CE - Sentencia 25000231500020250084701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Acción: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-15-000-2025-00847-01

Accionante: MARTHA NIDIA ROJAS ÁLVAREZ

Accionado: JUZGADO 46 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial — confirma decisión que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no superar el requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia proferida el 9 de octubre de 2025 por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto 1069 de 2015, modificado por los decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 26 de septiembre 2025, el juez de primera instancia admitió la acción constitucional2 y, mediante la providencia del 18 de noviembre de 2025 concedió

Acuerdo 080 de 20191 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

Por auto del 26 de septiembre 2025, el juez de primera instancia admitió la acción constitucional2 y, mediante la providencia del 18 de noviembre de 2025 concedió la impugnación. Posteriormente, en auto del 26 de noviembre de 2025, el despacho ponente de esta decisión dispuso auto de mejor proveer para vincular a terceros con interés3.

I. ANTECEDENTES

1.1. Tutela

1. La señora Martha Nidia Rojas Álvarez, actuando en nombre propio, presentó acción de tutela en contra del Juzgado 46 Administrativo del Circuito

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024. 2 Índice 4 del expediente de primera instancia en Samai. En la mentada providencia se dispuso notificar en calidad de accionado al Juzgado 46 Administrativo de Bogotá. 3 En esta decisión se dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés de la Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Soacha. Asimismo, se le ordenó al Juzgado 46 Administrativo de Bogotá que fijara una anotación al interior de la acción popular 2024-00453-00 en la que informara la existencia de este proceso y que los integrantes e intervinientes estaban vinculados en este trámite.Accionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

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Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

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Judicial de Bogotá. Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

2. Las anteriores trasgresiones constitucionales se las adjudica a la providencia dictada el 22 de julio de 2025 por la autoridad judicial accionada, mediante la cual declaró «el agotamiento de la jurisdicción» , al interior de la acción popular que se identifica con radicado 11001-33-42-046-2024-00453-00.

3. En concreto, la parte actora solicitó lo siguiente:

1.1. Solicito al señor Juez, que se TUTELEN nuestros derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO (contenido en vías de hecho por error judicial) y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, conculcados por el despacho judicial accionado, con ocasión de la tramitación de la acción popular 11001334204620240045300 y en especial, contra una decisión adoptada por dicho despacho (auto del 22 de julio de 2025), por medio de la cual declaró el agotamiento de la jurisdicción respecto a dos (2) manzana catastrales ubicadas aquí en el barrio El Porvenir de Soacha Cundinamarca. Que se declare que el auto del 22 de julio contiene defecto procedimental, toda vez que no existe agotamiento de la jurisdicción, pues el artículo 173 del CPACA es claro y dentro

aquí en el barrio El Porvenir de Soacha Cundinamarca. Que se declare que el auto del 22 de julio contiene defecto procedimental, toda vez que no existe agotamiento de la jurisdicción, pues el artículo 173 del CPACA es claro y dentro de la AP 42-2203-316 NO hubo reforme de la demand a y por ende, las pretensiones allí son diferentes a las de esta demanda que nos ocupa. 1.2. Que a consecuencia de lo anterior, se DEJE sin valor ni efecto jurídico lo decidido por el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá dentro de la Acción Popular 2024-453 y se siga tramitando conforme se promovió la demanda inicialmente, es decir, incluyendo el estudio de hechos y pretensiones sobre las cuatro manzanas catastrales involucradas y desechando la idea del inexistente agotamiento de la jurisdicción. 1.3. Que se ORDENE al Juzgado Cuarenta y Seis (46) Administrativo de Bogotá, revisar su concepto de “agotamiento de la jurisdicción” y cambie la mentalidad ante las evidentes y contundentes pruebas de que pueden confluir dos demandas diferentes sobre hechos similares, pero cuyas pretensiones son diferentes. Que se le indique al Juez y sus sustanciadores, que el CPACA es claro en establece los momentos procesales oportunes para reformar la demanda y que NO es de recibo que ante los comentarios de los abogados, se salte la norma y asuma como reformada la demanda en cuando a hechos y pretensiones. 1.4. Que se EXHORTE al despacho judicial accionado, a que NO repitan las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia y que eliminen las barreras procesales. [Sic a toda la cita]

1.4. Que se EXHORTE al despacho judicial accionado, a que NO repitan las conductas vulneradoras de los derechos fundamentales de los usuarios de la administración de justicia y que eliminen las barreras procesales. [Sic a toda la cita]

1.2. Hechos

4. La señora Martha Nidia Rojas Álvarez, ejerció acción popular en contra de las Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía Municipal de Soacha, con el fin de que se protegieran los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al goce de un ambiente sano, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público, así como a la seguridad y salubridad pública.

5. En consecuencia, solicitó que se ordenara la adopción de medidas administrativas para proteger las zonas verdes que se ale gan comoAccionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

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abandonadas, desprotegidas y en peligro de ser ocupadas por particulares, debido a un presunto fraude procesal con los folios de matrícula inmobiliaria en los lotes identificados con manzanas catastrales 25754010200000988, 25754010200000989, 25754010200001563, 257540102000016330001, todas ubicadas en Soacha (Cundinamarca).

6. La demanda fue admitida el 14 de febrero de 2025 por el Juzgado 46

25754010200000989, 25754010200001563, 257540102000016330001, todas ubicadas en Soacha (Cundinamarca).

6. La demanda fue admitida el 14 de febrero de 2025 por el Juzgado 46

Administrativo Oral del Circuito de Bogotá.

7. Posteriormente, en auto del 22 de julio de 2025, la autoridad judicial declaró que en el caso se configuró el fenómeno del agotamiento de la jurisdicción, respecto a las pretensiones relacionadas con los predios identificados con los códigos de manzana catastral 25754010200000988 y

257540102000016330001. Por ende, dio por terminada la tramitación del proceso en relación con tales lotes.

8. Inconforme con lo decidido en la providencia anterior, el apoderado de la señora Rojas Álvarez ejerció los recursos de reposición y en subsidio de apelación.

9. Mediante auto del 27 de agosto del presente año, la autoridad judicial dispuso no reponer la decisión del 22 de julio y negó por improcedente el recurso de apelación, tras considerar que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 472 de 1998 aquel mecanismo de impugnación únicamente procede contra el auto que decreta medidas cautelares y la sentencia de primer grado.

1.3. Sustento de la vulneración

10. La parte accionante afirmó que en el sub judice concurren los requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela. En lo que atañe a la subsidiariedad, precisó que su apoderado interpuso los recursos de ley contra la decisión que la aqueja, sin embargo, los mismos fueron negados por el juzgado accionado.

subsidiariedad, precisó que su apoderado interpuso los recursos de ley contra la decisión que la aqueja, sin embargo, los mismos fueron negados por el juzgado accionado.

11. De otro lado, con relación a los cargos específicos, arguyó que la providencia del 22 de julio de 2025 incurrió en defecto procedimental, por cuanto se adoptó con desconocimiento del procedimiento establecido en el artículo 173 del CPACA y, en defecto fáctico, al haberse emitido sin el apoyo probatorio para la aplicación del supuesto legal en que se sustenta la decisión cuestionada.

1.4. Intervenciones

12. El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá solicitó que se nieguen las pretensiones de la solicitud de amparo «por improcedentes». Para el efecto, señaló que la providencia cuestionada no incurrió en ningún vicio que avale la procedencia de la tutela. precisó que la decisión fue emitida con fundamentos jurídicos ampliamente debatidos en el curso del proceso ordinario,Accionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

particularmente, en el recurso de apelación contra el auto del 22 de julio de 2025. De ahí que, lo pretendido por la accionante no es otra cosa que agotar con esta acción una tercera instancia.

13. También destacó que la tutelante contó con la posibilidad de ejercer el

De ahí que, lo pretendido por la accionante no es otra cosa que agotar con esta acción una tercera instancia.

13. También destacó que la tutelante contó con la posibilidad de ejercer el recurso de queja contra el auto que negó la apelación; sin embargo, no lo hizo.

14. La Superintendencia de Notariado y Registro y la Alcaldía de Soacha, pese a ser debidamente notificados, guardaron silencio4.

1.5. Sentencia de primera instancia

15. Mediante el fallo del 9 de octubre de 2025, la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia. Como fundamento de la decisión, el a quo alegó que la solicitud de amparo no acredita los requisitos de relevancia constitucional ni de agotamiento de todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. En síntesis, consideró que la señora Rojas Álvarez pretendía debatir los argumentos empleados por el juez natural que declaró la terminación parcial del proceso y, en todo caso, en contra de la decisión que no repuso el auto del 22 de julio de 2025 y negó la apelación, tuvo la posibilidad de ejercer el recurso de queja, y no lo hizo.

1.6. Impugnación

16. La señora Martha Nidia Rojas Álvarez pidió que se revocará la decisión de primera instancia y se accediera al amparo solicitado. Indicó que el recurso de queja no era un recurso a su disposición como lo han considerado las autoridades judiciales que han intervenido en esta disputa. Además, expuso que la

primera instancia y se accediera al amparo solicitado. Indicó que el recurso de queja no era un recurso a su disposición como lo han considerado las autoridades judiciales que han intervenido en esta disputa. Además, expuso que la comunidad necesitaba que esas dos manzanas catastrales fueran objeto de decisión judicial y no se excluyeran como lo hizo la autoridad accionada.

II. CONSIDERACIONES

17. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se superan los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.1. Caso Concreto

2.1. La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de procedencia de tutela contra providencias judiciales

4 Véase índice 8 Samai – expediente de segunda instancia.Accionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

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18. El Consejo de Estado5 y la Corte Constitucional6, han condicionado la procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos

cumplimiento de ciertos requisitos generales7 y a la configuración de algún defecto especial8 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de procedencia.

19. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.

Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.

20. En este caso, esta Sección considera que la solicitud de amparo no cumple con todos los requisitos generales de procedencia referidos, como pasa a exponerse.

21. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva).

22. La Sala advierte que la señora Martha Nidia Rojas Álvarez está legitimada en la causa por activa. Esto, teniendo en cuenta que funge como demandante dentro del trámite de acción popular que se identifica con radicado 11001-33-42046-2024-00453-00.

23. Por su parte, la Sala evidencia que el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la decisión controvertida en esta oportunidad.

046-2024-00453-00.

23. Por su parte, la Sala evidencia que el Juzgado 46 Administrativo de Bogotá se encuentra legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad que profirió la decisión controvertida en esta oportunidad.

24. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01. 6 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005. 7 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material

vulneradores del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza. 8 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.Accionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

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derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial; y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.

25. En este caso, a juicio de la parte tutelante, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos procedimental absoluto y fáctico. El primero, por haberse apartado del procedimiento establecido en el artículo 173 del CPACA. El segundo, porque la decisión que dio por terminado parcialmente el proceso no

incurrió en los defectos procedimental absoluto y fáctico. El primero, por haberse apartado del procedimiento establecido en el artículo 173 del CPACA. El segundo, porque la decisión que dio por terminado parcialmente el proceso no fue sustentada con elementos de convicción.

26. En este punto, debe recordarse que la jurisprudencia constitucional ha precisado que el defecto procedimental absoluto tiene lugar en alguno de los siguientes eventos: «(i) sigue un trámite totalmente ajeno al asunto sometido a su competencia; (ii) pretermite etapas sustanciales del procedimiento establecido o (iii) no realiza el debate probatorio»9.

27. Asimismo, la Corte Constitucional ha precisado que la procedencia de la tutela en estos casos es necesario la concurrencia de los siguientes elementos:

“(i) que no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter subsidiario de la acción de tutela, salvo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio irremediable; (ii) que el defecto procesal sea manifiesto y tenga una incidencia directa en el fallo que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido alegada en el proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las especificidades del caso concreto; (iv) que la situación irregular no sea atribuible al afectado; y finalmente, (v) que, como consecuencia de lo anterior, se presente una vulneración a los derechos fundamentales10.

28. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que aun cuando la parte actora identificó la modalidad del defecto procedimental en la que habría incurrido

presente una vulneración a los derechos fundamentales10.

28. Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que aun cuando la parte actora identificó la modalidad del defecto procedimental en la que habría incurrido la autoridad accionada, lo cierto es que no realizó un ejercicio argumentativo adecuado, encaminado a demostrar los elementos que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para que proceda un análisis de fondo del mismo.

29. En otros términos, si bien la accionante mencionó que el Juzgado 46 del Circuito Judicial de Bogotá se apartó del procedimiento descrito en el artículo 173 del CPACA, lo cierto es que no explicó como aquello incidió en la decisión, si fue alegado en el proceso ordinario, ni ningún otro argumento fáctico y jurídico a partir del cual el juez constitucional pudiese evidenciar la posible transgresión de

9 Corte Constitucional, sentencia T-0166 de 2022. 10 Corte Constitucional, sentencia SU-418 de 2019.Accionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

derechos fundamentales y la necesidad de examinar de fondo la providencia controvertida.

30. Similar apreciación surge en torno al defecto fáctico alegado. Nótese que, sobre el mentado yerro, la señora Rojas Álvarez se limitó a mencionar que la

controvertida.

30. Similar apreciación surge en torno al defecto fáctico alegado. Nótese que, sobre el mentado yerro, la señora Rojas Álvarez se limitó a mencionar que la decisión no fue soportada en un análisis probatorio, no obstante, no trajo a colación ningún sustento que permita corroborar su dicho , ni tampoco hizo referencia a los elementos de convicción que, a su juicio, de haberse apreciado hubieran llevado a una decisión distinta.

31. Salta a la vista que lo pretendido en esta instancia, es que se suplante la competencia del juez natural de la controversia, de manera que se adelante el análisis legal y jurisprudencial en relación con los predios frente a los cuales se consideró que había operado el fenómeno de agotamiento de la jurisdicción.

32. En este punto, conviene resaltar lo siguiente:

[…] la Corte ha sido clara en señalar que un asunto carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental […] y no a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios11. [Énfasis de la Sala]

33. Con tal precisión, la sala advierte que la presente controversia se limita a la inconformidad de la parte actora con l as conclusiones arribadas por la autoridad accionada. Sin embargo, se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en

la inconformidad de la parte actora con l as conclusiones arribadas por la autoridad accionada. Sin embargo, se reitera que en materia de tutelas contra providencias judiciales le está vedado al juez constitucional inmiscuirse en cuestiones de la órbita de los operadores judiciales naturales.

34. Por lo tanto, el estudio debe basarse exclusivamente en los argumentos de raigambre constitucional esgrimidos por los actores dentro del trámite de tutela, toda vez que, si se analizaran solo los argumentos del accionante, sin el contraste de un indebido e irracional estudio por parte de la autoridad judicial, se atentaría contra el principio de autonomía judicial y así, en últimas se convertiría el mecanismo constitucional en una tercera instancia12.

35. De lo visto hasta este punto, es suficiente para que se confirme la decisión adoptada por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo, pues como fue anotado previamente, la ausencia de uno solo de los requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial deviene como razón suficiente para no hacer un estudio de fondo de la solicitud de amparo.

11 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022. 12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 15 de diciembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-04612-01.Accionante: Martha Nidia Rojas Álvarez Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

8

Accionado: Juzgado 46 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá Radicado: 25001-23-15-000-2025-00847-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

36. En ese orden de ideas, la Sala estima como innecesario verificar si en el sub judice se acreditó o no el requisito de subsidiariedad y si el accionante tenía a su disposición el recurso de queja en contra de la decisión del 27 de agosto del presente año, mediante la cual la autoridad judicial dispuso no reponer la decisión del 22 de julio y negó por improcedente el recurso de apelación. Se itera, el hecho de que la controversia suscitada en esta instancia no tenga relevancia constitucional, es motivo suficiente para confirmar la declaratoria de improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

III. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de octubre de 2025 proferida por la Sección Primera, Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA Presidente Con aclaración de voto

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA Magistrado Con aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx