CE - Sentencia 25000232400020120088201 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Código Contencioso

Administrativo Radicado: 25000-23-24-000-2012-00882-01

Demandante: Departamento del Casanare Demandada: Nación - Ministerio de Minas y Energía Tesis: No se configura el defecto procedimental por “exceso ritual manifiesto ” cuando la s decisiones adoptadas por el ad quo son el resultado directo de la inobservancia de las cargas y oportunidades procesales que tenía el recurrente para adecuar su actuación.

No se configura el silencio administrativo negativo cuando la notificación del auto admisorio de la demanda se declara nula y la entidad pública respondió la petición antes de la nueva admisión de la demanda.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Sub-sección “A”, el 9 de diciembre de 2021.

I. DEMANDA 1.1. Las pretensiones2

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Demandante: Departamento del Casanare

I. DEMANDA 1.1. Las pretensiones2

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Demandante: Departamento del Casanare

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1. El Departamento del Casanare 1, en adelante la parte demandante, presentó demanda2 contra el Ministerio de Minas y Energía, en adelante la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho 3. En esta demanda se presentaron las siguientes pretensiones4:

“1. Que se declare que operó el silencio negativo presunto, teniendo en cuenta que el Ministerio de Minas y Energía no dio respuesta a la petición escrita y formal presentada por el Departamento Casanare ( sic) el día 20 de mayo de 2011.

2. Que se declare la nulidad del acto generado por la ocurrencia del silencio administrativo negativo, derivado de la falta de respuesta definitiva a la petición impetrada ante el Ministerio de Minas y Energía el día 20 de mayo de 2011.

3. Que a título de restablecimiento del derecho se condene a la Nación, Ministerio de Minas y Energía a liquidar y pagar las siguientes sumas de dinero:

a. Setenta y un mil trescientos noventa y dos mil millones trescientos ochenta y cuatro mil ciento sesenta y seis pesos ($71.392.384.166), por concepto del 70% que (sic) del 12% de regalías adicionales de que trata el artículo 39 de la Ley 756 de 2002, le corresponde al Departamento desde julio de 2010 hasta la

70% que (sic) del 12% de regalías adicionales de que trata el artículo 39 de la Ley 756 de 2002, le corresponde al Departamento desde julio de 2010 hasta la fecha de la sentencia , monto que realmente corresponde al Departamento Casanare (Sic), según explicaré más adelante.

b. Como consecuencia de lo anterior, el valor que por concepto de los rendimientos financieros de los dineros de capital antes citado, y que mes a mes, hasta la fecha de ejecutoria del fallo, dejó de liquidar el Ministerio (septiembre de 2010, fecha de liquidación provisional de regalías del mes de julio de 2010), teniendo en cuenta para su liquidación el Ministerio debe contar a partir del día siguiente de la reversión del contrato de asociación (1 de julio de 2010)

c. Que en el evento que se adelante una liquidación con el correspondiente pago parcial, se continúe con la presente acción sobre los excedentes pretendidos.

4. Que se ordene la actualización de las sumas antes citadas

5. Que se ordene el pago de los intereses comerciales y moratorios respectivos

6. Que la sentencia se cumpla en los términos de los artículos 176 y siguientes del C.C.A.”

1 Por intermedio de apoderado. 2 Cuaderno No. 1, Folios 11 al 19. 3 Previsto en el artículo 83 del Decreto 01 de 1984 “[…] Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]” 4 Cuaderno No. 1, Folios 11 y 12.3

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4 Cuaderno No. 1, Folios 11 y 12.3

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1.2. El Acto administrativo demandado

2. El acto acusado es el acto administrativo ficto derivado del silencio administrativo negativo por falta de respuesta del Ministerio de Minas y Energía a la petición presentada por el Departamento de Casanare el día 20 de mayo de 2011.

A continuación, se presenta la transcripción de la petición referida:

“1. Liquidar el porcentaje que por regalías petroleras, le corresponde al Departamento de Casanare, a partir de Julio de 2010, en aplicación del mandato legal del Art 39 de la Ley 762 de 2002, por la revisión de los contratos de asociación citados hechos (S ic), en cuanto a los efectos por concepto de la reversión.

2. Liquidar los correspondientes rendimientos financieros, producto de la liquidación anterior, donde discrimine campo de producción mes a mes, desde Julio de 2010 a la fecha, lo anterior teniendo en cuenta que la no liquidación y giro de estos saldos no imputables a la entidad beneficiaria, los rendimientos le pertenecerán a ésta, conforme a las razones que se han dejado explicadas.

3. Comunicar a Agencia Nacional de Hidrocarburos para que en el giro siguiente se incluya por separado los valores correspondientes capital (sic) e intereses, discriminan (sic) qué recursos corresponden al capital mes a mes y cuáles a interés.

3. Comunicar a Agencia Nacional de Hidrocarburos para que en el giro siguiente se incluya por separado los valores correspondientes capital (sic) e intereses, discriminan (sic) qué recursos corresponden al capital mes a mes y cuáles a interés.

4. En caso de no liquidar ni ordenar el giro, por no ser beneficiario del Departamento de la participación de las regalías antes citadas, ex pedir acto administrativo, para agotar vía gubernativa, y así proceder a solicitar la correspondiente conciliación prejudicial , ante el Procurador Administrativo

Delegado.

5. Para la respuesta y que se efectivicen del derecho adquirió (sic) por mandato legal, comedidamente solicito se aplique los términos fijados, para dar respuesta al derecho de petición, determinado en el Código Contencioso Administrativo, que de conformidad al Art 1 del mismo aplica para entidad (sic) que usted representa”.

1.3. Presupuestos fácticos

3. Señaló que e l 11 de junio de 1982 Ecopetrol S.A. suscribió un contrato de exploración y explotación con Triton Colombia Inc. para el sector de “ Santiago de Atalayas” ubicado en el Departamento de Casanare. Dicho contrato tenía un término máximo de duración de 28 años.4

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4. Indicó que el 8 de agosto de 2002 el Gerente de Región Piedemonte de

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4. Indicó que el 8 de agosto de 2002 el Gerente de Región Piedemonte de Ecopetrol S.A., Gabriel Osorio Lopera, le aclaró a la Gobernación del Departamento de Casanare que el contrato de exploración y explotación referido anteriormente finalizaría el 30 de junio de 2010.

5. Señaló que mediante comunicación del 20 de mayo de 2011, la Gobernación del Departamento de Casanare presentó derecho de petición dirigido al Ministerio de Minas y Energía en el que solicitaba liquidar el porcentaje de regalías que le corresponde al Departamento y los intereses por concepto de reversión de los bienes con ocasión a la terminación del contrato de exploración y explotación para el sector de “Santiago de Atalayas”.

6. Manifestó que mediante comunicación del 13 de junio de 2011, el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía, Julio César Vera Díaz, le respondió al Departamento del Casanare, indicándole que no era procedente aplicar el trámite de derecho de petición a la solicitud del Departamento toda vez que se requería expedir un acto administrativo para resolver de fondo y para poder agotar la vía gubernativa solicitada. Además, en la misma comunicación, el Ministerio de Minas y Energía precisó que estaría resolviendo de fondo la solicitud el día 30 de junio de

2011.

7. Indicó que mediante comunicación del 7 de septiembre de 2011, el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía le informó al Departamento que la

2011.

7. Indicó que mediante comunicación del 7 de septiembre de 2011, el Director de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía le informó al Departamento que la Dirección en conjunto con la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio se encontraban estudiando los documentos técnicos y legales de la reversión del campo Cusiana con el fin de expedir el acto administrativo que res olvía la solicitud del 20 de mayo de 2011.

8. Señaló que habiendo transcurrido más de 3 meses sin obtener respuesta por parte del Ministerio de Minas y Energía, operó el silencio administrativo negativo frente a su petición, conforme a lo señalado por el artículo 40 del Código

Contencioso Administrativo (en adelante C.C.A.).5

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9. Finalmente, señaló que el 16 de septiembre de 2011 presentó solicitud de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría Delegada para Casanare, audiencia a la que el Ministerio de Minas y Energía no asistió.

1.3. Normas violadas

10. La parte demandante consideró vulnerados los artículos 6, 122, 332 y 360 de la Constitución Política, el artículo 39 de la Ley 756 de 2002, el artículo 1 del Decreto 625 de 1996 y el numeral 24 del artículo 12 del Decreto 70 de 2001, por la falta de

Constitución Política, el artículo 39 de la Ley 756 de 2002, el artículo 1 del Decreto 625 de 1996 y el numeral 24 del artículo 12 del Decreto 70 de 2001, por la falta de respuesta de la parte demandada y el incumplimiento de la obligación del Ministerio de Minas y Energía de liquidar las regalías correspondientes al Departamento de Casanare.

1.4. Concepto de la violación

11. En primer lugar, manifestó que en el presente caso operó el silencio administrativo negativo por parte del Ministerio de Minas y Energía. Como fundamento de esta manifestación, argumentó que habría transcurrido más de tres meses desde la presentación de la petición del 20 de mayo de 2011 sin haber obtenido una respuesta por parte de la entidad. Adicionalmente, señaló que el Ministerio se habría limitado a expedir oficios en los que se difería la respuesta condicionándola a circunstancias ocurridas al interior de dicha entidad.

12. Señaló que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional que se desprende de las sentencias T-720 de 2003, T -669 de 2003, T -249 de 2001, T -529 de 1995, T164 de 1998 y T814 de 2005, las respuestas emitidas por el Ministerio de Minas y Energía no habrían adoptado una decisión de fondo y, en consecuencia, no podían ser consideradas como válidas o suficientes ante el peticionario.

13. Con fundamento en lo expuesto, advirtió que el acto administrativo ficto negativo del Ministerio de Minas y Energía desconoció lo dispuesto en los artículos 332 y 360 de la Constitución Política.6

13. Con fundamento en lo expuesto, advirtió que el acto administrativo ficto negativo del Ministerio de Minas y Energía desconoció lo dispuesto en los artículos 332 y 360 de la Constitución Política.6

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14. Destacó que de estos artículos de la Constitución Política se desprende que las regalías provenientes de la explotación de hidrocarburos son un derecho de participación económica de las entidades territoriales. Por consiguiente, la omisión de la liquidación de las regalías por concepto de la reversión implicaría que el Ministerio de Minas y Energía se estaría atribuyendo indebidamente unos recursos que por mandato constitucional les corresponden a las entidades territoriales.

15. Además, sostuvo que el Ministerio de Minas y Energía vulneró los artículos 6 y 120 de la Constitución Política. Como fundamento de ello resaltó que los servidores públicos son responsables por omisión o extralimitación en ejercicio de sus funciones, por lo que el Ministerio de Minas y Energía habría omitido el cumplimiento de sus funciones al no realizar las liquidaciones de regalías de conformidad con el artículo 1 del Decreto 625 de 1996 y el numeral 24 del artículo 12 del Decreto 70 de 2001, en los términos del artículo 39 de la Ley 756 de 20025.

16. Señaló que de acuerdo con los cálculos realizados por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Casanare respecto de los contratos de

2001, en los términos del artículo 39 de la Ley 756 de 20025.

16. Señaló que de acuerdo con los cálculos realizados por la Secretaría de Hacienda del Departamento de Casanare respecto de los contratos de hidrocarburos que se revertieron a la Nación desde julio de 2010 a junio de 20116, el Ministerio de Minas y Energía le adeuda por concepto de las liquidaciones no realizadas la suma de $71.392.384.166.

17. Por último, expresó que el Departamento también es propietario de los rendimientos financieros de las regalías y que no ent endía la razón por la que no habían sido entregados . Sobre el particular , adujo que tomando como base lo dispuesto en los Conceptos del 30 de octubre de 1996 con radicado No. 906 y de 30 de abril de 2008 con radicado No. 1881 de esta Corporación, sobre la propiedad de los frutos civiles del capital adeudado , los rendimientos financieros producto de las regalías son de propiedad de las entidades territoriales.

5 Ley 756 de 2002, art. 39. “ARTÍCULO 39. En los campos de los contratos de asociación o concesión que finalicen o reviertan a la Nación, fíjese un 12% de regalía adicional sobre la producción básica, la cual se repartirá en un treinta por ciento (30%) para el municipio productor y un setenta por ciento (70%) para el departamento productor. El presente artículo regirá a partir de la sanción de la presente ley, incluso para campos cuyos contratos de asociación o concesión hayan revertido a la Nación a partir del 1o. de enero de 1994”. 6 Cuaderno No. 1, Folio 70.7

la presente ley, incluso para campos cuyos contratos de asociación o concesión hayan revertido a la Nación a partir del 1o. de enero de 1994”. 6 Cuaderno No. 1, Folio 70.7

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18. Para acreditar el valor total no liquidado y adeudado por parte del Ministerio de Minas y Energía al Departamento, solicitó designar a la Universidad Industrial de Santander o a un experto de reconocida idoneidad de la lista de auxiliares de la justicia con el fin de que emitiera un dictamen dirigido a lo siguiente: i) comparar la producción total de hidrocarburos y gas entregada por el Ministerio de Minas y Energía desde junio del 2010 a la fecha de presentación de la demanda con lo pagado en regalías al Departamento de Casanare y adelantar la correspondiente liquidación; ii) determinar el valor de lo que se omitió liquidar en favor del Departamento de Casanare por concepto de la reversión del contrato de “Santiago de Atalayas” y aplicando lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 756 de 2002; y iii) en evento de que para el momento del dictamen existiera una liquidación, se debería revisar la liquidación y realizar la actualización de los rendimientos financieros generados.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

19. El 10 de abril de 2012 el Ministerio de Minas y Energía presentó contestación de la demanda7 con fundamento en los siguientes argumentos:

generados.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

19. El 10 de abril de 2012 el Ministerio de Minas y Energía presentó contestación de la demanda7 con fundamento en los siguientes argumentos:

20. En primer lugar, señaló que la parte demandante no había agotado la vía gubernativa. Indicó que el Ministerio le informó oportunamente al Departamento de Casanare que a la solicitud presentada no se le podía dar trámite como derecho de petición, toda vez que era necesario expedir un acto administrativo que resolviera de fondo y que le permitiera agotar la correspondiente vía gubernativa.

21. Manifestó que en el presente caso no se habría materializado el silencio administrativo toda vez que la Dirección de Hidrocarburos, a través de la Resolución No. 124113 del 26 de marzo de 2012, respondió que no accedía a la solicitud del Departamento sobre la liquidación de las regalías en la forma establecid a en el artículo 39 de la Ley 756 de 2002 . Sobre este punto, indicó que la entidad (para el

7 Cuaderno No. 1, Folios 88 al 109.8

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momento de la contestación) aún se encontraba surtiendo los trámites de notificación de la resolució n referida y que contra la misma procedía recurso de reposición para que el Departamento pu diera agotar la vía gubernativa , en los

momento de la contestación) aún se encontraba surtiendo los trámites de notificación de la resolució n referida y que contra la misma procedía recurso de reposición para que el Departamento pu diera agotar la vía gubernativa , en los términos del artículo 28 de la Ley 10 de 1961.

22. En este orden de idea s, alegó que la decisión contenida en la Resolución No. 124113 del 26 de marzo de 2012 no era susceptible de ser controvertida ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y que la audiencia de conciliación como requisito de procedibilidad no podía llevarse a cabo.

23. En segundo lugar, destacó que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134

D del C.C.A., cuando se trate acciones de nulidad y restablecimiento del derecho la competencia territorial se determina por el lugar en el que se expidió el acto administrativo objeto de demanda o en el domicilio del demandante siempre que la entidad demandada tenga oficinas en ese mismo lugar 8. En consecuencia, advirtió que el Tribunal competente no era el de Casanare sino el de Cundinamarca toda vez que el presunto acto administrativo ficto se habría originado en la ciudad de Bogotá, donde el Ministerio de Minas y Energía tiene su único domicilio.

24. En tercer lugar, afirmó que la liquidación de regalías por concepto de reversión de bienes del contrato de exploración y explotación para el sector de “ Santiago de Atalayas” no era p rocedente para el momento en que fue solicitada por la parte demandante.

25. Al respecto sostuvo que mediante la Resolución No. 7172 de 1993, modificada por la Resolución No. 7010 de 1994 , el Ministerio de Minas y Energía declaró el

demandante.

25. Al respecto sostuvo que mediante la Resolución No. 7172 de 1993, modificada por la Resolución No. 7010 de 1994 , el Ministerio de Minas y Energía declaró el inicio de la explotación unificada de los contratos de asociación de “Tauramena”, de

8 Decreto 01 de 1984, artículo 134 D. “ARTÍCULO 134 D. La competencia por razón del territorio se fijará con sujeción a las siguientes reglas: 1. Por regla general, la competencia territorial se determinará por el lugar de ubicación de la sede de la entidad demandada o por el domicilio del particular demandado.

2. En los asuntos del orden nacional se observarán las siguientes reglas: […] b) En los de nulidad y restablecimiento se determinará por el lugar donde se expidió el acto, o en el del domicilio del demandante, siempre y cuando que la entidad demandada tenga oficina en dicho lugar”.9

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“Santiago de Atalayas” y “Río Chitamena” y dispuso un término para la presentación de un Plan Integral de Explotación Unificada de la estructura petrolífera de la Cusiana. Este Plan Integral fue presentado por las compañías asociadas el 19 de julio de 1994 y fue aprobado por el Ministerio mediante la Resolución 957 de 1995.

26. Precisó en que el artículo 8.1. de la mencionada Resolución se dispuso que los

julio de 1994 y fue aprobado por el Ministerio mediante la Resolución 957 de 1995.

26. Precisó en que el artículo 8.1. de la mencionada Resolución se dispuso que los contratos de exploración y explotación (que hacían parte del Plan Integral de Explotación Unificada) que iban terminando durante el período establecido serían revertidos en favor de Ecopetrol S.A., quien asumiría el rol de operador del área de explotación hasta la finalización de los demás contratos. Además, afirmó que dicho Plan Integral determinaba que los intereses de participación en la explotación unificada y producción serían repartidos entre Ecopetrol S.A. y las demás empresas que continuaban con la explotación en las áreas de “Tauramena” y “Río Chitamena”.

27. Con base en lo anterior, advirtió que el contrato de exploración y explotación de “Santiago de Atalayas ” al haberse incorporado al Plan Integral de Explotación Unificada de la Cusiana desde 1994 resultaba excluido de la forma de liquidación de regalías establecida en artículo 39 de la Ley 756 de 2002.

28. Finalmente, solicitó condenar en costas al demandante por los perjuicios y gastos derivados de la presente demanda y su contestación.

III. DEL TRÁMITE EN EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Y EL TRASLADO POR COMPETENCIA

29. El Tribunal Administrativo de Casanare a través de auto del 19 de enero de 2012 admitió la demanda presentada por la Gobernación del Departamento del

Casanare.

30. Posteriormente, la parte demandada alegó en su escrito de contestación que de

2012 admitió la demanda presentada por la Gobernación del Departamento del Casanare.

30. Posteriormente, la parte demandada alegó en su escrito de contestación que de acuerdo con lo dispuesto en el literal b) del artículo 134 D del C.C.A. , el Tribunal Administrativo del Casanare no era competente territorialmente para actuar en el presente proceso.10

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31. En razón de lo anterior , el Tribunal Administrativo de Casanare mediante providencia del 6 de septiembre de 2012 determinó lo siguiente:

“1° Abstenerse de continuar con el conocimiento y trámite del presente proceso.

2° Ordenar la remisión del expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca por competencia territorial.

3° En caso de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca no acepte la competencia, se deja propuesto desde ya, conflicto negativo para ser resuelto por el superior funcional”.

IV. TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA

32. Una vez recibido el expediente, el 15 de noviembre de 2012 , la Sección Primera Subsección “A” del Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto en el que declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda , por cuanto el Tribunal Administrativo de Casanare no era competente para adelantar ninguna actuación en el presente trámite.

en el que declaró la nulidad de todo lo actuado desde la admisión de la demanda , por cuanto el Tribunal Administrativo de Casanare no era competente para adelantar ninguna actuación en el presente trámite.

33. Seguidamente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante auto del 17 de enero de 2013, puso en conocimiento de la parte demandante la nulidad de las actuaciones previas . Además, en la misma providencia le advirtió que en el expediente ya se encontraba un acto administrativo expreso que resolvía sus peticiones, esto es, la Resolución No. 124113 del 26 de marzo de 2012 . En razón de lo anterior le otorgó un término de cinco días para pronunciarse sobre dicho acto.

34. En cumplimiento de lo anterior, el 12 de febrero de 2013, el Departamento de Casanare manifestó que no era posible aceptar la respuesta del Ministerio contenida en la Resolución No. 124113 del 26 de marzo de 2012 y solicitó la continuación del

proceso con base en los siguientes argumentos:

35. En primer lugar, señaló que el acto administrativo expreso del Ministerio de Minas y Energía al que hace referencia el Tribunal fue expedido con posterioridad11

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al auto de admisión de la demanda proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare el 19 de enero de 2012.

36. En segundo lugar, destacó que para el momento de su pronunciamiento la

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al auto de admisión de la demanda proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare el 19 de enero de 2012.

36. En segundo lugar, destacó que para el momento de su pronunciamiento la Resolución No. 124113 del 26 de marzo de 2012 ya se encontraba ejecutoriada y que además desde que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad de lo actuado, ya habían transcurrido más de los 4 meses de caducidad que se requieren para demandar la nulidad y el restablecimiento.

37. Manifestó que en garantía del debido proceso , debía considerarse que el Ministerio de Minas y Energía perdió la competencia para resolver la petición en el momento en el que la demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de

Casanare.

38. Indicó que la declaratoria de nulidad conllevaría una falla en la administración de justicia y una violación de sus derechos fundamentales, en la medida en que se estaría trasladando a la parte demandante el error del Tribunal Administrativo de Casanare al haber admitido la demanda y no haber ordenado su traslado por competencia. Además, argumentó que con la declaratoria de nulidad se desconocería el derecho adquirido con la admisión de la demanda por parte del Tribunal de Casanare y se habilitaría la competencia de la Entidad a sabiendas de que ya habría caducado la posibilidad de ejercer una acción de nulidad o de reformar las pretensiones de la demanda objeto del proceso.

39. El 28 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto en el que admitió la demanda del Departamento de Casanare contra el

Ministerio de Minas y Energía.

39. El 28 de agosto de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto en el que admitió la demanda del Departamento de Casanare contra el

Ministerio de Minas y Energía.

40. El 15 de noviembre de 2013 el Ministerio de Minas y Energía nuevamente presentó contestación a la demanda del Departamento de Casanare con los mismos argumentos y alegaciones propuestas en el escrito de contestación radicado ante

el Tribunal Administrativo de Casanare.12

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41. El 5 de abril de 2017 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió auto en el que corrió traslado a las partes para presentar sus alegatos de conclusión.

42. Frente a ello, la parte demandante mediante escrito del 2 de mayo de 2017 presentó sus alegatos de conclusión y la parte demandada guardó silencio.

V. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

43. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en sentencia proferida el 9 de diciembre de 20219, resolvió la controversia y decidió lo siguiente:

“[…] PRIMERO.- DECLÁRASE PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO SUSCEPTIBLE DE CONTROL DE LEGALIDAD , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse sobre las

INEXISTENCIA DE ACTO ADMINISTRATIVO SUSCEPTIBLE DE CONTROL DE LEGALIDAD , por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- DECLÁRASE INHIBIDA la Sala para pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia […]”.

44. El ad quo realizó una revisión del marco legal del silencio administrativo negativo aplicable para la época de los hechos e hizo el análisis de algunos pronunciamientos de esta Corporación. Concretamente, el Tribunal destacó en sus consideraciones las sentencias del 1 de agosto de 2016 10, del 26 de febrero de 201511 y del 7 de septiembre de 201812 en las que el Consejo de Estado abordó las características del silencio administrativo y las condiciones para su configuración.

45. De esta revisión concluyó que en los términos del artículo 60 del C.C.A. el silencio administrativo opera por ministerio de la ley, es facultativo para el administrado y requiere de su actuar para su configuración, bien sea interponiendo los recursos correspondientes , o acudiendo a la jurisdicción de lo contencioso

9 Cfr. Cuaderno No. 2, Folios 622 al 631. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda. Sentencia del 1 de agosto de 2016, exp: 2013-00635-01,

C. P. William Hernández Gómez. 11 Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 26 de febrero de 2015, exp: 2014-04157-00, C.

P. Alberto Yepes Barreiro. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de septiembre de 2018, exp: 1998-00658P. Alberto Yepes Barreiro. 12 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 7 de septi