CE - Sentencia 25000231500020250090101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: ORLANDO JOSÉ SERPA TEHERÁN

Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA / MOVIMIENTO POLÍTICO - Negativa a reconocer personería Jurídica / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA – No se cumple el presupuesto procesal de legitimación en la causa de la parte actora, puesto que el señor Orlando José Serpa Teherán no ostenta la representación legal del movimiento Poder Ciudadano y la autorización que para el efecto se le otorgó no suple las exigencias del mandato judicial.

La Sala 1 resuelve la impugnación presentada por Orlando José Serpa Teherán contra la sentencia del 28 de octubre de 2025, proferida por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El señor Orlando José Serpa Teherán interpuso acción de tutela contra el Consejo

I. A N T E C E D E N T E S

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda

1. El señor Orlando José Serpa Teherán interpuso acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral 2, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la participación política, la dignidad humana, el debido proceso, igualdad, el acceso a la administración de justicia, la asociación, el buen nom bre, la honra y la moral, así como su derecho a la paz y a la seguridad personal, por las decisiones mediante las cuales se negó el reconocimiento de la personería jurídica del movimiento social y político “ Poder Ciudadano ”. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones (transcripción textual, incluidos posibles errores):

1. Tutelar los derechos políticos del suscrito Orlando Serpa, cofundador del movimiento social y político Poder Ciudadano y sus asociados, violentados y desconocidos mediante la resolución que nos negó la personería jurídica.

2. Tutelar el derecho a la dignidad humana.

3. Tutelar el derecho al debido proceso administrativo y judicial.

1 Se advierte que el 18 de noviembre de 2025 ingresó el expediente al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. 2 Samai, expediente de primera instancia, índice 2.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

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4. Tutelar el derecho a la igualdad, de conformidad con las resoluciones y

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4. Tutelar el derecho a la igualdad, de conformidad con las resoluciones y decisiones del CNE que reconocen personería jurídica en igualdad de condiciones; y las sentencias y jurisprudencias de la Corte Constitucional que reconocen los derechos políticos.

5. Tutelar el derecho pleno de acceso a la justicia.

6. Tutelar el derecho de asociación, en conexión con la conformación legal de partidos y movimientos políticos y la representación legal del suscrito.

7. Tutelar el derecho al buen nombre y restaurar las afectaciones a nuestra honra y moral como movimi ento social y político, incluidas plenas garantías de seguridad para el ejercicio político.

8. Garantizar el derecho a la paz.

9. Vincular y exhortar a las entidades estatales relacionadas para el cumplimiento de los acuerdos finales, de conformidad con la prese nte acción de tutela.

10. Vincular a la Comisión de Verificación de Naciones Unidas para la implementación del Acuerdo de Paz.

11. Decretar medidas cautelares de protección y seguridad en favor del suscrito y los miembros de nuestro movimiento, de conformidad con las nuevas acciones legales que adelantaremos por razones de la nueva sentencia que declaró lesa humanidad, contra nuestra líder por razones de su secuestro.

12. Las demás que considere el despacho, conforme a la Constitución, la jurisprudencia, las leyes y el Acuerdo Final de Paz.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos

jurídicamente relevantes:

12. Las demás que considere el despacho, conforme a la Constitución, la jurisprudencia, las leyes y el Acuerdo Final de Paz.

2. De la demanda de tutela, se extraen los siguientes hechos y argumentos

jurídicamente relevantes:

3. El señor Orlando José Serpa Teherán expuso que fue “cofundador” del movimiento social y político “Poder Ciudadano”, el cual, según relató, surgió hace más de dos décadas al interior del Partido Liberal Colombiano como una vertiente alternativa identificada con las banderas de la paz. Señaló que dicho movimiento tuvo como figura central a la exsenadora Piedad Esneda Córdoba Ruiz, quie n acumuló una trayectoria de varios años en el Congreso y se destacó por su participación en escenarios de mediación y acercamiento con las FARC en el marco de iniciativas humanitarias y de construcción de paz.

4. Indicó que el 27 de septiembre de 2010 la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a la exsenadora Córdoba Ruiz por el término de dieciocho años, decisión que la expulsó del escenario político e impactó de manera directa al núcleo dirigente de Poder Ciudadano. Afirmó que esa sanción se apoyó en “pruebas ilegales”, en el escándalo de las llamadas chuzadas del DAS y de los computadores de Raúl Reyes, lo que, a su juicio, configuró una persecución política que se proyectó sobre el movimiento y sus simpatizantes. A pesar de esa medida y del descrédito público que generó, la exsenadora Córdoba y él continuaron comprometidos con la agenda de paz, el acuerdo humanitario y la búsqueda de liberaciones de personas retenidas por las FARC.

descrédito público que generó, la exsenadora Córdoba y él continuaron comprometidos con la agenda de paz, el acuerdo humanitario y la búsqueda de liberaciones de personas retenidas por las FARC.

5. Después de varios años de controversia judicial, el C onsejo de Estado anuló en 2016 la sanción disciplinaria impuesta por la Procuraduría a la exsenadora Córdoba Ruiz. Indicó que este fallo restableció formalmente sus derechos políticos y permitió reactivar de manera abierta la agenda de l Poder Ciudadano. Expuso que, en ese escenario, promovieron el comité de recolección de firmas “la paz sí es contigo ” y diferentes iniciativas locales en favor de la paz y de las juventudes, con miras a la aspiración presidencial de la exsenadora para las elecciones de 2018.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

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8. Señaló que la candidatura presidencial de Piedad Córdoba se respaldó con centenares de miles de firmas reconocidas por la Registraduría, pero se desarrolló en un ambiente que describió como hostil, discriminatorio y excluyente en el debate público. Afi rmó que la exsenadora fue marginada de encuestas y espacios de discusión, lo que condujo a la renuncia a la aspiración el 9 de abril de 2018 y dio lugar a denuncias por falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación.

9. Ante la ausencia de un es pacio propio dentro del Partido Liberal Colombiano, el

lugar a denuncias por falta de garantías ante la Fiscalía General de la Nación.

9. Ante la ausencia de un es pacio propio dentro del Partido Liberal Colombiano, el movimiento Poder Ciudadano decidió adherir en 2021 a la coalición Pacto Histórico.

Relató que, en las elecciones legislativas de 2022, la exsenadora Córdoba Ruiz fue avalada por la Unión Patriótica y r esultó elegida senadora de la República para el período 2022–2026. En el ejercicio de su curul, en el año 2023, presentó ante el Consejo Nacional Electoral una solicitud de reconocimiento de la personería jurídica del movimiento social y político Poder Ciudadano, trámite que, según afirmó, no fue resuelto de fondo antes de su fallecimiento el 20 de enero de 2024.

10. Explicó el accionante que, el 4 de julio de 2024, conoció, a través de medios de comunicación, que el Consejo Nacional Electoral había negado el reconocimiento de la personería jurídica de Poder Ciudadano, decisión formalizada en la Resolución 3352 del 3 de julio de 2024. Manifestó que no tuvo acceso oportuno al texto del acto administrativo, por lo que acudió a una acción de tutela para la prot ección de sus derechos al debido proceso y a la información. Señaló que, solo con ocasión de esa tutela, el CNE le remitió la resolución, la cual calificó como inconstitucional, insuficientemente motivada, contraria al principio de igualdad frente a otros movimientos a los que sí se les reconoció personería jurídica y basada en fuentes hostiles hacia la exsenadora. A su juicio, esa decisión desconoció la trayectoria de

insuficientemente motivada, contraria al principio de igualdad frente a otros movimientos a los que sí se les reconoció personería jurídica y basada en fuentes hostiles hacia la exsenadora. A su juicio, esa decisión desconoció la trayectoria de Poder Ciudadano y la condición de víctima política de su lideresa, respaldada, entre otros elementos, por la condena proferida el 6 de octubre de 2025 contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez Martínez, por el secuestro de Piedad Córdoba Ruiz.

B. Trámite impartido e intervenciones

12. Mediante auto del 15 de octubre de 2025 3, el despacho admitió la acción de tutela presentada por el señor Orlando José Serpa Teherán en nombre propio y lo requirió para que aportara los documentos que acreditaran la representación legal del movimiento Poder Ciudadano, con el fin de verificar su legitimación para actuar en nombre de dicha colectividad. En esa misma providencia se indicó que no era necesario vincular otras entidades o autoridades distintas al Consejo Nacional Electoral, al no advertirse una relación directa con los hechos expuestos en la demanda. Finalmente, se negó la solicitud de medidas cautelares de protección y seguridad, al considerar que no se cumplían los requisitos previstos en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.

13. El Consejo Nacional Electoral 4 pidió negar las preten siones, al considerar que no tenían sustento fáctico ni jurídico. Explicó que la solicitud de personería jurídica fue presentada por la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz en representación de la “Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y

fue presentada por la señora Piedad Esneda Córdoba Ruiz en representación de la “Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y

3 Samai, expediente de primera instancia, índice 4. 4 Samai, expediente de primera instancia, índice 11.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 Autoestima de los Negros – Poder Ciudadano”. Señaló que, tras su fallecimiento, la Resolución 3352 de 2024 fue notificada al representante legal, señor Iván Yesid Salazar Penna, quien interpuso recurso de reposición resuelto mediante la Resolución 0172 de 2025, que confirmó la negativa.

14. La entidad indicó que en el trámite administrativo se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa, y que el movimiento Poder Ciudadano no cumplió los criterios establecidos en la Sentencia SU-257 de 2021 ni en la Resolución 8873 de

2021. Sostuvo que los hechos de violencia mencionados por el accionante no guardaban relación con la violencia política estudiada por la Corte Constitucional y que la existencia del movimiento terminó con el proceso de firmas de 2018, pues los grupos significativos de ciudadanos no tienen vocación de permanencia.

15. Añadió que para las elecciones legislativas de 2022 la exsenadora Córdoba fue avalada por la Unión Patriótica dentro de la coalición Pacto Histórico, por lo que su filiación política correspondía a esa colectividad y no al movimiento Poder

15. Añadió que para las elecciones legislativas de 2022 la exsenadora Córdoba fue avalada por la Unión Patriótica dentro de la coalición Pacto Histórico, por lo que su filiación política correspondía a esa colectividad y no al movimiento Poder Ciudadano. Cuestionó además la legitimación en la causa por activa, al no acreditar el accionante representación legal ni facultad para actuar en nombre de la organización.

16. Finalmente sostuvo que la tutela era improcedente, al existir la acción de nulidad y restablecimiento del derecho como medio judicial idóneo y porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.

C. Fallo impugnado

17. Mediante sentencia del 28 de octubre de 2025 5, la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedentes las pretensiones de amparo relacionadas con la decisión que negó el reconocimiento de personería jurídica al movimiento Poder Ciudadano, por falta de subsidiariedad.

18. En cuanto a la legitimación en la causa por activa, el Tribunal señaló que el señor Orlando José Serpa Teherán aportó la “ autorización” suscrita por el señor Iván Yesid Salazar Penna, representante legal de la Corporación Poder Ciudadano.

En dicho documento se indicó que el accionante, identificado con cédula expedida en Sincelejo, contaba con “ plenas facultades para adelantar las acciones correspondientes tendientes a garantizar los derechos políticos y jur ídicos de nuestra colectividad ”. A partir de ese documento, la Sala concluyó que el señor Serpa Teherán tenía la facultad necesaria para promover la acción de tutela en nombre de la organización.

correspondientes tendientes a garantizar los derechos políticos y jur ídicos de nuestra colectividad ”. A partir de ese documento, la Sala concluyó que el señor Serpa Teherán tenía la facultad necesaria para promover la acción de tutela en nombre de la organización.

19. En relación con el requisito de subsidiariedad, la Sala advirtió que el accionante no explicó por qué los medios ordinarios de defensa resultaban insuficientes para proteger sus derechos ni acreditó circunstancias excepcionales que justificaran la intervención inmediata del juez constitucional. Señaló que la de cisión que negó el reconocimiento de personería jurídica -Resolución 3352 de 2024, confirmada mediante la Resolución 0172 de 2025debían controvertirse a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mecanismo idóneo y eficaz para examinar la legalidad del acto administrativo y restaurar la situación jurídica

5 Samai, expediente de primera instancia, índice 20.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 afectada. Señaló que, pese a esa disponibilidad, el escrito de tutela no ofreció elementos que permitieran advertir un daño grave, inminente o irreparable que justificara desp lazar ese mecanismo ordinario y habilitar la tutela como vía excepcional o transitoria.

D. Impugnación

20. El accionante sostuvo que el a quo descartó sin justificación los hechos y

justificara desp lazar ese mecanismo ordinario y habilitar la tutela como vía excepcional o transitoria.

D. Impugnación

20. El accionante sostuvo que el a quo descartó sin justificación los hechos y fundamentos expuestos en la demanda, pese a que, en su criterio, demostrab an una vulneración histórica y sistemática de los derechos políticos de Poder Ciudadano. Afirmó que el Tribunal se limitó a examinar aspectos formales del trámite administrativo adelantado ante el CNE, sin valorar las inconsistencias de la decisión cuestionada ni la supuesta ausencia de garantías constitucionales. Señaló, además, que se omitió el estudio de pruebas que consideró relevantes, entre ellas los archivos desclasificados relacionados con las chuzadas, documentos que, según dijo, acreditaban persecución política contra la exsenadora Piedad Córdoba y el movimiento. Con base en lo anterior, solicitó la revocatoria de la decisión y conceder el amparo6.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

21. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019

(Reglamento Interno del Consejo de Estado).

F. Problema jurídico

22. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela interpuesta por el señor Orlando José Serpa Teherán resulta procedente frente a las decisiones del Consejo Nacional Electora l que negaron el reconocimiento de personería jurídica a la

22. Corresponde a la Sala determinar si la acción de tutela interpuesta por el señor Orlando José Serpa Teherán resulta procedente frente a las decisiones del Consejo Nacional Electora l que negaron el reconocimiento de personería jurídica a la Corporación Proceso Organizativo por los Derechos Civiles, la Unidad, Dignidad y Autoestima de los Negros – Poder Ciudadano, a la luz de los requisitos de procedencia del amparo constitucional, en especial la legitimación en la causa por activa y la subsidiariedad. Solo si dichos presupuestos se encuentran satisfechos, la Sala podrá abordar el análisis de fondo sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el accionante.

G. Análisis de la Sala

Presupuestos procesales de procedibilidad de la acción de tutela

23. Legitimación en la causa: La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política 7 fue reglamentada mediante el Decreto 2591 de 1991, cuyo

6 Samai, expediente de primera instancia, índice 23. 7 ARTÍCULO 86 . Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuandoRadicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 artículo 1° establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 artículo 1° establece que “toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos cons titucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.

24. Dicha regla impone de antemano que quien presenta la solicitud de amparo debe ser una persona legitimada en la causa por activa, en la medida en que solo podrá ejercer esta acción constitucional ante la vulneración de sus propios derechos fundamentales, sin perjuicio de la agencia oficiosa de der echos ajenos, como lo dispone el artículo 10 del Decreto 2591 de 19918.

25. En este sentido, la Corte Constitucional ha reiterado que, a pesar del carácter informal de la acción de tutela, no debe obviarse el cumplimiento de unas condiciones mínimas de procedibilidad, requisitos entre los que se encuentra el de la legitimación en la causa por activa. Así lo ha expuesto:

Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que quien solicita el amparo constitucional se encuentre “legitimado en la causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho

causa” para presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra persona 9. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales invocados10, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la controversia constitucional.

Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés subjetivo de quien demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales debe estar debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para instaurar la acción de tutela (…) (se destaca)11.

26. Como se sabe, la acción de tutela busca la protección de derechos fundamentales, es decir, aquellos contenidos en la Constitución, en algunos tratados internacionales o que, sin estar en un cuerpo normativo específico, « se

quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública. La protección consistirá en una orden para que aquel respecto de quien se solicita la tutela, actúe o se abstenga de hacerlo. El fallo, que será de inmediato cumplimiento, podrá impugnarse ante el juez competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo

competente y, en todo caso, éste lo remitirá a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Esta acción solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable […] 8 Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos f undamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud. 9 Cita del original: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”. 10 Cita del original: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: Artículo 13. La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental (…)”. 11 Corte Constitucional, sentencia T-382 del 19 de julio de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 12. Así, debe decirse que un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado

www.consejodeestado.gov.co 7 relacionen con la dignidad humana y sean traducibles a un derecho subjetivo» 12. Así, debe decirse que un derecho es subjetivo en la medida en que esté asignado a una persona y tenga un contenido que sea exigible al Estado o a los demás, es decir, estos cuentan con un titular, un obligado y una prestación o contenido13.

27. El carácter subjetivo del derecho es útil no solo para determinar su calidad de fundamental, sino para derivar la legitimación por activa de quien persigue su protección.

28. Ahora bien, la Corte Constitucional ha explicado que la legitimación en la causa, “es, entonces, una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial que se discute en el proceso . ‘Por tanto, cuando una de las partes carece de dicha calidad o atributo, no puede el juez adoptar una decisión de mérito y debe entonces simplemente declararse inhibido para fallar el caso de fondo14’”15.

29. En definitiva, quien acude a la acción de tutela debe ser una persona –natural o jurídica– titular del derecho afectado o amenazado, un tercero que cumpla las condiciones para agenciar los derechos de otro o las autoridades expresamente autorizadas para ello en el ordenamiento jurídico 16. De no cumplirse, la tutela se torna improcedente por la ausencia de un presupuesto para estudiar el fondo del asunto.

H. Análisis de la legitimación en la causa en el caso en concreto

30. Se recuerda que el señor Orlando José Serpa Teherán presentó la acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales que afirmó vulnerados por la negativa del Consejo Nacional Electoral a reconocer personería

30. Se recuerda que el señor Orlando José Serpa Teherán presentó la acción de tutela con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales que afirmó vulnerados por la negativa del Consejo Nacional Electoral a reconocer personería jurídica al movimiento Poder Ciudadano. En su escrito manifestó actuar en calidad de cofundador de esa organización y en representación de sus integra ntes. Al

12 Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T -227 de 2003, en la que se habló del carácter autónomo de ciertos derechos, en virtud de su relación con la dignidad humana, aun cuando no estuvieran expresamente definidos como fundamentales en la Constitución: La Corte Constitucional no ha dado una respuesta inequívoca sobre el concepto de derechos fundamentales. Su postura ha oscilado entre la idea de que se trata de derechos subjetivos de aplicación inmediata12 y la esencialidad e inalienalibilidad del derecho para la persona12. Entre estos dos extremos se han presentado varias posturas teóricas: … A partir de dicho análisis es posible recoger la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el concepto de derechos fundamentales, teniendo como eje central la dignidad humana, en tanto que valor central del sistema y principio de principios. … En este orden de ideas, será fundamental todo derecho constitucional que funcionalmente esté dirigido a lograr la dignidad humana y sea traducible en un derecho subjetivo. Es decir, en la medida en que resulte necesario para lograr la libertad de elección de un plan de vida concreto y la posibilidad de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apr iorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho

de funcionar en sociedad y desarrollar un papel activo en ella. Tal necesidad no está determinada de manera apr iorística, sino que se define a partir de los consensos (dogmática del derecho constitucional) existentes sobre la naturaleza funcionalmente necesaria de cierta prestación o abstención (traducibilidad en derecho subjetivo), así como de las circunstancias particulares de cada caso (tópica). 13 Corte Constitucional, sentencia C-370 de 2019, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. 14 Cita original de la providencia. T-799 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva; T-416 de 1997, M.

P. José Gregorio Hernández. 15 Corte Constitucional, sentencia T-411 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado 16 De los artículos 46 a 51 del Decreto 2591 de 1991 se desprende que el Defensor del Pueblo y los personeros municipales o distritales, por expresa delegación de aquel, están legitima dos para interponer la acción de tutela en nombre de cualquier persona que lo solicite o que esté en situación de desamparo e indefensión.Radicado: 25000-23-15-000-2025-00901-01

Demandante: Orlando José Serpa Teherán

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 admitir la demanda, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le requirió aportar los documentos que acreditaran su facultad para actuar en nombre del movimiento, con el propósito de verificar si contaba con la representación necesaria para promover la acción constitucional.

31. Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto admisorio,

los documentos que acreditaran su facultad para actuar en nombre del movimiento, con el propósito de verificar si contaba con la representación necesaria para promover la acción constitucional.

31. Con el fin de dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el auto admisorio, el señor Orlando José Serpa Teherán aportó dos documentos 17. El primero , correspondió a l “poder y autorización” suscrit o por el señor Iván Ye sid Salazar Penna, representante legal de la Corporación Poder Ciudadano, en comunicación dirigida a la magistrada sustanciadora el 16 de octubre de 2025. En dicho escrito, el representante legal manifestó que el accionante contaba con plenas facultades para adelantar las acciones correspondientes tendientes a garantizar los derechos políticos y jurídicos de la colectividad, resaltó su condición de cofundador del movimiento y reconoció la trayectoria conjunta desarrollada por él y la exsenadora Piedad Córdoba Ruiz (se transcribe con posibles errores): En atención a la solicitud recibida, el suscrito, en calidad de representante legal dela Corporación Poder Ciudadano, se permite manifestar que el señor Orlando José Serpa Teherán (…) cuenta con plenas facultades para adelantar las acciones correspondiente s tendientes a garantizar los derechos políticos y jurídicos de nuestra colectividad.

En ese sentido, la acción constitucional interpuesta por el actor describe de manera cronológica los hechos y actuaciones de carácter político y social adelantados de f orma conjunta e ininterrumpida por el señor Serpa Teherán junto a nuestra máxima lideresa, la senadora Piedad Córdoba Ruiz (q.e.p.d.). Asimismo, su señoría, el accionante, q