CE - Sentencia 25000232400020100029203 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación núm.: 25000-23-24-000-2010-00292-03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA

S.C.A. E.S.P.

Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios Tema: Principios de legalidad, tipicidad y antijuricidad en materia sancionatoria. Criterios para la dosificación de las multas y principio de proporcionalidad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de 14 de marzo de 2024, proferida por la Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones

1. La sociedad Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P., en adelante Proeléctrica, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , en adelante CCA, instauró demanda y escrito de reforma de la demanda, en la cual

elevó las siguientes pretensiones1:

“[…] PRETENSIONES

derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo , en adelante CCA, instauró demanda y escrito de reforma de la demanda, en la cual elevó las siguientes pretensiones1:

“[…] PRETENSIONES

PRETENSIONES PRINCIPALES

1.1.1. Que se declare la nulidad de la Resolución No. SSPD-20092400005085 del 26 de febrero de 2009, mediante la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios resolvió imponer a la empresa PROMOTORA DE ENERGÍA

1 Cfr. Folios 192 a 203 del escrito de reforma de la demanda.2

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS una sanción de multa por valor de cuatrocientos noventa y cinco millones novecientos seis mil doscientos pesos ($495.906.200).

1.1.2. Que se declare la nulidad de la Resolución número SSPD - 20092400049325 del 20 de octubre de 2009, por medio de la cual la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios confirmó la decisión contenida en la Resolución No. SSPD20092400005085 d el 26 de febrero de 2009 al resolver el recurso de reposición

formulado por PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y

COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS.

formulado por PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y

COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE

SERVICIOS PÚBLICOS.

1.1.3. Que como consecuencia de las declaraciones anteriores, a título de restablecimiento del derecho, se acojan las siguientes declaraciones y condenas:

a) Que se declare que PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS no se encuentra obligada a cancelar la suma de dinero correspondiente a la multa a la que aluden las Resoluciones cuya nulidad se solicita, ni ninguna otra suma de dinero que se relacione o tenga origen en dicha multa, tal como los intereses demora o de otro tipo, que resulten aplicables.

b) Como consecuencia de la declaración inmediatamente anterior, en el evento en el que PROMOTORA DE ENERGIA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS al momento del fallo no hubiese hecho el pago d el valor de la multa a la cual aluden las Resoluciones demandadas, ni de las sumas accesorias que tengan origen en dicha multa, que se ordene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, cesar de inmediato los eventuales procesos coactivos y/o judiciales que hubiere iniciado con el fin de hacer efectivo el pago de la sanción establecida en las resoluciones impugnadas junto con las sumas accesorias correspondientes.

c) Que en el evento al que se refiere el literal inmediatamente anterior, se condene a

hubiere iniciado con el fin de hacer efectivo el pago de la sanción establecida en las resoluciones impugnadas junto con las sumas accesorias correspondientes.

c) Que en el evento al que se refiere el literal inmediatamente anterior, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a pagar a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES EMPRESA DE SE RVICIOS PÚBLICOS el valor de todos y cada uno de los perjuicios causados a ésta última con ocasión o motivo de los mencionados procesos de cobro coactivo o judiciales, particularmente los originados en las eventuales medidas cautelares que se lleguen a practicar en los mismos.

d) Que, en todo caso, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a pagar a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS el valor de todos y cada uno de l os perjuicios que se le hubieran causado a ésta última empresa, con ocasión o por motivo de la expedición de los actos administrativos demandados, según lo que se logre demostrar en el proceso. Particularmente y en el evento de que la mencionada empresa ya hubiera procedido a efectuar el pago de la suma a la cual asciende la multa impuesta en las resoluciones demandadas y de las sumas accesorias correspondientes, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a devolver a PROMOTORA

DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN

resoluciones demandadas y de las sumas accesorias correspondientes, se condene a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a devolver a PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA Y COMPAÑÍA SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES - EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS dichos valores, debidamente actualizados al momento del fallo, de acuerdo con el IPC o con cualquier otro índice de actualización aceptado por l a jurisprudencia del H. Consejo de Estado. […]”.3

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

I.1.2. Hechos relevantes

2. Los principales hechos relevantes, en síntesis, se resumen en el siguiente

sentido:

2.1. La Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, a través del informe técnico 20072300040933 de 1.° de junio de 2007, solicitó el inicio de una investigación en contra de la sociedad Proeléctrica, por haber infringido el artículo 27 de la Ley 143 de 11 de julio de 19942, esto es, por el incumplimiento de la obligación de celebrar contratos para garantizar a largo plazo el suministro de combustible en forma oportuna y a precios económicos.

2.2. En el informe referido supra, se indicó que la parte demandante, en el período comprendido del 30 de noviembre de 2003 al 30 de noviembre de 2006, no suscribió

económicos.

2.2. En el informe referido supra, se indicó que la parte demandante, en el período comprendido del 30 de noviembre de 2003 al 30 de noviembre de 2006, no suscribió contratos que garantizaran el suministro de combustible de manera oportuna, desconociendo lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 143 de 1994.

2.3. El 1 .° de agosto de 2008, e l Superintendente Delegado para Energía y Gas expidió la comunicación 20082400544761, mediante la cual formuló pliego de cargos en contra de la actora.

2.4. La sociedad Proeléctrica contestó el pliego de cargos, en el cual argumentó que no infringió el artículo 27 de la Ley 143 de 1994.

2.5. El Superintendente Delegado para Energía y Gas, a través de la Resolución SSPD-20092400005085 de 26 de febrero de 2009, resolvió imponer una sanción de multa por la suma de $495.906.200 por haber infringido el artículo 27 de la Ley 143 de 1994.

2.6. La actora interpuso recurso de reposición, el cual fue resuelto por el Superintendente Delegado para Energía y Gas, a través de la Resolución SSPD20092400049325 de 20 de octubre de 2009, confirmando en su integridad el acto recurrido.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de la violación

3. La sociedad actora invocó las siguientes normas como presuntamente transgredidas: los artículos 6.°, 29, 121 y 123 de la Constitución Política; 2.°, 35, 36,

3. La sociedad actora invocó las siguientes normas como presuntamente transgredidas: los artículos 6.°, 29, 121 y 123 de la Constitución Política; 2.°, 35, 36, 38, 59, 76 y 84 del Decreto 01 de 1984; 27 de la Ley 143 de 1994; y 81 de la Ley 142 de 11 de julio de 19943. Justificó lo anterior en los siguientes motivos:

2 “[…] Por la cual se establece el régimen para la generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad en el territorio nacional, se conceden unas autorizaciones y se dictan otras disposiciones en materia energética. […]”. 3 “[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones […]”.4

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

1. Falta de competencia temporal por haber operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria

4. Adujo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios actuó sin competencia temporal por haber operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria.

5. Indicó que desde la fecha en que cesó la conducta continuada objeto de reproche -el 30 de noviembre de 2006 cuando terminó el contrato de suministro de gas celebrado entre Proeléctrica y Chevronla administración contaba con tres (3) años para adelantar la investigación, resolver los recursos de la vía gubernativa y notificar el contenido de dichas decisiones. Por lo tanto, la Resolución SSPDcelebrado entre Proeléctrica y Chevronla administración contaba con tres (3) años para adelantar la investigación, resolver los recursos de la vía gubernativa y notificar el contenido de dichas decisiones. Por lo tanto, la Resolución SSPD20092400049325 de 20 de octubre de 2009, que resolvió el recurso de reposición quedó ejecutoriada el 14 de enero de 2010, es decir, cuando había operado este fenómeno extintivo.

1. Falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, norma que exige la aplicación del derecho al debido proceso y los principios básicos del proceso penal a los procedimientos de carácter sancionatorio administrativo

6. Explicó que se inobservaron los principios de legalidad, tipicidad y antijuricidad,

con sustento en las siguientes premisas:

6.1. -) El artículo 27 de la Ley 143 de 1994 señala de manera clara, completa e inequívoca que las empresas de generación eléctrica “[…] deberán realizar contratos […]” para garantizar, a largo plazo, el suministro de combustible en forma oportuna y a precios económicos, sin que de dicho enunciado normativo se desprenda que la modalidad de contratación exigida sea la de contratos de suministro en firme.

6.2. -) La conducta desplegada por la sociedad Proeléctrica no resulta antijurídica, toda vez que no vulneró ni puso en peligro ningún bien jurídico como es la prestación del servicio público de gas.

6.3. -) La sanción resulta inconstitucional e ilegal, toda vez que los contratos que celebró la sociedad Proeléctrica sí garantizaron la prestación de este servicio en

del servicio público de gas.

6.3. -) La sanción resulta inconstitucional e ilegal, toda vez que los contratos que celebró la sociedad Proeléctrica sí garantizaron la prestación de este servicio en forma oportuna y a precios de mercado, a pesar de que la forma de negociación no fue la de contratos de distribución en firme.

6.4. -) La conducta se encontraba autorizada por la Resolución 047 de 1999 , mediante la cual la CREG flexibilizó la garantía de suministro de combustible.5

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

1. Indebida interpretación de los artículos 27 de la Ley 143 de 1994 y 81 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CREG 047 de 1999 y el artículo 36 del CCA

7. Sostuvo que l a Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios interpretó de manera i ndebida los artículos 27 de la Ley 143 de 1994, 81 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CREG 047 de 1999 y el artículo 36 del CCA, al entender que estas normas imponen el deber a las empresas de generación térmica que efectúen ventas de energía eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional de celebrar contratos de suministro de gas en firme para garantizar, a largo plazo, el suministro de combustible en forma oportuna y a precios económicos, pues así no lo dispuso de manera expresa el legislador.

1. Falsa motivación por indebida aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de

suministro de combustible en forma oportuna y a precios económicos, pues así no lo dispuso de manera expresa el legislador.

1. Falsa motivación por indebida aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y por ausencia de cumplimiento del artículo 27 de la Ley 143 de 1994

8. Adujo que se incurrió en falsa motivación porque: i) la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios aplicó de manera indebida el artículo 81 de la Ley 142 de 1994 pues “[…] los motivos invocados en los actos administrativos demandados, simplemente no existieron en la realidad y por ende el soporte fáctico en el que éstos se basaron no coinciden con la realidad […]” y; ii) la sociedad actora sí acreditó haber celebrado los contratos necesarios para garantizar la correcta prestación del servicio de gas.

1. Violación directa del artículo 29 de la Constitución Política por falta de motivación de los actos administrativos acusados de nulidad

9. Subrayó que se incurrió en falta de motivación, pues la parte demandada se limitó a imponer la sanción, sin tener en cuenta las pruebas, los argumentos de defensa y las disposiciones constitucionales y legales que gobiernan la imposición de las sanciones.

1. Violación del principio de proporcionalidad y arbitrariedad de la sanción

10. Resaltó que se transgredieron los principios de proporcionalidad y de dosimetría de la sanción, pues la parte demandada no tuvo en cuenta la naturaleza de la falta, el impacto sobre la buena marcha del servicio y el factor de reincidencia.

1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se extralimitó en el ejercicio de sus funciones

el impacto sobre la buena marcha del servicio y el factor de reincidencia.

1. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios se extralimitó en el ejercicio de sus funciones

11. Finalmente, destacó que se presentó una extralimitación de funciones, debido a que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios invadió una competencia que no tenía, infringiendo con ello lo dispuesto en los artículos 6.°, 121 y 123 de la Constitución Política.6

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

I.2. Contestación de la demanda

12. La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda. Sus argumentos de defensa se resumen

así:

1. No operó la caducidad de la facultad sancionatoria, toda vez que de conformidad con el criterio expuesto por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de 29 de septiembre de 2009 y acogido por la Sección Primera, la misma se entiende ejercida oportunamente si dentro del término de tres (3) años se expide y notifica el acto primigenio que impone la sanción, sin incluir los actos que resuelven los recursos de la vía gubernativa.

1. La interpretación que la parte demandada le confirió al artículo 27 de la Ley 143 de 1994 estuvo acorde con la finalidad de la norma, que no es otra que exigir la celebración de contratos para garantizar, a largo plazo, el suministro de combustible

de 1994 estuvo acorde con la finalidad de la norma, que no es otra que exigir la celebración de contratos para garantizar, a largo plazo, el suministro de combustible de forma oportuna y a precios económicos, sin que fuera necesario que se produjera la falta de suministro para el usuario final.

1. En el curso de la actuación administrativa la parte demandada sí efectuó un estudio de las pruebas aportadas al procedimiento, en particular, se valoró el informe técnico de la Dirección Técnica de Gestión de Gas Combustible y sus anexos.

1. La oferta de suministro de gas natural núm. 06-182, realizada por Chevron a la empresa Proeléctrica & CIA S.C.A. E.S.P., que fue aceptada por la sociedad actora el 31 de julio de 2006, incluía la modalidad de suministro “[…] interrumpible […]” que, por sus características, no garantizaba a largo plazo la prestación del servicio de gas de forma oportuna y continua a precios económicos.

1. L os contratos interrumpibles son aquellos en los que el productor, el comercializador, el distribuidor o el transportador se compromete a vender o transportar, según el caso, un volumen máximo de gas combustible durante un período determinado, pero el contr atante o el contratista o ambos se reservan el derecho de interrumpir el servicio dando aviso a la otra parte contratante, de acuerdo con los términos y condiciones del contrato4.

1. La sanción sí tuvo en cuenta la naturaleza de la falta y el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio y el factor de reincidencia.

acuerdo con los términos y condiciones del contrato4.

1. La sanción sí tuvo en cuenta la naturaleza de la falta y el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio y el factor de reincidencia.

4 Citó el artículo 1° de la Resolución 057 de 1996 “[…] Por la cual se establece el marco regulatorio para el servicio público de gas combustible por red y para sus actividades complementarias. […]”.7

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

I.3. Trámite impartido al proceso

13. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 22 de septiembre de 2016, accedió a las pretensiones de la demanda, al evidenciar que había operado el fenómeno de caducidad de la facultad sancionatoria.

14. La Sección Primera del Consejo de Estado, mediante sentencia de 15 de diciembre de 2023, revocó la anterior decisión, por considerar que en el presente caso no había operado la caducidad de la facultad sancionatoria y ordenó devolver el expediente al Tribu nal de origen con el fin de que se pronunciara de fondo respecto de los cargos que no fueron analizados, para garantizar la doble instancia.

15. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 14 de marzo de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

16. La parte demandante apeló la anterior decisión judicial.

I.4. Sentencia de primera instancia

Cundinamarca, mediante sentencia de 14 de marzo de 2024, negó las pretensiones de la demanda.

16. La parte demandante apeló la anterior decisión judicial.

I.4. Sentencia de primera instancia

17. La Subsección B de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia de 14 de marzo de 2024, negó las pretensiones

de la demanda, en estos términos:

1. Falta de competencia temporal por haber operado el fenómeno de la caducidad de la facultad sancionatoria

18. Señaló que no operó la caducidad de la facultad sancionatoria. Para ello, el a quo se remitió a las consideraciones de la sentencia de 15 de diciembre de 2023 , proferida por la Sección Primera , en la cual se indicó que no había operado este fenómeno.

1. Falta de aplicación del artículo 29 de la Constitución Política, norma que exige la aplicación del derecho al debido proceso y los principios básicos del proceso penal a los procedimientos de carácter sancionatorio administrativo

19. Refirió a la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado5, para destacar que “[…] la forma más adecuada de lograr este objetivo es que el agente cuente con contratos vigentes que garanticen la firmeza del suministro y transporte, toda vez que, conforme a los decretos 1515 de 2002, 1484 de 2005 y 880 de 2007, a los que hace referencia la Resolución CREG 011 de 2003, la prioridad en la atención cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia, no

2002, 1484 de 2005 y 880 de 2007, a los que hace referencia la Resolución CREG 011 de 2003, la prioridad en la atención cuando se presenten insalvables restricciones en la oferta de gas natural o situaciones de grave emergencia, no

5 Consejo de Estado, sección primera, sentencia de 22 de octubre de 2015, expediente no. 25000-23-24-000-2010-00654-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.8

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

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transitorias en el suministro o transporte de gas natural, que impidan la prestación del servicio en condiciones de confiabilidad y continuidad, la tienen, en primer lugar, los agentes que tengan vigentes y debidamente perfeccionados contratos que garantizan firmeza en el suministro y de transporte de gas natural. […]”.

20. Adujo que la imputación formulada en el pliego de cargos en contra de la sociedad actora se fundamentó no solo en el hecho de que la parte demandante no contó con contratos de suministro y transporte de gas natural bajo la modalidad en firme, sino también porqu e dicha prestación del servicio no aseguraba su continuidad.

21. Indicó que según las pruebas obrantes en el proceso se demostró que la sociedad demandante no celebró contratos que garantizaran la prestación continua del servicio público domiciliario y, por ende, se demostró el incumplimiento del mandato previsto en el artículo 2.4. de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el

sociedad demandante no celebró contratos que garantizaran la prestación continua del servicio público domiciliario y, por ende, se demostró el incumplimiento del mandato previsto en el artículo 2.4. de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 37 de la Resolución CREG 011 de 2003.

22. Mencionó que: i) la oferta núm. 06 -182 realizada por la sociedad Chevron a la sociedad Proeléctrica incorporó el suministro bajo la modalidad de interrumpible y ; ii) fue aceptada por la sociedad demandante el 31 de julio de 2006. Aclaró que esta modalidad no garantiza la continuidad del suministro de combustible de gas natural.

23. En síntesis, sostuvo que no se transgredieron los principios de legalidad y tipicidad puesto que según los distintos desarrollos jurisprudenciales, en el derecho administrativo sancionador el principio de tipicidad no se aplica con el mismo rigor que en materia penal, permitiéndose una mayor flexibilidad en la adecuación típica de la conducta.

1. Indebida interpretación de los artículos 27 de la Ley 143 de 1994 y 81 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CREG 047 de 1999 y el artículo 36 del CCA

24. Destacó que no hubo una indebida interpretación de los artículos 27 de la Ley 143 de 1994 y 81 de la Ley 142 de 1994, la Resolución CREG 047 de 1999 y el

artículo 36 del CCA por las siguientes razones:

25. -) A pesar de que el artículo 27 de la Ley 143 de 1994, no exige la celebración de contratos en firme para la prestación del servicio de gas natural, de acuerdo con

artículo 36 del CCA por las siguientes razones:

25. -) A pesar de que el artículo 27 de la Ley 143 de 1994, no exige la celebración de contratos en firme para la prestación del servicio de gas natural, de acuerdo con el artículo 2.4 . de la Ley 142 de 1994, el Estado debe intervenir en los servicios públicos para que estos se presten de una manera continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico que así lo exijan.

26. -) Según las Leyes 142 y 143 de 1994, los agentes prestadores del servicio están obligados a adoptar las distintas medidas a su alcance para garantizar el abastecimiento de sus usuarios regulados en los términos de los contratos que tengan suscritos con ellos, so pena de incurrir en falla en la prestación del servicio, como lo disponen los artículos 136 y 137 de la Ley 142 de 1994 y;9

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

Demandante: Promotora de Energía Eléctrica de Cartagena CIA S.C.A. E.S.P.

27. -) Si bien el artículo 37 de la Resolución CREG 011 de 2003, no estipula una obligación a cargo del comercializador de tener vigentes contratos de suministro y transporte en firme, este sí tiene el deber de celebrar contratos que aseguren la continuidad del servicio al mercado atendido.

1. Falsa motivación por indebida aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y por la ausencia de incumplimiento por parte de Proeléctrica de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 143 de 1994

1. Falsa motivación por indebida aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994 y por la ausencia de incumplimiento por parte de Proeléctrica de lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 143 de 1994

28. Anotó que no se incurrió en falsa motivación por indebida aplicación del artículo 81 de la Ley 142 de 1994, porque la responsabilidad en materia de servicios públicos domiciliarios, cuando se trata de personas jurídicas, es objetiva . Esto significa que el incumplimiento de las disposiciones del régimen de servicios públicos domiciliarios por personas jurídicas constituye por sí sola una infracción y, por ende, susceptible de punición de conformidad con las normas que regulan la materia.

29. Añadió que según las pruebas obrantes en el proceso se demostró que la demandante, en el período comprendido del 1.° de enero al 30 de noviembre de 2006, solo contaba con contratos de suministro bajo la modalidad de interrumpibles que, por sus características, no garantizaba la prestación continua del servicio público domiciliario y, por ende, se demostró el incumplimiento del mandato previsto en el artículo 2.4. de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el artículo 37 de la Resolución CREG 011 de 2003.

1. Falsa motivación por ausencia de cumplimiento del artículo 27 de la Ley 143 de 1994

30. Resaltó que no se presentó una falta de motivación porque los actos enjuiciados sí motivaron la sanción impuesta a la sociedad actora desde el punto de vista fáctico y jurídico y, en apoyo de su aserto , transcribió los apartes pertinentes de tales decisiones.

sí motivaron la sanción impuesta a la sociedad actora desde el punto de vista fáctico y jurídico y, en apoyo de su aserto , transcribió los apartes pertinentes de tales decisiones.

1. Violación del principio de proporcionalidad y arbitrariedad de la sanción

31. Observó que la sanción no resulta desproporcionada toda vez que: i) los actos acusados sí valoraron los criterios para graduar la sanción, referentes a la naturaleza y gravedad de la falta, el impacto de la infracción sobre la buena marcha del servicio público y el factor de reincidencia previstos en el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 y; ii)) la multa impuesta “[…] corresponde apenas al 49,90% del monto máximo posible que, para la fecha en que se impuso la sanción era de

$993.800.0006 […]”.

1. La Superintendencia se extralimitó en el ejercicio de sus funciones

32. Argumentó que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios no se extralimitó en el ejercicio de sus funciones, en tanto que se demostró que la parte

6 El salario mínimo legal del año 2009 correspondía a la suma de $496.900,oo.10

Radicación núm.: 25000 23 24 000 2010 00292 03

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actora en el período comprendido entre el 1° de enero al 30 de noviembre de 2006 celebró contratos que no garantizaban la prestación del servicio de gas natural; la multa atendió los criterios de dosificación previstos en el artículo 81.2 de la Ley 142

celebró contratos que no garantizaban la prestación del servicio de gas natural; la multa atendió los criterios de dosificación previstos en el artículo 81.2 de la Ley 142 de 1994 y no desconoció el principio de proporcionalidad.

I.5. El recurso de apelación

33. La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la sentencia de 14 de marzo de 2024, con el fin de obtener su revocatoria, el cual fue sustentado de

la siguiente manera:

1. Desconocimiento de los principios de legalidad, tipicidad y la antijuricidad de la conducta

34. Precisó que en materia sancionatoria el principio de legalidad tiene como desarrollo sustancial el de tipicidad, el cual se encuentra regulado y enmarcado en los artículos 10 y 29 de la Constitución Política.

35. Reiteró que el artículo 27 de la Ley 143 de 1994, impone el deber de “[…] realizar contratos […]” a fin de garantizar el suministro de combustible. Sin embargo, esta norma no establece la tipología de contratos que se pueden celebrar.

Por ende, era viable para cumplir con esa disposición celebrar cualquier tipo de negocio o acuerdo que tuviera por objeto la prestación del suministro de gas.

36. Explicó que la sociedad actora sí “[…] realizó contratos […]” y con ellos se garantizó el suministro de combustible, así la forma negocial no haya sido la de contratos de distribución en firme. Por ende, la sanción resulta inconstitucional y legal porque se origina en el incumplimiento de una obligación que no existía.

37. Llamó la atención en el hecho de que el Tribunal consideró que la expresión “[…]

porque se origina en el incumplimiento de una obligación que no existía.

37. Llamó la atención en el hecho de que el Tribunal consideró que la expresión “[…] interrumpible […]”, en sí misma considerada atentaba contra la exigencia de la prestac