fundado a posibles represalias direct as en mi contra debido al carÆcter sensible y delicado de este proceso. Este temor se basa en antecedentes y circunstancias que ponen en riesgo mi integridad personal y profesional si yo actœo directamente». Aseguraron que en la sentencia del medio de control se ordenó el reintegro del seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya sin solución de continuidad. No obstante, el EjØrcito Nacional ha interpretado que puede negar el acceso a los cursos de ascenso, debido a que en la sentencia no se dijo expresamente que debía reconocerse el tiempo de antigüedad. Esta es un a interpretación restrictiva, pues la expresión sin solución de continu idad implica que deben reconocerse todos los efectos legales del tiempo en q ue estuvo fuera del servicio, lo cual incluye el tiempo de servicio para efectos de antigüedad, el derecho a acceder a cursos de ascenso y el reconocim iento del tiempo para

reconocerse todos los efectos legales del tiempo en q ue estuvo fuera del servicio, lo cual incluye el tiempo de servicio para efectos de antigüedad, el derecho a acceder a cursos de ascenso y el reconocim iento del tiempo para efectos laborales y prestacionales. Informaron que durante mÆs de un aæo y medio se ha s olicitado el acceso a los cursos de ascenso, y pese a que el seæor Cristian Alfonso Martínez Bedoya cumple con todos los requisitos de ley sistemÆticam ente se le ha negado el acceso a estos. Finalmente, reiteraron aspectos expuestos en el escri to de tutela y solicitaron «que se tomen medidas cautelares urgentes, como conced erme mi ascenso y el reconocimiento de mi tiempo de servicio, mientras se subsa nan las formalidades que el juzgado considere necesarias y se inicia, si así lo requ ieren, el proceso ejecutivo correspondiente». 4.2. Mediante auto de 8 de septiembre de 2025, se admiti ó la acción de tutela interpuesta por el seæor Cristian Alfonso Martínez Bed oya a travØs de su agente oficiosa la seæora Yudy Elvira Aya Toro contra el Juzgado Cincuenta y Tres 53 Administrativo de BogotÆ y el Ministerio de Defensa, EjØrcito Nacional; se negó la medida provisional solicitada; y se dispu so efectuar las notificaciones correspondientes.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

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6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4.3. El Juzgado 53 Administrativo de BogotÆ solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción de tutela por desconocer el requisito de subsidiariedad, en tanto que se pretende controvertir un acto administrativo autónomo, esto es el de la exclusión del accionante de un curso de ascenso. En subsidio, solicitó negar el amparo debido a que n o existe vulneración de derecho fundamental alguno que le sea atribuible. Por el contrario, adujo que cada etapa del proceso se adelantó con apego a la n ormativa aplicable y a la Constitución, garantizando así el debido proceso. La autoridad judicial informó que las solicitudes presentadas con posterioridad a la terminación de la nulidad y restablecimiento d el derecho fueron resueltas conforme a derecho. Allí se explicó que la figura del desacato es inaplicable frente a una sentencia declarativa, cuyo cumplimient o se exige a travØs del proceso ejecutivo. Igualmente, se recordó que la orden clara, expresa y e xigible impartida en la sentencia se circunscribió al reintegro y al pago de las acreencias reconocidas, sin incluir disposición alguna sobre ascensos pues ese aspecto no hizo parte de las pretensiones formuladas en el medio de contro l. Por tanto, consideró que no resulta procedente por vía de tutela ampliar el alcance del fallo en firme ni reabrir el debate sobre asuntos no sometidos en s u momento al control de legalidad. Finalmente, sostuvo que de considerar que existen vu lneraciones respecto al

que no resulta procedente por vía de tutela ampliar el alcance del fallo en firme ni reabrir el debate sobre asuntos no sometidos en s u momento al control de legalidad. Finalmente, sostuvo que de considerar que existen vu lneraciones respecto al tema de los ascensos, la parte actora debe acudir ant e el juez de lo contencioso administrativo a fin de que este ejerza el control de legalidad de los actos relacionados con tal materia. 4.4. El Comando Personal del EjØrcito Nacional aseguró que el accionante de manera reiterativa ha presentado varias peticiones sobre el tema debatido, las cuales ya fueron resueltas mediante oficios 2024305 003303921 del 29 de noviembre de 2024, 2025305000025841 del 8 de enero d e 2025, 2025305000636151 del 11 de marzo de 2025 y PQR1204580 del 21 de julio de 2025. De otra parte, manifestó que el actor presentó otras tutelas sobre la misma situación fÆctica expuesta en esta acción, las cual es fueron resueltas por el Juzgado Quince (15) Laboral del Circuito de BogotÆ exp ediente 2025-1001000 y por el Juzgado Treinta y Cuatro (34) Laboral del Circuito expediente 202510126-00. En consecuencia, sostuvo que existe temer idad en cabeza de la parte actora. De otro lado, indicó que el Consejo de Estado ya ha aclarado que la expresión sin solución de continuidad en casos de reintegro d e un oficial no implica su ascenso en el escalafón militar. Al respecto, transc ribió el concepto de 3 de julio de 2015 proferido por el Consejo de Estado, en el cual se indicó lo siguiente:

ascenso en el escalafón militar. Al respecto, transc ribió el concepto de 3 de julio de 2015 proferido por el Consejo de Estado, en el cual se indicó lo siguiente: «una orden de reintegro sin solución de continuidad debe entenderse en el sentido de que el vínculo con el servicio no se ha suspendido o interrumpid o, de tal suerte que el trabajador o empleado debe ser restituido a la posición en que se en contraría sino hubiese sido retirado. (…) Ahora bien, tratÆndose de una sentencia que ordena el reintegro de un oficial o suboficial de las Fuerzas Militares y declare que no ha existido solución de continuidad, esta expresión debe entenderse en el sentido de que el uniformado, si bie n debe ser reincorporado al servicio y considerarse como si nunca hubiese sido desvinculado, ello no implica necesariamente su ascenso dentro del escalafón militar ni la orden al Eje cutivo para que se lleve a cabo. Lo anterior teniendo en cuenta que i) es el Ejecutivo el que goza de la potestad discrecional de disponer de los ascensos de los miembros de las Fuerzas Militares y ii) el sólo paso del tiempoRadicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

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7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – BogotÆ D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co no es suficiente para otorgar una promoción, toda vez que esta requiere el cumplimiento de todos los demÆs requisitos y condiciones exigidos en la ley, que deben ser valorados por el Ejecutivo dentro del marco de su potestad discrecional».

no es suficiente para otorgar una promoción, toda vez que esta requiere el cumplimiento de todos los demÆs requisitos y condiciones exigidos en la ley, que deben ser valorados por el Ejecutivo dentro del marco de su potestad discrecional». TambiØn informó que el suboficial Martínez Bedoya actualmente se encuentra disfrutando del goce de las vacaciones, luego de ter minar el curso de escalafonamiento a Talento Humano en la Escuela Logí stica. En consecuencia, aseguró que en «fecha reciente no le han sido asignadas funciones contrarias a las administrativas o acadØmicas para su desarrollo laboral profesional». Agregó que aquel desempeæa funciones que «hacen parte del argor militar»; sin embargo, no se trata de funciones que se desarrollen en el Ære a de operaciones, o que vayan en deterioro a su salud. Sostuvo que en su criterio no existe vulneración de lo s derechos fundamentales del suboficial, ya que aquel goza de un salario mensual, de todas las garantías prestacionales de un militar de su grado, servicios de salud, entre otros. Finalmente, manifestó que el ascenso del personal un iformado de la Fuerza Pœblica no es procedente por vía judicial ya que existe toda una normativa que regula tal materia. En virtud de esta, al presidente d e la Repœblica y al comandante de la respectiva fuerza, por delegación, l es asiste la facultad discrecional para ascender al personal de suboficiales teniendo en cuenta, entre otros elementos, la conveniencia y las necesi dades del servicio. Por las razones expuestas, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de

Por las razones expuestas, solicitó la declaratoria de improcedencia de la acción.

5. Providencia impugnada Mediante sentencia de 22 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A declaró la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por considerar que no se cumple con los requisitos generales de procedibilidad de inmediatez y subsidiariedad.

La autoridad judicial manifestó que no se cumple el primero de estos, dado que con la tutela «se pretende obtener pronunciamientos adicionales que no fueron objeto de estudio (...) en la sentencia de primera instancia de 15 de mayo de 2023, (...) providencia notificada por medios electrónicos el 28 de agosto de la misma anualidad frente a la cual operó el fenómeno de cosa juzgada al no haber sido interpuesto recurso de apelació n». Asimismo, se indicó que «el reconocimiento de la antigüedad interrumpida, la autorización de cursos de ascenso y el otorgamiento del grado correspondiente (...) no hicieron parte del objeto litigioso ni fueron resueltas por la sentencia del Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá». Dadas las pretensiones formuladas en el medio de control, el referido Juzgado se limitó a declarar la nulidad de los actos administrativos de retiro, ordenar el reintegro en condiciones específicas y disponer el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir. Por otra parte, respecto al requisito de subsidiariedad sostuvo que existen otros mecanismos judiciales para resolver las controversias sobre el reconocimiento de derechos subjetivos derivados de la carrera militar, en especial lo relativo a los cursos de ascenso.

6. Impugnación La seæora Yudy Elvira Aya Toro impugnó la sentencia de primera instancia,

derechos subjetivos derivados de la carrera militar, en especial lo relativo a los cursos de ascenso.

6. Impugnación La seæora Yudy Elvira Aya Toro impugnó la sentencia de primera instancia, porque consideró que existe un perjuicio irremediable actual, familiar, emocional, económico y profesional.

Sostuvo que «la tutela no pretende reabrir el caso de nulidad, sino hacer cumplir la sentencia ya proferida». Sin embargo, en su criterio no existe ningœn otro medio eficaz ni inmediatoRadicado: 25000-23-15-000-2025-00780-01

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