CE - Sentencia 25000232400020080039902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 25000-23-24-000-2008-00399-02

Referencia: nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

Tesis: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA. LAS SITUACIONES

JURÍDICAS CONSOLIDADAS SON AQUELLAS QUE OCURRIERON O

SE GENERARON Y NO FUERON RECURRIDAS POR LA PARTE

INTERESADA DENTRO DE LA OPORTUNIDAD LEGAL, POR LO QUE NO

PUEDEN SER AFECTADAS POR LA DECLARATORIA DE NULIDAD DE

UN ACTO GENERAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 30 de marzo de 2017, proferida por la Sección Primera -Subsección “A” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las súplicas de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1La sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. , en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA,2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02

Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA,2

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02

Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

mediante apoderado, presentó demanda contra el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, en la que formuló las siguientes pretensiones:

1°. Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006, expedido por el IDU, mediante el cual no accedió a la solicitud de la sociedad actora de iniciar los trámites tendientes a la compra de terreno correspondiente a la afectación del plan vial de la urbanización “Icata lote 6, indicando que, el proceso de enajenación voluntaria sobre la zona de reserva vial solo podrá iniciarse, una vez se cuente con los recursos y la decisión administrativa de acometer la obra en cuestión.

2º. Que se declare la nulidad total del acto administrativo contenido en el oficio IDU – 030778 DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007, mediante el cual el IDU resolvió el recurso de reposición interpuesto contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006.

3°. Que se declare la nulidad total de la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008, mediante la cual el IDU resolvió el recurso de apelación3

2006.

3°. Que se declare la nulidad total de la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008, mediante la cual el IDU resolvió el recurso de apelación3

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interpuesto contra el oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006.

4° Que , a título de restablecimiento del derecho , se ordene al Instituto de Desarrollo Urbano - IDU iniciar el proceso de enajenación voluntaria de la zona de reserva vial con matrícula inmobiliaria núm. 50N-20561998, conforme a lo establecido para los efectos en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.

5° Que se condene a la entidad demandada a las costas y agencias en derecho, de conformidad con lo establecido en los artículos 171 y 172 del CCA.

I.2Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora, adujo los siguientes hechos:

Que la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A., adquirió el predio identificado con folio de matr ícula inmobiliaria núm. 50N – 423571 de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Norte a la Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social Ltda., - Coopdesarrollo -, mediante compraventa elevada a escritura pública

423571 de la Oficina de Instrumentos Públicos Zona Norte a la Central Cooperativa de Crédito y Desarrollo Social Ltda., - Coopdesarrollo -, mediante compraventa elevada a escritura pública 11088 de 20 de diciembre de 1990 otorgada por la Notaria Qu inta4

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del Círculo de Bogotá, registrada con anotación núm. 9 del citado folio de matrícula inmobiliaria.

Agregó que a través de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995, el Departamento Administrativo de Planeación Distrital 1 concedió licencia de urbanismo a la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. , para el desarrollo urbanístico del predio anteriormente identificado, denominado “Icatá Lote 6” ; y mediante esta misma resolución se adoptó el plano U.355/4 – 00.

Que l a norma que fundamentó la anterior licencia fue el Acuerdo Distrital 6 de 1990, expedido por el Concejo del Distrito Especial de Bogotá; y que en sus artículos 418 y 419 se estableció una cesión obligatoria, a título gratuito, al Distrito para la ejecución del plan vial arterial.2

1 Hoy Secretaría Distrital de Planeación 2 “Artículo 418º.- Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial. Todo predio

obligatoria, a título gratuito, al Distrito para la ejecución del plan vial arterial.2

1 Hoy Secretaría Distrital de Planeación 2 “Artículo 418º.- Origen de las áreas para la conformación del sistema vial arterial. Todo predio ubicado parcial o totalmente sobre una zona de reserva vial del plan vial arterial deberá segregar esta zona del resto del terreno para transferirla a la entidad encargada de la ejecución de la vía. Si se trata de un terreno urbanizable de conformidad con el presente Acuerdo, deberá ceder a título gratuito una proporción del área a ceder, tal como se indica más adelante, como requisito para la obtención de licencia de urbanización. (…)”

“Artículo 419º. - Proporción del área de cesión obligatoria para la conformación del sistema vial arterial. En las normas específicas que se adopten como requisito para tramitar las áreas, se determinará: 1º La proporción del área de los predios que deba ser entregada como cesión obligatoria a título gratuito para la ejecución del plan vial arterial en aquellos predios en los que se hayan previsto zonas de reserva vial para dicho plan, proporción que será la siguiente en los distintos tratamientos: a.

Tratamiento de desarrollo: El 7% del área bruta del terreno. b. Tratamiento de incorporación: Entre el 4% y el 12% del área bruta del terreno, de manera que los márgenes más bajos sitúen en los sectores5

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Adujo que en el artículo 5° de la Resolución 2129 de 28 de diciembre de 1995, que concedió la licencia de urbanismo a la sociedad demandante, se establecieron las áreas de cesión al Distrito así:

“1. DE LAS AREAS DE CESIÓN AL DISTRITO CAPITAL TOTALES DE LA

URBANIZACIÓN

1.1 CESIÓN VIAS PLAN VIAL 3.270.133 M2 1.2 CESIÓN TIPO A 13% 587.477 M2

1.3 CONTROL AMBIENTAL VALIDO

COMO CTA 4% 180.762 M2

1.4. TOTAL CESIONES TIPO A 768.240 M2

1.5 CESIÓN TIPO ADICIONAL 38.972 M2

1.6 CONTROL AMBIENTAL ADICIONAL 1.605.352 M2

1.7 CESIÓN VÍAS LOCALES 73.275 M2

1.8. TOTAL CESIONES AL DISTRITO 5.755.971 M2”.

Indicó que el numeral 1.1 arriba trascrito, está compuesto por: a) las zonas que el Acuerdo 6 de 1990 ordenaba ceder gratuitamente para la conformación del sistema vial arterial, consistentes en el 7% del área bruta, que corresponde a 545.243 m2 y b) áreas negociables con el IDU, consistentes en 2.724.890 m2.

Que, en sentencia de 3 de agosto del 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo parte del Acuerdo 6 de 1990, norma

con el IDU, consistentes en 2.724.890 m2.

Que, en sentencia de 3 de agosto del 2000, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró nulo parte del Acuerdo 6 de 1990, norma que constituyó el fundamento para la expedición de la licencia 2129 de 1995 para la urbanización “Icatá Lote 6”. Específic amente, se

de las áreas suburbanas dentro de los cuales el interés público sea el de contribuir a disminuir los costos de urbanización. c. Tratamiento especial de preservación del sistema orográfico: Entre el 10% y el 15% del área bruta del terreno, teniendo en cuent a la variación de los costos de urbanización dadas las características diversas de la topografía. Cuando se trate de zonas de rehabilitación de canteras la proporción podrá disminuir hasta un 5%. (…)”.6

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anularon las disposiciones que se referían a las cesiones gratuitas para la conformación del sistema vial arterial.

Que el 4 de diciembre de 2006, la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. dirigió petición al IDU para que iniciara los trámites tendientes a la compra de terreno correspondiente a los 3.270.133M2, de afectación del plan vial de la urbanización “Icata lote 6”, solicitud radicada bajo el núm. 098963; mediante oficio IDU

tendientes a la compra de terreno correspondiente a los 3.270.133M2, de afectación del plan vial de la urbanización “Icata lote 6”, solicitud radicada bajo el núm. 098963; mediante oficio IDU – 092021 DTDP – 8000 de 14 de diciembre de 2006, contestó:

“(…) el predio denominado CONJUNTO RESIDENCIAL ICATA LOTE 6 (antes topacio plano U.355/4 -00), se encuentra localizado en área de influencia vial para la futura ampliación de la Avenida La Sirena, obra que se encuentra para ser desarrollada en la Fase II (2009-2011)(…) Teniendo en cuenta lo anterior, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) solo (sic) podrá iniciar el proceso de enajenación voluntaria sobre la zona de reserva vial para la ejecución del proyecto en mención, una vez cuente con los recursos y la decisión administrativa de acometer dicha obra (…).”

Anotó que contra el anterior oficio la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. interpuso recurso de reposición y , en subsidio, de apelación solicitando que a través de acto administrativo se ordene la iniciación de la compra del terreno correspondiente a la afectación del plan vial de la urbanización “Icata Lote 6”, alegando que la Avenida La Sirena, tal como lo reconoce el IDU, es una vía arterial y, por tanto, le corresponde al Estado la compra inmediata7

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arterial y, por tanto, le corresponde al Estado la compra inmediata7

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de los predios necesarios para la ejecución de la obra . Que d icho recurso fue resuelto por la directora técnica de Predios del IDU con oficio IDU – 030778 – DTDP – 8000 de 18 de mayo de 2007, en el que inexplicablemente se dijo todo lo contrario a la anterior respuesta:

[…] “para mayor claridad y mejor ilustración de recurrente , hemos de insistir que revisada la documentación aportada por el recurrente, y en desarrollo de las averiguaciones efectuadas por la Dirección Técnica de Predios, se pudo constatar que la zona de terreno a que se contrae la reclamación materia de estudio, no corresponde a una zona de afectación vial establecida por el IDU que deba ser objeto de negociación por esta entidad, sino a una “cesión de vías del plan vial” de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la resolución No. 2129 del 29 de diciembre de 1995, en una extensión de 3270.133 M2, así como lo estipulado cartográficamente en el plano U 355/4-00 del mismo año” […]”.

Sostuvo que mediante la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008 la directora general del IDU resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. en contra del

Sostuvo que mediante la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008 la directora general del IDU resolvió el recurso de apelación interpuesto por la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. en contra del oficio IDU -092021 DTDP -8000 de 14 de diciembre de 2006, confirmándolo en todas sus partes.

[…] “La jurisprudencia antes transcrita y las normas que sirvieron de sustento para la expedición de la Licencia de Urbanismo para la urbanización “Conjunto Residencial Icata Lote 6”, cuyos linderos están establecidos en el plano topográfico U – 355/1-00, son suficientes para establecer que la zona que el recurrente solicita sea comprada por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, coincide con la Zona obligatoria de cesión que se aprobó en dicho acto administrativo, como Cesión de vías Plan Vial, en un área de tres mil doscientos8

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setenta ciento treinta tres (sic) metros cuadrados (3.270.133M2) y que constituyen bienes de uso público, que no pueden por lo tanto ser vendidos al distrito ya que están bajo el dominio de la Nación” […].

Por último, afirmó que en la anterior resolución se citó jurisprudencia de esta Corporación en la que se aludía a las cesiones gratuitas del 7%, normatividad ya anulada por el Tribunal Administrativo de

bajo el dominio de la Nación” […].

Por último, afirmó que en la anterior resolución se citó jurisprudencia de esta Corporación en la que se aludía a las cesiones gratuitas del 7%, normatividad ya anulada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para la época en la que finalmente se ag otó la vía gubernativa; y que, además, la sociedad INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A. ejecutó la porción de vía arterial cuando ello era obligación del Estado, específicamente del IDU, por lo que ha tenido que soportar una carga que no le correspondía.

I.3NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La sociedad demandante consideró que los actos acusados fueron expedidos con falsa motivación, con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa y con infracción de las normas en que debían fundarse, por las razones que seguidamente se explican:

I.3.1 Falsa Motivación

Manifestó que los actos administrativos cuestionados se fundamentan en normas inexistentes cuando señalan que debe hacerse una cesión gratuita para el plan vía arterial , habida cuenta9

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que las disposiciones distritales que ordenaban dicha cesión fueron declaradas nulas por sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaración que cobija la licencia de urbanismo

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que las disposiciones distritales que ordenaban dicha cesión fueron declaradas nulas por sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, declaración que cobija la licencia de urbanismo otorgada al “Lote Icata 6” y confirmada por la Sección Primera del Consejo de estado en sentencia de 30 de agosto de 2001, al considerarse que una cesión gratuita de esta naturaleza comporta una abusiva expropiación sin indemnización.

Indicó que causa curiosidad el planteamiento del IDU, específicamente el contenido en los actos que resolvieron los recursos de reposición y apelación; que el acto administrativo que concedió la licencia de urbanismo estableció que el área de reclamación era objeto de una cesión obligatoria, por lo que la sociedad GOMEZ MORENO deb ía cumplir con el compromiso de transferir a título gratuito el lote; y que ello obedeció a que la licencia se otorgó durante la vigencia del Acuerdo 6 de 1990 y cuando los apartes de los artículos que permitían la cesión gratuita no habían sido declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Argumentó que el IDU, para sustentar la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008, citó la s sentencias de 25 de febrero de 198510

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(Expediente núm. 4730) 3 y la de 30 de septiembre de 1999 (Expediente núm. 5554)4, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado , fechas en las que se encontraba vigente el Acuerdo Distrital 7 de 1979, que también ordenaba la cesión de un 7% para vías arterias, norma que fue derogada por el Acuerdo 6 de 1990 y, posteriormente, declarada nula en las partes que trataban la cesión gratuita, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ; y que tales fechas son importantes dado que la jurisprudencia que se citó se fundamentó en normas que fueron declaradas nulas posteriormente.

Manifestó que las sentencias de nulidad tienen efectos retroactivos desde el momento en que se expidió el acto anulado, como en efecto lo ha señalado la jurisprudencia de l Consejo de Estado , por lo que, en el año 2001, con la declaratoria de nulidad de las expresiones que hacían referencia a la gratuidad de las cesiones destinadas al plan vial arterial, desaparecieron los fundamentos jurídicos de la licencia de Urbanismo contenidos en la Resolución núm. 2129 de 1995, efecto que, repite, se extiende hasta el momento en que se expidió el acto,

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de

que, repite, se extiende hasta el momento en que se expidió el acto,

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 25 de febrero de 1985. Radicación: 4730. MP. Samuel Buitrago Hurtado. 4 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 30 de septiembre de 1999. Radicación: 5554. MP. Olga Inés Navarrete Barrero.11

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es decir 1990, en lo relativo a las cesiones gratuitas.

Indicó que la anterior consecuencia la establece el numeral 2 del artículo 66 del CCA, la cual es la pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo por cuanto sus fundamentos de derecho dejaron de existir, específicamente los relacionados con la g ratuidad de la cesión.

En este punto , manifestó que se presenta el fenómeno del decaimiento del acto administrativo y debe darse aplicación al mismo cuando se controvierte la validez de los actos que se expidieron con fundamento en el acto que perdió fuerza ejecutoria ; y que no impugna en este caso la licencia, sino los actos del IDU que señalan la obligación de ceder las áreas afectadas por el plan vial arterial gratuitamente, que tienen como motivación la licencia de urbanismo que así lo establecía, dado que tales órdenes de la licencia perdieron

la obligación de ceder las áreas afectadas por el plan vial arterial gratuitamente, que tienen como motivación la licencia de urbanismo que así lo establecía, dado que tales órdenes de la licencia perdieron fuerza ejecutoria por los efectos retroactivos del fallo de nulidad anteriormente citado.

Adujo que transcurridos más de cinco años desde la expedición de la Resolución 2129 de 1995, la administración no realizó los actos tendientes a la ejecución de la cesión de las áreas destinadas a las12

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vías del plan arterial, por lo que se activó la consecuencia del artículo 66 del CCA5.

Agregó que la cesión gratuita de las áreas afectadas al plan vial arterial no se encontraba consolidada al momento de emitirse el fallo de nulidad; y que se podría afirmar lo contrario si se hubiera realizado el acto de cesión antes del 2001, caso en el cual los efectos de la sentencia de nulidad no podrían cobijar la situación en comento.

Finalmente, señaló que el fundamento del IDU para afirmar que procedía la cesión gratuita era lo dispuesto en la Resolución 2129 de 1995, licencia que se otorgó bajo la vigencia del Acuerdo 6 de 1990 que establecía una cesión gratuita del 7% del área bruta urbanizable, disposiciones que fueron declar adas nulas; y que l a nulidad tiene

1995, licencia que se otorgó bajo la vigencia del Acuerdo 6 de 1990 que establecía una cesión gratuita del 7% del área bruta urbanizable, disposiciones que fueron declar adas nulas; y que l a nulidad tiene efectos retroactivos al nacimiento del acto, por tanto, sobre las disposiciones de la Resolución de 2129 de 1995 que establecían la cesión gratuita, opera el fenómeno del decai miento del acto administrativo.

5 ARTÍCULO 66. Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 2304 de 1989. Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.

2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.

3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.

4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.

5. Cuando pierdan su vigencia.13

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En relación con los actos que resolvieron los recursos en vía gubernativa, manif estó que el IDU desconoció lo dispuesto en el oficio inicialmente impugnado, lo que resultó en una revocatoria

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En relación con los actos que resolvieron los recursos en vía gubernativa, manif estó que el IDU desconoció lo dispuesto en el oficio inicialmente impugnado, lo que resultó en una revocatoria ilegal; y que el IDU hizo un reconocimiento expreso al señalar que las áreas objeto de disputa se encuentran en área de influencia vial, por lo que , eventualmente, se debía proceder a un proceso de enajenación voluntaria; que en primer lugar afirmó que podían ser objeto de negociación y luego que debían ser cedidas gratuitamente, aseveración que reiteró en la Resolución 1234 de 24 de abril de 2008 en la que resolvió el recurso de apelación. En este orden, la motivación de los actos cambió, con los gravosos efectos que ello significa para el debido proceso y el derecho de defensa.

En conclusión, señal ó que el actuar del IDU no deja conclusión distinta a un total desconocimiento de las mínimas formalidades que se esperan en un acto administrativo y bajo el ropaje de resolución de recursos en vía gubernativa se escondió una revocatoria ilegal de un acto administrativo de caráct er particular y concreto, que reconocía implícitamente que el trámite a seguir era un proceso de enajenación, por lo que la revocatoria del mismo requería el consentimiento de la parte actora.

I.3.2 Desconocimiento del derecho audiencia y defensa14

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I.3.2 Desconocimiento del derecho audiencia y defensa14

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Indicó que este cargó se materializa en la imposibilidad de formular el recurso de reposición de manera idónea , por cuanto ilegalmente se revocó la decisión inicial de definir la adquisición de los predios una vez existiera presupuesto para ello y la falta de oportunidad de comparecer a un proceso judicial iniciado mediante una acción de lesividad.

I.3.3 Infracción de l as normas en las que se debe fundar el acto

Argumentó que la obligación de adquirir las zonas de afectación al plan vial arterial est á en cabeza del IDU, conforme al conducto regular establecido en las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.

Señaló que el IDU, en los actos que resolvieron los recursos de la vía gubernativa, mencionó reiteradamente que el acto mediante el cual se otorgó la licencia de urbanismo6 se encuentra en firme, goza de presunción de legalidad y frente al mismo no cabe recurso, ni acción judicial alguna por expiración de los términos , de tal manera que lo que se espera del IDU es que dé cumplimiento a lo dispuesto en la licencia de urbanismo y proceda a negociar los 2.724.890 m2

6 Resolución 2129 de 199515

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en la licencia de urbanismo y proceda a negociar los 2.724.890 m2

6 Resolución 2129 de 199515

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que hacen parte de las vías del plan vial.

Precisó que, según el artículo 172 del Decreto 190 de 22 de junio de 2004 7 , son claras las competencias que le corresponde n al urbanizador de construir y ceder las vías de la malla vial intermedia y local; y por parte del IDU, construir las vías de la malla vial arterial principal y complementaria ; y que la Avenida La Sirena es una vía que hace parte de la malla vía arterial , por lo que le corresponde al IDU su construcción, para lo cual necesariamente debe adquirir las áreas objeto de debate.

Añadió que el procedimiento de enajenación voluntaria al que se debe sujetar el IDU está dispuesto en el capítulo 3° de la Ley 9ª de 1989, modificado sustancialmente por la Ley 388 de 1997; y que en los artículos 58 y subsiguientes se establecen las principales condiciones que debe reunir el procedimiento de enajenación

7 Artículo 172. Competencias en la ejecución del Sistema Vial (artículo 153 del Decreto 619 de 2000). La malla arterial principal y la malla arterial complementaria serán programadas, desarrolladas técnicamente y construidas por la Administración Distrital de acuerdo a las prioridades establecidas en

La malla arterial principal y la malla arterial complementaria serán programadas, desarrolladas técnicamente y construidas por la Administración Distrital de acuerdo a las prioridades establecidas en el presente capítulo, y en coherencia con las operaciones estructurantes y programas fijados por el Plan de Ordenamiento Territorial. Para ello deberá adquirir las zonas de reserva correspondientes. La ejecución de la malla vial intermedia y local en terrenos en proceso de urbanización deberán ser construidas y cedidas gratuitamente al Distrito por parte del urbanizador responsable, y deberá ajustarse a las determinaciones técnicas establecidas para l a misma en el presente capítulo y/o a los condicionamientos fijados por los respectivos planes parciales. La interventoría de este tipo de obra estará a cargo del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). En sectores urbanos desarrollados la construcción de las vías de la malla vial intermedia y local podrá ser adelantada por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). Parágrafo. El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) elaborará el proyecto y construirá las vías de la malla arterial principal y de la malla arterial complementaria con base en el trazado y determinaciones técnicas y urbanísticas suministradas por el Depart amento Administrativo de Planeación Distrital

(DAPD).16

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02

Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

voluntaria.

Señaló que el IDU cuenta con mecanismos legítimos para adquirir

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voluntaria.

Señaló que el IDU cuenta con mecanismos legítimos para adquirir las zonas de afectación via l: la enajenación voluntaria , como lo manifestó en el primer acto impugnado ; y en caso de no lograr un acuerdo con la sociedad Gómez Moreno, el proceso de expropiación dispuesto en los artículos 451 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil.

Por último, adujo que en la zona objeto de debate la vía ya ha bía sido ejecutada por el urbanizador, cuando era obligación del Estado, específicamente del IDU; y que la zona cuyo proceso de enajenación se solicita es de dominio público y se hace imperioso el trámite de enajenación al Estado.

I.4. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

El INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU -, por conducto de apoderado, contestó la demanda y se opuso a las pretensiones de ésta, en los siguientes términos:

Sostuvo que la respuesta y el contenido de la información suministrada por el IDU en el oficio IDU-092021 de 14 de diciembre17

Número único de radicación: 11001-03-24-000-2008-00399-02

Actora: INVERSIONES GÓMEZ MORENO S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 2006 bajo ningún aspecto crea, modifica o extingue una relación jurídica con la sociedad Inversiones Gómez Moreno S.A.

Respecto de la falsa motivación alegada, anotó que esta se configura

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de 2006 bajo ningún aspecto crea, modifica o extingue una relación jurídica con la sociedad Inversiones Gómez Moreno S.A.

Respecto de la falsa motivación alegada, anotó que esta se configura cuando en las consideraciones de hecho o de derecho que contiene el acto, se incurre en un error de hecho o de derecho y quien impugna el acto administrativo debe probar idóneamente la misma ; y que el IDU se basó en unas no