CE - Sentencia 25000231500020250091001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

Demandado: Juzgado 38 Administrativo de Bogotá

Temas: Impugnación. Tutela contra acción u omisión de a utoridad pública. Constancia de ejecutoria. Pago de arancel judicial.

Decisión: Confirma la decisión de primera instancia

La Sala decide la impugnación presentada por Alexandra Ruiz Marín contra la Sentencia del 28 de octubre de 2025 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en la cual negó el amparo solicitado por la accionante.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 20 de octubre de 202 5, Alexandra Ruiz Marín presentó, a través de apoderado judicial , una acción de tutela contra el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia . A título de amparo constitucional, solicitó que dicha autoridad expidiera y entregara, sin costo alguno, la constancia

Bogotá, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia . A título de amparo constitucional, solicitó que dicha autoridad expidiera y entregara, sin costo alguno, la constancia de ejecutoria de la Sentencia de segunda instancia del 13 de junio de 2025 del proceso No. 11001-33-36-038-2019-00144-00/01.

2. Como fundamentos fácticos de la solicitud , la accionante manifestó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia favorable a sus pretensiones el 13 de junio de 2025, decisión que quedó debidamente ejecutoriada.

3. El 27 de agosto de 2025 , a través de apoderada judicial , solicitó la expedición de la constancia de ejecutoria, necesaria para iniciar el trámite de cumplimiento de la condena impuesta a las entidades demandadas.

4. El 28 de agosto de 2025, la Secretaría del Juzgado 38 Administrativo respondió indicando que la entrega de la constancia estaba condicionada , entre otros, a que aportara la constancia de pago del arancel por valor de $8.250 conforme al Acuerdo PCSJA23 -12106 de 2023 1. Ese mismo día, la parte actora respondió

1 "Por el cual se actualizan los valores del arancel judicial en asuntos civiles y de familia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, Constitucional y la función disciplinaria"Radicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

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Demandante: Alexandra Ruiz Marín

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co señalando que dicho cobro era improcedente y constituía una barrera de acceso a la justicia.

5. El 26 de noviembre de 2025, la accionante remitió al Juzgado 38

Administrativo de Bogotá el pago del arancel judicial, con el fin de que se le expidiera la constancia de ejecutoria de la Sentencia del 13 de junio de 2025. No obstante, dejó expresa constancia de su inconformidad frente a la exigencia de dicho pago.

6. Como fundamento de la vulneración , la parte actora manifestó que a la fecha de presentación de la acción de tutela , el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá aún no había entregado la constancia de ejecutoria de la Sentencia del 13 de junio de 2025 . Consideró que la exigencia del arancel de $8.250 afecta a las víctimas reconocidas en sentencia, pues les impide iniciar el cobro de su indemnización y, con ello, la materialización efectiva de su derecho a la reparación.

Intervenciones2

7. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá remitió el expediente en medio digital.

8. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (DEAJ) sostuvo que la acción de tutela e ra improcedente frente a esa entidad, dado que ella cumple funciones administrativas y no jurisdiccionales. Añadió que la medida cuestionada se adoptó dentro del marco normativo vigente. Señaló que el despacho judicial se

acción de tutela e ra improcedente frente a esa entidad, dado que ella cumple funciones administrativas y no jurisdiccionales. Añadió que la medida cuestionada se adoptó dentro del marco normativo vigente. Señaló que el despacho judicial se limitó a aplicar el Acuerdo PCSJA23-12106 de 2023, por lo que el cobro del arancel se ajustaba a la ley. Solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela.

9. La Fiscalía General de la Nación indicó que carec ía de legitimación por pasiva, pues no participó en los hechos planteados y no tiene competencia para satisfacer lo pedido. Solicitó declarar su falta de legitimación.

Sentencia impugnada

10. Mediante Sentencia de 28 de octubre de 202 5, la Subsección A de la Sección Tercera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó el amparo solicitado, al considerar que no se acreditó vulneración de los derechos de petición, debido proceso o acceso a la administración de justicia. Explicó que la constancia de ejecutoria es una certificación judicial regulada por el artículo 115 del CGP y que el cobro de un arancel para su expedición se encuentra respaldado por el Acuerdo PCSJA23-12103 de 2023. Añadió que la respuesta dada el 27 de a gosto de 2025 fue oportuna, clara, precisa y congruente.

11. Concluyó que el arancel de $8.250 no constituye una barrera irrazonable o desproporcionada al acceso a la justicia, pues obedece a un criterio general y objetivo de recuperación de costos administrativos, aplicable a todos los usuarios.

11. Concluyó que el arancel de $8.250 no constituye una barrera irrazonable o desproporcionada al acceso a la justicia, pues obedece a un criterio general y objetivo de recuperación de costos administrativos, aplicable a todos los usuarios.

2 Mediante Auto de 21 de octubre de 2025, se admitió la acción de tutela de la referencia contra el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá y vinculó a la Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la NaciónRadicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

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Impugnación

12. La accionante interpuso escrito de impugnación, en el que afirmó que la sentencia de primera instancia incurrió en errores de interpretación y en una lectura incompleta del contexto procesal. Sostuvo que la constancia de ejecutoria en un proceso de reparación directa es un acto procesal indispensable para dotar la sentencia de plena fuerza ejecutiva y permitir el inicio del trámite de cobro ante la entidad condenada. Añadió q ue su expedición constituye una obligación funcional inherente a la terminación del proceso.

13. Señaló que la constancia de ejecutoria marca el inicio del plazo legal de 10 meses con que cuentan las entidades para efectuar el pago. En consecuencia, la falta de entrega oportuna de dicho documento genera un perjuicio patrimonial grave para las accionantes, pues obstaculiza el cobro, ocasiona la pérdida de intereses y vulnera su derecho a una justicia efectiva.

falta de entrega oportuna de dicho documento genera un perjuicio patrimonial grave para las accionantes, pues obstaculiza el cobro, ocasiona la pérdida de intereses y vulnera su derecho a una justicia efectiva.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

14. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No. 80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente para conocer del proceso de la referencia.

Cuestión Previa

15. La Sala accederá a la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación, en la medida en que dicha entidad no es la responsable de expedir la constancia de ejecutoria de la Sentencia del 13 de junio de 2025 solicitada por la accionante ante el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá.

Problema jurídico

16. Determinar, una vez verificados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela , si el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá vulneró los derechos fundamentales de Alexandra Ruiz Marín al exigir e l cobro de un arancel para la expedición de una constancia de ejecutoria de la Sentencia del 13 de junio de 2025.

Procedibilidad de la acción de tutela

17. La presente acción de tutela resulta procedente porque (1) se orientó a lograr el amparo de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia ; (2) se tiene acredita la legitimación, tanto activa como pasiva, porque Alexandra Ruiz Marín es la titular de las garantías

lograr el amparo de los derechos fundamentales de petición, debido proceso y acceso a la administración de justicia ; (2) se tiene acredita la legitimación, tanto activa como pasiva, porque Alexandra Ruiz Marín es la titular de las garantías constitucionales que se invocan como violadas, en su calidad de parte demandanteRadicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co dentro del proceso de reparación directa No. 11001-33-36-038-2019-00144-00/01, y el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá es la autoridad judicial que presuntamente vulneró sus derechos fundamentales ; (3) no existe otro mecanismo judicial que permita a la parte actora procurar la defensa de sus derechos constitucionales; y (4) hubo un plazo razonable en la presentación de la acción de tutela , si se tiene en cuenta el momento en que se presentó la petición.

Análisis de vulneración alegada

18. La Sala confirmará la decisión de primera, por las siguientes razones:

19. (i) Tras revisar el Sistema de Gestión Judicial (SAMAI), se verificó que , el 27 de agosto de 2025, la accionante solicitó al Juzgado 38 Administrativo de Bogotá la expedición de la constancia de ejecutoria de la Sentencia del 13 de junio de 2025 proferida dentro del proceso No. 11001-33-36-038-2019-00144-01. Indicó que dicho documento era necesario para efectos del cumplimiento de lo ordenado y para

proferida dentro del proceso No. 11001-33-36-038-2019-00144-01. Indicó que dicho documento era necesario para efectos del cumplimiento de lo ordenado y para iniciar las acciones de cobro correspondientes, conforme al artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

20. (ii) El 28 de de agosto de 2025, el Juzgado 38 Administrativo de Bogotá respondió a la solicitud e informó a la accionante que debía: «1. aportar en físico el arancel del pago de certificación y/o constancia respectiva, esto conforme el Acuerdo PCSJA23-12106 31 de octubre de 2023. // 2. Traer en físico las copias que requiera sean autenticadas. // Los valores son: de las certificaciones físicas $8.250 y de las copias auténticas, por folio $300. Dichas sumas de dinero deben ser canceladas en la cuenta de arancel judic ial No. 30820-000755-4 convenio 14975 del Banco Agrario. Se entregan las copias en físico al apoderado o en su defecto a su autorizado (aportar autorización expresa y copia de la CC), únicamente los días viernes en el horario de 10:00 AM a 12:00 PM».

21. En esa misma respuesta, el juzgado le indicó que el proces o se encuentra «al despacho con ingreso el 1 de agosto de 2025» por lo que la solicitud sería resulta cuando el proceso regresara a la secretaría.

22. (iii) Ese mismo día, la accionante pidió al despacho abstenerse de exigir el pago del arancel, argumentando que la constancia de ejecutoria no constituye una certificación sino un acto de comunicación procesal que el juzgado debe emitir de

22. (iii) Ese mismo día, la accionante pidió al despacho abstenerse de exigir el pago del arancel, argumentando que la constancia de ejecutoria no constituye una certificación sino un acto de comunicación procesal que el juzgado debe emitir de oficio, y que imponer dicho cobro generaría una barrera económica para acceder a la administración de justicia.

23. (iv) El 26 de noviembre de 2025, la accionante remitió al Juzgado 38

Administrativo de Bogotá el comprobante de pago del arancel judicial, con el fin de obtener la constancia de ejecutoria de la Sentencia del 13 de junio de 2025. Ese mismo día, el despacho expidió la constancia , la cual fue remitida al correo electrónico de la solicitante, tal como consta en SAMAI.

24. Después de analizar lo anterior, la Sala concluye que el Juzgado 38

Administrativo de Bogotá no vulneró los derechos fundamentales de petición, debidoRadicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co proceso ni acceso a la administración de justicia. Al exigir el pago del arancel judicial para expedir la constancia, el juzgado simplemente aplicó lo previsto en el artículo 2 del Acuerdo PCSJA23 -12106 de 2023 3, que fija una tarifa de $8.250 para las certificaciones físicas.

25. La respuesta emitida el 28 de agosto de 2025 fue de fondo, clara y suficiente. El juzgado explicó las razones del cobro y los pasos para obtener el

certificaciones físicas.

25. La respuesta emitida el 28 de agosto de 2025 fue de fondo, clara y suficiente. El juzgado explicó las razones del cobro y los pasos para obtener el documento requerido. En ningún momento negó la expedición de la constancia solicitada, por el contrario, indicó los requisitos para su trámite. De hecho, en el sistema SAMAI, está registrada la expedición de la constancia de ejecutoria

(electrónica), la cual se remitió, vía correo electrónico, al solicitante. Por lo tanto, no se advierte afectación alguna al derecho de acceso a la administración de justicia.

26. Conviene precisar que la invocación del principio de gratuidad de la justicia no significa que todos los servicios judiciales estén exentos de costos. El ordenamiento jurídico contempla aranceles y expensas puntuales 4 destinados a cubrir gastos operativos y administrativos específicos, tal como ocurrió en este caso.

27. Del análisis integral de las actuaciones y de la respuesta emitida, la Sala concluye que la autoridad judicial actuó dentro del marco normativo aplicable, señaló de manera transparente los requisitos necesarios para la expedición de la constancia de ejecutoria y no impuso cargas desproporcionadas ni obstáculos que afectaran el acceso a la administración de justici a. Lo solicitado correspondía al pago de un arancel previamente establecido por el Acuerdo PCSJA23 -12106 de 2023 para la expedición de certificaci ones, por lo que la conducta del juzgado se ajustó plenamente a sus competencias y a las reglas vigentes.

28. En consecuencia, para la Sala no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales alegados. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá atendió

ajustó plenamente a sus competencias y a las reglas vigentes.

28. En consecuencia, para la Sala no se configuró la vulneración de los derechos fundamentales alegados. El Juzgado 38 Administrativo de Bogotá atendió la solicitud, explicó de manera transparente el procedimiento para obtener la certificación y no constituyó una barrera injustificada al acceso a la justicia, sino que cumplió con las funciones propias del despacho.

29. En todo caso , como la parte actora pagó el arancel por concepto de certificación física, cuyo soporte incluso fue aportado al trámite de esta tutela, se exhortará a la autoridad para que, si no lo ha hecho, expida la misma y la entregue a la mayor brevedad posible.

3 Artículo 2. Actualización de tarifas. Actualizar los valores del arancel judicial así:

Servicios con valor Valor tarifa propuesta con IPC De las certificaciones físicas $ 8.250 De las certificaciones electrónicas No tendrán costo Notificación personal enviada por el secretario $ 9.750 Notificación personal enviada por el secretario en procesos de alimentos $ 2.900 De las notificaciones electrónicas No tendrán costo De las copias simples físicas, por folio $ 200 De las copias simples en formato electrónico No tendrán costo De las copias auténticas, por folio $ 300 De las copias auténticas en formato electrónico No tendrán costo Del desarchivo $ 8.250 De la digitalización de documentos, por folio $ 300

4 Artículo 362 del CGP.Radicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

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De la digitalización de documentos, por folio $ 300

4 Artículo 362 del CGP.Radicación: 25000-23-15-000-2025-00910-01

Demandante: Alexandra Ruiz Marín

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

En mérito de lo expuesto, la Subsección de la Sección Segunda del Consejo de Estado administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. ACCEDER a la solicitud de desvinculación presentada por la Fiscalía General de la Nación por las razones expuestas.

SEGUNDO. CONFIRMAR la decisión de primera instancia que negó la solicitud de amparo dentro de la acción de tutela solicitada por Alexandra Ruiz Marín de acuerdo con lo expuesto en este proveído.

TERCERO. EXHORTAR al Juzgado 38 Administrativo de Bogotá para que, si no lo ha hecho, expida la certificación física de la constancia de ejecutoria y la entregue a la mayor brevedad posible al accionante.

CUARTO. REMITIR la anterior decisión a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Consejero de Estado Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.