CE - Sentencia 25000231500020250099201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Referencia: Acción de tutela

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

TESIS: SE MODIFICA PARCIALMENTE LA PROVIDENCIA IMPUGNADA Y, EN SU

LUGAR, SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO

AL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES

JUDICIALES. EN LO DEMÁS SE CONFIRMA LA DECISIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DERECHO DE PETICIÓN, DEBIDO PROCESO, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, MÍNIMO VITAL Y VIDA DIGNA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia de 21 de noviembre de 2025, mediante la cual la SECCIÓN CUARTA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 denegó la solicitud de amparo.

1 En adelante el Tribunal.2

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I. ANTECEDENTES

La señora ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y dignidad humana, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ 2 al no haberle dado trámite a la entrega del título judicial que le corresponde como sucesora procesal dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015-00245-00.

I.2.- Hechos

Afirmó que su padre el señor MARIO DE JESÚS DÍAZ MISAS (q.e.p.d.), promovió demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL3, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material,

2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante el Ministerio.3

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

3 En adelante el Ministerio.3

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

ocasionados por la muerte de su hijo el señor BRANDON DANIEL DÍAZ MÉNDEZ durante la prestación del servicio militar.

Indicó que al proceso le fue asignado el número único de radicación 2015-00245-00 y le correspondió por reparto al JUZGADO que, mediante sentencia de 12 de octubre de 20 17, accedió a las pretensiones y le ordenó al MINISTERIO reconocer en favor de su padre los perjuicios invocados.

Arguyó que el JUZGADO mediante auto de 14 de agosto de 2025, la reconoció como sucesora procesal de su padre y ordenó la entrega del depósito judicial núm. 400100008731432 por valor de $180.517.060,13.

Aseveró que el 24 de septiembre de 2025, el expediente ingresó al despacho al advertir la necesidad de clarificar la orden de entrega al evidenciar una contradicción.

Mencionó que el 16 de octubre de 2025, su apoderado judicial radicó una petición de impulso procesal , con el fin de que se corrigiera la providencia sin dilaciones y se expidiera el título judicial directamente a su nombre.4

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

providencia sin dilaciones y se expidiera el título judicial directamente a su nombre.4

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

I.3. Fundamentos de derecho

Manifestó que ha transcurrido más de un mes desde que el expediente ingresó al despacho para la corrección, sin que se haya cumplido la orden judicial.

Mencionó que “[…] existe una dilación injustificada en el cumplimiento de la orden judicial, pues lo único que me manifiesta la Secretaría es que debo estar pendiente de la página SAMAI, lo cual no constituye una respuesta clara, precisa ni de fondo, y prolonga la vulneración de mis derechos fundamentales […]”.

I.4.- Pretensiones

La actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. Que se amparen mis derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, derecho de petición y mínimo vital.

2. Que se ordene al Juzgado Quinto Administrativo Oral del Circuito

Judicial de Bogotá D.C., Sección Primera, que en un término no superior a cinco (5) días hábiles:

 Corrija la providencia subsanando las contradicciones señaladas.  Expida y entregue el título judicial No. 400100008731432, por valor de $180.517.060,13, directamente a mi nombre, Adriana5

 Corrija la providencia subsanando las contradicciones señaladas.  Expida y entregue el título judicial No. 400100008731432, por valor de $180.517.060,13, directamente a mi nombre, Adriana5

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Elizabeth Díaz Urbano, en calidad de hija legítima, heredera y sucesora procesal reconocida, teniendo en cuenta que ya se aportó mi cédula de ciudadanía en el impulso procesal.

 Brinde una respuesta clara, precisa y de fondo sobre el estado actual del trámite, indicando fechas concretas de cumplimiento, y evite respuestas evasivas como “el proceso está en cola” o “debe estar pendiente de la página SAMAI”.

3. Que se adopten las medidas necesarias para garantizar que no se presente nuevas dilaciones en el cumplimiento de la orden judicial […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El JUZGADO hizo un recuento de las actuaciones adelantadas en el proceso objeto de estudio y mencionó que no ha incurrido en mora judicial, pues le ha impartido el trámite correspondiente a la actuación conforme a la carga de expedientes del despacho.

Indicó que las providencias se profieren en estricto orden de ingreso al despacho, y que la solicitud de entrega del título judicial fue resuelta mediante la providencia que en la actualidad está al

actuación conforme a la carga de expedientes del despacho.

Indicó que las providencias se profieren en estricto orden de ingreso al despacho, y que la solicitud de entrega del título judicial fue resuelta mediante la providencia que en la actualidad está al despacho para ser aclarada.

Mencionó que no se avizora la vulneración de los derechos invocados, puesto que cada una de las inquietudes solicitadas por la actora han sido resueltas de fondo y de manera oportuna.6

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL mediante sentencia de 21 de noviembre de 2025, denegó el amparo del derecho fundamental de petición, al evidenciar que el requerimiento efectuado por la actora es de índole judicial, por lo que no comporta de forma alguna el desconocimiento del derecho de petición.

Señaló que no había lugar a declarar que la autoridad judicial accionada hubiera incurrido en mora judicial injustificada, pues el tiempo que ha transcurrido para impulsar el proceso no ha obedecido a un comportamiento caprichoso o irracional y, por lo tanto, no advirtió alguna circunstancia de la que se pudiera concluir la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL,

advirtió alguna circunstancia de la que se pudiera concluir la vulneración de los derechos fundamentales invocados.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida por el TRIBUNAL, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la decisión de primera instancia no valoró de manera integral las pruebas que demuestran la vulneración de sus garantías constitucionales.7

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada ha incurrido en dilaciones injustificadas que afectan otras garantías como el mínimo vital y la vida digna, pues han transcurrido varios meses sin que se materialice la entrega del título.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos8

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el caso bajo examen, la parte actora pretende obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y dignidad humana, los cuales estima vulnerado s por el JUZGADO, al no haberle dado trámite a la entrega de título judicial que le corresponde como sucesora procesal dentro del medio de con trol de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015 -0024500.

haberle dado trámite a la entrega de título judicial que le corresponde como sucesora procesal dentro del medio de con trol de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015 -0024500.

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".9

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 21 de noviembre de 2025, denegó la solicitud de amparo.

Inconforme con lo anterior, la parte actora impugnó la decisión proferida en primera instancia, manifestando su desacuerdo con la motivación de la decisión, pues, a su juicio, la decisión de primera instancia no valoró de manera integral las pruebas que demuestran la vulneración de sus garantías constitucionales.

Asimismo, señaló que la autoridad judicial accionada ha incurrido en dilaciones injustificadas que afectan otras garantías como el mínimo vital y la vida digna, pues han transcurrido varios meses sin que se materialice la entrega del título.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se de be confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a resolver consiste en determinar si en el presente caso se de be confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se verificará si se cumplen los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela; y, de ser así, se establecerá si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos deprecados.10

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Para resolver el problema jurídico planteado, en primer lugar, la Sala considera pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejercido ante autoridades judiciales.

En relación con el derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, la Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido.

De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

resulta procedente.

Así la Sala lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de radicación 2015-01196-00:

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-0002017-02583-00.11

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, e l operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente. Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno,

evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente. Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Moreno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legi slador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política s ino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.

Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla

autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso12

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra

prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acc eder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justicia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia

T-178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]”

(Negrillas y subrayas fuera del texto).

Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su13

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su13

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferent es asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)6.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la so beranía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia7 que le asigna la ley8 […]”.

Bajo ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por l a actora

en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia7 que le asigna la ley8 […]”.

Bajo ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por l a actora

6 Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell. 7 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las siguientes características: “La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad. La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general”. 8 Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.14

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

con la solicitud presentada el 1 6 de octubre de 202 5, es que el JUZGADO resuelva de manera prioritaria la corrección del auto de 14 de agosto de 2025 y, en su lugar, disponga de manera inmediata la entrega del título judicial , asunto que implica emitir un pronunciamiento dentro del proceso judicial, por lo que tal circunstancia resulta improcedente.

Por lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado respecto al derecho de petición, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

Ahora bien, la Sala determinará si la autoridad judicial accionada ha incurrido en mora judicial, al no emitir un pronunciamiento relacionado con la entrega del título judicial a la actora.

La mora judicial, ha sido definida como un “[…] fenómeno multicausal y estructural […]”9 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la

9 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa.15

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Victoria Calle Correa.15

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 10 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de l a autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrificar irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias para tenerla como injustificada. Al respecto, la Corte11 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácter injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento c uando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y

términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y

10 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño 11 Ibidem.16

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 12. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar par a determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas

demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”13.

13.5. En la providencia T -230 de 2013 14, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno , contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la

12 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)». 13 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la

12 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)». 13 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 14 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».17

Número único de radicación: 25000-23-15-000-2025-00992-01

Actora: ADRIANA ELIZABETH DÍAZ URBANO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

existencia de un perjuicio irremediable, advirtiendo que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional15.

También hizo referencia la Sa