CE - Sentencia 25000232400020070025401 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19971

Número único de radicación: 25000232400020070025401

Demandante: Jesús Adonai Ochoa Forero2

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano - IDU

Asunto: Expropiación por vía administrativa. Objeción por error grave del dictamen pericialReiteración jurisprudencial.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de junio de 2013 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. Jesús Adonai Ochoa Forero 3, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista

La demanda

1. Jesús Adonai Ochoa Forero 3, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19974.

1 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”. 2 Por medio de auto de 16 de febrero de 2024 el despacho sustanciador declaró el desistimiento tácito de la solicitud de sucesión procesal realizada por la señora Blanca Cecilia Ochoa de Ulloa y el señor Julio Adonai Ochoa González. 3 Por intermedio de apoderado. 4 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”.2

Núm. único de radicación: 25000232400020070025401

Demandante: Jesús Adonai Ochoa Forero

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Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] a. Que se declare que el precio del terreno expropiado ofrecido por el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDUmediante los ACTOS ADMINISTRATIVOS que determinaron la oferta de compra y la correspondiente expropiación no corresponde a la realidad fáctica, comercial, ni jurídica del bien inmueble.

DE DESARROLLO URBANO -IDUmediante los ACTOS ADMINISTRATIVOS que determinaron la oferta de compra y la correspondiente expropiación no corresponde a la realidad fáctica, comercial, ni jurídica del bien inmueble.

b. Que como consecuencia de las (sic) declaración anterior, se ordene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU a pagar a mi poderdante el precio real del terreno expropiado, incluyendo los siguientes conceptos, montos que se acrediten dentro del proceso a través de peritos, a saber:

1. Por el precio real del terreno.

2. Por concepto lucro cesante.

c. Las sumas debidas por la parte demandada y favor de la demandante deberán indexarse de conformidad con los INDICES DE PRECIOS AL CONSUMIDOR.

d. Que sobre el monto de cada una de las condenas se ordene el pago de intereses legales.

e. Se de aplicación al artículo 177 del CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

f. Que se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU al pago de las costas del proceso […]”5. (Destacado del texto)

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para

fundamentar sus pretensiones6:

3.1. El inmueble objeto de expropiación es el identificado con la matrícula inmobiliario núm. 50S-40424294.

3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, mediante la Resolución núm. 6866 de 13 de diciembre de 2006, determinó la adquisición de una zona de terreno en la

3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, mediante la Resolución núm. 6866 de 13 de diciembre de 2006, determinó la adquisición de una zona de terreno en la ciudad de Bogotá D.C., como oferta se indicó la suma de $210.584.320.00.

3.3. Pasado el término de 30 día s hábiles desde la fecha de notificación de la Resolución nú m. 6866 presentó un derecho de petición al IDU, solicitando se pusiera en conocimiento de los interesados la resolución mencionada previamente y se notificara para ejercer los respectivos recursos.

5 Cfr. índice 00043 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 1 PRINCIPAL – RESERVADO. Página 204 y ss. 6 Demanda y reforma.3

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3.4. El IDU , en respuesta al derecho de petición , mediante oficio núm. IDU040468 DTDP-8000 de 22 de junio de 2007, informó por primera vez al demandante de la existencia de la Resolución núm. 1305 de 22 de marzo de 2007, por medio de la cual se ordena una expropiación por vía administrativa del bien inmueble con el consecuente reconocimiento económico a favor del demandante, con destino a la ejecución del proyecto avenida longitudinal de occidente (ALO), de conformidad con

la cual se ordena una expropiación por vía administrativa del bien inmueble con el consecuente reconocimiento económico a favor del demandante, con destino a la ejecución del proyecto avenida longitudinal de occidente (ALO), de conformidad con el artículo 68 de la Ley 388 de 1997.

3.5. La mencionada resolución presuntamente no le fue notificada, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 962 de 2005 , de manera personal como propietario del bien inmueble expropiado.

3.6. El Instituto de Desarrollo Urbano indicó que la Resolución núm. 1305 del 22 de marzo de 2007 fue notificada personalmente el día 29 de marzo al señor Luis Alberto Hernández , sin embargo, el poder conferido únicamente era para las resoluciones números 6866, 6867 y 6960 de 2006

3.7. Por no haberse notificado al demandante o al apoderado la resolución mencionada, no fue posible interponer el recurso de reposición y controvertir las pruebas presentadas por el IDU, en especial , los avalúos realizados por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C.

3.8. Las Resoluciones 6866 y 1305 que soportan la oferta de compra y posterior expropiación, hacen referencia al valor ofrecido por el terreno, el cual está por debajo del valor comercial real. No se fijaron los precios consultando los intereses del afectado como lo dispone el artículo 58 de la Constitución Política y la norma vigente, al no contener el valor real del metro cuadrado ni la indemnización por lucro cesante.

3.9. Se presentó un menoscabo en su patrimonio por el hecho de tener que llevar a cabo erogaciones pecuniarias para trasladar su centro de negocio y empresa a

cesante.

3.9. Se presentó un menoscabo en su patrimonio por el hecho de tener que llevar a cabo erogaciones pecuniarias para trasladar su centro de negocio y empresa a otro terreno. De igual forma, al dividir el lote por la expropiación de la franja trae como consecuencia la desvalorización del lote por la imposibi lidad mediata de realizar proyectos de construcción.

3.10. El IDU no indemnizó justa ni plenamente el lucro cesante que el demandante se ve obligado a sufrir durante todo el tiempo que requiere para iniciar un nuevo4

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centro laboral, con el desarrollo de la actividad económica que se explota en el lote de terreno agrícola, ganadera, lechera, etc.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Preámbulo, artículos 1, 2, 4, 29, 58, de la Constitución Política. • Artículo 136 del Decreto 01 de 2 de enero de 19847. • Ley 9ª de 11 de enero de 19898. • Artículos 2, 3, 58, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley 388 de 18 de julio de 19979. • Decreto 1420 de 24 de julio de 199810. • Ley 84 de 26 de mayo de 187311.

de julio de 19979. • Decreto 1420 de 24 de julio de 199810. • Ley 84 de 26 de mayo de 187311. • Artículo 239 y ss. del Decreto 1400 de 6 de agosto de 197012.

Concepto de violación

5. La parte demandante explicó su concepto de la violación en los siguientes

términos:

Primer cargo: violación de la Constitución y la Ley , los actos administrativos no se fundaron en el ordenamiento legal

5.1. La Constitución es la noma suprema de referencia de todo el ordenamiento jurídico, es decir, es norma de normas. Sobre ella no puede prevalecer ninguno de los actos ni de las abstenciones de los órganos que integran las ramas del poder público. Por lo tanto, los actos que violen esa norma superior están llamados a ser excluidos del ordenamiento jurídico mediante los controles judiciales a que hubiere lugar.

7 Código Contencioso Administrativo. 8 “[…] Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras disposiciones […]”. 9 “[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones […]”. 10“[…] Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”. 11 Código Civil.

Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos […]”. 11 Código Civil. 12 Código de Procedimiento Civil.5

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5.2. La expropiación administrativa procederá siempre y cuando exista previa indemnización, por lo que en relación con la unidad normativa la Administración está violando un precepto superior constitucional, como es la indemnización justa y equitativa al propietario afectado por los actos de expropiación.

Segundo cargo: e l avalúo presentado y acogido como prueba por el IDU no fue rendido de conformidad con las normas legales vigentes

5.3. El precio ofrecido viola el artículo 58 de la Constitución, toda vez que se fundó en un dictamen incompleto y nada ajustado a la realidad comercial, al no tasar ni ofrecer la indemnización que corresponde.

5.4. Se observa que el artículo 67 de la Ley 388 remite al artículo 61 para efectos de procedimiento y criterios para la elaboración de los avalúos , por tanto, en el presente se debió tener en cuenta esta norma , con lo cual, al desconocerla, se omitió de paso, la tasación de la indemnización, la compensación, los costos de reposición y la determinación del valor real comercial del predio y el lucro cesante.

Tercer cargo: l a indemnización presentada por el IDU es incompleta. La indemnización no es plena ni justa

reposición y la determinación del valor real comercial del predio y el lucro cesante.

Tercer cargo: l a indemnización presentada por el IDU es incompleta. La indemnización no es plena ni justa

5.5. En la oferta presentada se desconoció el pago completo de la indemnización. La posibilidad de empleo de un bien útil permite conjugar la presencia de un daño que se establecerá probando además ese antecedente, la cesación de ganancias por la suspensión o la merma de esa actividad productiva, o el desembolso que hubo de hacerse para producir un medio sustitutivo del perdido temporal o definitivamente.

5.6. Recientemente, fueron terminados otros procesos administrativos de enajenación por parte de la administración distrital y ese mismo instituto sobre predios que comparten los mismos elementos en la misma zona de la ciudad, le fueron reconocidos precios superiores.6

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Cuarto cargo: v iolación del debido proceso del administrado: el acto fue expedido sin las pruebas suficientes y no fue notificado a la parte afectada

5.7. Dentro de los fines del Estado se encuentra el deber de velar por la protección de la vida, honra y bienes de los administrados. Así la potestad administrativa constituye un instrumento de realización de los fines que la Constitución le atribuye a las autoridades del Estado, pues le permite realizar los valores del orden jurídico

de la vida, honra y bienes de los administrados. Así la potestad administrativa constituye un instrumento de realización de los fines que la Constitución le atribuye a las autoridades del Estado, pues le permite realizar los valores del orden jurídico institucional y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes. Lo anterior, mediante la asignación de competencias a la administración, que la habilitan para imponer a los funcionarios y a los particulares el acatamiento de una conducta.

5.8. El avalúo del predio expropiado no es adecuado y tampoco está fundamentado. No se ajusta a los parámetros diseñados por el IGAC. No es firme, no es preciso y carece de fundamento s. No hay análisis de las condiciones de tiempo, modo y espacio y según el demandante constituye el cumplimiento de un requisito formal que la ley exige para procede a expedir un acto administrativo de expropiación.

5.9. El perito no cumplió con los parámetros y exigencias que demanda el Decreto 1420 de 1998, ni las Resoluciones 762 de 1998 y 147 de 2002 expedidas por el IGAC, como tampoco los criterios que señalan los parámetros y procedimientos para la elaboración de un avalúo técnico , como es el método comparativo de mercado.

5.10. Las pruebas del proceso de expropiación no fueron controvertidas por el propietario afectado, porque la entidad distrital no dio la oportunidad de interponer los recursos por no notificar en forma legal el acto administrativo de expropiación.

Quinto cargo: el acto administrativo carece de motivación

5.11. Los actos administrativos que se demandan no fueron motivados en forma

los recursos por no notificar en forma legal el acto administrativo de expropiación.

Quinto cargo: el acto administrativo carece de motivación

5.11. Los actos administrativos que se demandan no fueron motivados en forma correcta por la administración distrital , comoquiera que no hay mención a la existencia del avalúo. Se debe tener en cuenta que la existencia de motivación no es simplemente un requisito formal y de simple ret órica, es un requisito de fondo para conocer la actuación de la administración.7

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5.12. En efecto, l os actos no hacen referencia en ningún momento al avalúo presentado, no hacen salvedades, tampoco lo confirman , simplemente realizan un breve recuento de las normas que rigen la expropiación, y a incluir una parte resolutiva.

5.13. El principio de igualdad ante las cargas públicas se está quebrantando al solo pagar a los propietarios del inmueble una suma irrisoria e incompleta, porque no se indemnizan todos los perjuicios causados, sin tener en cuenta otro principio general que exige que la indemnización deba ser plena y total.

Sexto cargo: l os actos administrativos expedidos con ocasión del procedimiento de expropiación administrativa no indemnizan el lucro del propietario expropiado

5.14. La indemnización debe comprender , adicional al precio del terreno, la

Sexto cargo: l os actos administrativos expedidos con ocasión del procedimiento de expropiación administrativa no indemnizan el lucro del propietario expropiado

5.14. La indemnización debe comprender , adicional al precio del terreno, la tasación que comprenda íntegramente el daño emergente y el lucro cesante que el demandante se verá obligado a soportar durante todo el tiempo que requiere para iniciar un nuevo centro laboral, con el desarrollo de la actividad económica que se explota en el terreno.

Contestación de la demanda

6. El Instituto de Desarrollo Urbano – IDU13, contestó la demanda, y se opuso a

las pretensiones de la parte demandante14, así:

6.1. Sostuvo que la resolución por medio de la cual se ordenó la expropiación administrativa ya había sido notificada al apoderado inicial del demandante. Que el poder conferido al señor Luis Alberto Hernández García tenía facultades expresas para llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias, por esa razón la Resolución 1305 de 22 de marzo de 2007 fue notificada a este en presencia del demandante , quien no manifestó que el mencionado señor ya no era su apoderado.

6.2. Resaltó que, debe probar la supuesta actividad económica que se desarrollaba en el predio expropiado, teniendo en cuenta que para la fecha de presentación del memorial de 25 de septiembre de 2007 ya se había efectuado la

13 Por intermedio de apoderado. 14 Cfr. índice 00043 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_C01_01 OTROS -CUADERNO 1 PRINCIPAL – RESERVADO. Páginas 212 y ss.8

14 Cfr. índice 00043 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_C01_01 OTROS -CUADERNO 1 PRINCIPAL – RESERVADO. Páginas 212 y ss.8

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entrega del inmueble al IDU por parte de la Inspección Séptima F Distrital de Policía, según se acreditó con el acta en donde consta que en el terreno no se encontraban semovientes de ninguna clase.

6.3. Por último, propuso como excepciones las que denominó: “Cumplimiento de los trámites constitucionales y legales para expedir los actos administrativos demandados”; e “Ineptitud de la demanda”.

Sentencia proferida, en primera instancia

7. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo d e Cundinamarca, mediante sentencia proferida el 13 de junio de 201315, resolvió:

“[…] 1°) Decláranse no probadas las excepciones propuestas por la entidad demandada.

2°) Inhíbese del estudio de legalidad de la Resolución número 6866 de 13 de diciembre de 2006 y de la supuesta vulneración de la Ley 9 de 1989 y del Código Civil.

3°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.

4°) Abstiénese de condenar en costas.

diciembre de 2006 y de la supuesta vulneración de la Ley 9 de 1989 y del Código Civil.

3°) Deniéganse las pretensiones de la demanda.

4°) Abstiénese de condenar en costas.

5°) Devuélvase al actor al remanente que hubiese a su favor por concepto del depósito de expensas para atender los gastos ordinarios del proceso.

6°) Ejecutoriada esta providencia archívese el expediente, previas las constancias secretariales de rigor […]”.

Consideraciones del Tribunal

8. El a quo estableció como objeto de la controversia “[…] que se declare que el precio del terreno expropiado ofrecido por el Instituto de Desarrollo urbano IDU mediante los actos administrativos que determinaron la oferta de compra y la correspondiente expropiación no corresponde a la realidad fáctica, comercial ni jurídica del bien inmueble, y que por lo tanto se ordene a la entidad demandada pagar al demandante el precio real del terreno que fue expropiado ubicado en Nuevo

Lote No. 2 Bosa identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50S-40424294 con un área de terreno de 49.816.87 m2, por motivos de utilidad pública e interés social, incluyendo los conceptos de precio real del terreno y lucro cesante.

15Cfr. índice 00043 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_C01_01 OTROS -CUADERNO 1 PRINCIPAL – RESERVADO. Páginas 640 y ss.9

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Demandante: Jesús Adonai Ochoa Forero

PRINCIPAL – RESERVADO. Páginas 640 y ss.9

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9. De igual manera, también a título de restablecimiento del derecho solicitó que las sumas debidas por la parte demandada y a favor del demandante deberán indexarse de conformidad con los índices de precios al consumidor y se ordene el pago de intereses legales […]”.

9.1. Como cuestión previa determinó que, en el escrito de reforma de la demanda se solicitó que se declare que el precio del terreno expropiado ofrecido por la entidad demandada mediante los actos administrativos que determinaron la oferta de compra y la expropiación, esto es, las resoluciones n úmeros 6866 del 13 de diciembre de 2006 y 1305 de 22 de marzo de 2007, respectivamente, por no corresponder aquel a la realidad fáctica, comercial ni jurídica del inmueble, respecto de lo cual se tiene que en atención a que a través de la Resolución núm. 6866 del 2006 se determinó la adquisición del predio y dicho acto se constituía en oferta de compra, se trat a de un acto de trámite no susceptible de ser demandado ante la jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que se inhibió de su estudio de legalidad. Igualmente, en relación con las disposiciones jurídicas contenidas en la Ley 9 de 1989 y el Código Civil , normas indicadas como violadas, sin embargo no

jurisdicción contenciosa administrativa, por lo que se inhibió de su estudio de legalidad. Igualmente, en relación con las disposiciones jurídicas contenidas en la Ley 9 de 1989 y el Código Civil , normas indicadas como violadas, sin embargo no se explicó el concepto de su violación como lo establece el artículo 137 del Código Contencioso Administrativo.

9.2. Consideró en relación con la objeción por error grave del dictamen pericial que, el perito utilizó el método de investigación directa, al respecto el artículo 25 del Decreto 1420 de 1998 indica que para la elaboración de los avalúos de predios que se requieran adquirir mediante el proceso de enajenación voluntaria o por el procedimiento de expropiación se deben aplicar los métodos allí previstos , por el contrario, si se pretende la aplicación de un método diferente, se requiere que se someta a un análisis previo por parte del IGAC.

9.3. Determinó que el método empleado no está previsto en la norma citada como un método legalmente autorizado por la autoridad. No obstante, aunque indicó que también aplicó el método de comparación de ofertas o transacciones rec ientes de bienes semejantes, no explicó cu ál fue la norma que sirvió de apoyo para su aplicación ni sustentó las razones por las cuales lo utilizó. Además, tampoco soportó la comparación del mercado inmobiliario. En ese entendido, encontró probado que el avalúo practicado por el perito no discutió el avalúo realizado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá en el año 2006, para la fecha de realización del avalúo dentro del proceso, es decir, año 2009, en ese entendido, hay diversos factores que varían10

Inmobiliaria de Bogotá en el año 2006, para la fecha de realización del avalúo dentro del proceso, es decir, año 2009, en ese entendido, hay diversos factores que varían10

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en la actividad inmobiliaria e influyen directamente en el precio del avalúo.

9.4. Lo anterior no permite conocer el precio real del inmueble en el momento en el que se efectuó la oferta de compra ni mucho menos las condiciones y circunstancias del mercado inmobiliario, circunstancias bajo las cuales es evidente que el avalúo obtenido no es un elemento válido de contraste ni de referencia para determinar el valor del inmueble en cuestión.

9.5. Indicó que, de la revisión y análisis del avalúo comercial practicado al predio no se encontró ningún punto en el que se pusieran de presente las supuestas inconsistencias, yerros u omisiones en las que supuestamente incurrió la Lonja inmobiliaria de Bogotá, D.C. en la elaboración del aval úo de propiedad del demandante que condujeron a la determinación del valor del inmueble, el perito no indicó válidamente las razones por las cuales el valor del terreno debía ser ma yor, tampoco hizo referencia alguna que precise la doctrina utilizada.

9.6. Consideró fundada la objeción en cu anto a que para el estudio de mercado fue tomada una información de la revista especializada metrocuadrado.com sin identificar la fecha de publicación o algún dato bibliográfico que identifique y

9.6. Consideró fundada la objeción en cu anto a que para el estudio de mercado fue tomada una información de la revista especializada metrocuadrado.com sin identificar la fecha de publicación o algún dato bibliográfico que identifique y respalde la fuente de información, la fecha y época de esta.

9.7. Señaló que le asiste razón a la parte demandada respecto que el avalúo indicó que la zona está definida como de alta inundación y que por lo tanto debió compararlo con predios similares, toda vez que en el estudio de mercado inmobiliario no se hace referencia alguna a que se hubiese n tenido en cuenta predios en las mismas características manifestadas por este, es decir que presenten una amenaza alta de inundación.

9.8. En suma, determinó que el avalúo practicado tiene defectos sustanciales cuyo contenido y alcance lo dirigen a su desestimación por no ser una prueba válida para los fines del proceso.

9.9. En relación con los cargos de nulidad, en el aval úo fueron indicadas las siguientes características generales del inmueble: i) la descripción del sector, ii) el terreno y la construcción; y iii) el método utilizado para la elaboración de este, con inclusión de los datos requeridos para determinar la indemnización dentro del proceso expropiatorio , además la Lonja Inmobiliaria de Bogotá manifestó la ampliación del avalúo del predio de propiedad del demandante.11

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9.10. Por último, d entro del proceso se practicó un dictamen pericial el cual no contaba con el soporte probatorio y por esa razón no tiene el mérito para desvirtuar la legalidad del avalúo presentado por la lonja y que sirvió de soporte para la expedición de la resolución que ordenó la expropiación por vía administrativa. En ese entendido, la parte demandante no cumplió con la carga de demostrar la supuesta falta de exactitud y error en que presuntamente incurrió la lonja inmobiliaria en la realización del avalúo, por lo cual se mantiene incólume y por esa razón, las pretensiones de la demanda fueron denegadas en su totalidad.

Recurso de apelación

10. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente el recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, el 13 de junio de 2013 por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; para lo cual expone los siguientes argumentos16:

10.1. Indicó que, el Tribunal declaró de forma abstracta el error grave, que como lo ha establecido la jurisprudencia que para ser viable la demostración y la declaratoria del error grave de una prueba pericial, se hace necesario ordenar una nueva prueba tendiente a demostrar la validación del avalúo reprochado o demostrar que el mismo tiene las falencias que se le imputan.

10.2. Determinó que “[…] [e]n el caso que nos ocupa el Tribunal concluy ó acoger

tendiente a demostrar la validación del avalúo reprochado o demostrar que el mismo tiene las falencias que se le imputan.

10.2. Determinó que “[…] [e]n el caso que nos ocupa el Tribunal concluy ó acoger las objeciones por error grave antes aducidas, sin que se hubiera ordenado una nueva prueba pericial con el cual el Despacho de Conocimiento pudiera comparar los parámetros establecidos en cada uno de los dictámenes. Como no fue ordenada una segund a experticia, no puede legalmente decirse que existió fundamento jurídico para concluir que las razones o motivos expuestos por quien objetó por error grave el primer avalúo, fueran acogidas, ya que precisamente para llegar a esta conclusión se requería como requisite sine quanum la práctica de una segunda experticia […]”.

10.3. Señaló que “[…] Con referencia al avalúo elaborado por la Lonja Inmobiliaria de Bogotá, se hace necesario precisar que el mismo no corresponde a ninguna de

16 Cfr. índice 00043 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: 8ED_C01_01 OTROS -CUADERNO 1

PRINCIPAL – RESERVADO. Página 672 y ss.12

Núm. único de radicación: 25000232400020070025401

Demandante: Jesús Adonai Ochoa Forero

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las etapas del proceso, en razón a que aquel solo sirvió de base para que la parte demandada, quien fue la que solicit ó el dictamen, formulara la oferta de compra, y

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las etapas del proceso, en razón a que aquel solo sirvió de base para que la parte demandada, quien fue la que solicit ó el dictamen, formulara la oferta de compra, y de conformidad con lo previsto en el artículo 15 del decreto 1420 de 1998, la única parte facultada para impugnarlo o pedir su revisión era la aquí accionada, sin que la demandante hubiera tenido la más mínima posibilidad de pedir siquiera aclaración del mismo […]”.

10.4. Indicó que la impugnación es el tr ámite que se adelanta por la entidad solicitante del avalúo, a fin de corregirlo, reformarlo o confirmarlo. Lo que corrobora aún mas la imposibilidad que ten