CE - Sentencia 25000232500020110056802 de 2025

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

Demandante: Fajime Diab Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá, D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000 23 25 000 2011 00568 02 (4352-2019)

Demandante: Fajime Diab Rincón

Demandado: Rama JudicialDirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: Bonificación por compensación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

1. Mediante auto del 21 de marzo de 20251, proferido por el conjuez de la Sección Segunda Miguel Arcángel Villalobos Chavarro, se ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho de origen para que asumiera su trámite, en razón a lo dispuesto en el artículo 116 del CPACA 2, el cual señala que cuando se modifica la integración de la sala, los nuevos magistrados desplazan a los conjueces.

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 17 de

2. Ahora, comoquiera que ninguno de los miembros de la Sala advierte causal de impedimento para conocer del presente asunto3, se procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 17 de octubre de 2017 , proferida por el Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Segunda - Sala Transitoria, que accedió a las pretensiones de l a demanda.

I. ANTECEDENTES

1 Índice 75 de SAMAI. 2 «Artículo 116. Posesión y duración del cargo de conjuez. […] Los conjueces que entren a conocer de un asunto deberán actuar hasta que termine completamente la instancia o recurso, aunque concluya el período para el cual fueron elegidos, pero si se modifica la integración de la sala, los nuevos Magistrados desplazarán a los conjueces, siempre que respecto de aquellos no se les predique causal de impedimento o recusación que dé lugar al nombramiento de estos […]» [Se resalta]. 3 Actualmente los miembros de la Sala no tienen un proceso pendiente o interés actual frente a aspectos relacionados con el reconocimiento de la bonificación por compensación del Decreto 610, ni prima especial del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, objeto del presente proceso. Cabe precisar que si bien los consejeros Luis Eduardo Mesa Nieves y Jorge Iván Duque Gutiérrez en oportunidades anteriores manifestaban impedimento en los procesos donde se debatía la bonificación por compensación del Decreto 610, tales

manifestaciones en decisiones recientes, entre ellas dentro del expediente con radicación interna 19692022, han sido declaradas infundadas por la Subsección B, al considerar que no se configura la causal contenida en el numeral 1 del artículo 141 del CG P , atendiendo los criterios esbozados por la Sala de conjueces en proveído de 5 de diciembre de 2023, radicado 0502-2023.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

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Pretensiones de la demanda.

3. La parte demandante solicitó la nulidad de la Resolución 4775 del 26 de noviembre de 2010 4 mediante el cual la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le negó el reconocimiento y pago del reajuste de la bonificación por compensación.

4. A título de restablecimiento del derecho, peticionó 5:1) «declarar que [...] le asiste razón jurídica para que la entidad demandada le reliquide y cancele las sumas adeudadas por concepto de bonificación por compensación con fundamento en el decreto 610 de 1998, es decir, ordenándose pagar el 80% de lo que por todo concepto percib en los magistrados de Altas Cortes […] », 2) «liquidar y pagar […] las diferencias entre lo que se canceló y lo que se determine pagar en la sentencia que ordene el pago del 80% en los términos de la pretensión anterior, diferencias efectivas a partir del tiempo de vinculación desde

«liquidar y pagar […] las diferencias entre lo que se canceló y lo que se determine pagar en la sentencia que ordene el pago del 80% en los términos de la pretensión anterior, diferencias efectivas a partir del tiempo de vinculación desde el 6 de mayo de 2004 hasta el 10 de septiembre de 2006, y desde el 11 de septiembre de 2006 hasta el 31 de julio de 2008, calculadas sobre la base de una cuantía pretendida del 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes. 3) «cancelar […] una suma equivalente al 80% de las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios desde su fecha de vinculación (desde el 6 de mayo de 2004 y hasta el 31 de julio de 2008) […] teniendo en cuenta para su liquidación, reconocimiento y pago todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los Congresistas, los cuales son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas d e servicios, prima de navidad y cesantía», entre otras condenas.

Hechos que fundamentan la demanda.

5. Como hechos relevantes, se señalaron los siguientes:

6. La actora se desempeñ ó como magistrad a de la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Huila del 6 de mayo de 2004 al 10 de septiembre de 2006, y como magistrada auxiliar de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura del 11 de septiembre de 2006 al 3 de octubre de 2007 y del 12 de octubre de 2007 al 31 de julio de 2008.

Consejo Superior de la Judicatura del 11 de septiembre de 2006 al 3 de octubre de 2007 y del 12 de octubre de 2007 al 31 de julio de 2008.

7. Elevó petición ante la entidad demandada el 14 de octubre de 2010, solicitando el reajuste de la bonificación por compensación, la cual fue resuelta de manera negativa mediante el acto demandado.

Fundamentos de derecho.

4 Índice 47 expediente digital, ED_CUADERNO1_02ANEXOS(.pdf) de SAMAI. 5 Se hace transcripción textual de la pretensiones de la demanda de los numerales 3, 4 y 5.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

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8. Para el abogado de la parte actora, las decisiones sometidas a juicio vulneraron las siguientes disposiciones: artículos 2, 13, 25, 53, 58, 90, 123 y 129 de la Constitución Política; 15 y 21 del C. S. del T; 1, 3, 35, 36, 84, 78, 85, 158 y 206 a 214 del CCA; literal a) del artículo 2 y parágrafo de los artículos 14 y 15 de la Ley 4 de 1992 ; Decreto 610 de 1998 ; Decreto 1239 de 1998 ; artículo 84 y numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

9. Al desarrollar el concepto de violación, señaló lo siguiente:

numeral 7 del artículo 152 de la Ley 270 de 1996.

9. Al desarrollar el concepto de violación, señaló lo siguiente:

10. El acto administrativo demandado transgrede el principio de irrenunciabilidad consagrado en el artículo 53 de la Carta, ya que vulnera claramente el derecho a la igualdad, toda vez que funcionarios del mismo rango si perciben el 80% de lo que por todo concepto reciben los magistrados de Altas Cortes, y la demandante apenas el 70% de dicho monto, pues la creación de la bonificación por gestión judicial del Decreto 4040 de 2004, transgrede los derechos adquiridos y el principio de favorabilidad por cuanto contempla una remuneración inferior a la del Decreto 610 de 1998.

11. Por otro lado, por ingreso laboral permanente de los miembros del Congreso, debe tenerse en cuenta todas las prestaciones, emolumentos, remuneraciones, que se les paga, sin lugar a exclusión de ninguno de ellos, es decir, incluir todos los factores que se les cancela anualmente, entre los que se encuentra lógicamente las cesantías, acreencia que es igual a una su ma de todo lo devengado en el año, por ello al no tenerla en cuenta se vulnera claramente el derecho a la igualdad.

Contestación de la demanda.

12. Dentro de la oportunidad de ley, la Rama Judicial contestó la demanda 6, oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que la sentencia proferida por el Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 tiene efectos

oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones en ella contenidas. Con tales fines, hizo un recuento normativo y precisó que la sentencia proferida por el Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004 tiene efectos hacia el futuro o ex - nunc, con el objeto de generar certeza y seguridad jurídica dentro del sistema normativo, toda vez que la sentencia con efecto erga omnes, sólo tiene consecuencias posteriores, restableciendo el derecho hacia futuro, pues no es posible producir efect os retroactivos ya que no es de carácter particular y así dar estricto cumplimiento a las disposiciones vigentes que regulan la materia objeto de controversia.

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial mal podría efectuar equivalencias entre el valor que se liquida por concepto de cesantías a los congresistas y el valor que se reconoce por el mismo concepto a los magistrados

6 Índice 47 expediente digital, ED_CUADERNO1_50CONTESTACIONDEMAND-CONEXCEPCIONES(.pdf) de SAMAI.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

Demandante: Fajime Diab Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 de Alta Corte, ordenando el pago de la diferencia del valor de las cesantías por el concepto de prima especial de servicios; al igual que incluir dicha equivalencia al liquidar el 70% u 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes, para el pago de la bonificación a la que tienen derecho los magistrados auxiliares y equivalentes.

liquidar el 70% u 80% de lo que por todo concepto perciben los magistrados de Altas Cortes, para el pago de la bonificación a la que tienen derecho los magistrados auxiliares y equivalentes.

14. Finalmente, formuló como excepciones la prescripción trienal, ausencia de causa petendi, cobro de lo no debido e innominada.

Sentencia de primera instancia.

15. Mediante sentencia proferida el 17 de octubre de 2017 7, se accedió a las súplicas de la demanda. Para arribar a esa decisión, el a quo, luego de referenciar el marco normativo y jurisprudencial invocando la sentencia de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 18 de mayo de 2016, en la cual se fijó el criterio respecto de la aplicación del Decreto 610 de 1998 y del artículo 15 de la Ley 4 de 1992. Así las cosas, señaló que a la luz del Estado Social de Derecho, la accionante como destinataria del Decreto 610 de 1998, en su calidad d e magistrada auxiliar, tiene derecho a percibir una bonificación por compensación equivalente al 80% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de una Alta Corte, y no el setenta por ciento (70%), por contrariarse los contenidos materiales de la Constitución, en cuanto se creó una discriminación inconcebible para ella, presentándose una desigualdad entre iguales.

16. Igualmente, refirió que la demandante tiene derecho a que se reconozca y pague «el equivalente al 80% de lo devengado por un magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad,

16. Igualmente, refirió que la demandante tiene derecho a que se reconozca y pague «el equivalente al 80% de lo devengado por un magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo bási co, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías». A su vez, afirmó que «a efectos de existir un verdadero restablecimiento del derecho, se condenará a la Nación - Rama Judicial, a la reliquidación de los salarios en el entendido que este término incluye las prestaciones y todo lo que reciba la accionante como contraprestación por sus servicios».

17. Por otro lado, no se encuentra configurado el fenómeno de la prescripción trienal del derecho laboral reclamado, toda vez que la demandante presentó su petición de reconocimiento del derecho reclamado el día 14 de octubre de 2010, esto es, antes de término de la exigibilidad del mismo, que en este caso

7 Índice 47 expediente digital, ED_CUADERNO1_82FALLO- (.pdf) de SAMAI.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 corresponde a la fecha de ejecutoria a de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, a partir del 28 de enero de 2012, por lo que se concluye que no existe la prescripción y por tanto, esta excepción no prospera.

18. A título de restableci miento del derecho, ordenó «reconocer y pagar […] a recibir el equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario un magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácte r permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, durante el siguiente extremo temporal: i) desde el 6 de may o de 2004 hasta el 10 de septiembre de 2006, ii) del 11 de septiembre de 2006 al 3 de octubre de 2007, y iii) del 12 de octubre de 2007 al 31 de julio de 2 008, con los correspondientes reajustes, mientras permanezca como titular del derecho consagrado en el Decreto 610 de 1998, de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta

octubre de 2007 al 31 de julio de 2 008, con los correspondientes reajustes, mientras permanezca como titular del derecho consagrado en el Decreto 610 de 1998, de conformidad con las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.», e igualmente ordenó «reconocer y pagar a la demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un magistrado de una Alta Corte, a partir del 6 de mayo de 2004, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior»8.

Recurso de apelación.

19. Inconforme con esa decisión, el apoderado de la parte demandada la recurrió en apelación9.

20. En su intervención, señaló que l a Dirección Ejecutiva de Administración Judicial viene liquidando las bonificaciones decretadas por el Gobierno Nacional, con respeto a las normas vigentes en el ordenamiento jurídico, puesto que como autoridad administrativa no tiene la facultad de interpretar las leyes e inaplicarlas, en razón a que son los jueces en sus respectivos fueros, a través de sus sentencias los que tienen tal facultad, a diferencia de esta que únicamente está sometida a su imperio y debe darle estricto cumplimiento.

21. La entidad ha efectuado los pagos de la bonificación de conformidad con los lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para el caso en concreto, a la demandante no le asiste el derecho a que se le cancele retroactivamente el 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados

lineamientos fijados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y para el caso en concreto, a la demandante no le asiste el derecho a que se le cancele retroactivamente el 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes, en razón a que los efectos de la sentencia de nulidad son hacia futuro.

8 Se realiza transcripción textual del restablecimiento. 9 Índice 47 del expediente digital, ED_CUADERNO1_84RECURSOAPELACIONP(.pdf) de SAMAI.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

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22. Por otro lado, afirmó que « efectuar la liquidación de las prestaciones devengadas por la parte demandante durante el tiempo en que se ha desempeñado en el cargo de Magistrado, incluyendo el 30% de la prima especial como factor de salario y disponer el pago de las diferencias surgida s de la interpretación que tiene de la aplicación de la Ley 4 de 1992 y los decretos salariales anuales, implicaría para la administración desacatar el ordenamiento legal vigente».

23. Frente a la pretensión encaminada al reconocimiento y pago del 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte, al tener que incluir en el cálculo de la prima especial de servicios establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, las cesantías de los congresistas, lo cual incide en el cálculo de

en el cálculo de la prima especial de servicios establecida en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, las cesantías de los congresistas, lo cual incide en el cálculo de la bonificación por compensación, no es procedente pues el artículo 16 de tal precepto y el Decreto 10 de 1993, se expresó claramente que el componente de la prima especial estaba limitado únicamente a los ingresos permanentes, de los cuales no hacen parte las prestaciones sociales, entre ellas, las cesantías.

24. Finalmente, de accederse a las pretensiones se superaría el tope del 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de Alta Corte.

Trámite correspondiente a la segunda instancia.

25. Por auto del 19 de enero de 2022 10, se admitió el recurso de apelación , y mediante providencia del 23 de agosto de 202211 se ordenó correr traslado a las partes y al agente del ministerio público para que presentaran sus alegatos de conclusión.

26. La parte demandante12 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. La entidad apelante13 insistió en lo alegado en el recurso de apelación y solicitó se aplicara la prescripción trienal de la bonificación por compensación, conforme lo señalado en la sentencia del 2 de septiembre de 2019 de la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado. E l Ministerio Público guard ó silencio.

27. Control de legalidad. La Sala observa que el proceso se ha tramitado en legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

legal forma, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, por lo que se resolverá la apelación, previas las siguientes:

III. CONSIDERACIONES

10 Índice 34 de SAMAI. 11 Índice 48 de SAMAI. 12 Índice 51 de SAMAI. 13 Índice 54 y 55 de SAMAI.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

Demandante: Fajime Diab Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 Competencia.

28. De conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 14, esta Sala de Subsección del Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación presentado.

29. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a lo expuesto por el apelante y, comoquiera que, en este caso, solo una de las partes presentó recurso de apelación, el análisis se limita a los argumentos del respectivo recurso, cuyo marco está definido por el juicio de reproche esbozado por la demandada quien acude como recurrente.

Problema jurídico.

30. Le corresponde a la Sala establecer ¿ si la señora Fajime Diab Rincón tiene derecho al pago de la diferencia entre el valor pagado por la demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación consagrada

30. Le corresponde a la Sala establecer ¿ si la señora Fajime Diab Rincón tiene derecho al pago de la diferencia entre el valor pagado por la demandada y el valor que resultaría de reconocerle la bonificación por compensación consagrada en el Decreto 610 de 1998, equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes , en la forma ordenada en la sentencia de primera instancia o si por el contrario no hay lugar a ello, ya que la sentencia que declaró su nulidad tiene efectos hacia futuro?

31. Igualmente, si se debe incluir las cesantías de los congresistas, para efectos de liquidar la prima especial de se rvicios que perciben los magistrados de Alta Corte, con el fin de calcular la bonificación por compensación, y si al ordenar el reajuste mencionado se superaría el monto referido dispuesto en la ley.

32.Para resolver los problemas planteados se abordarán los siguientes aspectos:

1. La bonificación por compensación y el precedente jurisprudencial, 2. Hechos probados y 3. Caso concreto.

La bonificación por compensación.

33. El Congreso de la República expidió la Ley 4 de 199215, la cual en el artículo 15 estableció una prima especial de servicios, sin carácter salarial, para los magistrados de Alta Corte, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en

14 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 15 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 15 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política».Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

Demandante: Fajime Diab Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 ningún caso los supere, es decir, se equiparó el salario de los magistrados de las Altas Cortes al de los congresistas.

34. En el año 1998, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 610 de 1998 y en su artículo 1 creó la bonificación por compensación, equivalente al 60%, 70% y 80% para las vigencias fiscales 1999, 2000 y 2001 en adelante; en otros términos, se creó una bonificación por compensación, equivalente al 60% de lo que por todo concepto devenguen los magistrados de las Altas Cortes para el año 1999, el 70% para el año 2000 y del año 2001 en adelante el 80%.

35. En la sentencia dictada por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado 16, en la cual se analizó el reajuste de la prima especial de

35. En la sentencia dictada por la Sala de conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado 16, en la cual se analizó el reajuste de la prima especial de servicios del artículo 15 de la Ley 4 de 1992, se concluyó que se deben tener en cuenta todos los pagos realizados a los congresistas, incluidas las cesantías para calcular la asignación de los magistrados de las Altas Cortes. En la mencionada

decisión se consideró lo siguiente:

«Las cesantías percibidas por los miembros del Congreso de la República han sido consideradas ingresos laborales anuales permanentes por la jurisprudencia del Consejo de Estado en ocasiones anteriores, lo que tiene plena razón de ser pues se trata de una erogación que realiza el empleador anualmente a favor de su trabajador y que se causa por cada día de trabajo del empleado.

De allí que esta corporación haya concluido que el auxilio de cesantías debe ser tenido en cuenta para realizar la liquidación de la prima especial de servicios de los funcionarios mencionados en el artículo 15 de la Ley 4ª de 1992, quienes tienen derecho a percibir una suma equivalente a lo que por todo concepto devengan los congresistas.

Este régimen tiene una clara incidencia en l a determinación de la bonificación por compensación de los servidores públicos que se encuentran sujetos al Decreto 610 de 1998 […]

En este sentido, y teniendo en cuenta que la prima especial de servicios no solo es un ingreso laboral sino que también cue nta con un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C -681 del 6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción

un carácter salarial limitado en atención a lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C -681 del 6 de agosto de 2003, habría que señalarse que no existen razones para que se haga abstracción de la misma, o de cualquiera de los factores que se tienen en cuenta para su liquidación, al momento de fijar el monto a cancelar por concepto de bonificación por compensación a favor de los servidores mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998. Habiendo señalado que el auxilio de cesantí as es un ingreso laboral percibido de manera permanente por los jueces de mayor jerarquía de todas las jurisdicciones, es evidente que resultaría violatorio del principio de igualdad que surge del artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el señalar que esta prestación social carece de tal naturaleza

16Sentencia proferida el 18 de mayo de 2016 por la Sala de Conjueces – Sección Segunda del Consejo de Estado, Rad. 250002325000201000246 -02, Demandante: Jorge Luis Quiroz Alemán. Conjuez Ponente Doctor Jorge Iván Acuña Arrieta.Radicado: 25000-23-25-000-2011-00568-02

Demandante: Fajime Diab Rincón

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 únicamente con el propósito de disminuir la base de liquidación de la bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los

bonificación por compensación de la que son acreedores los funcionarios mencionados en el artículo 2º del Decreto 610 de 1998.

En consecuencia, se concluye que únicamente teniendo en cuenta los pagos que el Estado debe realizar a los Congresistas por concepto de cesantías puede calcularse la diferencia total entre lo que ellos perciben y la asignación de los Magistrados de las Altas Cortes para, así, determinar el valor de la prima especial de servicio a la que tienen derecho estos últimos…» (negrilla fuera de texto).

36. Así que, el valor que se cancela por bonificación por compensación es el resultado de tener en cuenta los ingresos anuales que «por todo concepto » reciban los magistrados de Alta Corte, para sí poder fijar los ingresos anuales del magistrado de tribunal y demás cargos equivalentes, en un 80% a partir del año

2001.

37. En distintas providencias 17, ha precisado esta Corporación con fundamento en el marco normativo reseñado que los beneficiarios de la bonificación por compensación tienen derecho al 80% de los ingresos que por todo concepto salarial y prestacional devengan los magistrados de Alta Cor te, teniendo en cuenta que éstos deben percibir lo mismo que devengan los congresistas incluyendo el auxilio de cesantías como parámetro para determinar la liquidación de la prima especial de servicios de que trata el artículo 15 de la Ley 4 de 1992.

38. Por otro lado, la exigibilidad del derecho para reclamar el reconocimiento de la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de

la bonificación por compensación regulada en el Decreto 610 de 1998 se dio en dos tiempos diferentes, con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 2668 (originado durante los períodos comprendidos entre el 5 de octubre de 2001 y el 2 de diciembre de 2004, periodo en el cual no hubo dualidad de normas) y con la ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad del Decreto 4040 (3 de diciembre de 2004 y el 27 de enero de 2012 solamente se hicieron exigibles a partir del 28 de enero de 2012), y ese momento de exigibilidad debe analizarse en cada caso concreto 18. Sirve para ilustrar lo dicho el siguiente esquema:

17 Consejo de EstadoSala de lo Contencioso Administrativo Sección SegundaSala de Conjueces, conjuez ponente: Clara Elisa Cifuentes Ortiz Bogotá, sentencia tres (03) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Referencia: 25000234200020180071602 Número interno: 0499 -2022; Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda - Sala de Conjueces, conjuez ponente: Miguel Arcángel Villalobos Chavarro sentencia ocho (8) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) Referencia: Expediente N° 17001-23-33-000-2012-00115-02 Número interno: 4006 -2015; Consejo de EstadoSala de lo Contencioso AdministrativoSección Segunda - Sala de Conjuecesconjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero Banguerasentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia: 25000 -23-25-000-2011AdministrativoSección Segunda - Sala de Conjuecesconjuez ponente: Jorge Edisson Portocarrero Banguerasentencia seis (06) de junio de dos mil veintitrés (2023), Referencia: 25000 -23-25-000-201100150-02NI:11