CE - Sentencia 25000232400020110000201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01

ACCIÓN POPULAR – FALLO

Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

TESIS: LA ACCIÓN POPULAR ES IMPROCEDENTE PARA DEFINIR

ASUNTOS EN QUE EXISTE INCERTIDUMBRE ACERCA DE LA

TITULARIDAD DE LOS BIENES DESTINADOS AL USO PÚBLICO DE

UNA COLECTIVIDAD

DERECHOS COLECTIVOS INVOCADOS COMO VULNERADOS: GOCE

DEL ESPACIO PÚBLICO Y LA UTILIZACIÓN Y DEFENSA DE LOS

BIENES DE USO PÚBLICO

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de la SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO1, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO2 y, en forma adhesiva, por la sociedad PLAY PARK S.A.S3, contra la sentencia de 28 de julio de 2022, proferida por la Sección Primera -Subsección “B” - del Tribunal Administrativo de Cundinamarca4.

1 En adelante la Superintendencia. 2 En adelante el Ministerio. 3 En adelante Play Park. 4 En adelante el Tribunal.2

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1 En adelante la Superintendencia. 2 En adelante el Ministerio. 3 En adelante Play Park. 4 En adelante el Tribunal.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1La demanda

El señor LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR, en ejercicio de la acción popular prevista en el artículo 88 de la Constitución Política, desarrollada por la Ley 472 de 5 de agosto de 19985, presentó demanda contra la SUPERINTENDENCIA, la ALCALDÍA LOCAL

DE KENNEDY 6, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA

DEFENSORÍA DEL ESPACIO PÚBLICO 7, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL 8 y la sociedad PAR INURBE -EN LIQUIDACIÓN-9, tendiente a que se protegiera el derecho colectivo al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.

I.2. Hechos

Expuso que en la localidad de Kennedy - la Urbanización Castilla, ubicada en la ma nzana 75 del plano núm. F-114/4-14, entre las

5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 6 En adelante la Alcaldía.

5 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. 6 En adelante la Alcaldía. 7 En adelante el DADEP. 8 En adelante UAECD. 9 En adelante INURBE.3

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transversales 77 y 78 y la diagonal 7ª bis C y calle 7ª C bis, afectó una zona de reserva de 1.640.47 m2.

Indicó que la zona de reserva, desde hace más de 30 años, ha sido custodiada por la comunidad y las entidades distritales, como el DAMA con la siembra de árboles, así como la Empresa de Energía de Bogotá – hoy CODENSA S.A. mediante la instalación de postes de alumbrado público y redes eléctricas.

Anotó que el 21 de diciembre de 2010 , con la aquiescencia de las autoridades locales, el área fue objeto de cerramiento con la instalación de una franja verde de polisombra por particulares que manifiestan ser propietarios del terreno , situación que ha sido recurrente.

Afirmó que la zona donde se encuentran las urbanizaciones Castilla, Rincón de los Ángeles y Madriles eran de propiedad del extinto Instituto de Crédito Territorial, ahora INURBE.

recurrente.

Afirmó que la zona donde se encuentran las urbanizaciones Castilla, Rincón de los Ángeles y Madriles eran de propiedad del extinto Instituto de Crédito Territorial, ahora INURBE.

Manifestó que la Urbanización Castilla funda su presunto derecho sobre la zona de reser va porque figura la matrícula inmobiliaria núm. 50S-1159234 de 17 de mayo de 1988 de la Oficina de Registro4

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de Instrumentos Públicos Zona Sur, cuya apertura se realizó en cumplimiento de una sentencia proferida en un juicio de pertenencia por el Juzgado 1º Civil del Circuito de Bogotá, cuya acción fue incoada por la señora Soledad Ramírez contra el señor Guillermo Martínez.

Sostuvo que la i nformación registrada en la matrícula en mención presenta inconsistencias en cuanto a la extensión del terreno, pues difiere del área afectada por la Urbanización Castilla ; y en la nomenclatura y la cédula catastral asignadas al inmueble identificado bajo dicho folio, comoquiera que la zona de reserva carece de ambas.

Destacó que en Oficio núm. 5357 de 6 de julio de 2010, el DADEP informó que luego de verificar el plano F -114-14 se advirtió que

carece de ambas.

Destacó que en Oficio núm. 5357 de 6 de julio de 2010, el DADEP informó que luego de verificar el plano F -114-14 se advirtió que existe una zona demarcada como de reserva, correspondiendo a un área útil de la Urbanización Castilla de 1.640,47 m 2, conforme con el cuadro de áreas – loteo allí referido.

Adujo que a pesar de no existir un acta de entrega material ni jurídica de la zona de reserva al Distrito Capital a través de la Defensoría del Espacio Público, lo cierto es que la extinta5

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Procuraduría de Bienes del Distrito, hoy DADEP, mediante Oficio núm. PRB-1722 de 27 de junio de 1992 indicó que la zona objeto de esta acción corresponde a una zona verde de propiedad del Distrito Capital, destinado para la recreación.

I.3. Pretensiones

“[…] PRIMERA: Amparar el derecho colectivo al uso y goce del espacio público “Zona de Reserva” que se encuentra dentro del Plano No. F -114/4-14 que corresponde a la Urbanización Castilla, Manzana No. 75 ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal 7 A Bis C Calle 7C de la Localidad de Kennedy y con un total de 1.640,47 m2.

Manzana No. 75 ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal 7 A Bis C Calle 7C de la Localidad de Kennedy y con un total de 1.640,47 m2.

Para ello, decrete lo siguiente:

-1.-1 Ordene a la Superintendencia de Notariado y Registro debe revocar el folio de matrícula No. No. 50S -1159234 con fecha de apertura de 17 de mayo de 1988, correspondiente al predio de la calle 7 C Bis No. 76 A 41 de Bogotá D.C. en razón que es espacio público "Zona de Reserva".

-1.2 Ordene en consecuencia la cancelación de las Anotaciones Nos. 1, 2,3, 4, 5 y 6 del citado folio de matrícula inmobiliaria, como así mismo de la Escritura Pública No. 1688 de fecha 16 de abril de 2010 de la Notaría 68 de Bogotá D.C.

-1.3 Decrete la nulidad de todo el proceso y de la sentencia dictada por el Juez 1 Civil del Circuito de Bogotá D.C . dentro del juicio de pertenencia incoado por Soledad Ramírez.

-1.4 Ordene que la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital debe revocar el acto de asignación de la nomenclatura y cédula catastral asignada al predio de la Calle 7C Bis No. 76 A41 de Bogotá D.C.

-1.5 Decrete la nulidad de todo el proceso ejecutivo que cursó en el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá D.C., promovido por Pilar6

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Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá D.C., promovido por Pilar6

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Vanegas Roa. En consecuencia, también ordene la nulidad del Auto de Adjudicación de Remate a favor de Julián Alirio Martínez Suárez.

-1.6 Decrete la nulidad de la diligencia de entregas de fechas junio de 2010 y noviembre 25 de 2010 realizadas por la Inspección 8 C Distrital de Policía de Kennedy, dentro del Despacho Comisorio No, 039 procedente del Juzgado 20 Civil del Cto de Bogotá D.C.

-1.7 Ordene al Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público - DADEP - que proceda, previo amojonamiento y alinderamiento, a levantar la correspondiente Acta de Aprehensión de la totalidad de la "Zona de Reserva" señalada en el Plano No. F-114/4 -14 que corresponde a la Urbanización Castilla, Manzana No. 75 ubicada entre las Transversales 77 y 78 y la Diagonal 7 A Bis C y Calle 7 C Bis de la Localidad de Kennedy, con un total de 1640.47m2 y que dicha zona de espacio público sea incorporad a al Archivo Físico y al Sistema SIDEP.

-1.8 Ordene al Alcalde Local de Kennedy, tomar las medidas preventivas tendientes a la conservación y protección de la Zona de

dicha zona de espacio público sea incorporad a al Archivo Físico y al Sistema SIDEP.

-1.8 Ordene al Alcalde Local de Kennedy, tomar las medidas preventivas tendientes a la conservación y protección de la Zona de Reserva". Para ello, a través del Comandante de la VI Estación de Policía deberá impartir las órdenes pertinentes en tal sentido.

-1.9 ordene la nulidad del acto jurídico de "Actualización de Área y Linderos" contenido en la Escritura Pública No. 1688 de abril 16 de 2010 de la Notarla 68 de Bogotá D.C., como consecuencia de la anterior declaración, ordene la CANCELACIÓN de la citada Escritura Pública. Ofíciese al Notario.

SEGUNDA: Conceder a las entidades demandadas un plazo razonable para la ejecución de los actos y acciones tendientes a la protección y conservación del Statu Quo (sic) de uso y goce de la "Zona de Reserva

para todos los ciudadanos de Bogotá D.C.

TERCERA: Se me conceda el estipendio o incentivo económico establecido por el artículo 39 de la Ley 472 de 1998 […]”.

I.4. Defensa

I.4.1.- La SUPERINTENDENCIA indicó que las anotaciones en el registro solo pueden ser modificadas cuando existe error y cuando7

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son canceladas por orden judicial, amén de que tampoco ha recibido ningún documento de alerta o prevención a notarios o registradores en relación con el registro de e scrituras relacionadas con la Urbanización Castilla.

Propuso como excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. Alegó que no es la competente para determinar las zonas de reserva y su registro, lo cual, a nivel distrital, le corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y, además, cumplió con su deber legal de registrar los actos que fueron solicitados respecto de la matrícula inmobiliaria 50S-11599235.

“RELACIÓN DE CAUSALIDAD” . Aseguró que no existe nexo causal ente el servicio que presta y el presunto perjuicio alegado, toda vez que la causa determinante del daño radica en los hechos u omisiones de las entidades públicas que tiene por función informar a las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos los actos que afectan una zona declarada como reserva ambiental.8

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“INDEBIDA ACCIÓN”. Sostuvo que a través de la acción popular

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Propuso las siguientes excepciones:

“FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA”. Alegó que conforme con el Decreto 203 de 29 de junio de 2005 10, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor es la que tiene la representación en acciones populares y de grupo que involucren al Distrito o cualquiera de sus organismos del sector central.

“IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POPULAR”. Sostuvo que la acción popular no es la vía para alcanzar el cometido que tiene el actor popular, pues no cumple con los presupuestos del artículo 9º de la Ley 472.

“INEXISTENCIA DE AMENAZA, DAÑO O VIOLACIÓN ”. Afirmó que la amenaza alegada no fue demostrada.

“INEXISTENCIA DEL DAÑO – NEXO CAUSAL”. Aseguró que no existe daño ni nexo causal entre el servicio que presta y el presunto perjuicio alegado, toda vez que la causa determinante radica en hechos u omisiones de las entidades públicas que tienen por función

10 "Por el cual se efectúan unas delegaciones y asignaciones en materia de representación legal, administrativa, judicial y extrajudicial del Distrito Capital y se dictan otras disposiciones en la materia".10

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materia".10

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informar a las Oficinas de Registros de Instrumentos Públicos los actos o hechos que afectan una zona declarada reserva ambiental.

I.4.3.- El PAR INURBE – en liquidación precisó que durante su vigencia nunca tuvo entre sus facultades la defensa del espacio público o vigilar la construcción de obras, actividades propias de los municipios, y mucho menos en su proceso de liquidación , que culminó el 31 de diciembre de 2007.

Destacó que en mesa de trabajo de 12 de octubre de 2010 se precisó que la cesión gratuita de zonas para uso público se realiza al Departamento Administrativo de Defensoría del Espacio Público cuando existe señalamiento expreso en los planos urbanísticos aprobados por planeación distrital, lo que no ocurrió en este caso, comoquiera que el plano aprobado por Planeación Distrital núm. F.114/4-17 no prevé los lotes objeto de la acción como zonas de cesión obligatorias, de manera que se trata de áreas de carácte r privado de dos propietarios, entre ellas el PAR INURBE.

Adujo que la acción promovida es improcedente porque lo pretendido es la protección del espacio público respecto de bienes de naturaleza privada.11

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Adujo que la acción promovida es improcedente porque lo pretendido es la protección del espacio público respecto de bienes de naturaleza privada.11

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Indicó que el actor incurrió en una confusión a l tratar indistintamente una zona de cesión obligatoria y un área de reserva en desarrollo de un programa de vivienda, esta última que al ser trasladada de una entidad pública liquidada a un patrimonio autónomo se convierte un bien fiscal de manejo privado.

Propuso, con fundamento en lo anterior, las excepciones de “falta de legitimación en la causa por pas iva” e “improcedencia de la acción”.

I.4.4.- La UAECD argumentó que no le es atribuible la vulneración de derechos colectivos, puesto que la expedición de la certificación de cabida y linderos expedida el 30 de marzo de 2010 tuvo por fundamento los documentos aportados por el solicitante, entre estos el levantamiento topográfico del predio, ante la falta de precisión de los linderos reseñados en la sentencia de 30 de agosto de 2008, proferida por el Juzgado 20 Civil del Circuito de Bogotá, D.C.

Afirmó que resultaba improcedente reconocer al actor el incentivo económico, comoquiera que el mismo fue derogado por la Ley 1425 de 2010.12

D.C.

Afirmó que resultaba improcedente reconocer al actor el incentivo económico, comoquiera que el mismo fue derogado por la Ley 1425 de 2010.12

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I.4.5.- La sociedad PLAY PARK, vinculada al proceso por ser la propietaria del pedio identificado con la matrícula inmobiliaria 50S1159234, manifestó que las anotaciones registradas en dicho folio son producto de las actuaciones judiciales surtidas en el proceso de pertenencia, así como los documentos emanados de UAECD, la Secretaría de Hacienda Distrital, la Alcaldía Mayor de Bogotá, Notarías y Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, todo lo cual ofrece certeza sobre la naturaleza del inmueble.

Adujo que para esa época no había recibido físicamente el bien porque al tratarse de un terreno sin construcciones, la comunidad lo ha venido considerando como de uso público y se ha opuesto a su entrega, siendo necesario que el juez que profirió la sentencia comisionara al Juzgado 12 Municipal Civil de Descongestión de Medidas Cautelares; sin embargo, no ha sido posible cumplir la comisión porque, presuntamente, las autoridades distritales lo han impedido.

I.5. Pacto de cumplimiento13

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comisión porque, presuntamente, las autoridades distritales lo han impedido.

I.5. Pacto de cumplimiento13

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La audiencia de pacto de cumplimiento se llevó a cabo el 26 de julio de 2011, declarándose fallida por ausencia de fórmulas de acuerdo entre las partes.

II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

El Tribunal, en sentencia de 28 de julio de 2022 , declaró la vulneración del derecho colectivo a l goce del espa cio público y utilización y defensa de los bienes de uso público, en relación con el predio denominado “La Gloria”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria núm. 050S-1159234, con fundamento en lo siguiente:

Destacó que, de acuerdo con las conclusiones del informe técnico allegado por la UAECD y lo indicado por el Distrito Capital en la comunicación, en la que puso de pre sente hechos nuevos, aun cuando en principio la franja de terreno del predio o bjeto de la acción está reconocida como propiedad privada en virtud de la sentencia de adjudicación proferida en favor de Julián Alirio Martínez Suárez, las investigaciones realizadas por las entidades distrita les demostrarían que esta zona hace parte del espacio público, pues su extensión no es de 4.643,50 m2, sino de 2.636 m2.14

Suárez, las investigaciones realizadas por las entidades distrita les demostrarían que esta zona hace parte del espacio público, pues su extensión no es de 4.643,50 m2, sino de 2.636 m2.14

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Sostuvo que las pruebas demostraron que el predio presenta una inconsistencia en su área y linderos que generó sobreposición con una zona de reserva de la manzana 75 Urbanización Castilla, de propiedad del DADEP y un predio fiscal del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, identificado con matrícula inmobiliaria núm. 50C-569481.

A su juicio, la vulneración del derecho colectivo invocado se acreditó por el reconocimiento realizado por la UAECD sobre la existencia de un error en el certificado de cabida y linderos expedido por esa entidad en el año 2010 que llevó a que la titularidad del predio “La Gloria” se radicara en particulares.

En consecuencia, impartió las siguientes órdenes:

“[…] 3º) ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital que en el término de seis (6) meses realice las gestiones pertinentes con el fin de que se an ule la certificación de cabida y linderos radicación no. 2010 -234306, del predio identificado con

Distrital que en el término de seis (6) meses realice las gestiones pertinentes con el fin de que se an ule la certificación de cabida y linderos radicación no. 2010 -234306, del predio identificado con nomenclatura calle 7C Bis – 76 A-41, expedida el 30 de marzo de 2010 y que se proceda a corregir la inscripción del mencionado predio en el censo catastral.

4º) Ordénase a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a la Unidad Administrativa de Catastro Distrital, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la sociedad Play Park S.A.S , que en forma coordinada, en un término de 6 meses adelanten las respectivas acciones15

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administrativas y judiciales para obtener la anulación de los actos (certificaciones de cabida y linderos y escrituras públicas) y decisiones judiciales mediante las cuales se adjudicó a particulares el predio identificado con la matrícula inmobiliaria no. 50S-1159234, ubicado en la Calle 7 C Bis -76 A – 41 y/o Calle 7 C Bis 76 A D1, localizado en el Barrio Kennedy [sic] Sector Banderas de la ciudad de Bogotá. Realizado lo anterior el predio antes señalado deberá incorporarse

en la Calle 7 C Bis -76 A – 41 y/o Calle 7 C Bis 76 A D1, localizado en el Barrio Kennedy [sic] Sector Banderas de la ciudad de Bogotá. Realizado lo anterior el predio antes señalado deberá incorporarse como bien de u so público, con e l fin de eliminar su traslape con la Urbanización Castilla.

5º) En consecuencia de lo anterior, ordénase a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – Dirección Seccional de Impuestos de Bogotá – División de Gestión de Cobranzas – Grupo Coactiva I, en coordinación con la Superintendencia de Notariado y Registro, al Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy – Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, a la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la sociedad Play Park S.A.S, realizar las gestiones correspondientes para la suspensión de las acciones tendientes a obtener y/o lograr el remate del bien inmueble identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria No. 50S-1159234, ubicado en la Calle 7 C Bis No. 76 A -41 y/o Calle 7 C Bis 76 A D1 (Dirección Catastral), denominado Laia, localizado en el Barrio Kennedy sector Banderas de la ciudad de Bogotá, ya que le mismo deberá incorporarse como bien de uso público de conformidad con lo ordenado en el numeral 4º de la presente providencia.

6º) Confórmase un comité de verificación integrado por el Ministerio Público, un delegado del Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy, un delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, un

la presente providencia.

6º) Confórmase un comité de verificación integrado por el Ministerio Público, un delegado del Distrito Capital – Alcaldía Local de Kennedy, un delegado de la Superintendencia de Notariado y Registro, un delegado del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, un delegado de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital y un Delegado del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y un delegado de la sociedad Play Park S.A.S., para que se encarguen de comprobar el cumplimiento de lo ordenado en el presente fallo. Comité que deberá rendir ant e esta Corporación un informe de las gestiones adelantadas, a fin del cumplimiento total y efectivo a la orden aquí impartida […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN16

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III.1 La SUPERINTENDENCIA manifestó que la orden relacionada con las gestiones tendientes a obtener la anulación de los actos (certificación de linderos y escrituras públicas) mediante los cuales se adjudicó a particulares el predio objeto de la acción , y la suspensión de las acciones para lograr el remate del inmueble, constituyen asuntos de competencia de la s alcaldías Mayor de Bogotá y de Kennedy, del DADEP, de la UAECD, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la DIAN.

constituyen asuntos de competencia de la s alcaldías Mayor de Bogotá y de Kennedy, del DADEP, de la UAECD, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y de la DIAN.

Indicó que no existe posibilidad alguna que, sin desconocer sus funciones y competencias, pueda dar cumplimiento a la sentencia impugnada, toda vez que la función registral que está a su cargo es meramente informativa antes que declarativa de los actos susceptibles de registro.

Adujo que la sentencia omitió pronunciarse acerca de las demás anotaciones que componen el folio de matrícula en mención y no fueron objeto de reproche, dado que tienen relación e interdependencia temporal, formal y sustancial.17

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Solicitó revocar el fallo apelado y, en su lugar, declarar su falta de legitimación por pasiva o, en su defecto, limitar las órdenes impartidas por el a-quo atendiendo a la naturaleza de la función registral.

III.2. El MINISTERIO afirmó que transfirió el predio al Distrito Capital, a quien compete promover las acciones judiciales y administrativas de protección de ese espacio público, de manera que las órdenes impartidas en los numerales 4 º y 5º de la parte resolutiva de la sentencia le resultan de imposible cumplimiento y,

Capital, a quien compete promover las acciones judiciales y administrativas de protección de ese espacio público, de manera que las órdenes impartidas en los numerales 4 º y 5º de la parte resolutiva de la sentencia le resultan de imposible cumplimiento y, mucho menos puede atribuírsele la vulneración del derecho colectivo amparado.

Alegó que, en su caso, se configura la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, deben modificarse los numerales 1º, 4º, 5º y 6º.

III.3. La sociedad PLAY PARK sostuvo que aunque existen pruebas sobre inconsistencias en la actualización del área y linderos del predio el material probatorio no permite concluir que una vez depurado el inmueble a su verdadera dimensión (2.636 m2), esta área corresponda a bienes baldíos, concretamente al que identifica18

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el fallo apelado como “ Camino a Techo ”, pues se trata de un inmueble de propiedad privada del que no puede predicarse la vulneración de derechos colectivos.

Indicó que el “área indebidamente” certificada en el 2010 por parte de la UAECD, produjo una superposición del predio que adquirió de forma legítima, sobre terrenos cuya titulación corresponde al Estado, de acuerdo con el informe rendido por dicha entidad.

de la UAECD, produjo una superposición del predio que adquirió de forma legítima, sobre terrenos cuya titulación corresponde al Estado, de acuerdo con el informe rendido por dicha entidad.

Destacó que el predio “La Gloria” cuenta con un título originario de propiedad consistente en la sentencia declarativa proferida dentro del proceso de pertenencia promovido en el año 1966 por Guillermo Martínez y Soledad Ramírez, decisión que denota su naturaleza particular; sin embargo, el Tribunal le restó relevancia a ello, argumentando que dicha decisión judicial no obraba en el acervo , sugiriendo que el proceso de pertenencia no existió y tampoco el derecho allí declarado.

Adujo que aunque las pruebas allegadas sugi eren que el predio en mención est á dentro del C amino a Techo , algunas refieren la necesidad de consultar escrituras públicas y la cartografía de la zona19

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01

Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

para tener certeza sobre el trazado de dicho camino en todo su recorrido.

Afirmó que las falencias probatorias en torno a la existencia y extensión del presun to “Camino a Techo”, permiten plantear que dicho camino no tiene naturaleza pública, incluso es posible que hubiera sido pensado para servir a un proyecto de naturaleza privada, como una vía de acceso particular al aeropuerto de ese

extensión del presun to “Camino a Techo”, permiten plantear que dicho camino no tiene naturaleza pública, incluso es posible que hubiera sido pensado para servir a un proyecto de naturaleza privada, como una vía de acceso particular al aeropuerto de ese entonces, o bien una servidumbre sobre predios particulares.

Expuso que el Tribunal, sin es tar suficientemente esclarecido y dejando de lado la posibilidad de que bienes particulares se an destinados a uso público sin que ello los convierta en bienes de propiedad del Estado, asumió que era un bien estatal por tratarse de un camino.

Resaltó que de asumir la existencia de ese camino y que el predio La Gloria hacía parte de este, estaría demostrado que fue interrumpido en ciertos tramos por construcciones privadas, como la urbanización Castilla y Bavaria, lo cual pasó por alto el a quo, aun cuando se trata de un hecho que lleva a inferir que el tramado general del camino dejó de cumplir una función de uso público al20

Número único de radicación: 25000-23-24-000-2011-00002-01

Actor: LUIS ALFREDO LOZANO SALGAR

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

punto de que algunas franjas de terreno a los que dio paso ahora son predios particulares con un título de dominio privado.

En su sentir es “altamente preocupante” que el negocio que celebró de buena fe, confiado en la cadena tradición del inmueble en