CE - Sentencia 25000232400020120079103 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19971

Número único de radicación: 250002324000 2012 00791 03

Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.

Demandado: Metrovivienda

Asunto: Expropiación administrativa. Carga de la prueba respecto de la incorrección del precio indemnizatorio . Desconocimiento del principio de congruencia. Reiteración jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida , en primera instancia, el 30 de noviembre de 2018 por el Tribunal Administrativo – Sala Transitoria.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda

1. La Fiduciaria Colmena S.A. 2 (vocera del Fideicomiso Ciudadela Nueva Tibaná Usme, antes Fideicomiso Ciudadela Cafam) 3, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Empresa Industrial y Comercial del Distrito de Bogotá

Usme, antes Fideicomiso Ciudadela Cafam) 3, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Empresa Industrial y Comercial del Distrito de Bogotá

1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”. 2 Hoy Fiduciaria Caja Social. 3 Por intermedio de apoderado.2

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Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.

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– Metrovivienda4, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19975.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 187 del 24 de agosto de 2011, por medio de la cual el Gerente General de Metrovivienda, resolvió entre otras cosas, lo siguiente:

ÁRTÍCULO PRIMERO . OBJETO. Expropiar por vía administrativa del inmueble identificado como la parte restante del lote de terreno denominado Piedra Herrada, de la Vereda el Uval de la ciudad de Bogotá D.C, cuya nomenclatura oficial es la Carrera 4C Este No. 115 -40, identificado con la cédula catastra l No. US 54909, Chip No. AAA01450DFZ y matrícula inmobiliaria 50S-40034532 […].

nomenclatura oficial es la Carrera 4C Este No. 115 -40, identificado con la cédula catastra l No. US 54909, Chip No. AAA01450DFZ y matrícula inmobiliaria 50S-40034532 […].

ARTÍCULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es de MIL CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($1113.671.124,60) MCTE, de acuerdo con el informe Técnico de Avalúo Comercial No. 0043A del 10 de mayo de 2011 practicado por la Unidad Administrativa Especia (sic) de Catastro Distrital […]

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 000213 del 6 de octubre de 2011, por medio del cual el Gerente General de Metrovivienda, decidió el recurso de reposición interpuesto en contra de la Resolución No. 187 de agosto 24 de 2011 y se confirma la misma, disponiendo en la parte resolutiva lo siguiente:

ÁRTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 187 de agosto 24 de 2011 […]

TERCERA: Que se declara la nulidad de la Resolución No. 000222 del 28 de octubre de 2011, por la cual se corrige la Resolución 213 de octubre 6 de 2011 disponiendo

lo siguiente:

ÁRTICULO PRIMERO: Corregir el ARTICULO PRIMERO de la 213 del 6

de octubre de 2011, en los siguientes términos:

lo siguiente:

ÁRTICULO PRIMERO: Corregir el ARTICULO PRIMERO de la 213 del 6

de octubre de 2011, en los siguientes términos:

ARTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 187 de agosto 24 de 2011, por medio de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del inmueble identificado como lote de terreno denominado Piedra Herrada, de la Vereda el Uval de

la ciudad de Bogotá D.C, cuya nomenclatura oficial es la Carrera 4C Este No. 115-40, identificado con la cédula catastral No. US 54909, Chip No. AAA0145ODFZ y matrícula inmobiliaria 50S-40034532.

4 Hoy Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá. 5 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.3

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Pretensiones declarativas subsidiarias

PRIMERA: Que se declare la nulidad del ARTÍCULO TERCERO, de la Resolución No. 187 del 24 de agosto del 2011, por medio de la cual el Gerente General de Metrovivienda, fijó el valor del precio indemnizatorio con ocasión de la expropiación, sobre la parte restante del lote de terreno denominado Piedra Herrada, de la

siguiente manera:

Metrovivienda, fijó el valor del precio indemnizatorio con ocasión de la expropiación, sobre la parte restante del lote de terreno denominado Piedra Herrada, de la siguiente manera:

ÁRTÍCULO TERCERO. VALOR DEL PRECIO INDEMNIZATORIO. El valor del precio indemnizatorio de la expropiación que se ordena por la presente resolución es de MIL CIENTO TRECE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS SESENTA CENTAVOS ($1.113.671.124,60) MCTE, de acuerdo con el informe Técnico de Avalúo Comercial No. 0043 del 10 de mayo de 2011 practicado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital […]

SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución No. 000213 del 6 de octubre de 2011, corregida por la Resolución No. 000222 del 28 de octubre de 2011, en cuanto a la confirmatoria del ART ÍCULO TERCERO, de la Resolución No. 187 de agosto 24 de 2011, por medio de la cual el Gerente General de Metrovivienda, fijó el valor del precio indemnizatorio con ocasión de la expropiación, sobre la parte restante del lote de terreno denominado Piedra Herrada, disponiendo en la parte

resolutiva lo siguiente:

ÁRTICULO PRIMERO: Confirmar en todas sus partes la Resolución No. 187 de agosto 24 de 2011, por medio de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del inmueble identificado como lote de terreno denominado Piedra Herrada, de la Vereda el Uval de la ciudad de Bogotá

187 de agosto 24 de 2011, por medio de la cual se ordena la expropiación por vía administrativa del inmueble identificado como lote de terreno denominado Piedra Herrada, de la Vereda el Uval de la ciudad de Bogotá D.C, cuya nomenclatura oficial es la Carrera 4C Este No. 115-40, identificado con la cédula catastral No. US 54909, Chip No. AAA0145ODFZ y matrícula inmobiliaria 50S-40034532.

Pretensiones principales condenatorias.

PRIMERA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones declarativas, sean principales o subsidiarias, se pague al FIDEICOMISO CIUDADELA NUEVA TIBANA – USMÉ, antes FIDEICOMISO CIUDADELA CAFAM - USME, a título de

daño emergente los siguientes:

1.- El valor del inmueble expropiado a razón de ciento mil pesos ($100.000,00) moneda corriente, por cada m 2, valor determinado en la constitución de la Fiducia Mercantil, ó (sic) el valor que se demuestre en el proceso.

2.- El valor estimado en la suma de Ciento Cincuenta Millones de pesos ($150.000.000,00) Moneda Corriente, por concepto de gastos que ha tenido que soportar mi poderdante en razón a la expropiación realizada (honorarios de abogados y peritos, etc), ó (sic) el valor que se demuestre en el proceso.

SEGUNDA: Que se condene a la demandada Metrovivienda a pagar a favor de la demandante las costas del proceso.

TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y

SEGUNDA: Que se condene a la demandada Metrovivienda a pagar a favor de la demandante las costas del proceso.

TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y

177 del Código Contencioso Administrativo.

Pretensiones subsidiarias condenatorias.4

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PRIMERA: Como consecuencia de las anteriores pretensiones declarativas, sean principales o subsidiarias, se pague al "FIDEICOMISO CIUDADELA NUEVA TIBANA - USME" ". antes FIDEICOMISO CIUDADELA CAFAM - USME, a título de

daño emergente los siguientes:

1.- El valor del inmueble expropiado a razón de Noventa y siete Mil Pesos ($97.000), el metro cuadrado (m 2), para un total de QUINCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($15.542.785.300,00), valor este determinado por la perito LUCILA HURTADO PENA, por virtud de la prueba anticipada practicada ante el Juzgado Trece Administrativo de Descongestión de Bogotá D.C.

2.- El valor estimado en la suma de Ciento Cincuenta Millones de pesos ($150.000.000,00) Moneda Corriente, por concepto de gastos que ha tenido

Descongestión de Bogotá D.C.

2.- El valor estimado en la suma de Ciento Cincuenta Millones de pesos ($150.000.000,00) Moneda Corriente, por concepto de gastos que ha tenido que soportar mi poderdante en razón a la expropiación realizada (honorarios de abogados y peritos, etc.), ó (sic) el valor que se determine en el proceso.

SEGUNDA: Que se condene a la demandada Metrovivienda a pagar a favor del demandante las costas del proceso.

TERCERA: Que se ordene dar cumplimiento a lo normado en los artículos 176 y

177 del Código Contencioso Administrativo.”6

Presupuestos fácticos

3. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones:

3.1. El Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto 266 de 2003, anunció la puesta en marcha del “Proyecto Urbanístico Integral Nuevo Usme ”, comprendiendo las Operaciones Estructurantes “Nuevo Usme” y “Puerta al Llan o” dentro del Plan de Ordenamiento Territorial.

3.2. El Distrito de Bogotá, a través del Decreto 252 de 2007, adoptó formalmente la "Operación Nuevo Usme - Eje de Integración Llanos" y el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme.

3.3. Mediante Escritura Pública núm. 1087 de 30 de abril de 2008 se constituyó la Fiducia Mercantil entre la Organización Constructora Construmax S.A., el Grupo Inmobiliario y Constructor Valor S.A. y el Consorcio Obras DIF -USME, actuaron como fideicomitentes d esarrolladores y promotores; Arquímedes Octavio Romero

Inmobiliario y Constructor Valor S.A. y el Consorcio Obras DIF -USME, actuaron como fideicomitentes d esarrolladores y promotores; Arquímedes Octavio Romero Moreno, Sandra Esperanza Romero Quigua e Inversiones A. Romero M y Cía. S. en C., fungieron como fideicomitentes aportantes de algunos inmuebles; y Fiduciaria

6 Samai, archivo “4ED_C1_01 OTROS - CUADERNO PRINCIPAL 1”, páginas 5 a 8.5

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Colmena S.A., desempeñó el rol de fiduciaria, cuyo objeto correspondía al desarrollo de un macroproyecto de 28.000 viviendas VIS y de 600.000 m² de inmuebles comerciales y en el parágrafo 3.° del artículo 5.° se comprometieron “a adquirir y aportar a los lotes que sean necesarios y suficientes para el desarrollo de vivienda de interés social a razón de $ 100.000 metro cuadrado”.

3.4. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, a partir de septiembre de 2008, suspendió el macroproyecto referido por no estar incluido en el CONPES 3533 de 2007, según oficio de junio de 2009 dirigido a Metrovivienda.

3.5. El Distrito de Bogotá, por medio de l Decreto 438 de 28 de septiembre de

3533 de 2007, según oficio de junio de 2009 dirigido a Metrovivienda.

3.5. El Distrito de Bogotá, por medio de l Decreto 438 de 28 de septiembre de 2009, adoptó el Plan Parcial Tres Quebradas, redefiniendo el marco urbanístico del área.

3.6. El Distrito de Bogotá, mediante Decreto 465 de 20 de octubre de 2009, declaró la existencia de condiciones de urgencia por utilidad pública social y se autoriz ó a Metrovivienda para expropiar unos predios por vía administrativa ubicados dentro del área del Plan Parcial Tres Quebradas.

3.7. Metrovivienda, mediante Resolución 137 de 13 de junio de 2011, convocó al fiduciario a vincularse al desarrollo de la Unidad de Gestión Tres Quebradas, proceso del cual Fiduciaria Colmena se desistió el 9 de febrero de 2012 referente al inmueble con matrícula inmobiliaria 505-40034532.

3.8. Metrovivienda, mediante Resolución núm. 0187 de 24 de agosto de 2011, decretó la expropiación del inmueble denominado lote “Piedra Herrada” con matrícula inmobiliaria 505-40034532 y fijó el precio indemnizatorio en la suma de $1.113.671.124,60, basándose en el avalúo núm. 0043A de 10 de mayo de 2011.

3.9. La parte demandante, c ontra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, fundado en la falta de “imparcialidad” del avalúo oficial, al contrastarlo

3.9. La parte demandante, c ontra la anterior decisión interpuso recurso de reposición, fundado en la falta de “imparcialidad” del avalúo oficial, al contrastarlo con el peritaje comercial de Bancol S.A. que arrojó un valor de $16.343.960.820,00.

3.10. Metrovivienda, mediante Resolución núm. 000213 de 6 de octubre de 2011, confirmó la Resolución núm. 0187 de 24 de agosto de 2011 , esta última corregida a través de la Resolución núm. 000222 del 28 de octubre de 2011, quedando ejecutoriada el 24 de noviembre siguiente.6

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3.11. La parte demandante, el 26 de octubre de 2011 , presentó ante los Juzgados Administrativos de Bogotá, petición para practicar prueba pericial anticipada que determinara el valor comercial real del inmueble expropiado.

3.12. El Juzgado 13 Administrativo de Descongestión de Bogotá , mediante providencia de 11 de enero de 2012, designó como perito a Lucila Hurtado Peña, quien fijó un valor comercial de $97.000 m², arrojando un total indemnizable de $15.542.785.300,00.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

quien fijó un valor comercial de $97.000 m², arrojando un total indemnizable de $15.542.785.300,00.

Normas violadas

4. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 29, 58 y 209 de la Constitución Política. • Artículo 1.° del Decreto 422 de 8 de marzo de 20007. • Artículo 3. ° del Decreto 1420 de 24 de julio de 19988. • Artículo 9.° de la Resolución 620 de 23 de septiembre de 20089. • Artículo 61, de la Ley 388 de 18 de julio de 199710. • Artículo 19 del Decreto 1420 de 24 de julio de 199811.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó su concepto de la

violación, así:

Avalúo falto de imparcialidad e independencia

5.1. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital elaboró el avalúo núm. 2011-0043A de 10 de mayo de 2011, entidad que actúa bajo las mismas directrices de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y , además, cumple mancomunadamente los

7 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 50 de la Ley 546 de 1999 y los artículos 60, 61 y 62 de la Ley 550 de 1999”. 8 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150

Ley 550 de 1999”. 8 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto-ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos” 9 “Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997” 10 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones.” 11 “Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto -ley 2150 de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del Decreto-ley 151 de 1998, que hacen referencia al tema de avalúos”7

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objetivos con la entidad expropiante . Lo anterior, afectó la neutralidad e incumplió el artículo 1.° del Decreto 422 de 2000, que exige que los avalúos sean realizados por entidades sin interés en el resultado.

objetivos con la entidad expropiante . Lo anterior, afectó la neutralidad e incumplió el artículo 1.° del Decreto 422 de 2000, que exige que los avalúos sean realizados por entidades sin interés en el resultado.

5.2. Aunque el artículo 61 de la Ley 388 de 1997 faculta al Catastro Distrital para emitir avalúos, la misma ley prevé alternativas para evitar parcialidad, como la intervención del IGAC o peritos privados independientes. Sin embargo, en este caso, se desconoce dicho principio, toda vez que la entidad avaluadora está alineada con los intereses de la expropiante, violando el artículo 67 de la Ley 388 y su reglamentación en el Decreto 1420. Además, el conflicto de interés configura una causal de impedimento bajo el artículo 72 de la Ley 550 de 1999.

Falsa motivación en la objetividad del avalúo

5.3. La experticia avaluadora adolece de falsa motivación al aplicar indebidamente el método de “las rentas o ingresos (producción de papa)”, conforme al artículo 2.° de la Resolución 620 de 2008 del IGAC, método que solo es procedente para predios construidos con fines comerciales, industriales o de vivienda, no para terrenos rurales sin edificación. Este error metodológico desvirtúa el avalúo, pues confunde la actividad temporal, como el cultivo de papa, con el uso real y futuro del predio, el cual está destinado a desarrollo de vivienda VIP, VIS, comercio e industria, según la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas (Decreto 438 de 2009).

5.4. Metrovivienda, mediante la Resolución núm. 0138 de 13 de junio de 2011,

según la Unidad de Gestión 2 del Plan Parcial Tres Quebradas (Decreto 438 de 2009).

5.4. Metrovivienda, mediante la Resolución núm. 0138 de 13 de junio de 2011, reconoció el derecho del propietario a aportar pruebas para determinar la indemnización, pero, a su vez, ignoró deliberadamente el avalúo comercial de 17 de agosto de 2011, emitido por Bancol S.A., que , a su juicio, aplicó correctamente el método residual (artículo 40 de la Resolución 620), basado en el valor de desarrollo del terreno conforme a su potencial urbanístico. Este avalúo sí cumple con el concepto de valor comercial definido en el artículo 2 del Decreto 14 20 de 1998, como el precio de mercado en condiciones de libre transacción, considerando las condiciones físicas y jurídicas del inmueble.

5.5. Lo expuesto quedó acreditado con la prueba pericial anticipada del Juzgado 13 Administrativo de Bogotá, la cual, mediante el dictamen rendido por Lucila Hurtado8

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Peña, fijó el valor comercial del predio en $97.000/m², totalizando $15.542.785.300, cifra muy superior al avalúo distrital.

Falsa motivación en la veracidad del monto de la expropiación

5.6. Los actos expropiatorios no observan valores de mercado objetivamente

cifra muy superior al avalúo distrital.

Falsa motivación en la veracidad del monto de la expropiación

5.6. Los actos expropiatorios no observan valores de mercado objetivamente demostrados, pues, mediante escritura pública núm. 1214 de 27 de marzo de 2001, donde un predio adyacente –transferido al IDRD– fue valorado en $24.000/m², cifra superior al monto ofrecido en el presente proceso. Así, la parte demandada desestimó sin justificación criterios de valoración históricos y comparativos.

5.7. Además, Metrovivienda no podía fija r un precio inferior a los $100.000/m² establecidos en la fiducia mercantil que incluía el predio expropiado (cláusula tercera, parágrafo quinto del contrato respectivo). La contradicción evidencia un quebrantamiento del principio de veracidad ( artículo 209 Constitución Política), al prescindir de datos fehacientes que reflejan el valor comercial real. Tal arbitrariedad se agrava al omitir la jurisprudencia constitucional que prohíbe reducir la indemnización al mero avalúo administrativo, exigiendo ponder ar pruebas que garanticen equidad (Sentencia C-595 de 2015).

No tuvo la oportunidad de controvertir el avalúo frente a la congelación de precios

5.8. Metrovivienda incurrió en una grave vulneración del debido proceso administrativo al sustentar el precio indemnizatorio exclusivamente en el Avalúo núm. 0043A de 10 de mayo de 2011, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, sin permitir su contradicción por parte de

administrativo al sustentar el precio indemnizatorio exclusivamente en el Avalúo núm. 0043A de 10 de mayo de 2011, elaborado por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital - UAECD, sin permitir su contradicción por parte de los afectados. Si bien la Ley 388 no exige traslado previo del avalúo, el artículo 57 del Código Contencioso Administrativo garantiza el derecho a controvertir pruebas, incluyendo dictámenes periciales, confo rme a las reglas del Código de Procedimiento Civil.

5.9. El procedimiento adoptado por Metrovivienda es ilegal al basarse en avalúos “de referencia” establecidos en el Decreto Distrital 266 de 2003, el cual nunca fue notificado a los expropiados y que, mediante artículos como el 57 del Decreto 252 de 2007 y el parágrafo del artículo 32 del Decreto 438, perpetuó valores desactualizados. La práctica anterior constituye una “congelación encubierta ” de9

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precios, pues el artículo 61 de la Ley 388 exige que el valor comercial se determine al momento de la oferta de compra, no mediante actualizaciones inflacionarias de avalúos obsoletos. Además, el artículo 19 del Decreto 1420 limita la vigencia de los avalúos a un año, invalidando cualquier intento de extender su aplicabilidad por seis años o más.

avalúos obsoletos. Además, el artículo 19 del Decreto 1420 limita la vigencia de los avalúos a un año, invalidando cualquier intento de extender su aplicabilidad por seis años o más.

5.10. En este sentido, la parte demandada ignoró el mandato del artículo 61 de la Ley 388 de 1997, que prohíbe incluir en el precio indemnizatorio la plusvalía generada por el proyecto de utilidad pública. No obstante, al recurrir a avalúos de 2003 “actualizados”, Metrovivienda distorsionó el valor real del inmueble, incorporando indirectamente plusvalías ilegítimas. Peor aún, el Decreto 266 de 2003 y sus normas complementarias fueron interpretados de manera contraria a la Constitución, al equiparar los “avalúos de referencia ” (útiles para cálculo de plusvalías) con los avalúos definitivos para expropiación, lo que desnaturaliza el principio de indemnización integral (artículo 58 de la Constitución Política).

5.11. El Distrito, a través de Metrovivienda, ha aplicado de manera indebida el Decreto 266 de 2003 y sus actualizaciones, pretendiendo validar avalúos obsoletos como base para expropiaciones, lo cual no solo desconoce el artículo 61 de la Ley 388, sino que vulnera el principio de legalidad, al subordinar una ley nacional a decretos distritales restrictivos de derechos.

5.12. El parágrafo 2 del artículo 61 de la Ley 388 y el Decreto 1420 de 1998 son claros: el avalúo debe ser nuevo, realizado al momento de la negociación o expropiación, y su vigencia no puede extenderse mediante actualizaciones artificiales.

Falta de vinculación al procedimiento administrativo de “los demás

claros: el avalúo debe ser nuevo, realizado al momento de la negociación o expropiación, y su vigencia no puede extenderse mediante actualizaciones artificiales.

Falta de vinculación al procedimiento administrativo de “los demás participantes de la fiducia mercantil”

5.13. El acto administrativo demandado adolece de nulidad por violación al debido proceso, al desconocer los derechos fiduciarios de los demás participantes en el fideicomiso “Ciudadela Nueva Tibana -Usme”. Metrovivienda limitó su actuación a notificar únicamente al patrimonio autónomo, excluyendo a los fideicomitentes y beneficiarios identificados en la escritura pública núm. 1087 de 30 de abril de 2008, entre ellos, la Organización Constructora Construmax S.A., Inversiones A. Romero10

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M. y Cía. S. en C., y los fideicomitentes aportantes (Arquímedes Octavio Romero

Moreno y Sandra Esperanza Romero Quigua).

5.14. La Administración no integró al procedimiento expropiatorio a todos los intervinientes del fideicomiso, pese a que la medida afecta directamente sus derechos económicos y expectativas legítimas derivadas del contrato fiduciario. El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil —aplicable por remisión del artículo 57 del Código Contencioso Administrativo — exige la vinculación de todos los

derechos económicos y expectativas legítimas derivadas del contrato fiduciario. El artículo 83 del Código de Procedimiento Civil —aplicable por remisión del artículo 57 del Código Contencioso Administrativo — exige la vinculación de todos los titulares de derechos afectados, máxime cuando la expropiación no solo incide sobre el dominio del inmueble, sino también sobre los perjuicios derivad os de la frustración del objeto fiduciario (desarrollo del proyecto urbanístico).

La parte demandada no se pronunció sobre las solicitudes interpuestas por la parte demandante – inexistencia de renuencia

5.15. Metrovivienda consideró la existencia de la renuencia de manera simple y ligera, sin pronunciarse sobre las propuestas y formulas expresadas a través de las comunicaciones: i) radicado núm. E -2011-003600, denominado “Propuesta Desarrollo Directo Obras de Urbanismo Unidad de gestión 2”; ii) radicado núm. E2011-003812, denominado “Reconsideración a Propuesta Desarrollo Directo Obras Urbanismo Unidad de gestión 2”; iii) documento denominado “Respuesta a Oferta de Compra” documento este a través del cual se allegó un avalúo comercial.

5.16. Por lo expuesto se desconoció el artículo 32 del Decreto 438 de 2009, toda vez que no existe una renuencia a la participación voluntaria del titular del derecho de dominio.

Incumplimiento del objeto esencial de generación y promoción de vivienda de interés social

5.17. El inmueble objeto de expropiación comprende una parte destinada a zonas de uso residencial, vivienda VIP y VIS y, otra parte, asignada a zonas de uso múltiple en industria y servicios, circunstancia que contrasta y contradice abiertamente el fin

5.17. El inmueble objeto de expropiación comprende una parte destinada a zonas de uso residencial, vivienda VIP y VIS y, otra parte, asignada a zonas de uso múltiple en industria y servicios, circunstancia que contrasta y contradice abiertamente el fin público invocado para justificar la expropiación, ya que no existe correspondencia alguna entre la totalidad del área expropiada y las necesidades reales de11

Número único de radicación: 250002324000 2012 00791 03

Demandante: Fiduciaria Colmena S.A.

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Metrovivienda, evidenciándose así que la medida adolece de ilegalidad por carencia de objeto y causa.

Contestación de la demanda

6. Metrovivienda12 contestó la demanda, y se opuso a las pretensiones de la parte

demandante13, así:

Frente al avalúo falto de imparcialidad e independencia

6.1. La Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital cumplió las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi a nivel Distrital y, en consecuencia, estaba facultada para realizar los avalúos, para determinar el valor a pagar en la expropiación por vía administrativa, con lo cual, a su juicio, no existe impedimento o conflicto de intereses.

Frente a la falsa motivación en la objetividad en el avalúo y en la veracidad del monto de la expropiación

6.2. El avalúo de Bancol S.A., aportado al proceso administrativo y demanda de

o conflicto de intereses.

Frente a la falsa motivación en la objetividad en el avalúo y en la veracidad del monto de la expropiación

6.2. El avalúo de Bancol S.A., aportado al proceso administrativo y demanda de nulidad y restablecimiento, incurre en graves inconsistencias, pues aunque utiliza el método comparativo de mercado, incumple flagrantemente lo dispuesto en el artículo 10 de la Resolución 620, al omitir indicar la fuente y fecha de publicación de las ofertas tomadas como referencia.

6.3. Además, el avalúo referido presenta graves inexactitudes en la descripción del predio: i) lo ubica erróneamente en el barrio La Esperanza de Usme, cuando en realidad corresponde a una zona de expansión rural; ii) afirma falsamente que el lote está listo para desarr ollo, ignorando la falta de obras de urbanización necesarias; y iii) equi