CE - Sentencia 25000232500020080004101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009)

Demandante: Jimeno Martínez Cabrera

Demandada: Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional

Tema: Nulidad de los actos administrativos. Desconocimiento de normas superiores . Violación del debido proceso. NIEGA

PRETENSIONES.

SENTENCIA DE ÚNICA INSTANCIA

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el señor Jimeno Martínez Cabrera en contra de la Nación-Ministerio de Defensa Nacional-Policía Nacional.

ANTECEDENTES

El señor Jimeno Martínez Cabrera instauró demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrad a en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y de segunda

Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las decisiones disciplinarias de primera y de segunda instancia, expedidas el 28 de junio y el 7 de agosto de 2007, mediante las cuales fue sancionado con destitución e inhabilidad general por el término de quince (15) años.

Que, en consecuencia, se ordene su reintegro, sin solución de continuidad, junto con las indemnizaciones por concepto daño emergente y lucro cesante con base en el salario que devengaba, debidamente indexadas; el reconocimiento de los gastos asumidos por servicios médicos durante el término de la desvinculación y el pago de 50 mil SMLMV a título de perjuicios morales.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:Radicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2

Que ostentaba el grado de capitán y que el último cargo desempeñado en la Policía Nacional fue el de médico especialista ginecólogo y obstetra.

Que fue objeto de acoso laboral por parte de sus superiores, lo que lo llevó a solicitar el retiro de la entidad.

Que de manera previa fue sancionado disciplinariamente con suspensión por el término de 30 días y que, derivado de las conductas de acoso laboral, no se le hizo

el retiro de la entidad.

Que de manera previa fue sancionado disciplinariamente con suspensión por el término de 30 días y que, derivado de las conductas de acoso laboral, no se le hizo efectiva una licencia no remunerada que le había otorgado el director general de la Policía Nacional.

Que fue investigado disciplinariamente por no presentarse a laborar desde el 24 de octubre hasta el 6 de diciembre de 2006 y, por ello, se le formularon cargos con fundamento en el numeral 23 del artículo 34 de la Ley 1015 de 2006; conducta por la cual fue sancionado mediante los actos que se demandan.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Constitución Política: artículo s 1, 2, 4, 6, 25, 29, 48, 90, 125, 218, 222, 228, 238; Código Contencioso Administrativo: artículos 40, 62 numerales 1 y 2, 63, 78, 85, 132, 135, 152 a 159, 168, 267, 134D, 134E, 135, 136, 143, 144, 149, 150, 106; Código de Procedimiento Civil: artículo 82.

Que los actos demandados se apartaron de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en relación con la valoración probatoria y desconocieron normas de rango superior , como aquellas que desarrollan el principio in dubio pro reo , la protección al trabajo, el debido proceso, la reserva sumarial , el derecho a la honra y al buen nombre ; alejándose, en consecuencia, de la finalidad de la acción

rango superior , como aquellas que desarrollan el principio in dubio pro reo , la protección al trabajo, el debido proceso, la reserva sumarial , el derecho a la honra y al buen nombre ; alejándose, en consecuencia, de la finalidad de la acción disciplinaria, pues al imponer la sanción no fue tenida en cuenta su hoja de vida ni sus evaluaciones de desempeño, según las cuales estaba clasificado en la escala superior y en la lista número uno, conforme al Decreto 1800 de 2000.

Que se trasgredió el artículo 4 constitucional, según el cual en caso de incompatibilidad entre la Constitución y una norma de inferior jerarquía debe prevalecer la primera, porque se aplicaron normas de la Ley 734 de 2002 y de la Ley 1015 de 2006 que le eran desfavorables ; por ejemplo, la causal de mala conducta del artículo 37 del régimen disciplinario de la policía, falta que por tratarse de un tipo en blanco no contiene las descripciones precisas que exige la tipicidad.

Que el in dubio pro reo se desconoció porque en la actuación está acreditado que, culminadas sus vacaciones y el permiso de tres días que le habían concedido, se presentó a la Institución, dejando las anotaciones en los libros pese a que sus superiores no quisieron atenderlo.

Que en la expedición de los actos sancionatorios se incurrió en una vía de hecho , porque obedecieron a actuaciones caprichosas y arbitrarias de la autoridad disciplinaria, adelantadas con extralimitación de sus funciones , dejando de lado laRadicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009)

porque obedecieron a actuaciones caprichosas y arbitrarias de la autoridad disciplinaria, adelantadas con extralimitación de sus funciones , dejando de lado laRadicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 normativa de la Ley 1010 de 2006, pues no se resolvió la situación de acoso laboral a la que fue sometido por parte de la teniente coronel Adriana Patricia Camero Lascano, por el coronel Víctor Castillo Velásquez, por la teniente coronel Clarahibel Idrobo y por la mayor Adriana Martínez Ávila.

ACTUACIONES PROCESALES

El 21 de enero de 2010 se admitió la demanda y se negó la suspensión provisional de los actos sancionatorios 1. Se notificó a la demandada, quien se opuso a las pretensiones por considerar que los actos se encuentran ajustados a derecho, pues se expidieron por los funcionarios competentes, de manera regular, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales.

Que la autoridad disciplinaria encontró méritos suficientes para sancionar al demandante, pues se acreditó que había incurrido en la falta contemplada en el artículo 34, numeral 23 de la Ley 1015 de 2006, esto es, que dejó de asistir al servicio durante un término superior a tres días, en forma continua, sin justificación alguna.

Que en el desarrollo de la actuación sancionatoria se respetaron los derechos al debido proceso y defensa. Q ue las pruebas recaudadas dieron cuenta de la

servicio durante un término superior a tres días, en forma continua, sin justificación alguna.

Que en el desarrollo de la actuación sancionatoria se respetaron los derechos al debido proceso y defensa. Q ue las pruebas recaudadas dieron cuenta de la ocurrencia del hecho, que no pudo ser desvirtuado. Que el comportamiento que de él se esperaba era que se hubiese presentado a laborar tan pronto como culminó su periodo vacacional; no obstante, conocedor de la antijuridicidad de su conducta, direccionó su voluntad hacia el desconocimiento de sus deberes como servidor público2.

El 24 de febrero de 2011 se abrió a pruebas 3, negando las solicitadas por el demandante, quien interpuso recurso de reposición y en subsidio súplica4, ante lo cual, por auto del 31 de mayo de 2011 se ordenó oficiar a la demandada para que aportara copias legibles de algunos folios del expediente disciplinario5. Por auto del 13 de abril de 2016 se corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para la presentación por escrito de sus alegatos de conclusión, indicando que en la misma oportunidad el agente del Ministerio Público podía presentar concepto6.

1 Véanse folios 255 a 259 del cuaderno 9. La demanda fue asignada por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde fue admitida por auto del 26 de junio de 2008 (véanse folios 233 a 234 del cuaderno 1). En dicha providencia, se negó la suspensión provisional de los actos demandados. En contra de esa decisión se interpuso recurso de apelación (véanse folios 235 a 238 del cuaderno 1), que fue concedido en el efecto

En dicha providencia, se negó la suspensión provisional de los actos demandados. En contra de esa decisión se interpuso recurso de apelación (véanse folios 235 a 238 del cuaderno 1), que fue concedido en el efecto diferido mediante auto del 7 de noviembre de 2008 (véanse folios 240241 del cuaderno 1). Llegada la actuación a esta Corporación, por auto del 30 de abril de 2009 (véanse folios 399 a 401 del cuaderno 1) se declaró la nulidad de lo actuado, por considerar que la competencia correspondía en única instancia al Consejo de Estado, por pretenderse la nulidad de unos actos sancionatorios que implicaban el retiro del servicio. Admitida la demanda en esta Corporación, en la misma providencia se negó la medida de suspensión provisional, ante lo cual el demandante interpuso recurso de reposición (véanse folios 267 a 276 del cuaderno 2), que fue resuelto por auto del 19 de agosto de 2010 (véanse folios 284 a 287 del cuaderno 2). 2 Véanse folios 296 a 301 del cuaderno 2. 3 Véase folio 312 del cuaderno 2. 4 Véanse folios 313 a 315 del cuaderno 2. 5 Véase folio 318 del cuaderno 2 6 Véase folio 372 del cuaderno 2. En contra de esta decisión se interpuso recurso de reposición ( véanse folios 373-374 del cuaderno 2), el cual se resolvió en providencia del 13 de octubre de 2016 (véanse folios 399 -400

del cuaderno 2).Radicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El demandante reiteró que la demandada se apartó de los principios rectores de la ley disciplinaria y, en consecuencia, desconoció los derechos fundamentales relacionados en la demanda, porque con las pruebas testimoniales los declarantes pudieron acceder al contenido de los oficios que obraban en el expediente, lo que violó la reserva de la actuación y que inclusive la oficial Adriana Came ro Lascano indicó que prestaba sus servicios fuera de la institución policial, asunto que no fue investigado.

Que en la actuación disciplinaria no se decretó una inspección a los libros de registro, en los que constaba que se presentó a la entidad el 24 de octubre de 2006, pues al concluir su periodo de vacaciones el 20 del mismo mes y año, aún contaba con 3 días de permiso; además de estar convencido de que se le había concedido la licencia no remunerada por parte del director de la Policía Nacional.

Que, además, en otra actuación disciplinaria, se le había suspendido por el término de 30 días, por lo que consideró que debía contar este lapso a partir de la finalización del permiso de 3 días, pues sus superiores se habían negado a recibirlo, de manera que actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, máxime teniendo en cuenta que el coronel Víctor Castillo Suárez lo regañó porque había acudido directamente al Ministerio de Defensa y le dijo que

de manera que actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad disciplinaria, máxime teniendo en cuenta que el coronel Víctor Castillo Suárez lo regañó porque había acudido directamente al Ministerio de Defensa y le dijo que debía esperar hasta que le llegara el retiro.

Que se le negaron las pruebas con las que buscaba demostrar que se le había concedido una licencia no remunerada y que tampoco le habían entregado oficio de presentación al servicio. Que las pruebas que sí se practicaron fueron valoradas de manera parcializada, porque no se tuvo en cuenta que sus solicitudes de licencia tenían visto bueno de la directora del Hospital Central (donde se desempeñaba como ginecólogo).

La demandada insistió en que los actos sancionatorios se expidieron con estricto apego a la normativa vigente para entonces , quedando acreditado que el demandante debía presentarse a laborar el 24 de octubre de 2006 y que se encontraba en trámite una solicitud de licencia remunerada y no remunerada, sin que existiera pronunciamiento oficial acerca de su otorgamiento.

Que en consecuencia, incurrió en la falta disciplinaria del artículo 34 numeral 23 de la Ley 1015 de 2006 , pues desde la fecha reseñada y hasta el 5 de diciembre del mismo año dejó de asistir al servicio por más de tres días de manera continua y sin causa justificada.

Que la sanción impuesta resultó acorde a la calificación gravísima dolosa del comportamiento y que en la actuación disciplinaria se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa, el cual ejerció por intermedio de su apoderada.

Que en relación con el documento obrante a folio 18 del expediente sancionatorio,

comportamiento y que en la actuación disciplinaria se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa, el cual ejerció por intermedio de su apoderada.

Que en relación con el documento obrante a folio 18 del expediente sancionatorio, este contenía un post-it que posiblemente se desprendió al momento de fotocopiarloRadicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 para remitirlo a la autoridad judicial, lo que en modo alguno desvirtúa su contenido7.

El Ministerio Público no presentó concepto.

Se resolverá previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Cuestión previa

El demandante tachó de falso el documento que obra en el folio 18 del expediente disciplinario, que lleva por asunto «[r]emito antecedentes de solicitud licencia», por considerar que a este se le había suprimido una anotación de la parte superior izquierda, escrita a mano por el coronel Víctor Eduardo Castillo Suárez, director de Sanidad de entidad, que decía «My Adriana Mi General Castro, en oficio que se le envió autorizó licencia no remunerada, por lo tanto no considero pertinente el oficio».

Indicó que dicha anotación acreditaba que en efecto se presentó a laborar cuando debía hacerlo, porque el director de la Policía Nacional le había concedido una licencia no remunerada y que la expedición o no de un acto administrativo en relación con dicha licencia no era un pretexto para desobedecer la orden del superior8.

debía hacerlo, porque el director de la Policía Nacional le había concedido una licencia no remunerada y que la expedición o no de un acto administrativo en relación con dicha licencia no era un pretexto para desobedecer la orden del superior8.

Sobre este asunto, cabe destacar que la presunción de autenticidad de un documento puede atacarse desde las perspectivas material e ideológica. La primera se refiere a la realidad de su forma; mientras que la segunda objeta la veracidad de su contenido 9: Respecto de ambas formas de falsedad, la Corte Suprema de Justicia, al estudiar el tipo penal de falsedad documental, ha precisado que:

«Tratándose del delito de falsedad documental, es sabido que puede ser ideológica cuando en un escrito genuino se incluyen manifestaciones contrarias a la verdad, esto es, el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falaces; o material si crea totalmente el documento falso, imita uno ya existente, o altera el contenido de uno auténtico»10 (subrayas de la Sala).

7 Véanse folios 395 a 397 del cuaderno 2. 8 Véanse folios 2 a 5 del cuaderno «Incidente tacha de falsedad y/o adulteración». Del escrito se corrió traslado a la demandada por auto del 13 de enero de 2017 (Véase folio 40 del cuaderno «Incidente tacha de falsedad y/o adulteración»); el 23 de julio de 2018 se abrió a pruebas el trámite incidental (Véanse folios 448 -449 del

cuaderno 2) y el 10 de mayo de 2024 se negó la práctica de una inspección y se declaró cerrado el debate probatorio del incidente (véase índice 00167 de SAMAI y constancia a folio 500 del cuaderno 2). El demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio de súplica (véase índice 00172 de SAMAI), que fueron resueltos en providencias del 5 de agosto de 2024 (véase índice 00181 de SAMAI y constancia a folio 501 del cuaderno 2) y 14 de febrero de 2025 (véase índice 00190 de SAMAI y folios 504 a 509 del cuaderno 2). 9 En relación con el sentido de la «falsedad material» y de la «falsedad ideológica», cfr. Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia de 19 de septiembre de 2008. Exp. 11001 -03-28-000-2006-00090-00 (4027-4028). C.P. Reinaldo Chavarro Buriticá; Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 8 de octubre de 2019. Exp. 11001-03-15-000-2018-02417-01(PI). C.P. Alberto Montaña Plata. 10 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 5 de marzo de 2014. Exp. 36337 SP26492014. M.P. Eugenio Fernández Carlier.Radicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Analizado el documento tachado por el demandante, no se satisfacen los

Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 Analizado el documento tachado por el demandante, no se satisfacen los presupuestos para concluir que contiene manifestaciones contrarias a la realidad o que ha sido adulterado o que imita uno ya existente. Al contrastar su contenido con las demás reproducciones que del mismo reposan en el expediente y con los medios de prueba adicionales, como la declaración juramentada de quien lo suscribió, es posible determinar que en todos los casos se trata del mismo archivo, que en unas ocasiones se reprodujo solo un folio (pues consta de dos 11) y que la nota marginal a la que se refirió el señor Martínez Cabrera, en la foliatura original, era un post-it agregado del oficio12.

Inclusive al ser requerida nuevamente la demandada para que aportara el citado folio, remitió el oficio con la nota marginal 13, lo que resulta contrario a cualquier intento por ocultar o adulterar su contenido y ratifica la manifestación que al respecto se hiciera en la declaración juramentada del señor Víctor Eduardo Castillo Suárez (quien lo suscribió) y lo que sobre la presunta alteración explicara la demandada en su escrito de alegatos de conclusión , sin dejar de lado que el contenido del documento, con o sin la nota del post-it, se refería al trámite de una solicitud de licencia y, en ese sentido, es procedente ratificar la presunción de autenticidad del oficio sin fecha ni radicado, con el asunto « Remito an tecedentes de solicitud licencia»14, advirtiendo que su mérito probatorio será definido al abordar el concepto de violación.

oficio sin fecha ni radicado, con el asunto « Remito an tecedentes de solicitud licencia»14, advirtiendo que su mérito probatorio será definido al abordar el concepto de violación.

Precisado lo anterior, la Sala deberá determinar si los actos administrativos demandados incurrieron en algún vicio que los haga susceptibles de ser declarados nulos. Para ello, se estudiará n el desconocimiento de normas superiores y la violación del debido proceso , como causales de nulidad del acto administrativo, luego de lo cual , se analizará si en el caso concreto la autoridad disciplinaria se apartó de las disposiciones aplicables y si en la valoración probatoria se incurrió en las irregularidades relatadas por el demandante.

11 En el cuaderno 1 de los antecedentes administrativos el oficio DISAN -GUREH, con asunto «remito antecedentes de solicitud licencia» consta de dos folios (18 -19) y lleva el visto bueno de la mayor Adriana Martínez. Por su parte, el folio 18, aportado por la demandada en cumplimiento de lo ordenado en el auto del 31 de mayo de 2011 y que en el expediente del medio de control corresponde al folio 320 del cuaderno 2, contiene la referida nota marginal, pero no el folio 19 , explicado esto en que el requerimiento solo se refirió, entre otros, al folio 18. Esta misma situación puede validarse al examinar los documentos del cuaderno del incidente y del cuaderno correspondiente al despacho comisorio, que contiene el trámite para la verificación de la autenticidad del documento ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses . Allí, además, la nota marginal está fechada del 18.10.08 (véase folio 14 del cuaderno de despacho comisorio).

la autenticidad del documento ante el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses . Allí, además, la nota marginal está fechada del 18.10.08 (véase folio 14 del cuaderno de despacho comisorio). 12 En la declaración juramentada que el coronel Víctor Eduardo Castillo Suárez rindió el 15 de febrero de 2007 se le preguntó por el contenido de la nota marginal en dos ocasiones: « PREGUNTADO: A folio 18 del plenario aparece oficio sin firma, ni fecha, Enel cual se proyectaba remitir al señor Director General de la Policía Nacional, la solicitud de licencia no remunerada del señor CT. JIMENO MARTÍNEZ (…) adjunto al mismo reposa memorando en el que aparece registrada la siguiente anotación: “18.10.08. MY. ADRIANA. Mi general CASTRO en oficio que se le envió autorizó licencia no remunerada, por lo tanto no considero pertinente este oficio” (…) CONTESTO: La firma corresponde a la por mí utilizada y la disposición contenida en el memorando es producto de lo tratado en forma personal con el señor Director general de la Policía Nacional en el sentido de que él no autorizaba licencia remunerada, por lo tanto se dispuso que se tramitara la licencia no remunerada adjuntando para ello el concepto de la Dirección del Hospital Central (…) » y luego por la apoderada del investigado: «PREGUNTADO: Señor Coronel, volviendo al folio 18 del expediente a la anotación que aparece allí en un memo de color amarillo , usted ratificó (…) sírvase explicarle claramente al Despacho por qué allí usted afirma (…)» (véanse folios 265 a 271 del cuaderno de antecedentes administrativos 2 . Negrillas y subrayas de la Sala).

usted afirma (…)» (véanse folios 265 a 271 del cuaderno de antecedentes administrativos 2 . Negrillas y subrayas de la Sala). 13 Véase folio 320 del cuaderno 2. 14 Visible en folios 18-19 del cuaderno de antecedentes administrativos 1 y en el folio 320 del cuaderno 2.Radicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Marco normativo aplicable al análisis de la actuación disciplinaria

La actividad disciplinaria comprende una función especializada, con un componente preventivo y correctivo, que busca garantizar la efectividad de los principios de la función pública y el buen desempeño y gestión transparente de los servidores públicos. En ese sentido, se rige por disposiciones y procedimientos especiales, transversalizada por las garantías propias del debido proceso constitucional.

El resultado de tales actuaciones, representada en actos administrativos, es susceptible de examen a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. No obstante, la jurisprudencia de esta Corporación no ha sido pacífica en relación c on el alcance de la intervención del juez de lo contencioso administrativo, como a continuación se expone.

La primera tesis de la jurisprudencia se inclinó por sostener que el control del juez de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque

de lo contencioso administrativo estaba limitado a los derechos que invocaba el demandante, lo que se denominó como «intangibilidad relativa» de los actos sancionatorios, en la medida que el alcance de dicho control era restrictivo porque se consideraba que las decisiones tomadas en virtud de la acción disciplinaria tenían cierto grado de autonomía valorativa de los hechos y de las normas disciplinarias15.

Luego, se adoptó la posición en la que incluso en los casos en que la demanda no cumpliera con el requisito de señalar las normas violadas y el concepto de violación, si el juez advertía la trasgresión de un derecho fundamental de aplicación inmediata, oficiosamente debía proveer la tutela judicial efectiva, lo que se denominó como «intangibilidad relativa explícita y deferencia especial»16.

Al existir diversas posturas jurisprudenciales sobre la materia, en el 2016 se unificó jurisprudencia respecto al control judicial de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria, manifestando que se adoptaría la perspectiva del «control judicial integral » por cuanto « (…) la actividad del juez de lo contencioso administrativo supera el denominado control de legalidad, para en su lugar hacer un juicio sustancial sobre el acto administrativo sancionador, el cual se realiza a la luz del ordenamiento constitucional y legal, orientado por el prisma de los derechos fundamentales»17, y se advirtió que:

1. La competencia del juez administrativo es plena, sin «deferencia especial» respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo.

respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción disciplinaria. ii) La presunción de legalidad del acto administrativo sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo.

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 29 de mayo de 1992. Exp. 834. C.P. Diego Younes Moreno. 16 Véanse: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 05001-23-31-000-1998-02823-01 ( 2060-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila; y Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 09 de febrero de 2012. Exp. 11001-03-25-000-2009-00140-00 (2038-2009). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. 17 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 09 de agosto de 2016. Exp. 11001-03-25-000-2011-00316-00 (1210-2011). C.P. William Hernández Gómez (E).Radicado: 25000-23-25-000-2008-00041-01 (0065-2009) Calle 12 No. 7-65 – Tel: +57 (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 iii) La existencia de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún modo restringe el control judicial. iv) La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo

1. La interpretación normativa y la valoración probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el marco que impone la Constitución y la ley. v) Las irregularidades del trámite procesal serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. vi) El juez de lo contencioso administrativo no solo es de control de la legalidad, sino también garante de los derechos. vii) El control judicial integral involucra todos los principios que rigen la acción disciplinaria. viii) El juez de lo contencioso administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.

Causales de nulidad de los actos administrativos

Los actos administrativos se presumen legales mientras no sean declarados nulos por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Esta presunción, desde luego, parte del cumplimiento de unos requisitos formales y materiales para su expedición, relacionados con la competencia de quien lo expide, la materia sobre la que versa, la necesidad o no de hacer expresos los motivos de su expedición, el cumplimiento de las reglas de procedimiento pertinentes y el apego a las normas que regulen la materia de que trate.

En armonía con los elementos que conforman el acto administrativo, es posible perseguir la declaratoria de su nulidad, cuando se advierte que i) se ha expedido con infracción de las normas en que debería fundarse; ii) por un funcionario sin competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió18. Adicionalmente, por vía jurisprudencial se

competencia; iii) en forma irregular; iv) con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, v) mediante falsa motivación o vi) con desviación de las atribuciones propias de quien lo profirió18. Adicionalmente, por vía jurisprudencial se ha desarrollado la tesis según la cual la nulidad de un acto también puede perseguirse por desconocimiento del debido proceso, concretado en los defectos formales y sustanciales que inciden en su formación.

De las enlistadas, interesan al caso concreto el desconocimiento de normas superiores y la violación al debido proceso , pues el demandante señaló que se dejaron de aplicar disposiciones de la normativa constitucional a la actuación sancionatoria y que la autoridad disciplinaria valoró de manera indebida las pruebas que comprometieron su responsabilidad.

18 Estas causales se desarrollan en los artículos 137 y 138 de la Ley 1437 de 2011, que regulan los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. En vigencia del Decreto 01 de 1984, los artículos 84 y 85 regulaban las acciones de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho. La primera, «[p]rocederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por f