CE - Sentencia 25000232400020090016201 de 2025

Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

Demandante: Colombia Telecomunicaciones SA ES

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá, D.C., once (11) de diciembre de dos mil veinticinco (2025) Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

Demandante: Colombia Telecomunicaciones SA ESP

Demandada: Alcaldía Mayor de Bogotá DC Acción: Nulidad simple Tesis: No es cierto que en el fallo apelado se omitió el análisis de los cargos relativos a la presunta infracción del POT y del PMT de Bogotá, así como del artículo 27 de la Ley 388 de 1997.

Es nulo por expedición irregular el acto administrativo por el cual se establecieron unas restricciones y prohibiciones para la ubicación de antenas de telecomunicaciones de un municipio, si para esos efectos no se siguió el trámite de modificación del contenido estructural del Plan de Ordenamiento Territorial de ese ente.

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 22 de octubre de 2012 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. DEMANDA

1.1. Pretensiones

la sentencia del 22 de octubre de 2012 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. DEMANDA

1.1. Pretensiones

1. Colombia Telecomunicaciones SA ESP , en ejercicio de la acción de nulidad,

presentó demanda contra la Alcaldía Mayor de Bogotá DC, con fundamento en lasNúmero de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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pretensiones que se exponen a continuación:

«PRIMERA: Que son nulos los artículos Primero, Segundo, Tercero y parágrafo, y Cuarto del Acuerdo No. 339 del 24 de noviembre de 2008 del Concejo de Bogotá D.C. […].

SEGUNDA: Una vez ejecutoriada la sentencia que le ponga fin a la presente acción, se comunique a la autoridad administrativa correspondiente, para los efectos legales consiguientes.» 1

1.2. Disposiciones demandadas

2. Los artículos 1, 2, 3 y 4 del Acuerdo 339 de 24 de noviembre de 2008 establecen:

«ACUERDO 339 DE 2008

(Noviembre 24)

“Por medio del cual se dictan normas de restricción para la ubicación de antenas de telecomunicaciones y la estructura que las soporta y se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.,

“Por medio del cual se dictan normas de restricción para la ubicación de antenas de telecomunicaciones y la estructura que las soporta y se dictan otras disposiciones”

EL CONCEJO DE BOGOTÁ, D. C.,

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución Política en el artículo 322 y, en especial el Decreto Ley 1421 de 1993 en su artículo 12, numeral 1, 5 y 7 concordante con el Acuerdo 095 de 2003,

A C U E R D A:

ARTÍCULO PRIMERO. La Administración Distrital deberá determinar las restricciones del espacio físico y aéreo para la ubicación temporal o permanente de antenas de telecomunicaciones y la estructura que las soporta, atendiendo a criterios sociales, técnicos, urbanísticos y arquitectónicos.

ARTÍCULO SEGUNDO. Para la implementación de lo establecido, las entidades y organismos de control distrital adoptarán las medidas y acciones eficaces correspondientes de acuerdo con su competencia.

ARTÍCULO TERCERO . Para la localización de estaciones de telecomunicaciones inalámbricas en zona de uso residencial neto establecido por el Decreto Distrital 190 de 2004, esta se permitirá en un radio no menor de 250 metros de otras estaciones de telecomunicaciones y a no menos de 200 metros de centros educativos, centros geriátricos y centros de servicios médicos.

PARAGRAFO. La Secretaria Distrital de Planeación emitirá el acto administrativo correspondiente a la aprobación o negación del permiso de ubicación,

de centros educativos, centros geriátricos y centros de servicios médicos.

PARAGRAFO. La Secretaria Distrital de Planeación emitirá el acto administrativo correspondiente a la aprobación o negación del permiso de ubicación,

1 Samai, archivo «025ED_C01_01Demanda.pdf», páginas 41 y 42.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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regularización e implantación de antenas de telecomunicaciones y/o a la estructura que las soporta, con base, entre otros, a los siguientes criterios:

Paisajísticos. Simulación grafica que mida el impacto visual a través de un fotomontaje que demuestre las estrategias de mitigación.

Ambiental. Se prohíbe la dispersión de antenas de telecomunicaciones en el Sistema orográfico distrital.

ARTICULO CUARTO. La Administración Distrital reglamentará lo dispuesto dentro de la vigencia del presente acuerdo […].»

1.3. Concepto de violación

3. Señaló como vulneradas las siguientes disposiciones: artículos 58, 121, 123 y 365 de la Constitución Política; 22 del Decreto Ley 1900 de 1990; 5 del Decreto 741 de 1993; 1 de la Ley 37 de 1993 ; 25 y 28 (numeral 4) de la Ley 388 de 1997 ; 26 y 28 de la Ley 12 de 1994; 26, 28 de la Ley 142 de 1994; 38 (numeral 4) del Decreto

28 de la Ley 12 de 1994; 26, 28 de la Ley 142 de 1994; 38 (numeral 4) del Decreto Ley 1421 de 1994; 1 del Decreto 796 de 1999; 45 (numerales 8, 10, 11), 46 (numeral 2, parágrafo 3) , 225 (parágrafos 1, 3) del Decreto 190 de 2004; 3, 8, 11, 16 del Decreto 195 de 2005; y 24 del Decreto 317 de 2006.

1.3.1. Falta de competencia

4. Manifestó que el Concejo de Bogotá , al expedir el acuerdo demandado, reglamentó disposiciones que no estaban previstas en el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá (en adelante POT) compilado en el Decreto 190 de 2004, ni en el Plan Maestro de Telecomunicaciones (en adelante PMT) dispuesto en el Decreto 317 de 2006. Sostuvo que dicha Corporación se arrogó competencias asignadas a la Administración Distrita l, autoridad encargada de reglamentar lo relativo a la ubicación de las antenas de telecomunicaciones.

5. Adujo que se desconocieron los artículos 224 y 225 del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá, los cuales disponen que el Programa de Desarrollo del Sector de las Telecomunicaciones debe ser concertado entre los operadores, los propietarios de la infraestructura y la Administración Distrital, a través de entidades como el entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente ( en adelanteNúmero de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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como el entonces Departamento Administrativo del Medio Ambiente ( en adelanteNúmero de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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DAMA) y el Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretaría Distrital de Planeación). Precisó que esta última entidad era la competente para expedir la reglamentación correspondiente al programa, incluyendo aspectos como restricciones de localización, alturas máximas, aislamientos y alternativas de mimetización de los equipos con base en los estudios técnicos presentados por las empresas operadoras.

6. En ese contexto, explicó que se vulneró igualmente el artículo 27 de la Ley 388 de 1997, que establece el procedimiento para la adopción de los Planes Parciales, por cuanto la reglamentación del «Programa de Desarrollo para el Sector de las Telecomunicaciones» no fue expedida por la Secretaría Distrital de Planeación (en adelante SDP), autoridad llamada por la ley a elaborarlo y someterlo a adopción mediante decreto del alcalde, conforme a los parámetros del POT.

7. Agregó que el Concejo Distrital introdujo modificaciones al POT sin seguir el procedimiento legal establecido en los artículos 25, 27 y 28 (numeral 4) de la Ley 388 de 1997, que disponen que las revisiones a ese instrumento deben ser propuestas por el alcalde respectivo y sometidas a consideración del Concejo para su aprobación.

1.3.2. Desconocimiento del principio de legalidad

388 de 1997, que disponen que las revisiones a ese instrumento deben ser propuestas por el alcalde respectivo y sometidas a consideración del Concejo para su aprobación.

1.3.2. Desconocimiento del principio de legalidad

8. Alegó que el acto administrativo demandado vulneró los artículos 3, 8, 11 y 16 del Decreto 195 de 2005, al imponer requisitos y restricciones no contempladas en dicha normativa, tales como la exigencia de una distancia mínima de 250 metros entre estaciones y de 200 metros respecto de centros educativos, geriátricos y médicos, sin sustento técnico, científico ni jurídico, bajo una errada invocación del principio de precaución.

9. Indicó que estas disposiciones desconocen, además, lo previsto en el artículo 3 de la Resolución 1645 de 2005 y la Circular 270 de 2007, así como lo dispuesto en el parágrafo del artículo 8 del Decreto 195 de 2005, según el cual los municipios y distritos deben tener en cuenta las disposiciones ambientales expedidas por las autoridades competentes y la compatibilidad con el uso del suelo definido en el POT para autorizar la instalación de antenas o estaciones radioeléctricas.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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Por la misma razón antes expuesta , afirmó que se infringieron los artículos 1 del Decreto 796 de 1999 (que modificó el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998), 26 y

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Por la misma razón antes expuesta , afirmó que se infringieron los artículos 1 del Decreto 796 de 1999 (que modificó el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998), 26 y 28 de la Ley 142 de 1994, el artículo 16 del Decreto 195 de 2005 y el artículo 1, numeral 1, de la Ley 962 de 2005.

1.3.3. Falsa motivación

10. Manifestó que el acto administrativo demandado incurrió en falsa motivación al fundamentarse en los artículos 322 de la Constitución y 12 del Decreto Ley 1421 de 1993, así como el Acuerdo 095 de 2003 que no otorgan competencia al Concejo de Bogotá para modificar el ordenamiento urbano ni para intervenir en la reglamentación del PMT.

11. Además, en la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo 438 de 2008, que dio lugar al acto acusado, el propio Concejo reconoció que la competencia para definir restricciones espaciales y aéreas correspond ía a la Administración Distrital, conforme a los lineamientos técnicos y urbanísticos del POT, contradiciendo lo que finalmente se aprobó.

12. Asimismo, invocó erróneamente el principio de precaución para justificar restricciones a la instalación de estaciones de telecomunicaciones, pese a que este tema ha sido regulado por autoridades del orden nacional en salud, medio ambiente y telecomunicaciones, pues normas como la Resolución 1645 de 2005 y la Circular 270 de 2007 establecían que los niveles de radiación estaban dentro de parámetros internacionales seguros, y que no existen restricciones para instalar estaciones

y telecomunicaciones, pues normas como la Resolución 1645 de 2005 y la Circular 270 de 2007 establecían que los niveles de radiación estaban dentro de parámetros internacionales seguros, y que no existen restricciones para instalar estaciones cerca de centros educativos, médicos o residenciales. En este sentido, se había pronunciado l a Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante.

13. Arguyó que l a exposición de motivos del acto censurado también incurre en afirmaciones incorrectas al señalar una supuesta ausencia de regulación en Bogotá, ignorando que el POT y el PMT ya establecían el marco normativo aplicable.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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1.3.4. Expedición irregular

14. Sostuvo que el acto acusado omitió las formalidades exigidas por el artículo 225, parágrafo 1 del POT de Bogotá, que establece que toda normatividad técnica relacionada con la localización de torres y equipos de telecomunicaciones debe estar sustentada en estudios técnicos previamente conce rtados con las entidades públicas, privadas y empresas de servicios públicos, en coordinación con la SDP.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

15. La Alcaldía Mayor de Bogotá afirmó que las facultades del Concejo de Bogotá para expedir el acto demandado estaban previstas en el Decreto Ley 1421 de 1993,

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

15. La Alcaldía Mayor de Bogotá afirmó que las facultades del Concejo de Bogotá para expedir el acto demandado estaban previstas en el Decreto Ley 1421 de 1993, Estatuto Orgánico del Distrito Capital, el cual le otorgaba competencia para regular aspectos urbanísticos y administrativos. Por tanto, explicó que no era cierto que el Concejo Distrital hubiera invocado facultades inexistentes, ya que act uó como autoridad máxima en materia administrativa, con atribuciones para reglamentar la localización, alturas, aislamientos y mimetización de instalaciones técnicas especiales2.

16. Frente al señalamiento de desconocimiento del artículo 225 del POT, arguyó que la intención del Concejo no fue excluir a los operadores ni modificar el POT, sino vincular a las autoridades distritales para controlar la proliferación desordenada de antenas y mitigar impactos ambientales y sociales. Así, l a norma censurada buscó coordinar a entidades de las áreas de planeación, ambiente, salud y policía para ejercer sus competencias, sin despojar a la SDP de sus atribuciones establecidas en el PMT.

17. Asimismo, sostuvo que no se vulneró el PMT, pues el acto acusado no alteró competencias ni normas superiores, sino que promovió la participación institucional en el desarrollo del sector. Es más, e n casos de instalación en zonas ambientalmente sensibles, exigió concepto técnico de la Secretaría de Ambiente.

2 Samai, archivo «033ED_C01_09ContestacionDeLaDemanda.pdf», páginas 34 a 45.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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18. Rechazó la acusación de falta de estudios técnicos, al aclarar que la única medida directa adoptada fue la fijación de distancias mínimas para estaciones inalámbricas respecto a otras estaciones y centros educativos, geriátricos y de salud, en aplicación del principio de precaución y concluyó que el acto demandado no vulneró derechos ni normas superiores y respondía al clamor ciudadano frente a la instalación irregular de antenas en la ciudad.

III SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 22 de octubre de 20123, negó las pretensiones de la demanda.

20. Frente a la falta de competencia, sostuvo que el Concejo de Bogotá, actuando dentro del marco constitucional y legal que le confieren los artículos 311, 313, 322 y 365 de la Constitución Política y el Decreto Ley 1421 de 1993 (art ículo 12, numerales 1, 5 y 7), en concordancia con el Acuerdo 095 de 2003, expidió el acuerdo demandado en ejercicio legítimo de sus competencias.

21. Respecto del desconocimiento de normas en las que debía fundarse el acto censurado, adujo que los artículos 212 y 213 del Decreto 619 de 2000 , compilado

acuerdo demandado en ejercicio legítimo de sus competencias.

21. Respecto del desconocimiento de normas en las que debía fundarse el acto censurado, adujo que los artículos 212 y 213 del Decreto 619 de 2000 , compilado por el Decreto 190 de 2004 (POT de Bogotá) , que regulan los componentes del servicio de telecomunicaciones y los objetivos de intervención, debían interpretarse de forma sistemática junto con la Ley 388 de 1997. Así, la infraestructura de telecomunicaciones, al requerir el uso del suelo y del espacio público, tiene una incidencia directa en el ordenamiento territorial. Por ello, las autoridades distritales estaban facultadas para establecer regulaciones normativas que condicio naran la expedición de licencias de uso y autorizaciones para la ocupació n del espacio público.

22. Aseveró que el acuerdo demandado no interf ería con la formulación de la política nacional del sector, sino que se enmarca en las competencias locales para

3 Samai, archivo «059ED_C01_35Fallo.pdf», páginas 1 a 29.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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regular el uso del suelo y proteger el entorno urbano, en concordancia con principios como el de precaución ambiental consagrado en la Ley 99 de 1993.

23. Respecto al cargo de falsa motivación , argumentó que la decisión objeto de análisis surgió con el propósito de atender la problemática social derivada de la

como el de precaución ambiental consagrado en la Ley 99 de 1993.

23. Respecto al cargo de falsa motivación , argumentó que la decisión objeto de análisis surgió con el propósito de atender la problemática social derivada de la instalación desordenada de antenas de telefonía celular y su impacto ambiental.

24. A su vez, expresó que este se armonizaba con lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la Constitución Política, que otorgan al Estado la responsabilidad de prevenir y controlar el deterioro ambiental, y con la Ley 99 de 1993, que establecen el principio de precaución.

25. Finalmente, en cuanto al cargo relacionado con la expedición irregular del acto administrativo por desconocimiento de lo exigido por el POT de Bogotá, explicó que no prosperaba porque este vicio solo se configura ba cuando la decisión administrativa vulnera ba normas objetivas sobre el procedimiento o la forma de presentación de la decisión censurada, lo cual no ocurrió ya que el acto fue expedido conforme a derecho y respetando el procedimiento establecido por el POT para definir dicha normativa técnica.

IV. RECURSO DE APELACIÓN

26. La parte demandante, apeló la sentencia de primera instancia, bajo las razones

que se sintetizan enseguida4:

4.1. Falta de Competencia

27. Reiteró que el vicio de incompetencia estaba acreditado , pues la regulación sobre la localización de antenas de telecomunicaciones correspond ía a la Alcaldía Distrital a través de la SDP, según lo dispuesto en el POT (artículos 224 y 225) y el PMT de Bogotá (artículos 3, 4, 5, 8, 20 a 31).

Distrital a través de la SDP, según lo dispuesto en el POT (artículos 224 y 225) y el PMT de Bogotá (artículos 3, 4, 5, 8, 20 a 31).

4 Samai, archivo «061ED_C01_37RecursoApelacion.pdf», páginas 1 a 26.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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28. Agregó que se desconoció el POT y el PMT de Bogotá, ya que no se tuvo en cuenta que el programa de desarrollo del sector de las telecomunicaciones de Bogotá debe ser concertado con los operadores y propietarios de infraestructura y que cualquier normativa que se expida sobre ese particular debe estar fundamentada en estudios técnicos, circunstancia que inclusive, fue corroborada en el oficio VTSP-2010-0829 del 7 de abril de 2010.

29. Anotó que se desconoció lo dispuesto en los artículos 25 y 28 (numeral 4) de la Ley 388 de 1997, que exige que tanto la propuesta inicial del POT como sus revisiones deben ser presentadas por el alcalde, para luego ser consideradas y aprobadas por el Concejo. Lo anterior, como quiera que en el acto enjuiciado se reglamentaron aspectos propios del POT tales como la ubicación temporal o permanente de las antenas de telecomunicaciones, así como la prohibición en su localización en ciertas zonas de la ciudad.

30. Explicó que el a quo no se pronunció sobre la vulneración del artículo 27 de la

permanente de las antenas de telecomunicaciones, así como la prohibición en su localización en ciertas zonas de la ciudad.

30. Explicó que el a quo no se pronunció sobre la vulneración del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, que regula el procedimiento para la aprobación de Planes Parciales, pues según esta norma dichos planes deben ser elaborados por las autoridades de planeación, comunidades o particulares interesados conforme a los parámetros del POT y adoptados por el alcalde mediante decreto. Al no haber sido la SDP la entidad que reglamentó lo relacionado con el «Programa de Desarrollo para el Sector de las Telecomunicaciones», se desconoció el p rocedimiento legalmente establecido.

31. Anotó que, en la sentencia censurada, se vulneró el principio de congruencia por no estar en consonancia con los hechos y pretensiones aducidos en la demanda, ya que el fallador hizo caso omiso de las disposiciones acusadas y de las pruebas recaudadas en el proceso, al fundamentar su decisión en los artículos 82, 287, 311 y 313 de la Constitución Política y 41 de la Ley 152 de 1994, para concluir que la entidad demanda da sí tenía facultades para expedir el acto enjuiciado. Sin embargo, advirtió que dichas normas son de carácter general y debían ser interpretadas en armonía con las d isposiciones legales y administrativas que delimitan de manera específica las competencias del Distrito de Bogotá, las cuales,Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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precisamente, fueron invocadas como vulneradas.

32. Reprochó que en el fallo apelado no se efectuó pronunciamiento alguno respecto del cargo relacionado con la vulneración del POT y del PMT de Bogotá, en cuanto la decisión enjuiciada no fue concertada con los operadores y propietarios de la infraestructura, como lo exigen dichos instrumen tos. De igual modo, señaló que el fallo omitió analizar la presunta infracción del artículo 27 de la Ley 388 de 1997, según el cual los Planes Parciales deben ser elaborados por las autoridades municipales, las comunidades o los particulares interesados.

4.2. Desconocimiento de normas superiores

33. Alegó que la decisión enjuiciada vulneró los artículos 25 , 27 y 28 numeral 4 de la Ley 338 de 1998 , toda vez que las competencias relativas a la modificación de los POT y los Planes Parciales está reservada a los Concejos Municipales por iniciativa de los alcaldes. Resaltó que se infringieron los artículos 3, 4, 5 y 8 del Decreto 317 de 2006, que adoptó el PMT y que asignó la competencia para expedir la reglamentación que defina las restricciones de localización, alturas máximas, los aislamientos y la mimetización de las redes de telecomunicaciones en la SDP.

34. Anotó que se infringió lo dispuesto en el Decreto 195 de 2005, expedido por el Gobierno Nacional, al imponer restricciones para la instalación de antenas de

aislamientos y la mimetización de las redes de telecomunicaciones en la SDP.

34. Anotó que se infringió lo dispuesto en el Decreto 195 de 2005, expedido por el Gobierno Nacional, al imponer restricciones para la instalación de antenas de telecomunicaciones con fundamento en una interpretación errónea del principio de precaución, sin que existieran estudios técnicos, científicos o ambientales que justificaran la adopción de tales medidas.

35. Reprochó que a pesar de que el proyecto de acuerdo fue objeto de revisión por parte de la Secretaría de Planeación y la Secretaría Distrital de Ambiente, lo cierto es que el articulado inicialmente presentado es distinto al finalmente aprobado por el Concejo de Bogotá, ya que en este último se restringió la ubicación física de las estaciones de telecomunicaciones.

36. Indicó que el acuerdo demandado contravino el artículo 1° del Decreto 796 deNúmero de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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1999, el cual modificó el artículo 20 del Decreto 1504 de 1998, así como los artículos 26 y 28 de la Ley 142 de 1994 al establecer limitaciones y prohibiciones sin fundamento técnico ni legal que impedían a las empresas de servicios públicos de telecomunicaciones ejercer el derecho y cumplir la obligación previstos en dichas normas para instalar, mantener y reparar redes destinadas a la prestación de servicios públicos incluyendo antenas, torres y estaciones radioeléctricas.

telecomunicaciones ejercer el derecho y cumplir la obligación previstos en dichas normas para instalar, mantener y reparar redes destinadas a la prestación de servicios públicos incluyendo antenas, torres y estaciones radioeléctricas.

37. Explicó que el acuerdo creó restricciones no contemplad as en los artículos 3

(numeral 3.11), 8 (párrafo único), 16 Decreto 195 de 2005, 3 de la Resolución 1645 de 2005 y la Circular 2007 de 2007, que establecían los únicos requisitos para la instalación de estaciones radioeléctricas.

4.3. Expedición irregular

38. Adujo que el a quo desestimó el cargo de expedición irregular sin analizar el cumplimiento del artículo 225 del POT de Bogotá, defendiendo las facultades del Concejo sin considerar que no se realizaron los estudios técnicos exigidos previamente concertados con las entidades públicas y privadas involucradas.

4.4. Falsa motivación

39. Señaló que el acto demandado no presenta ba una justificación fáctica ni normativa válida para las decisiones adoptadas. Asimismo, ignoró las recomendaciones técnicas de organismos especializados como la Unión Internacional de Telecomunicaciones y la Comisión Internacional para la Protección de la Radiación No Ionizante, que establecen que los servicios de telefonía móvil son fuentes inherentemente conformes y no requieren restricciones como las impuestas por el acuerdo. Además, el acto censurado invocó el principio de precaución sin cumplir los requisitos jurisprudenciales exigidos por la Corte Constitucional, como la existencia de peligro grave, certeza científica y motivación del acto.

precaución sin cumplir los requisitos jurisprudenciales exigidos por la Corte Constitucional, como la existencia de peligro grave, certeza científica y motivación del acto.

40. Afirmó que la exposición de motivos del Proyecto de Acuerdo 438 de 2008Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

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reconoce expresamente que el POT de Bogotá otorga a la Administración Distrital la competencia para determinar las restricciones de ubicación de antenas, pero incurre en una contradicción sustancial al final, cuando el Concejo asume directamente esa compet encia reglamentaria. Además, la proliferación desordenada de antenas y las normas invocadas como fundamento no respaldaban la competencia del Concejo Distrital de Bogotá para reglamentar aspectos urbanísticos relacionados con la instalación de antenas de telecomunicaciones.

41. Finalmente, la demandante solicitó como prueba el requerimiento a la SDP, para que remita copias de los «oficios 2-207-17692 de junio de 2007 y 2007 -ES15800 del 19 de junio de 2007», mediante los cuales se emitieron conceptos favorables al proyecto de Acuerdo 438 de 2008, que dio lugar al acto acusado, así como el texto completo del proyecto sobre el cual se pronunciaron las Secretarías de Ambiente y de Planeación de Bogotá, toda vez que fueron decretadas por el tribunal en el auto de pruebas del 25 de febrero de 2010, pero no fueron recaudadas, sin culpa de su representada.

de Planeación de Bogotá, toda vez que fueron decretadas por el tribunal en el auto de pruebas del 25 de febrero de 2010, pero no fueron recaudadas, sin culpa de su representada.

V. ADMISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN Y DECRETO DE PRUEBAS DE

SEGUNDA INSTANCIA

42. El Despacho, mediante auto de 6 de febrero de 2014 5, admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 22 de octubre de 2012 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

43. Asimismo, mediante auto del 9 de abril de 20196, el despacho requirió a la SDP de Bogotá para que remitirá copia de los oficios 2 -207-17692 y 2007-ES15800 de junio de 2007, mediante los cuales emitió concepto favorable al proyecto de Acuerdo 438 de 2008, así como el texto completo del proyecto, al considerar que cumplía con lo dispuesto en el artículo 214 del C ódigo Contencioso Administrativo (CCA), pues en primera instancia ya había sido esta prueba decretada pero no practicada,

5 Samai, archivo «023ED_C05_01 OTROS - CUADERNO 5 APELACIÓN SENTENCIA-RESERVADO», página 6. 6 Ibidem, páginas 93 a 98.Número de radicación: 25000 23 24 000 2009 00162 01

Demandante: Colombia Telecomunicaciones SA ES

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sin culpa de la parte demandante.

Demandante: Colombia Telecomunicaciones SA ES

13 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

sin culpa de la parte demandante.

44. El 23 de mayo de 2019 7, la Dirección de Defensa Judicial de la Alcaldía Mayor de Bogotá informó que tenía dentro de sus archivos el oficio 2-2007-17692 de junio de 2007 8, del cual se adjuntó copia sin anexos y que no se encontró evidencia documental ni registro archivístico del Acuerdo 438 de 2008 en el archivo de Manzanas y Urbanismos. Respecto al radicado 2007 -ES15800 de junio de 2007,