CE - Sentencia 25000231500020250093301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00933-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: EDWIN JOHAN DAGUA CHATE Y OTROS

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE CUMPLE

CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, LOS

ARGUMENTOS DE LA TUTELA FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR

PARTE DE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, DIVERSIDAD

ÉTNICA Y CULTURAL Y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 10 de noviembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN PRIMERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante Tribunal.2

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00933-01

Actores: EDWIN JOHAN DAGUA CHATE Y OTROS

1 En adelante Tribunal.2

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I. ANTECEDENTES

Los señores EDWIN JOHAN DAGUA CHATE en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad EDDD; CERAFINA CHATE

DE DAGUA, POLINAR DAGUA GUEJIA, ERIKA JULIETH DAGUA

CUETIA, VÍCTOR DANIEL y ANA ACENET DAGUA CHATE ,

ANIBAL TAQUINAS CUNDA, GERMANIA GARCÉS LUGO, JESÚS

ANIBAL y YOVANA TAQUINAS GARCÉS , NICOLAS CUELLAR TAQUINAS, EDDIER y JHON EDINSON CUNDA CHATE , en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad JECR; MARÍA AGRIPINA CHATE CUETIA , MARLENY CUNDA ACUE , FLOR AYDA CAMPANO YUNDA , en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad LYTC; ARLEY TOMBE CAMPANO en nombre propio y en representación de su s hijos menores de edad LZTC y DATC2; UNEIDER, ROSALÍA, ELMER y LISANDRO TOMBE CAMPANO , YANIRA CUNDA MESA , MARÍA DORIS y ROSALÍA MENZA , actuando a través de apoderad a judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

DORIS y ROSALÍA MENZA , actuando a través de apoderad a judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la diversidad étnica

2 La Sala se reserva los nombres por protección a los menores de edad.3

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y cultural, al acceso a la administración de justicia y a los principios de reparación integral, seguridad jurídica y economía procesal, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO TREINTA Y SIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 3, al haber proferido las providencias de 4 de septiembre de 2024 y 7 de mayo de 2025, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2024-00228-00.

I.2.- Hechos

Afirmaron que son integrantes de la comunidad indígena nasa asentada la finca comunitaria “las palmas”, ubicada en el resguardo ciliala calera, en el municipio de Miranda (Cauca).

Manifestaron que el 1 o. de mayo de 2022, fueron víctimas de presuntos actos de abuso de autoridad por parte de miembros del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional, al realizar una

Manifestaron que el 1 o. de mayo de 2022, fueron víctimas de presuntos actos de abuso de autoridad por parte de miembros del escuadrón móvil antidisturbios de la Policía Nacional, al realizar una intervención en la la finca comunitaria “las palmas”, en la que junto con otros integrantes de la comunidad indígena realizaban un encuentro cultural.

3 En adelante Juzgado.4

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Mencionaron que los miembros del escuadrón móvil antidisturbios hicieron uso de armas, municiones y dispositivos con agentes químicos, además, apre hendieron a dos mujeres integrantes de la comunidad.

Aseguraron que con ocasión a dicha circunstancia, los señores LUIS ANTONIO TOMBÉ MENZA (q.e.p.d.), JHON EDINSON CUNDA CHATE, ANIBAL TAQUINAS CUNDA y EDWIN JOHAN DAGUA CHATE, se dirigieron a la estación de policía del municipio de Miranda (Cauca) como representantes de la guardia indígena , a fin de consultar sobre el estado de la detención de las dos mujeres referidas.

Señalaron que varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban al interior y alrededor de la estación de policía, accionaron sus armas de fuego contra los señores JHON EDINSON

referidas.

Señalaron que varios agentes de la Policía Nacional que se encontraban al interior y alrededor de la estación de policía, accionaron sus armas de fuego contra los señores JHON EDINSON CUNDA CHATE , ANIBAL TAQUINAS CUNDA , EDWIN JOHAN DAGUA CHATE, quienes sufrieron graves heridas y le causaron la muerte al señor LUIS ANTONIO TOMBÉ MENZA (q.e.p.d.).

Explicaron que presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE5

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DEFENSA NACIONAL - POLICÍA NACIONAL4, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material ocasionados, el cual le fue asignado el número único de radicación 2024-00228-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante providencia de 4 de septiembre de 2024, ordenó escindir la demanda al advertir una indebida acumulación de pretensiones. De tal manera que se conformaron los siguientes expedientes:

VÍCTIMA JUNTO CON SU

GRUPO FAMILIAR

JUZGADO DE

CONOCIMIENTO

NÚMERO DE

EXPEDIENTE

JHON EDINSON CUNDA CHATE

JUZGADO 37

ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE

GRUPO FAMILIAR

JUZGADO DE

CONOCIMIENTO

NÚMERO DE

EXPEDIENTE

JHON EDINSON CUNDA CHATE

JUZGADO 37

ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ 11001-33-36-037-202400228-00

EDWIN JOHAN DAGUA CHATE

JUZGADO 60

ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ 11001-33-43-060-202500167-00

LUIS ANTONIO TOMBÉ MENZA

(q.e.p.d).

JUZGADO 61

ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ 11001-33-43-061-202500168-00

ANIBAL TAQUINAS CUNDA

JUZGADO 65

ADMINISTRATIVO DEL

CIRCUITO DE BOGOTÁ 11001-33-43-065-202500173-00

Arguyeron que inconformes con la anterior decisión presentaron recurso de reposición y, en subsidio , de apelación, por lo que el JUZGADO mediante auto de 7 de mayo de 2025 dispuso no reponer

4 En adelante el Ministerio.6

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la providencia recurrida y denegó la concesión de l recurso de apelación.

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la providencia recurrida y denegó la concesión de l recurso de apelación.

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestaron que la s decisiones judiciales cuestionadas fueron proferidas sin motivación , por cuanto no efectu aron un estudio razonado de los argumentos presentados en el recurso de reposición y los fundamentos legales que condujeron a la determinación de escindir el proceso de reparación directa.

Señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo, al omitir la correcta aplicación del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 5 que regula la acumulación de pretensiones, pues, a su juicio, las formuladas en la demanda original sí cumplían con los requisitos previstos en dicha disposición , por lo que las razones de la escisión carecen de sustento y vulnera n los principios de la función judicial , economía procesal, razonabilidad y la protección efectiva de los derechos de las víctimas.

5 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.7

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Recalcaron que las providencias cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución , en la medida que se

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Recalcaron que las providencias cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución , en la medida que se profirieron sin observancia de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y al principio a la reparación integral de las víctimas, sin tener en cuenta un enfoque diferencial, especialmente cuando las pretensiones son formuladas por sujetos que gozan de especial protección constitucional.

Mencionaron que “[…] la escisión de la demanda contraviene el mandato constitucional de justicia material porque antepone consideraciones formales o procedimentales sobre la necesidad sustantiva de dar una respuesta conjunta y coherente a un mismo hecho dañoso […]”.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron el amparo de su s derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos y principios constitucionales al debido proceso, la igualdad, la reparación integral de las víctimas, la diversidad étnica y cultural, el acceso pronto, adecuado, oportuno y efectivo a la administración de justicia, la seguridad jurídica y la economía procesal -y los demás demostrados en el proceso - de los accionantes de esta tutela, agrupados en los siguientes núcleos familiares: […]8

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SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTOS el Auto proferido el 7 de mayo de 2025 por el JUZGADO TREINTA Y SIETE (37)

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

D.C., bajo el Radicado N° 11001 -33-36-037-2024-00228-00, donde decidió no reponer el auto 2 del 4 de septiembre de 2024 y, en consecuencia, confirmó la decisión de escindir el proceso de reparación directa.

TERCERO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE (37)

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

D.C. que, dentro de los 20 días siguientes a la notificación de la respectiva sentencia de tutela, expida una nueva decisión de reemplazo en la que se tengan en cuenta las consideraciones expuestas en este escrito de tutela y en la sentencia que proteja los derechos fundamentales alegados, reintegrando en el proceso de reparación directa de Radicado N° 11001 -33-36-037-202400228-00 los casos de JOHN EDINSON CUNDA CHATE, ANIBAL TAQUINAS CUNDA, EDWIN JOHAN DAGUA CHATE , LUIS ANTONIO TOMBE MENZA (QEPD) y sus núcleos familiares.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE (37)

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

ANTONIO TOMBE MENZA (QEPD) y sus núcleos familiares.

CUARTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE (37)

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

D.C. que retrotraiga el proceso de reparación directa de Radicado N° 11001-33-36-037-2024-00228-00 hasta la etapa procesal en la cual se profirió Auto admisorio de la demanda de JOHN EDINSON CUNDA CHATE y su núcleo familiar, manteniendo en firme esa decisión.

QUINTO: ORDENAR al JUZGADO TREINTA Y SIETE (37)

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

D.C. que subsane la situación jurídica de ANIBAL TAQUINAS CUNDA, EDWIN JOHAN DAGUA CHATE y sus núcleos familiares, así como la del núcleo familiar de LUIS ANTONIO TOMBE MENZA (QEPD), dentro del proceso de reparación directa de Radicado N° 11001 -33-36-037-202400228-00, profiriendo Auto mediante el cual admita la demanda impetrada por estas personas y surta el trámite procesal respectivo […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO manifestó que las pretensiones formuladas por9

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los actores no están llamadas a pro sperar, por cuanto en los autos cuestionados se argumentaron las razones fácticas y jurídicas que conllevaron a ordenar la escisión de la demanda presentada por estos.

Indicó que la presente solicitud de amparo no reviste relevancia constitucional, comoquiera que las pretensiones están encaminadas a que el juez constitucional analice nuevamente el asunto decidido por el juez natural del asunto.

I.5.2.- El JUZGADO TREINTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , señaló que no se encuentra vinculado al asunto objeto de cuestionamiento, toda vez que mediante correo de 23 de julio de 2024, el grupo de correspondencia de la oficina de apoyo de los juzgados administrativos anuló el reparto debido a un error en la plataforma.

Solicitó denegar las pretensiones dirigidas en su contra, en la medida que no ha conculcado ningún derecho fundamental.

I.5.3.- El JUZGADO SESENTA Y CINCO ADMINISTRATIVO DEL10

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CIRCUITO DE BOGOTÁ, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , se limitó a remitir el expediente digital del proceso identificado con el número único de radicación 2025-00173-00, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.5.4.- El JUZGADO SESENTA ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , se limitó a remitir el expediente digital del proceso identificado con el número único de radicación 2025-00167-00, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.5.5.- El JUZGADO SESENTA Y UNO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso , se limitó a remitir el expediente digital del proceso identificado con el número único de radicación 2025-00168-00, sin realizar pronunciamiento alguno frente al fondo del asunto.

I.5.6.- El MINISTERIO, pese a ser notificado del presente trámite, guardó silencio.11

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guardó silencio.11

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II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 10 de noviembre de 2025, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional , al evidenciar que la parte actora pretende utilizar la acción de tutela como una instancia adicional al trámite ordinario.

Señaló que “[…] si bien alegaron que la decisión judicial vulneró sus derechos fundamentales a la seguridad jurídica, a la igualdad, a la reparación integral de las víctimas y la diversidad étnica y cultural, no se indicó concretamente la forma cómo la decisión cuestionada constituyó el origen de su transgresión. La simple enunciación de los derechos constitucionales que se consideran lesionados no es suficiente para acreditar el cumplimiento del requisito […]”.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional, ya que para justificar la procedencia de12

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00933-01

a su juicio, la presente acción de tutela sí cumple con el requisito de la relevancia constitucional, ya que para justificar la procedencia de12

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ese presupuesto, en los argumentos de la solicitud se indicó que los hechos que dieron origen al proc eso cuestionado se refiere n a la comisión de graves violaciones a los derechos humanos contra varios integrantes de una comunidad indígena, por lo que los daños individuales, familiares, comunitarios y colectivos alegados fueron causados a sujetos de especial protección constitucional.

Asimismo, señaló que “[…] al tratarse de un asunto donde se debaten los daños, perjuicios y reparaciones de un pueblo indígena (Nasa), la relevancia constitucional no solo se predica por el simple hecho de tratarse de un grupo étnico objeto de especial protección constitucional, sino que se puede evidenciar porque se plantea una discusión representada en la procedencia de medidas de reparación integral colectiva correspondientes a las tradiciones, concepciones, costumbres y cosmovisiones de ese pueblo indígena […]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1913

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La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1913

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00933-01

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de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (expediente núm. 2009-01328, actora: Nery Germania Álvarez Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

violación de de rechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia14

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C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde

relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones [4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas15

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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la

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las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a

hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afect ación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.16

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… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere

es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)17

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En el presente asunto, la Sala advierte que la parte actora pretende que se deje n sin efecto las providencias de 4 de septiembre de 2024 y 7 de mayo de 2025, proferidas por el JUZGADO, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 20 24-00228-00, mediante la s cuales ordenó escindir la demanda promovida de manera conjunta.

Los disensos de la parte actora radican en que las decisiones judiciales cuestionadas fueron proferidas sin motivación , por cuanto no efectu aron un estudio razonado de los argumentos presentados en el recurso de reposición y los fundamentos legales que condujeron a la determinación de escindir el proceso de reparación directa.

Señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto

presentados en el recurso de reposición y los fundamentos legales que condujeron a la determinación de escindir el proceso de reparación directa.

Señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en defecto material o sustantivo, al omitir la correcta aplicación del artículo 165 de la Ley 1437 de 2011 6 que regula la acumulación de pretensiones, pues, a su juicio, las formuladas en la demanda original sí cumplían con los requisitos previstos en dicha disposición, por lo que las razones de la escisión carecen de sustento y vulneran los

6 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.18

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00933-01

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principios de la función judicial, economía procesal, razonabilidad y la protección efectiva de los derechos de las víctimas.

Recalcaron que la s providencias cuestionadas incurrieron en violación directa de la Constitución , en la medida que se profirieron sin observancia de los derechos fundamentales