CE - Sentencia 25000232400020090021201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., tres (3) de abril de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Radicación número: 25000-23-24-000-2009-00212-01

Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actora: CONTROL TOTAL LTDA – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

TESIS: SE CONFIRMA LA SENTENCIA APELADA QUE DENEGÓ LAS

PRETENSIONES DE LA DEMANDA. LA DEMANDANTE NO LOGRÓ

DESVIRTUAR LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD QUE AMPARA A LOS

ACTOS ACUSADOS. LA SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y

SEGURIDAD PRIVADA ESTÁ FACULTADA, EN EJERCICIO DE LA

POSTESTAD DISCRECIONAL, PARA CANCELAR LAS LICENCIAS DE

FUNCIONAMIENTO A LAS VIGILADAS, EN CUALQUIER MOMENTO,

CUANDO, COMO EN ESTE CASO, VARÍEN LAS CONDICIONES DE SU

OTORGAMIENTO. RECTIFICACIÓN CRITERIO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 16 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de 16 de marzo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que denegó las pretensiones de la demanda.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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I. ANTECEDENTES

I.1La sociedad CONTROL TOTAL LTDA., en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo CCA, mediante apoderado, presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA – MINISTERIO DE DEFENSA, en la que formuló las siguientes pretensiones:

1°. Que se declare la nulidad de las resoluciones 3289 de 25 de agosto de 2008 y 3949 de 1 º de octubre de 2008, expedidas por la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, mediante las cuales canceló la licencia de funcionamiento de la sociedad CONTROL TOTAL LTDA., y resolvió el recurso de reposición confirmando la primera decisión.

2º. Que , en consecuencia , la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL deben restablecer en el derecho a la sociedad demandante, lo que implica el pago de los

2º. Que , en consecuencia , la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL deben restablecer en el derecho a la sociedad demandante, lo que implica el pago de los perjuicios ocasionados con dichas resoluciones, los cuales superan la suma de $57.000.000.000 o la suma mayor o menor que resulteNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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3 probada en el proceso, m ás cualquier perjuicio derivado de la nulidad de dichas resoluciones, principalmente , los relativos a la imposibilidad de recuperar las inversiones y de ejercer su objeto social. La cuantía de los perjuicios debe ser tasada pericialmente y actualizada a la fecha del dictamen y del pago.

3º. Que se condene solidariamente a la SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA y a la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL a reconocer a la sociedad demandante, cualquier perjuicio derivado de la nulidad de las resoluciones mencionadas, incluyéndose la pérdida de oportunidades.

4º. Que en la sentencia se tenga en cuenta lo dispuesto en el último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5°. Que se condene en costas a la parte demandada.

I.2Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora,

último inciso del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo.

5°. Que se condene en costas a la parte demandada.

I.2Como sustento de sus pretensiones, en síntesis, la actora, adujo los siguientes hechos:Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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4 La sociedad demandante inició actividades en el año 1995 bajo la denominación de VIGILANTES LTDA.; en el año 1999 , cuando la Superintendencia de Vigilancia autorizó la escisión de la compañía y nació la sociedad que hoy demanda, CONTROL TOTAL LTDA., contaba con diferentes clientes que le permitían una facturación mensual promedio de $62.000.000, de los cuales el 22% provenía de centros comerciales, sector en donde se logró consolidar como empresa.

En el mes de diciembre de 2002, la sociedad actora cambió de sede y se instaló en el municipio de Envigado, Antioquia y la nueva infraestructura tanto física como de personal, permitió que fuera creciendo y ampliara su participación en varios sectores, entrando a los hipermercados de grandes superficies de Colombia como Carrefour, en septiembre de 2002.

En marzo de 2007, la sociedad inició operaciones en la ciudad de Bogotá a través de Carrefour, y en virtud del crecimiento en dicha ciudad se solicitó la creación de la agencia correspondiente, la cual

En marzo de 2007, la sociedad inició operaciones en la ciudad de Bogotá a través de Carrefour, y en virtud del crecimiento en dicha ciudad se solicitó la creación de la agencia correspondiente, la cual fue autorizada el 1º de marzo de 2007.

En el mes de septiembre de 2006, CONTROL TOTAL LTDA. iniciaNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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5 la prestación de sus servicios al Grupo Éxito en la ciudad de Envigado, concluyendo la entrega de toda la operación del Grupo Éxito en el año 2008, con una facturación mensual de $1.017.015.255.

En el año 2008 la sociedad actora realizó inversiones por el valor de $97.360.615, para atender nuevos servicios en la zona norte del país, inversiones que no se pudieron recuperar ante la cancelación de su licencia de funcionamiento. La sociedad demandante también prestó sus servicios en el sector educativo y se consolidó en otros sectores, ingresando al sindicato antioqueño, prestando sus servicios en el sector de la salud, industrial y residencial.

Al momento de la cancelación de la licencia de funcionamiento a la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. , contaba en Bogotá con 388 empleados (17% de los empleados de la compañía) con una facturación mensual de $498.914.787 que representaban el 15.64% de la facturación de la compañía.

sociedad CONTROL TOTAL LTDA. , contaba en Bogotá con 388 empleados (17% de los empleados de la compañía) con una facturación mensual de $498.914.787 que representaban el 15.64% de la facturación de la compañía.

En el año 2006 realizó una negociación con la empresa Jomark Seguridad, comprando las cuentas de monitoreo, lo que permitió su ingreso al mercado de la seguridad electrónica y el fortalecimientoNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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6 de dicha área de la compañía; al momento de la cancelación de la licencia, se estimaba una facturación promedio mensual de $109.293.021,00, inversiones y gastos que no se pudieron recuperar por la decisión de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

En el año 2008 la sociedad actora fue la beneficiaria de la adjudicación del proveedor de los servicios de seguridad de la zona norte de la empresa cementera Argos S.A., lo que implicó cuantiosas inversiones, la apertura de la agencia correspondiente en la ciudad de Barranquilla, la vinculación de 236 empleados, la operación de diferentes plantas, muelles, puertos y minas en diferentes ciudades del norte de Colombia, con una facturación inicial mensual de $491.204.314; este proyecto se v ió igualmente truncado por la cancelación de la licencia de funcionamiento, siendo imposible la recuperación de la inversión, teniendo presente que

diferentes ciudades del norte de Colombia, con una facturación inicial mensual de $491.204.314; este proyecto se v ió igualmente truncado por la cancelación de la licencia de funcionamiento, siendo imposible la recuperación de la inversión, teniendo presente que este contrato estaba firmado por tres años.

Al momento de la cancelación de la licencia la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. participaba en la adjudicación de distintos proyectos para servicios de seguridad en diferentes sectores de la economía, que le permitirían tener ingresos mensuales adicionales. LaNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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7 sociedad actora era la principal compañía de seguridad del departamento de Antioquia, con una facturación mensual de $3.244.670.731, distribuidos así: el 37,39% hipermercados, el 20,03% sector comercial, el 16,42% industrial, el 10,34% al de servicios, y el 15,82% al sector educativo, financiero y propiedad horizontal. Para entonces , contaba con 2.267 empleados, de los cuales la mayoría renunciaron por la cancelación de la licencia, siendo reubicados en otras empresas del sector y , aproximadamente, 100 empleados están en proceso de liquidación con indemnización por decisión del liquidador nombrado por la Superintendencia de Sociedades.

Desde el año 2003 al 2008, las ventas netas, los pasivos, activos, gastos de operación y patrimonio total, siempre fueron positivos,

con indemnización por decisión del liquidador nombrado por la Superintendencia de Sociedades.

Desde el año 2003 al 2008, las ventas netas, los pasivos, activos, gastos de operación y patrimonio total, siempre fueron positivos, dejando una importante utilidad para la sociedad. Para el año 2009 la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. presupuestaba una facturación de $45.790.177.374, teniendo en cuenta que en agosto de 2008, antes de la cancelación de la licencia, tenía proyectado un incremento de la tarifa y crecimiento mínimo conservador para la tendencia progresiva de la compañía, lo que aumenta la magnitud del perjuicio para la sociedad.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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8 En los años 2006, 2007 y 2008 la sociedad actora realizó inversiones en la compra de armas a la Industria Militar (Indumil), las cuales no se pueden recuperar por la ocurrencia de la cancelación de la licencia de funcionamiento. De igual forma, en dichos años celebró contratos de leasing de equipos de cómputo, radio, entre otros por un valor de $1.372.755.408.

Los socios al momento de la cancelación de la licencia de funcionamiento eran:

SOCIO

PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN

Juan Felipe Sierra Fernández 42.5% Ricardo Andrés Sierra Fernández 5% Ibsen Ochoa Franco 42.5%

funcionamiento eran:

SOCIO

PORCENTAJE DE

PARTICIPACIÓN

Juan Felipe Sierra Fernández 42.5% Ricardo Andrés Sierra Fernández 5% Ibsen Ochoa Franco 42.5% Ricardo Sierra Caro 10%

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante Resolución núm. 2376 de 25 de junio de 2008, renovó la licencia de funcionamiento de carácter nacional por el t érmino de 5 años a la empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA., con domicilio en Envigado, Antioquia, en las modalidades deNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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9 vigilancia fija y escolta a personas y mercancía, con la utilización de armas de fuego y medio tecnológicos. Durante la vigencia de la Sociedad no le fue impuesta sanción alguna por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.

Sin existir actuación administrativa alguna, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada expidió la Resolución núm . 3289 de 25 de agosto de 2008, por medio de la cual se canceló la licencia de funcionamiento de la empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA. , la cual no estaba debidamente motivada, sino únicamente justificada en la competencia discrecional y la arbitrariedad de dicha Superintendencia.

funcionamiento de la empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA. , la cual no estaba debidamente motivada, sino únicamente justificada en la competencia discrecional y la arbitrariedad de dicha Superintendencia.

En la mencionada resolución se resolvió cancelar la licencia de funcionamiento de la sociedad actora, situación que no eximió al titular de atender las obligaciones pendientes con la Superintendencia y los terceros de buena fe.

Manifestó que los socios de la empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA. nunca fueron citados a la actuación administrativa que culminó con la resolución que canceló la licencia de funcionamiento, acto administrativo que nunca les fueNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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10 notificado por ningún medio, ni personal ni por edicto. No obstante, la procedencia del recurso y la interposición del mismo ante la ausencia de motivación legal del acto era imposible el derecho de defensa de la sociedad demandante.

Que la resolución de cancelación sólo fue notificada a la empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA. , no obstante que afecta a terceros , como se concluye de la parte resolutiva de la misma, concretamente a los socios.

El secretario general de la Super intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada remitió comunicación al representante legal de la sociedad actora, para efectuar la notificación de la Resolución núm .

resolutiva de la misma, concretamente a los socios.

El secretario general de la Super intendencia de Vigilancia y Seguridad Privada remitió comunicación al representante legal de la sociedad actora, para efectuar la notificación de la Resolución núm . 3289 de 25 de agosto de 2008, la cual fue recibida el 2 de septiembre de 2008 ; sin embargo, éste nunca se presentó para realizar la notificación personal, por lo cual fue notificada por edicto fijado el 9 de septiembre de 2008 y desfijado el 22 siguiente.

En la oportunidad procesal correspondiente se interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto mediante Resolución núm. 3949 de 1º de octubre de 2008, confirmando la anterior decisión de cancelación de la licencia.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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11 Señaló que la Superintendencia estaba en la obligación de manifestar cu áles eran en concreto los motivos que generaban desconfianza o inseguridad o que representaban un posible peligro a la ciudadanía, máxime teniendo en cuenta la trayectoria de la sociedad a la que se le cancelaba la licencia y la incidencia que ello tenía en los socios; que independientemente de ser sanción o decisión administrativa, es imperativo que exista garantía al debido proceso; y, por lo tanto , el ordenamiento jurídico no permite ni sanciones ni decisiones de plano.

tenía en los socios; que independientemente de ser sanción o decisión administrativa, es imperativo que exista garantía al debido proceso; y, por lo tanto , el ordenamiento jurídico no permite ni sanciones ni decisiones de plano.

Expresó que la Resolución que resolvió el recurso interpuesto sólo se notificó a la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. , dado que los socios al no ser notificados de la primera resolución no tuvieron la oportunidad para interponer recursos, siendo afectados por el primer acto como se concluye en la parte resolutiva de la misma. El 9 de septiembre de 2008 el secretario general de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada remite comunicación al representante legal de la sociedad actora para que se presente a fin de efectuar la notificación personal de la Resolución núm. 3949 de 1º de octubre de 2008.

La sociedad CONTROL TOTAL LTDA. nunca se presentó para laNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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12 notificación personal de la anterior Resolución; y, por ello, la misma fue notificada por edicto fijado el 22 de octubre de 2008 y desfijado el 5 de noviembre de 2008.

La decisión administrativa demandada implica la imposibilidad de ejercer el objeto social y por ello el fin de la sociedad, así como la imposibilidad de recuperar cuantiosas inversiones realizadas bajo el

el 5 de noviembre de 2008.

La decisión administrativa demandada implica la imposibilidad de ejercer el objeto social y por ello el fin de la sociedad, así como la imposibilidad de recuperar cuantiosas inversiones realizadas bajo el amparo de la legalidad de actos administrativos y de la confianza legitima que ello implica.

Mediante auto 610-001712 de 28 de noviembre de 2008, proferido por la Superintendencia de Sociedades, inscrito el 11 de diciembre del mismo año, se decide la convocatoria a liquidación obligatoria de los bienes que conforman el patrimonio de la empresa de vigilancia y seguridad privada CONTROL TOTAL LTDA. , y se nombra liquidador al señor Marco Tulio Zapata Giraldo.

Por último, al momento de la cancelación de la licencia de funcionamiento, la sociedad actora había asumido distintos créditos y celebrados contratos de leasing, siendo imposible su pago por prohibición para ejercer su objeto, lo que demuestra los cuantiosos perjuicios que sufrió la sociedad demandante en virtud de laNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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13 expedición de los actos demandados.

I.3NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La sociedad demandante consideró que los actos acusados violaron las siguientes disposiciones: los artículos 2º, 29 y 38; 2 º, 3º y 36

I.3NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

La sociedad demandante consideró que los actos acusados violaron las siguientes disposiciones: los artículos 2º, 29 y 38; 2 º, 3º y 36 del Código Contencioso Administrativo; 3º, 75 y 76 del Decreto 356 de 1994; Decreto 2355 de 2006 y el artículo 31 del Código Civil . Además, alegó ausencia de motivación, violación al principio de confianza legítima y desviación de poder.

I.3.1 Violación de normas constitucionales

La sociedad actora sostuvo que las resoluciones núms. 3289 de 25 de agosto de 2008 y 3949 de 1º de octubre de 2008, al ser actos administrativos impuestos de plano, sin la observancia mínima de bilateralidad de audiencia ni ofrecer oportunidad alguna de probanza y contradicción, constituyen sin duda alguna, decisiones violatorias al debido proceso , previsto en el artículo 29 de la Constitución Política.

Manifestó que el núcleo esencial del debido proceso no se agota con la interposición de los recursos de la vía gubernativa, sino que seNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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14 convierte en un limitante material a la actuación administrativa pública que le impone , de manera previa, agotar un procedimiento

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14 convierte en un limitante material a la actuación administrativa pública que le impone , de manera previa, agotar un procedimiento en el que se establezcan oportunidades de contradicción mediante formulación de descargos, así como de pedir practicar los medios probatorios que resulten procedentes.

Indicó que las exigencias derivadas del artículo 29 de la Constitución Política, no pueden ser obviadas ni ignoradas, ni desconocidas aun tratándose de eventuales facultades discrecionales, como erradamente lo entendió la entidad demandada. Que, en efecto, la Superintendencia entendió erradamente que basta invocar su competencia discrecional para omitir la necesidad de una actuación administrativa previa a la resolución de cancelación, en la que se salvaguarda n los derechos de probanza y contradicción.

Manifestó que los actos acusados impiden no solo la estructuración de la contradicción por la omisión de motivación en relación con las supuestas conductas graves o peligrosidad social derivada de la actuación de la sociedad CONTROL TOTAL LTDA. , sino que omitieron el derecho de probanza, notificación y defensa, aspecto suficiente para concluir su nulidad y restablecer el derecho.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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15 Respecto de los artículos 2 º y 38 de la Constitución Política, indicó que el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso,

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15 Respecto de los artículos 2 º y 38 de la Constitución Política, indicó que el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso, previsto en el citado artículo 2 º, fue flagrantemente desconocido con la actuación de la entidad demanda da, dado que, sin mediar una razón necesaria, útil y proporcionada, se anuló el derecho de libre asociación establecido en el artículo 38 de la Constitución Política.

Señaló que es claro que la cancelación de la licencia de funcionamiento de la sociedad, cuando hac ía sólo 2 meses le había sido renovada y sin que mediara falta u omisión grave por parte de la actora, es una actuación que por s í sola carece de toda razonabilidad, resulta una intervención innecesaria y desproporcionada del derecho de libertad de asociación y de presunción de inocencia.

I.3.2 Violación de normas legales

En relación con los artículos 2 º y 3 º del CCA, manifestó que la actuación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada evidencia un claro desconocimiento de los principios de efectividad y de los derechos constitucionales y legales que se mencionaron previamente, especialmente el debido proceso, aspecto que afectaNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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16 la validez de la actuación administrativa adelantada por la entidad demandada.

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16 la validez de la actuación administrativa adelantada por la entidad demandada.

Además, las resoluciones demandadas omitieron un procedimiento previo y claro para la imposición de la sanción y el acto administrativo no se encuentra motivado, por lo cual se violaron los principios señalados en el artículo 3 º del CCA y se dificulta intencionalmente la defensa de la sociedad demandante.

Manifestó que la entidad demandada desconoce el hecho de que a pesar de que una competencia sea discrecional, no implica que sea arbitraria ni carente de l ímite alguno, por el contrario, de manera expresa el artículo 36 del CCA establece dos límites claros a las potestades discrecionales : que sea adecuada a los fines que la norma autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Indicó que los límites de la potestad de cancelación de licencias de funcionamiento se sobrepasaron y fueron desconocidos por la actuación de la Superintendencia, dado que no se trat ó de una decisión adecuada a los hechos que supuestamente le sirvieron de causa, por no encontrarse probados ni tener sustento alguno, niNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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17

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17 mucho menos a los fines establecidos en el Decreto 2355 del 20061.

Señaló que, al tenor del artículo 3 º del Decreto 2355 de 2006, es falso que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada se encuentre facultada discrecionalmente para ejercer en cualquier momento y con una simple alusión al interés general la cancelación de la licencia como si se tratara de una facultad que no conoce de límites y que carece de condicionamientos fácticos, como erradamente lo entendió la entidad demandada; por el contrario, del Decreto 2355 de 2006, es posible concluir que los supuestos de hecho que eventualmente dieran lugar a la potestad discrecional en cabeza de la Superintendencia no se encuentran ni probados ni acreditados.

Adujo que la Superintendencia tiene claras facultades para la cancelación de la licencia, pero en los casos en los cuales encuentre probada la comisión de graves faltas que dan lugar a dicha cancelación como sanción. Además, si eventualmente resultara procedente la facultad discrecional en cabeza de la Superintendencia, ésta violó las exigencias contenidas en el artículo 36 del CCA, por no consultar actuación “injurídica” (sic) en cabeza

1 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

1 Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se dictan otras disposiciones.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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18 de la sociedad actora que hiciera procedente la cancelación, ni mucho menos su gravedad, aspecto suficiente para concluir en la nulidad de las resoluciones demandadas.

Manifestó que el artículo 31 del Código Civil establece que lo favorable u odioso de una disposición no se tomará en cuenta para ampliar o restringir su interpretación, la extensión que deba darse a toda ley se determinará por su genuino sentido y según las reglas de interpretación precedentes. En este orden, la actuación de la Superintendencia parte de una interpretación extensiva de las normas que establecen las facultades discrecionales, dado que injustificadamente entendió que tales facultades eran atemporales, ilimitadas y sin que mediara falta alguna por parte de la sociedad actora, aspecto inaceptable , y que constituye una clara ampliación de los supuestos taxativamente señalados en el artículo 76 del Decreto 356 de 1994.

Precisó que en el presente caso la Superintendencia recurrió a una interpretación extensiva de normas sancionatorias y procedió a cancelar la licencia de funcionamiento de la sociedad actora, sin considerar que tal sociedad no incurrió en falta alguna, ni mucho

Precisó que en el presente caso la Superintendencia recurrió a una interpretación extensiva de normas sancionatorias y procedió a cancelar la licencia de funcionamiento de la sociedad actora, sin considerar que tal sociedad no incurrió en falta alguna, ni mucho menos existió prueba en relación con este tema, en contravía de loNúmero único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

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19 establecido en el artículo 76 del Decreto 356 de 1994.

I.3.3 Ausencia de Motivación

En relación con esta causal, la sociedad actora señaló que es claro que las resoluciones demanda das no cumplieron los requisitos establecidos en la ley y desarrollados por la jurisprudencia de esta Corporación, que impone como elemento esencial del acto administrativo la expresión de los motivos de hecho y de derecho que sirven de fundamento para la adopción de la decisión. Además, indicó que este aspecto afecta el elemento formal del acto de adjudicación, en cuanto es claro que cuando se alude a una motivación general por comodín el requisito esencial no se ha satisfecho y la supuesta motivación se considera como inexistente, tal y como ocurre en el presente caso.

Argumentó que en los actos acusados no media ni la más mínima referencia en relación con las supuestas conductas de la demandante que darían lugar a esta circunstancia, aspecto que no es una mera omisión formal, sino que impide estructurar la

Argumentó que en los actos acusados no media ni la más mínima referencia en relación con las supuestas conductas de la demandante que darían lugar a esta circunstancia, aspecto que no es una mera omisión formal, sino que impide estructurar la contradicción en relación con las aparentes razones que tuvo la Superintendencia para adoptar las decisiones impugnadas.Número único de radicación: 25000-23-24-000-2009-00212-01

Actora: CONTROL TOTAL LTDA – EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

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20 I.3.4 Violación al principio de Confianza Legítima.

Señaló que la confianza legítima es aquella situación jurídica de certeza y seguridad creada de manera justificada en el administrado, debido a la reiterada actuación y trato de la administración pública, frente a unas mismas circunstancias de hecho y de derecho.

Afirmó que la realidad de los hechos y la descripción que de éstos r