CE - Sentencia 25000232400020040087701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000 23 24 000 2004 00877 01

Demandante: C Y V Consultores Ltda.

Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho Tema: Nulidad de los actos que ordenaron la remoción del revisor fiscal Decisión: Confirma sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia proferida el 30 de enero de 2012 por e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C , en descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Las pretensiones1

La sociedad C Y V Consultores, por conducto de apoderado, radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que formuló las siguientes pretensiones:

[…] PRIMERO: Se declare la nulidad del acto administrativo – Resolución número 0348 de fecha 22 de mayo de 2003, aclarado mediante Resolución 0379 de 30 de mayo de 2003 , emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la cual se removió a mi representada del cargo que como revisor fiscal

0348 de fecha 22 de mayo de 2003, aclarado mediante Resolución 0379 de 30 de mayo de 2003 , emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la cual se removió a mi representada del cargo que como revisor fiscal

1 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

Demandante: C Y V Consultores Ltda.

Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

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2 ejercía en el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe de Bogotá – “FONTEBO”.

SEGUNDO: Se restablezca el derecho de mi representada a continuar como revisor fiscal del Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Santa Fe

de Bogotá D.C. “FONTEBO”

TERCERO: Se condene a la Nación – Ministerio de Hacienda – Superintendencia de la Economía Solidaria al pago de las prestaciones que mi representada ha dejado de percibir desde que fue removida del cargo que como revisor fiscal estaba desempeñando en el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones

de Santa Fe de Bogotá D.C. “FONTEBO”, esto es, 6 de junio de 2003 y hasta la fecha en que se ordene el restablecimiento del derecho de que trata el numeral SEGUNDO anterior.

CUARTA: Se condene a la Nación – Ministerio de Hacienda – Superintendencia de

fecha en que se ordene el restablecimiento del derecho de que trata el numeral SEGUNDO anterior.

CUARTA: Se condene a la Nación – Ministerio de Hacienda – Superintendencia de la Economía Solidaria al pago de los perjuicios ocasionados a mi representada por cuenta del detrimento que sufrió el GOOD WILL del que gozaba la sociedad C Y V CONSULTORES LIMITADA ente (sic) el sector de economía solidaria, a consecuencia de la determinación de remoción del cargo de revisoría fiscal, adoptada sin motivación, mediante el acto administrativo resolución 0348 emitido por la Superintendencia de la Economía Solidaria, para lo cual se tasaran en el curso del proceso perjuicios los cuales no solo se ocasionaron en el presente caso sino también en la Cooperativa de Trabajadores de la Compañía de Tabaco en liquidación, Cooperativa de Sedeco Ltda . en liquidación, Cooperativa de Trabajadores de la Caja Popular en liquidación, entre otras.

QUINTA: Se ordene abrir investigación al señor RICARDO LOZANO PARDO en su calidad de Superintendente de la Economía Solidaria y a la firma CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA LTDA por las irregularidades que, para el nombramiento de esas sociedades como revisores fiscales, en reemplazo de mi representada, se presentaron de acuerdo con los hechos y omisiones que más adelante se sustentan

[…].

1.2. Fundamentos de hecho y de derecho2

En el acápite de fundamentos de hecho de la demanda, e xplicó que el 2 de marzo de 2002, la asamblea ordinaria de delegados del Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – FONTEBO eligió a la sociedad C Y V Consultores como revisor fiscal de esa entidad.

2002, la asamblea ordinaria de delegados del Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá – FONTEBO eligió a la sociedad C Y V Consultores como revisor fiscal de esa entidad.

2 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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3 Afirmó que mediante la Resolución 2762 de 6 de noviembre de 2002, la Superintendencia de la Economía Solidaria tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de FONTEBO «por cuanto se encontraba incursa en las causales que para tal efecto establecen los literales c, e y g del artículo 1 de la Resolución 954 de 2002 de la Superintendencia de la Economía Solidaria».

Acotó que en la misma Resolución 2762 de 2002, la Superintendencia indicó que la sociedad C Y V Consultores continuaría desempeñando la función de revisor fiscal en

FONTEBO.

Precisó que en la Resolución 0146 de 6 de marzo de 2003, la Superintendencia ratificó a la precitada sociedad como revisora fiscal de FONTEBO, «entidad a la cual, mediante este mismo acto administrativo, resolvió intervenir con el objeto de administrarla».

precitada sociedad como revisora fiscal de FONTEBO, «entidad a la cual, mediante este mismo acto administrativo, resolvió intervenir con el objeto de administrarla».

Indicó que, a pesar de la eficiente labor desarrollada en la revisoría fiscal, por Resolución 0348 de 22 de mayo de 2003 , aclarada mediante Resolución 0379 de 30 de mayo de 2003, la Superintendencia removió del cargo de revisoría fiscal a la sociedad C Y V Consultores, «para en su lugar nombrar a una firma que (…) no cumple con los requisitos exigidos para desempeñar esa función a más de esto la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA no tiene experiencia siquiera comparable con la de mi representada».

Sostuvo que:

[…] Durante el lapso de tiempo comprendido entre el 6 de noviembre de 2002 fecha en la cual la Supereconomiasolidaria (sic) tomó posesión del Fondo de Empleado de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá y el 22 de mayo de 2003, fecha en la cual se removió del cargo de revisor fiscal a mi representada, mediante resolución que no tiene motivación alguna a pesar de ser suscrita por el mismo Superintendente que había ratificado en el cargo a la sociedad C Y V CONSULTORES LI MITADA, no hubo comunicación alguna de esa Superintendencia en la cual se solicitara, requiera o amonestara a mi representada para que cumpliera con las funciones en ella encargadas.

La discrecionalidad que tiene el Superintendente de la Economía Solidaria para remover de su cargo a los revisores fiscales designando a otro (…) se encuentra enmarcada dentro de ciertos parámetros, dentro de los cuales se encuentra que la persona natural o jurídica que entre en remplazo de otra debe tener por lo menos iguales o mejores aptitudes, experiencia

su cargo a los revisores fiscales designando a otro (…) se encuentra enmarcada dentro de ciertos parámetros, dentro de los cuales se encuentra que la persona natural o jurídica que entre en remplazo de otra debe tener por lo menos iguales o mejores aptitudes, experiencia y capacidad que la que se remueve del cargo (…) la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA no cumple con las exigencias propias del cargo establecidas por las autoridades (…) […].

En el capítulo de fundamento de derecho, invocó como normas infringidas el artículo 18 del Código Civil porque la Superintendencia «al nombrar como reemplazo de mi representada a la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA LTDA y esta al aceptar el cargo (…) violaron lo preceptuado por las resoluciones 042 y 074 emitidas por la Junta Central deRadicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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4 Contadores en uso de las facultades a ellas conferidas mediante la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998».

Aseguró que:

[…] En el artículo 4 de la Ley 43 de 1990 se establece cuáles son las actividades relacionadas con la ciencia contable en general entre las cuales, de manera expresa, se encuentra la de revisoría fiscal encontrándose aquí la génesis de la violación de lo allí preceptuado, en virtud a que la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA LIMITADA, no ha cumplido lo exigido por las circulares antes mencionadas […].

revisoría fiscal encontrándose aquí la génesis de la violación de lo allí preceptuado, en virtud a que la sociedad CONSULTORIA Y ALTA GERENCIA LIMITADA, no ha cumplido lo exigido por las circulares antes mencionadas […].

Explicó que en la «Circular 042 de 13 de mayo de 1999 » se «establece las normas e inscripción de las sociedades que ejercen funciones propias de la ciencia de la contaduría pública», la cual no fue observada por la Superintendencia y la sociedad Consultoría y Alta Gerencia, puesto que , dicha sociedad no est aba inscrita en la Junta Central de Contadores, requisito para que pudiera ejercer las funciones de revisor fiscal.

Agregó que:

[…] También estimo que el parágrafo del artículo primero de la Resolución 042 de 1992 (sic) de la Junta Central de Contadores fue violado, toda vez que en el mismo se establece que “los servicios de revisoría fiscal y de auditoria en aquellos aspectos en que se requieren dictamen de estados financieros en calidad de auditor independiente, es privativa de contadores públicos, personas naturales, de sociedades de contadores públicos debidamente constituidas” y en el presente caso la sociedad CONSULTORÍA Y ALTA GERENCIA LTDA no cumple con este último requisito puesto que no cumple con lo ordenado por el artículo 4 de la Ley 43 de diciembre 13 de 1990, en la cual se establece que para que una sociedad de contadores públicos sea tenida por tal, el 80% o más de los socios deberán tener la calidad de contadores públicos, constituyéndose en otra norma violada […].

Expuso que el artículo 5 de la Ley 145 de 1990 establece que los contadores públicos

los socios deberán tener la calidad de contadores públicos, constituyéndose en otra norma violada […].

Expuso que el artículo 5 de la Ley 145 de 1990 establece que los contadores públicos están sometidos a la vigilancia de la Junta Central de Contadores y para que la junta pueda ejerce r dicha vigilancia, las sociedades de contadores públicos deben estar inscritas.

Señaló que, como la sociedad de Consultoría y Alta Gerencia no c umplía con lo exigido para ser una sociedad de contadores públicos , tampoco puede ser vigilada por la Junta Central de Contadores «y por abstracción de materia no puede desempeñar la función de revisoría fiscal».Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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II. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada el 7 de octubre de 2003 en el Consejo de Estado y por auto de 28 de noviembre de 2003 se declaró la falta de competencia para conocer del asunto y lo remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Contra la precitada decisión se interpuso recurso de reposición y por auto de 6 de septiembre de 2004 se resolvió no reponer3.

2.2. El asunto correspondió por nuevo reparto a la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que por auto de 14 de abril de 2005 admitió la

resolvió no reponer3.

2.2. El asunto correspondió por nuevo reparto a la Subsección B, Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que por auto de 14 de abril de 2005 admitió la demanda interpuesta contra la Superintendencia de la Economía Solidaria4.

2.3. La apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria contestó la demanda en los siguientes términos5:

Alegó que en este asunto existen dos situaciones diferentes, por un lado, la remoción de la revisoría fiscal de la firma C Y V Consultores y que constituye el motivo de la demanda, y, por otro, «que no debe ser materia de estudio», el cumplimiento de los requisitos que según la parte actora no cumplió la sociedad Consultoría y Alta Gerencia.

Aseguró que está probado que la sociedad Consultoría y Alta Gerencia cumplió con las exigencias de la Resolución 2836 de 2003, incorporada en la Circular 007 de 2004, Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Formuló como excepción la de caducidad de la acción que fundamentó en que la Resolución 0348 de 22 de mayo de 2003, por la cual se removió del cargo de revisor fiscal a la firma C Y V Consultores y la Resolución 0379 de 30 de mayo de 2003, fueron notificadas personalmente y ejecutoriadas el 3 de junio de 2003, pero la demanda fue radicada el 27 de octubre de 2004, es decir que, entre la fecha de notificación de los actos administrativos y la presentación de la demanda, transcurrieron más de cuatro meses, por lo que operó la caducidad establecida por el artículo 136 del CCA.

de octubre de 2004, es decir que, entre la fecha de notificación de los actos administrativos y la presentación de la demanda, transcurrieron más de cuatro meses, por lo que operó la caducidad establecida por el artículo 136 del CCA.

Invocó la excepción genérica «derivadas de hechos que resulten probados en el proceso» y que deba reconocerse oficiosamente en la sentencia.

3 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 4 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 5 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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6 2.4. Por auto de 13 de octubre de 2005 se abrió a pruebas el proceso y por auto de 12 de abril de 2007 se corrió traslado a las partes para alegaran de conclusión6.

2.5. Por auto de 23 de septiembre de 2010 , se ordenó vincular, en calidad de tercero interesado en el proceso, a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia7.

2.5. Por auto de 23 de septiembre de 2010 , se ordenó vincular, en calidad de tercero interesado en el proceso, a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia7.

2.6. La Secretaría de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , rindió informe el 26 de noviembre de 2010, en el que señaló que no fue posible notificar al representante legal de la sociedad Consultoría y Alta Gerencia8.

2.7. Por lo anterior, en auto de 3 de marzo de 2011, se ordenó oficiar a la Cámara de Comercio para que allegara el certi ficado de existencia y representación de la sociedad Consultoría y Alta Gerencia, los cuales fueron aportados9.

2.8. Por auto de 2 de septiembre de 2011, se remitió el expediente a la Subsección de Descongestión de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en aplicación de lo previsto por el Acuerdo PSAA11 – 8365 de 29 de julio de 2011 emitido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura10.

III. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Primera, Subsección C en descongestión, en sentencia proferida el 30 de enero de 2012, resolvió11:

[…] PRIMERO: DECLÁRASE no probada la excepción de caducidad propuesta por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda conforme la parte expuesta.

TERCERO: Sin lugar a condenar en costas y agencias en derecho a las partes […]

Superintendencia de la Economía Solidaria.

SEGUNDO: NIÉGUENSE las pretensiones de la demanda conforme la parte expuesta.

TERCERO: Sin lugar a condenar en costas y agencias en derecho a las partes […]

6 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 7 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 8 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 9 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 10 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 11 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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7 Frente a la excepción de caducidad, explicó que la notificación de la Resolución 0379 de

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7 Frente a la excepción de caducidad, explicó que la notificación de la Resolución 0379 de 30 de mayo de 2003 se surtió el 6 de junio de 2003, por lo que el término para interponer la acción de nulidad y restablecimiento del derecho vencía el 7 de octubre de 2003, fecha en la que se presentó ante la secretaría del Consejo de Estado, por lo que no operó la caducidad.

Para resolver el fondo del asunto, precisó que revisado el acto demandado «se observa que se trata de dos asuntos diferentes, de un lado, la remoción (sic) C Y V CONSULTORES como revisor fiscal y de otro lado la designación de Consultoría y Alta Gerencia como nuevo revisor fiscal de la entidad intervenida».

En relación con la remoción de C Y V Consultores como revisor fiscal , indicó que conforme con el numeral 8 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, la Superintendencia de la Economía Solidaria estaba facultado para remover a los revisores fiscales de las organizaciones sometidas a su control.

Precisó que el artículo 34 de la Ley 454 de 1998 permitía a la Superintendencia de la Economía Solidaria utilizar las facultades previstas para el Superintendente Bancario en lo que resultara aplicable a las entidades sujetas a vigilancia de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

En ese contexto, indicó que el literal b) del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero habilitaba a la Superintendencia de la Economía Solidaria para proferir el acto

la Economía Solidaria.

En ese contexto, indicó que el literal b) del artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero habilitaba a la Superintendencia de la Economía Solidaria para proferir el acto de remoción de la firma C Y V Consultores, sin incurrir en violación de ninguna norma de rango constitucional o legal.

En cuanto a que la sociedad Consultoría y Alta Gerencia no cumplía con los requisitos legales para ser designada como revisor fiscal de FONTEBO, expuso que la declaratoria de nulidad de los actos acusados, no implicaba necesariamente que el restablecimiento del derecho sea que se remueva como revisor fiscal a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia.

Agregó que la Superintendencia no sólo tenía la facultad legal de remover al revisor fiscal en el momento de la toma posesión, «sino que además define sobre quién recae la nueva designación, lo que hace innecesaria la comparación entre las calidades de revisor fiscal removido y el designado para definir por esta jurisdicción si es uno u otro quien debe ocupar el cargo de revisor fiscal».

Concluyó que:

[…] Atendiendo a que la designación se hizo en uso de las facultades discrecionales de la Superintendencia de la Economía Solidaria; que las pruebas del demandante están enfiladas a demostrar la falta de calidades de la sociedad designada, sin que estas tengan injerenciaRadicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 en la remoción del actor; y, que la parte actora no sería la legitimada para solicitar la nulidad del artículo segundo de la Resolución nro. 0345 de 22 de mayo de 2003, ni la Resolución nro. 0379 de mayo de 2003 mediante los cuales se designó el nuevo revisor fiscal de FONTEBO, se entiende que no se desvirtuó la legalidad de la decisión proferida por la Superintendencia de la Economía Solidaria en lo referente a la remoción de la sociedad C Y V Consultores como revisor fiscal, y por ende se negarán las pretensiones de la demanda […].

IV. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado de la parte actora interpuso recurso de apelación contra la precitada decisión, con fundamento en lo siguiente12:

Precisó que no pretendía discutir las facultades de la Superintendencia de la Economía Solidaria para remover los órganos de control cuando se presenta un tipo de intervención «puesto que ellas son claras y expresas en su contenido, pero que de ninguna manera son óbice para rechazar las pretensiones de la demanda».

Igualmente, aclaró que:

[…] El tribunal en su análisis por demás totalmente errado señala que lo pretendido en el sumario demandatorio obedece a dos puntos diferentes , siendo uno de ellos el que se determine que la entidad nombrada en reemplazo de mi poderdante no cumplía los requisitos y la otra la que se declare la nulidad del acto administrativo y que se restablezca el derecho,

sumario demandatorio obedece a dos puntos diferentes , siendo uno de ellos el que se determine que la entidad nombrada en reemplazo de mi poderdante no cumplía los requisitos y la otra la que se declare la nulidad del acto administrativo y que se restablezca el derecho, conclusión totalmente fuera de contexto, pues la primera tan solo se señala con el fin de determinar la LIMITACIÓN AL LIBRE ALBEDRIO QUE TIENEN LAS ENTIDADES ESTATALES EN SU DISCRECIONALIDAD, pues la misma señala que la persona, natural o jurídica que reemplazo al depuesto, debe ser de unas mejores condiciones para que opere tal determinación por parte de la entidad estatal […] (Mayúsculas originales).

Adujo que el a quo y el Consejo de Estado, en caso de confirmar la providencia, dejarían en total desprotección la profesión de contador público, en ejercicio de la revisoría fiscal, puesto que, en este caso, las funciones se cumplieron con toda cabalidad y lo que se estaría indicando es que «el profesional de la contaduría pública no debe, ni puede delatar a las infractores de las normas técnicas contables o legales (…), pues en caso de cumplir con sus deberes, se estaría exponiendo a la remoción inmediata por su diligencia y eficiencia».

Explicó que la resolución de intervención se sustentó en los informes de la revisoría fiscal de turno, lo que evidenciaba el cumplimiento de las funciones de la parte actora y la eficiencia de la revisoría fiscal «removida bajo el amparo de la discrecionalidad del

12 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

12 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

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9 funcionario estatal, concluyéndose una total arbitrariedad y abuso de autoridad administrativa».

Mencionó que «2.2. Resolución de intervención. Contenido // Obsérvese igualmente que la misma no se encuentra debidamente motivada» y seguidamente recalcó que la remoción «obedeció al libre y arbitrario albedrío del superintendente de turno, el cual recién se encontraba posesionado y debía cumplir con sus cuotas burocráticas, pues insisto dicha resolución no estaba debidamente motivada».

Manifestó que la sociedad nombrada en reemplazo de la parte actora, «no tenía el perfil adecuado para reemplazar a la removida», dado que, la sociedad Consultoría y Alta Gerencia no estaba inscrita en la Junta Central de Contadores para el ejercicio de la profesión, tal y como lo exige la Resolución 042 de 1999 de la Junta Central de Contadores, ni tampoco estaba inscrita en la entidad de supervisión.

Añadió que «la entidad nombrada como reemplazante debe establecer una mejor y mayor experiencia de la persona tanto jurídica como natural reemplazada, para que opere la

ni tampoco estaba inscrita en la entidad de supervisión.

Añadió que «la entidad nombrada como reemplazante debe establecer una mejor y mayor experiencia de la persona tanto jurídica como natural reemplazada, para que opere la discrecionalidad, sustentada en el libre albedrio del funcionario público, hecho (…) que no operaba pues tal y como se encuentra demostrado» la sociedad Consultoría y Alta Gerencia no tenía experiencia en el sector solidario.

Expuso que lo puntos anteriormente señalados «no tienen otro sentido que demostrar que el libre albedrio, ello es la discrecionalidad, no podría haber operado en este caso, pues se encuentra demostrado que existen importantes limitantes en dicha decisión».

Sostuvo que:

[…] La remoción de un revisor fiscal se encuentra limitada frente a las circunstancias que dieron origen a la intervención, manifestación que indica que si, el revisor fiscal no cumplió con sus deberes a cabalidad debe ser sin lugar a duda removido del cargo, pues lo contrario indicaría la ratificación en el ejercicio de dicho cargo, hecho que debe aplicarse para el caso en discusión […].

V. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de reparto de 7 de mayo de 2012 a la Sección Primera de la Corporación y por auto del 27 de julio de 2012 se admitió13.

13 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

Demandante: C Y V Consultores Ltda.

2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

Demandante: C Y V Consultores Ltda.

Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria

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10 5.2. Por auto de 26 de octubre de 2012 se corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y que el Ministerio Público emitiera concepto14.

La apoderada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, descorrió el traslado en oportunidad y señaló que la remoción del cargo de revisora fiscal que ejercía la firma C Y V Consultores en el Fondo de Empleados de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá– FONTEBO, estuvo fundamentada en la facultad prevista en el numeral 23 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998 y el artículo 116 del Decreto 663 de 1993, dado que la intervención tiene como consecuencia la separación de los cargos de los administradores y de la revisoría fiscal que existían al momento de la toma de posesión, puesto que es la manera de garantizar la efectividad de la medida de intervención.

5.3. Por auto del 4 de agosto de 2014, se ordenó poner en conocimiento a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia la configuración de una nulidad, para lo cual advirtió que, si en el término concedido no se alegaba, aquella quedaba saneada15.

Lo anterior, dado que, se consideró que la precitada sociedad es un tercero con interés

en el término concedido no se alegaba, aquella quedaba saneada15.

Lo anterior, dado que, se consideró que la precitada sociedad es un tercero con interés en las resultas del proceso, puesto que, los actos acusados remueven a la parte demandante del cargo de revisor fiscal de FONTEBO y, en su lugar, designaron a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia , sin que se evidencie que haya sido notificada de la demanda.

5.4. Por autos de 2 de abril de 2019 y 23 de septiembre de 2019 , se ordenó surtir la notificación a la sociedad Consultoría y Alta Gerencia de la providencia proferida el 4 de agosto de 2014.

5.5. Por auto de 8 de septiembre de 2021 se ordenó surtir la aludida notificación a la dirección electrónica que figura en el certificado de la cámara de comercio de la sociedad Consultoría y Alta Gerencia 16.

5.6. Por auto de 29 de junio de 2022 se declaró saneada la nulidad advertida en el proceso17.

14 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 15 Visto en el índice 52 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 16 Visto en el índice 37 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01. 17 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000

2324 000 2004 00877 01. 17 Visto en el índice 47 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 25000 2324 000 2004 00877 01.Radicado: 25000 23 24 000 2004 00877 01

Demandante: C Y V Consultores Ltda.

Dema