CE - Sentencia 25000231500020250087701 de 2025

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000231500020250087701 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Tutela Radicación: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso

Demandado: Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá

Temas: Debido proceso y acceso a la administración de justicia sin dilaciones injustificadas / Impulso procesal en medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Decisión: Confirmar la decisión del a quo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA _____________________________________________________________________

La Sala decide la impugnación interpuesta por Luz Mary Guerrero Enciso, en contra de la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, mediante la cual se decidió la solicitud de amparo de la referencia.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Luz Mary Guerrero Enciso promovió solicitud de tutela con el fin de que se amparara su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , el cual consideró vulnerado con ocasión de la mora en que ha podido incurrir el Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio de Bogotá para darle trámite al medio de control de nulidad y

su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia , el cual consideró vulnerado con ocasión de la mora en que ha podido incurrir el Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio de Bogotá para darle trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001333500720230024900.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Rama Judicial, Dirección Ejecutivo de Administración Judicial con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los «montos totales devengados como factor salarial» (sic).

1 Ver índice 2 de Samai, archivo denominado «4ED_DemandaTutela_3_10_2(.pdf) NroActua 2».2

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso

2.2. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá en providencia del 11 de abril de 2024 admitió la demanda y ordenó notificar a la parte demandada concediéndole el término de 30 días para contestarla. Tal requerimiento fue atendido el 4 de junio de 2024.

2.3. Se vulner ó su derecho fundamental con ocasión de la falta de impulso procesal en el referido medio de control para tramitar el referido medio de control, pues pese a los requerimientos de impulso procesal que ha presentado, el mismo se encuentra en la Secretaría desde hace 16 meses.

1.1.1. Pretensiones

procesal en el referido medio de control para tramitar el referido medio de control, pues pese a los requerimientos de impulso procesal que ha presentado, el mismo se encuentra en la Secretaría desde hace 16 meses.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] 1. Se proteja mi derecho fundamental al acceso a la administración de justicia consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia.

2. Que, en tal virtud, se ordene al JUZGADO 601 ADMINISTRATIVO TRANSITORIO DE BOGOTÁ a dar trámite al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 11001333500720230024900, en el cual funjo como demandante. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial 2 solicitó que se negara lo pretendido ante la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales comoquiera que para establecer si un proceso se dilataba injustificadamente y si la autoridad era responsable de la demora, resultaba esencial atender los criterios fijados por la jurisprudencia y las interpretaciones de la normativa nacional e internacional y en este caso resultaba imperativo tener en cuenta la carga laboral de descongestión.

5. El Juzgado Seiscientos Uno Administrativo Transitorio del Circuito Judicial

de Bogotá3 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la solicitud de amparo ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales ya que una vez el proceso se encuentre en turno para ser conocido, se le dará el trámite que en derecho corresponda, en atención a los principios procesales de celeridad y acceso a la justicia,

ante la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales ya que una vez el proceso se encuentre en turno para ser conocido, se le dará el trámite que en derecho corresponda, en atención a los principios procesales de celeridad y acceso a la justicia, pues con darle un trato diferencial al proceso de la referencia, se estarían vulnerando los derechos al debido proceso y acceso a la justicia que tienen los demás demandantes. Asimismo, el expediente fue ingresado a este Despacho el 20 de febrero de 2025 y de acuerdo con la fecha y hora de recepción, ingresó en el turno 919 para su estudio; sin embargo, tras el avance en el orden debido de más de 400 procesos tramitados hasta ahora, pasó al turno 538.

2 Ver índice 8 de S amai, actuación denominad a «12_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaPronunciamientopor(.pdf) NroActua 8». 3 Ver índice 9 de Samai. Archivo denominado « 14_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda06Contestacionuni(.pdf) NroActua 9».3

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso 1.3 . Sentencia de primera instancia4

6. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B en sentencia del 17 de octubre de 2025 negó el amparo pretend ido al considerar que no se vulneró el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, puesto que el despacho demandado ha obrado dentro del marco de la ley estatutaria que regula el orden de turnos para tramitar y decidir los procesos , y su funcionamiento dependía de condiciones institucionales propias de su carácter transitorio.

el despacho demandado ha obrado dentro del marco de la ley estatutaria que regula el orden de turnos para tramitar y decidir los procesos , y su funcionamiento dependía de condiciones institucionales propias de su carácter transitorio.

6.1. Asimismo, estos despachos eran creados cada año por el Consejo Superior de la Judicatura, con vigencia entre febrero y diciembre, lo cual generaba una interrupción de dos meses al finalizar cada periodo. Durante ese tiempo, los procesos permanecían sin impulso hasta la expedición del nuevo acuerdo de creación y la nueva posesión del personal judicial.

1.4. Escrito de impugnación5

7. Luz Mary Guerrero Enciso impugnó la sentencia de primera instancia y afirmó que la autoridad judicial no explicó por qué durante 8 meses mantuvo inactivo el expediente sin dictar un auto que definiera la actuación siguiente, lo que consideró inadmisible tras un año y medio sin impulso alguno, pues tal demora vulneraba el debido proceso y el acceso a la justicia.

7.1. Aunque ese Juzgado recibió los asuntos por el cambio anual de despacho, no estaba obligada a soportar las fallas internas de la administración, ya que ello permitiría justificar cada año la inactividad con argumentos sobre carga laboral o personal nuevo, y con ello, mantener el trámite estancado sin avanzar hacia la audiencia inicial ni hacia la eventual prescindencia de la etapa probatoria para acceder a la fila de los 156 procesos pendientes de fallo.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en

procesos pendientes de fallo.

2. Consideraciones

8. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) determinación del problema jurídico; iii) procedencia de la solicitud de tutela - derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas, y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

9. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1382 de 2000 6 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019 7, esta Sala es

4 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado « 18Sentencia_20250087700ATNiegade(.pdf) NroActua 12». 5 Ver índice 16 de Samai. Archivo denominado « 20_MemorialWeb_Recurso-Impugnaciontutelad(.docx) NroActua 16». 6 Por medio del cual se establecen competencias para el reparto de la acción de tutela. 7 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.4

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida por

el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B.

2.2. Problema jurídico

10. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de Luz

2.2. Problema jurídico

10. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir: ¿si el Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de Luz Mary Guerrero Enciso con ocasión de la mora en que ha podido incurrir para tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado

11001333500720230024900?

2.3. Procedencia de la solicitud de tutela

11. El artículo 86 constitucional señala que: «[e]sta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […]». A su vez, el artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 dispone , entre otras, como causal de improcedencia de la

solicitud de amparo:

[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendien do las circunstancias en que se encuentra el solicitante. […]

12. Como se observa, la solicitud de tutela es de carácter subsidiario y así lo ha definido la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia 8, es decir, no es un mecanismo de defensa judicial alternativo o supletorio de los recursos o medios ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos

ordinarios previstos por el legislador para el amparo de un derecho y tampoco constituye un último y único medio judicial para alegar la amenaza o vulneración de un derecho, pues es la tutela el mecanismo preferente de protección de los derechos fundamentales, cuyo ejercicio conduce a la obtención de un amparo efectivo e inmediato frente a los actos u omisiones que los amenacen o vulneren.

2.3.1. Derechos de acceso a la administración de justicia y del debido proceso sin dilaciones injustificadas

13. El artículo 228 de la Constitución Política define el acceso a la administración de justicia como una función pública relacionada directamente con los fines del Estado 9, pues solo en la medida en que se garantice a los integrantes del país una instancia imparcial, objetiva y efectiva encargada de la resolución pacífica de sus conflictos se puede pretender la consecución de una república democrática y respetuosa de la dignidad humana.

14. Por su parte, el artículo 229 ibidem determinó que la administración de justicia no se es un mero servicio a cargo del Estado, sino que también goza de una dimensión de

8 Ver, entre muchas otras, las sentencias: T-1140 de 2004, T-1093 de 2004, T-514 de 2003 y T-1121 de 2003. 9 Artículo 2 de la Constitución Política.5

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso naturaleza subjetiva, es decir, es un derecho fundamental radicado en cabeza de todos los habitantes del país.

15. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional10:

los habitantes del país.

15. Frente a la procedencia de la solicitud de tutela para proteger el derecho de acceso a la administración de justicia ha señalado la Corte Constitucional10:

«[…] Ahora bien, conforme a la jurisprudencia de esta Corporación, el derecho a acceder a la justicia tiene una significación múltiple y compleja. De manera reiterada, ha sostenido esta Corte, que el derecho a acceder a la justicia es un pilar fundamental del Estado Social de Derecho y un derecho fundamental de aplicación inmediata, que forma parte del núcleo esencial del debido proceso.

[…]

En cuanto a lo segundo, atendiendo a su importancia política, la jurisprudencia constitucional le ha reconocido al acceso a la administración de justicia el carácter de derecho fundamental de aplicación inmediata, integrándolo a su vez con el núcleo esencial del derecho al debido proceso, y relacionándolo con otros valores constitucionales como la dignidad, la igualdad y la libertad. Por virtud de tal vinculación, el acceso a la administración de justicia adquiere un amplio y complejo marco jurídico de apli cación que compromete los siguientes ámbitos: (i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos - para la efectiva resolución de los conflictos; (ii) el derecho de acción o de pro moción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción

concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas, y que ella se produzca dentro de un plazo razonables; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de la s garantías propias del debido proceso. […]».

16. Por su parte, en tratándose de la jurisdicción contencioso -administrativa el derecho en cuestión adquiere connotaciones especiales dada su naturaleza rogada, sin embargo, todos los requisitos formales del derecho de acción deben ser entendidos y analizados en la medida en que con ellos se protejan derechos sustanciales de las partes, como el debido proceso.

17. Asimismo, el artículo 29 de la Constitución Política dispone que toda persona tiene derecho a un debido proceso sin dilaciones injustificadas. De esa manera, además del derecho a acceder a una respuesta judicial, ello se debe producir en un plazo adecuado.

18. La razonabilidad de ese plazo fue establecida por el legislador mediante la definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los

definición de los términos procesales, los cuales resultan de obligatorio cumplimiento; de otra forma, la oportunidad para solucionar una controversia quedaría al arbitrio de cada funcionario, afectándose no solo el derecho al recurso judicial efectivo sino los bienes que se pretendan proteger en el proceso, incluido el de la igualdad de todas las personas que acuden a la administración de justicia en procura de una solución pacífica a las controversias sociales.

10 Sentencia C-177 de 2005. MP Jaime Córdoba Triviño6

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso

19. Sin embargo, no toda tardanza o incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, ello dependerá de que resulte injustificada. En ese orden de ideas, si bien la regla general es que los jueces cumplan los términos rigurosamente, pueden configurarse excepciones a ese deber, siempre que se encuentren suficientemente motivadas, las cuales deberán ser analizadas en el marco de cada caso, y solo serán aceptab les cuando, a pesar de la diligencia y celeridad del juez, existan hechos imprevisibles o insuperables que le impidan cumplirlos.

20. En ese sentido, la congestión judicial no es, por sí sola, motivo suficiente para relevar al juez de su deber de definir los procesos dentro de los términos previstos por el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicia l tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias

el legislador. Es preciso que el análisis de una situación específica de mora judicia l tome en cuenta, de una parte, la importancia del cumplimiento de los plazos procesales para la eficacia de los derechos fundamentales y, de otra, las eventuales circunstancias de justificación de una tardanza determinada y la necesidad de que las sentenc ias o decisiones, en general, se adopten de manera oportuna y que sean materialmente justas y acordes con las normas legales y los principios constitucionales.

21. Finalmente, es oportuno recordar que la solicitud de tutela procede contra toda actuación que amenace o vulnere derechos fundamentales, siempre que no haya otro recurso idóneo y efectivo en el ordenamiento para su protección, incluidas aquellas propias de las autoridades judiciales.

2.4. Análisis de la Sala

22. Luz Mary Guerrero Enciso promueve solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales, y, en consecuencia, se orden ara al Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001333500720230024900.

23. De conformidad con la información registrada en Samai11, se destacan las

siguientes actuaciones:

23.1. El 18 de julio de 2023 , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Rama Judicial, Dirección Ejecutivo de Administración Judicial con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los «montos totales devengados como factor salarial» (sic).

Dirección Ejecutivo de Administración Judicial con la finalidad de cuestionar la legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de los «montos totales devengados como factor salarial» (sic).

23.2. El Juzgado 404 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá resolvió:

«[…] PRIMERO: ACÉPTESE el impedimento fundamentado por la Juez Séptimo (7°) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C.

SEGUNDO: AVÓQUESE conocimiento del proceso relacionado en la parte motiva de este proveído.

11 Ver en Samai proceso de protección de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 11001333500720230024900.7

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso

TERCERO: ADMÍTASE el medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, instaurado mediante apoderado judicial, constituido para el efecto por la ciudadana LUZ MERY GUERRERO ENCISO, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.022.377.371, en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVO DE

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL.

CUARTO: NOTIFÍQUESE por estado este proveído a la parte actora, como lo dispone el Artículo 201 de la Ley 1437 de 2011, modificado parcialmente por el Artículo 50 de la Ley 2080 de 2021.

QUINTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta providencia al representante legal de la

NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

2080 de 2021.

QUINTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta providencia al representante legal de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL o a quien haga sus veces, al correo electrónico destinado para tal fin, de conformidad con lo previsto en el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el Artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

SEXTO: NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE esta providencia a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, al correo electrónico destinado para tal fin, de conformidad con lo previsto en el Artículo 199 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el Artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. […]» (sic).

23.3. El 4 de octubre de 2024, 10 de julio y 16 de septiembre 2025 se presentaron memoriales de impulso procesal y petición de información, respectivamente.

23.4. En Oficio del 25 de septiembre de 2025 la Secretaría del juzgado otorgó respuesta a la solicitud de impulso procesal y la petición de información en los siguientes términos:

23.5. Además, según la información aportada por la autoridad judicial demandada en su informe, no pueden desconocerse las interrupciones generadas por la creación de los distintos juzgados transitorios. Aun así, se ha respetado el sistema de turnos para la fijación de la fecha de audiencia inicial y/o el decreto de pruebas, así:

«[…] el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá D.C. - Sección

la fijación de la fecha de audiencia inicial y/o el decreto de pruebas, así:

«[…] el Juzgado 601 Administrativo Transitorio del Circuito Judicial de Bogotá D.C. - Sección Segunda, es un juzgado de carácter transitorio, con una duración limitada y con el objetivo8

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso de conocer los procesos sobre las reclamaciones salariales y prestacionales de la Rama Judicial y entidades con régimen similar.

Que, por su condición de Juzgado NO permanente y el objetivo de creación, se ha determinado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que el funcionario jefe del Despacho, es decir el Juez, debe ser un funcionario judicial distinto año a año, con el propósito de no generar conflicto de intereses con los procesos tramitados. Hecho que implica igualmente, el cambio de empleados judiciales que operan en el Juzgado y la alteración del orden de llegada de los procesos hecho en los años anteriores.

Que desde el año 2019, se han creado seis (6) medidas transitorias distintas año a año, con periodos limitados, teniendo un ponente diferente con cada acuerdo que lo crea

(…)

Ahora bien, respecto del proceso No. 11001-33-35-007-2023-00249-00, me permito informar que, fue ingresado a este Despacho el 20 de febrero de 2025, junto con los DOS MIL CIENTO SIETE (2.107) procesos, encontrándose, de acuerdo con las actuaciones agotadas, para fijar fecha de audiencia inicial que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, o, para

CIENTO SIETE (2.107) procesos, encontrándose, de acuerdo con las actuaciones agotadas, para fijar fecha de audiencia inicial que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, o, para prescindir de la misma, decretar pruebas, correr traslado para alegar y dictar sentencia anticipada, enlistándose, de acuerdo con la fecha y hora de recepción , en el TURNO NÚMERO 919, para ser conocido, sin embargo, actualmente y de conformidad al conocimiento en debido orden de los más de 400 procesos impulsados a la fecha, el mismo se encuentra en el TURNO NÚMERO 538.

Cabe resaltar, que la metodología aplicada por este Juzgado es la establecida en los Artículos 63A de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 26 de la Ley 2430 de 2024, Artículo 18 de la Ley 446 de 1998 y el Artículo 4 del Acuerdo PCSJA25 -12255 del 24 de enero de 2025, es decir la de turnos, por lo que los procesos son conocidos en el orden cronológico de ingreso al Despacho, respetando el debido proceso y el derecho a la igualdad de los usuarios de la administración de justicia y evitando así que se establezcan criterios subjetivos para evacuar los asuntos. Por lo que una vez el proceso indagado se encuentre en el turno para ser conocido, esta Instancia de forma célere le dará el trámite que en derecho corresponda. […]» (sic).

24. A juicio de la Sala, de acuerdo con el tiempo que ha trascurrido desde la presentación de la demanda, se observa que al asunto se ha tramitado desde su admisión acorde a las particularidades que se han presentado como lo son la

24. A juicio de la Sala, de acuerdo con el tiempo que ha trascurrido desde la presentación de la demanda, se observa que al asunto se ha tramitado desde su admisión acorde a las particularidades que se han presentado como lo son la manifestación de impedimento , notificaciones, traslados , peticiones, tan es así que , mediante Oficio del 24 de septiembre de 2025 se le informó cuál es su turno de sustanciación.

25. Razón por la cual, en lo referente a la posible demora en la que ha podido incurrir el Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá, para tramitar el medio de control en cuestión, se recuerda que no todo incumplimiento de un término judicial constituye una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, pues solo la tardanza injustificada acarrea su desconocimiento, lo cual no es predicable en el presente caso como quedó demostrado.

3. Decisión

26. En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión del a quo de negar el amparo de los derechos fundamentales de Luz Mary Guerrero Enciso en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá.9

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00877-01

Demandante: Luz Mary Guerrero Enciso

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B mediante la cual negó

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 17 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B mediante la cual negó el amparo de los derechos fundamentales de Luz Mary Guerrero Enciso en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Seiscientos Uno Transitorio de Bogotá.

Segundo. Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo S amai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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