CE - Sentencia 25000232500020110070601 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho (Lesividad) Radicación: 25000-23-25000-2011-00706-01 (0954-2020)

Demandante: Elsa Rosa Martínez Solano Demandado: Universidad Distrital Francisco José de Caldas Temas: Pensión de sobrevivientes. No aplicación retroactiva de la Ley 100 de 1993. Acuerdo 049 de 1990.

Decisión: Confirma la decisión que niega las pretensiones de la demanda.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de la sentencia del 24 de mayo de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F , que negó las súplicas de la demanda instaurada po r la señora Elsa Rosa Martínez Solano en contra de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Elsa Rosa Martínez Solano, por intermedio de apoderado judicial y

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda1.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Elsa Rosa Martínez Solano, por intermedio de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrad a en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, solicitó la nulidad de las Resoluciones 274 de 20 de abril de 2010, por la cual se le negó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y la 760 de 2 de diciembre de 2010, con la que, al resolver el recurso de reposición, se confirmó la decisión inicial.

3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó condenar a la entidad demandada a reconocerle y pagarle la pensión de sobrevivientes o «la pensi ón post mortem», ocasionada por el deceso de su cónyuge, desde el día siguiente a su fallecimiento, pero efectiva desde el 13 de

1 Folios 25 y s.s.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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2 noviembre de 2005 por prescripción trienal, con aplicación del artículo 53 constitucional frente a la condición más beneficiosa.

4. Igualmente solicitó que las sumas adeudadas sean debidamente actualizadas, mes por mes y que se dé cumplimiento a la sentencia en los té rminos de los artículos 176 y s.s. del CCA.

4. Igualmente solicitó que las sumas adeudadas sean debidamente actualizadas, mes por mes y que se dé cumplimiento a la sentencia en los té rminos de los artículos 176 y s.s. del CCA.

2.1.2. Hechos.

5. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

6. El señor José Félix Rubiano Castelblanco nació el 21 de septiembre de 1945 y falleció el 24 de julio de 1990, cuando contaba con 44 años de edad.

7. El 29 de junio de 1973 la señora Elsa Rosa Martínez Solano contrajo matrimonio católico con el señor Rubiano Castelblanco con quien convivió de forma continua y permanente bajo un mismo techo y por cuya unión procrearon a sus hijas Yelitza, Adriana y Maryse la Rubiano Martínez, tal como consta en la partida de matrimonio y los registros civiles de nacimiento.

8. El señor José Félix Rubiano Castelblanco laboró al servicio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas , desde el 1.° de noviembre de 1976 hasta su fallecimiento el 24 de julio de 1990, fecha para la que tampoco ocurrió la disolución o liquidación de la sociedad conyugal.

9. El 13 de noviembre de 2008 la demandante Elsa Rosa Martínez Solano, por intermedio de apoderado solicitó ante la entidad accionada la solicitud de pensión de sobreviviente o post mortem , pero esta le fue denegada a través de la Resolución 274 de 20 de abril de 2010.

10. Interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión que fue decidido a

de sobreviviente o post mortem , pero esta le fue denegada a través de la Resolución 274 de 20 de abril de 2010.

10. Interpuso recurso de reposición contra la anterior decisión que fue decidido a través de la Resolución 760 de 2 de diciembre de 2010 confirmándola.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

11. Como normas vulneradas citó los artículos 13, 23, 25, 29, 53 y 58 de la Constitución Política; 11, 46, 47, 48, 146, 151, 279 y 288 de la Ley 100 de 1993, 77, 78 y 144 de la Ley 30 de 1992; 19 de la Ley 4ª de 1992; 7 del Decreto 224 de 1972, la Ley 42 de 1933 y el Acuerdo 024 de 1989 de la Universidad Distrital

Francisco José de Caldas.

12. En el concepto de violación sostuvo, en síntesis, que , en virtud de las facultades conferidas por la Ley 14 de 1971 el Gobierno creó la pensión post mortem a través del Decreto 224 de 1972 como un beneficio otorgado a la familiaRadicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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3 de los docentes que laboraron al servicio de la Administración Nacional, por lo menos 18 años de servicios continuos o discontinuos.

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3 de los docentes que laboraron al servicio de la Administración Nacional, por lo menos 18 años de servicios continuos o discontinuos.

13. El fallecimiento del señor José Félix Rubiano Castelblanco se produjo cuando se encontraba vinculado al ente universitario como profesor de tiempo completo, donde laboró por más de 13 años, 8 meses y 23 días, con lo cual , por densidad de semanas no le sería aplicable el Decreto 224 de 1972.

14. El citado Decreto es contrario a la Constitución Política pues le es desfavorable, en contraste con las pautas de la Ley 100 de 1993 que consagra el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes con menores requisitos a los que exige el Decreto 224 de 1972 y que debe aplicarse en virtud de los artículos 13 y 53 de la Constitución Política.

15. Según sostuvo, le son igualmente desfavorables las Leyes 12 de 1975 y el Acuerdo 024 de 1989 que exigen 20 y 15 años, respectivamente para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Esto en comparación con las previsiones de la Ley 100 de 1993, en sus artículos 46 y 47, exigen 26 semanas previas de cotización al sistema. Dicha norma , además, unificó el sistema pensional para acabar con la diversidad de regímenes pensionales previos y amparó los derechos adquiridos de los trabajadores, como lo establecen sus artículos 46, 47 y 288.

16. Para el apoderado , la finalidad de los regímenes especiales es conceder beneficios legales a grupos determinados de trabajadores, pero no resultar como elemento de discriminación frente al acceso a los derechos mínimos consagrados

16. Para el apoderado , la finalidad de los regímenes especiales es conceder beneficios legales a grupos determinados de trabajadores, pero no resultar como elemento de discriminación frente al acceso a los derechos mínimos consagrados para la generalidad de la población. En apoyo de su tesis citó la sentencia de 18 de junio de 2009 de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dictada en el proceso radicado interno 0451-2008, así como la sentencia de la Corte Constitucional C461 de 1995.

17. Finalmente argumentó que se incurrió en falsa motivación pues se demostró que el causante se encontraba laborando al servicio de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y que s e le debe aplicar la Ley 100 de 1993 por favorabilidad pese a que falleció antes de su entrada en vigencia. Además, que la prescripción ocurrió desde el 13 de noviembre de 2005.

2.2. Contestación de la demanda2.

2.2.1. La Universidad Distrital Francisco José de Caldas , por intermedio de apoderada judicial, se opuso a las súplicas de la demanda al considerar que no le asiste derecho a la demandante al reconocimiento pensional solicitado comoquiera que al momento del fallecimiento del causante la Ley 100 de 1993

2 Folios 81 y s.s. Cuaderno principal.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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4 no se había dictado y el docente tampoco había completado el tiempo de servicios exigido en la Ley 12 de 1975, pues a esa fecha no reunía los 20 años de servicios al Estado, sino solamente 13 años, 8 meses y 23 días.

18. Propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación», «no estar obligada la demandada al reconocimiento de las pretensiones de la demanda» y

«prescripción».

2.3. La sentencia apelada3.

19. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, mediante sentencia del 24 de mayo de 2019 negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

20. Inicialmente se refirió a las pruebas recaudadas, luego de lo cual coligió que a la fecha del fallecimiento del causante, que ocurrió el 24 de julio de 1990, la norma aplicable sería la Ley 12 de 1975, adicionada por la Ley 113 de 1985, que exige que al momento del fa llecimiento se cuente con el tiempo de servicio requerido para el reconocimiento de la pensión de jubilación.

21. Así mismo indicó que el Acuerdo 024 de 1989 expedido por el Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por el cual se normaliza el procedimiento para la liquidación de las prestaciones sociales estableció como requisito en el artículo 6.° parágrafo 1.° acreditar 15 o más años

Superior de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, por el cual se normaliza el procedimiento para la liquidación de las prestaciones sociales estableció como requisito en el artículo 6.° parágrafo 1.° acreditar 15 o más años continuos o discontinuos de servicios.

22. De otra parte, la Ley 100 de 1993, en su artículo 46, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 estableció el cumplimiento de 50 semanas dentro de los 3 últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento.

23. Luego de ello, se refirió a la posición del Consejo de Estado sobre la aplicación retrospectiva de la Ley 100 de 1993 a situaciones consolidadas antes de su vigencia, para lo cual citó la sentencia de 2 de juni o de 20114 donde se aplicó de manera retrospectiva la citada norma a miembros de la Fuerza Pública y la providencia de 25 de abril de 20135, donde se rectificó la tesis anterior y con ello se estableció que la Ley 100 no es aplicable en el caso de fallecimiento s ocurridos con anterioridad a su entrada en vigencia.

24. Luego citó las sentencias de la Corte Constitucional T – 564 de 2015 y T – 116 de 2016, a partir de las cuales coligió que es posible dar aplicación de manera retrospectiva, a los postulados de la Ley 100 de 1993 en aras de

3 Folio 254 y s.s. C. 2. 4 De la Sección Segunda, Subsección B, con ponencia del consejero Gerardo Arenas Monsalve. Radicación 73001-23-31-000-2002-00477-02 5 Sentencia de la Subsección A, con ponencia del consejero Luis Rafael Verg ara Quintero dentro del

73001-23-31-000-2002-00477-02 5 Sentencia de la Subsección A, con ponencia del consejero Luis Rafael Verg ara Quintero dentro del proceso 76001233100020070161101.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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5 garantizar la efectividad del principio de supremacía constitucional y de todos los demás valores y principios , siempre que las solicitudes de pensión de sobrevivientes sean de cónyuges trabajadores que prestaron sus servicios por más de 15 años en regímenes que no consagraban la pensión de sobrevivientes.

25. Luego, se refirió al principio de equidad en materia de reconocimientos de pensión de sobrevivientes, para lo cual señaló que el Consejo de Estado, en sentencia de 3 de marzo de 2015 6 reconoció una pensión con base en normas del régimen de la Policía Nacional c on acreditación del 98% del tiempo de servicios exigido para ello.

26. Sin embargo, estimó que en este caso no se podía dar aplicación retroactiva de la norma en atención a la posición reiterada de la jurisdicción y además por que la tesis de la Corte Constitucional establece que s ólo puede darse ese reconocimiento con 15 años de servicios, y en el sub lite se acreditaron sólo 13 años, 8 meses y 16 días, en la Universidad Distrital, es decir desde el 11 de

reconocimiento con 15 años de servicios, y en el sub lite se acreditaron sólo 13 años, 8 meses y 16 días, en la Universidad Distrital, es decir desde el 11 de noviembre de 1976 hasta el 19 de abril de 1982.

27. Además, si bien laboró en la Universidad Libre, según certificación aportada al proceso, allí se señaló que fue docente de dicha institución por 15 horas semanales, que no corresponden siquiera al med io tiempo de servicio, que son 22 horas semanales, que además se traslaparon con periodos en la Universidad Distrital. Esto con base en el siguiente análisis:

«En este punto debe aclararse que si bien es cierto el señor JOSÉ FELIX RUBIANO CASTIBLANCO (q.e.p.d.) laboró para la Universidad Libre, tal como se observa en la certificación que obra en el expediente, y de la cual se hizo mención en los hechos probados, el mencionado tiempo de servicio no puede computársele como tiempo completo, comoquiera que el periodo laborado para dicha Institución lo fue en una intensidad de 15 horas semanales, que no corresponde siquiera al medio tiempo de servicio diario (22 horas semanales).

Ahora bien, para determinar el total del tiempo de servicios del JOSÉ FELIX RUBIANO CASTIBLANCO (q.e.p.d.), la Sala tuvo en cuenta las certificaciones que obran en el plenario, de las que se tiene que el mencionado señor trabajó para la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS desde el 11 de noviembre de 1976 hasta el 19 de abril de 1982 tiempo parcial (50%), que equivale a un total de 997 días7, y desde el 20 de abril de 1982 hasta el 24 de

de noviembre de 1976 hasta el 19 de abril de 1982 tiempo parcial (50%), que equivale a un total de 997 días7, y desde el 20 de abril de 1982 hasta el 24 de julio de 1990 tiempo completo (100%) esto es, un total de 3015 días.

Así mismo, trabajó para la UNIVERSIDAD LIBRE del 16 de enero de 1975 al 5 de abril de 1988, con una intensidad de 15 horas semanales (34.09%8), por lo que para el cálculo de los días laborados se toma este tiempo como equivalente a un total de 924 días, ya que estos días corresponden al período del 16 de enero de 1975 al 19 de abril de 1982, teniendo en cuenta que posteriormente el

6 Sentencia de 3 de marzo de 2015, dictada dentro del proceso radicado 05001233300020120077201, con ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. 7 Son un total de 1994 días, pero como son de tiempo parcial se toman en un 50%. 8 Este porcentaje ese el resultado de multiplicar las 15 horas semanales que laboró el causante en la Universidad Libre por 100 y dividido entre las 44 horas que constituirían el tiempo completo.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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6 causante laboró de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, traslapándose el tiempo de servicio prestado en la UNIVERSIDAD LIBRE

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6 causante laboró de tiempo completo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, traslapándose el tiempo de servicio prestado en la UNIVERSIDAD LIBRE desde el 20 de abril de 1982 con el tiempo completo laborado en la UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS. […]». (Negrilla y subrayas originales).

28. En conclusión, estimó que, no podía accederse el reconocimiento pensional a favor de la accionante comoquiera que el cálculo del tiempo de servicio a tener

en cuenta para efectos pensionales sería:

• En la Universidad Distrital Francisco José de Caldas , como tiempo completo: 3015 días. - En la Universidad Libre por horas semanales, serían «924 días igual a 4936 días, esto es, 13 años, 8 meses y 16 días».

29. Adicional a lo anterior, estimó que la demandante no hacia parte de la tercera edad pues para esa fecha contaba con 73 años ; adicionalmente le fueron reconocidas las prestaciones sociales del señor José Félix Rubiano Castelblanco a través de la Resolución 00984 de 17 de diciembre de 1991 y así mismo a través de la Resolución 274 de 26 de mayo de 1992 le fue reconocido el 50% del seguro de vida por muerte natural del causante. Finalmente presentó la demand a el 14 de julio de 2011, más de 20 años después del deceso de su esposo, por lo que no se evidenciaba el presunto desamparo económico que supuestamente se le originó con los actos administrativos demandados.

2.4. Aclaración de voto.

30. El magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta, señaló 9 que si bien compartía la

originó con los actos administrativos demandados.

2.4. Aclaración de voto.

30. El magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta, señaló 9 que si bien compartía la decisión adoptada por la Sala, se apartaba de sus fundamentos pues se acudió a la verificación de un requisito que carece de soporte normativo y que únicamente se fundamenta en un criterio de equidad que, no puede desplazar el análisis normativo, lo que además sería contrario a la tesis del Consejo de Estado sobre la aplicación de la norma vigente al momento del fallecimiento en aquellos procesos donde se pretenda el reconocimiento de derechos pensionales con ocasión a la muerte del cotizante.

2.4. Recurso de apelación10

31. El apoderado de la demandante presentó escrito de disenso donde solicitó revocar la sentencia de primera instancia y acceder a las pretensiones formuladas.

9 Folios 208 y 209. 10 Folios 211 y s.s.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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32. Para tal efecto indicó que el causante falleció cuando apenas contaba con 44 años de edad y sin embargo ya había laborado más de 13 años al servicio del Estado, dejando en total desprotección a su esposa y a sus hijos y no le fue reconocido el derecho a la demandante pese a que en situaciones similares las

años de edad y sin embargo ya había laborado más de 13 años al servicio del Estado, dejando en total desprotección a su esposa y a sus hijos y no le fue reconocido el derecho a la demandante pese a que en situaciones similares las Altas Cortes accedieron a las pretensiones. Para tal efecto citó las sentencias T515 de 2012 y T -735 de 2016 de la Corte Constitucional .

33. Lo anterior teniendo en cuenta que el artículo 10 de la Ley 100 de 1993 establece que el sistema general de pensiones tiene como objeto garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, invalidez y la muerte mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que se determinan en la norma, así como propender por la ampliación progresiva de la cobertura a los segmentos de población no cubiert os por el mismo , esto en conjunción con la jurisprudencia que lo ha desarrollado y conforme a los artículos 10, 102 y 269 del CPACA.

34. Luego señaló que, si bien la sentencia apelada se ajustó a la ley en cuanto negó las pretensiones de la demanda con base en que el docente prestó sus servicios a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por un periodo superior a 13 años, no obstante, con ello se vulneraron derechos fundamentales de la accionante, establecidos en los artículos 1 .°, 2.°, 4.°, 13, 25, 48, 53 y 58, así como el artículo 288 de la Ley 100 de 1993.

35. A renglón segui do indicó que el Acuerdo 049 de 1990 en su a rtículo 25 aplicable a los trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales, hoy

así como el artículo 288 de la Ley 100 de 1993.

35. A renglón segui do indicó que el Acuerdo 049 de 1990 en su a rtículo 25 aplicable a los trabajadores afiliados al Instituto de Seguros Sociales, hoy COLPENSIONES, norma que se encontraba vigente al momento del fallecimiento del causante, solo exigió 50 semanas cotizadas con anterioridad al fallecimiento del trabajador « mientras que para un servidos público (sic) fallecido su cónyuge e hijos menores o incapaces requerían de 20 años de servicios sin importar la edad, lo cual resulta inequitativo y violatorio del de recho de igualdad establecido en el art 13 de nuestro ordenamiento jurídico superior, de ahí que sea imperativo enmendar esta inequidad o desfavora bilidad l aboral, aplicando la condición más beneficiosa y el principio de favorabilidad laboral, pues la pensión de sobreviviente tiene su origen en la actividad laboral desarrollada por el causante».

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad el apoderado de la parte accionante 11, reiteró los argumentos de la demanda según los cuales el causante laboró al servicio de esa Institución educativa por un periodo equivalente a los 13 años, 8 meses y 23 días, por lo que se cumplen los requisitos para que su cónyuge sobreviviente sea

11 Índice 19.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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8 beneficiaria del régimen de que trata el artículo 7 .° del Decreto 224 de 1972 y también de los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993.

36. Para sustentar su tesis solicitó que se tengan en cuenta las sentencias de la Subsección A del Consejo de Estado, de 1.° de julio de 2021 dictada dentro del proceso 25000234200020170028001 (6442-2018) y de 8 de abril del mismo año, proferida en el proceso 25000 23 42 000 2015 06037 01 (2631-2017). Igualmente, las sentencias del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Segunda,

(i) de Subsección E, dada en el proceso de 10 de septiembre de 2021 , radicado 11001334205620170027901; (ii) así como las providencias de la Subsección C, de 19 de agosto de 202012, de 16 de febrero de 201813 y (iii) de la Subsección A, de 12 de marzo de 202014.

2.5.2. La apoderada de la entidad15 indicó que en este caso se debe confirmar la sentencia apelada comoquiera que la parte demandante pide la aplicación de la Ley 100 de 1993, norma que no se encontraba vigente al momento del deceso del causante; además las normas aplicables son las Leyes 12 de 1975 y 113 de 1985 respecto de las cuales el causante tampoco cumplió el requisito de tiempos

la Ley 100 de 1993, norma que no se encontraba vigente al momento del deceso del causante; además las normas aplicables son las Leyes 12 de 1975 y 113 de 1985 respecto de las cuales el causante tampoco cumplió el requisito de tiempos de servicio por lo que no es viable acceder al reconocimiento pensional so pena de ir en contravía con lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia de unificación d e 25 de abril 2013, la cual sostiene que no cabe aplicar la Ley retrospectivamente porque el régimen aplicable es el vigente a l fallecimiento del causante.

2.5.3. El agente del Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad.

37. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

38. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15016 de la Ley 1437 de 2011.

39. D e conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la

12 En el proceso radicado 11001333502820170022301. 13 En el proceso 11001334205420170030900. 14 Radicado 11001333501220170006501. 15 Índice 18. 16 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que

apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

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9 competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

40. En el asunto objeto de estudio la demandante es apelante única, por lo que la competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a lo expuesto en el recurso de apelación.

3.2. Aclaración previa.

41. En el sub lite, como dan cuenta los antecedentes de esta decisión, sólo en el recurso de apelación se hizo alusión a la aplicación del Acuerdo 049 de 1990 17, lo que constituiría un nuevo cargo de violación contra los actos demandados.

42. En este sentido no es posible analizar en esta instancia si la solicitud de reconocimiento pensional de la señora Martínez Solano se rige por lo señalado en el Acuerdo 049 de1990, norma que además sólo es aplicable frente al ISSCOLPENSIONEScomoquiera que dicha norma no fue invocada como

reconocimiento pensional de la señora Martínez Solano se rige por lo señalado en el Acuerdo 049 de1990, norma que además sólo es aplicable frente al ISSCOLPENSIONEScomoquiera que dicha norma no fue invocada como fundamento jurídico desconocido por la entidad, ni dicha entidad de previsión fue demandada y vinculada al proceso, ni la norma fue invocada en la actuación administrativa.

43. Pronunciarse sobre la aplicaci ón de la mencionada norma en esta etapa procesal afectaría el principio de congruencia de la sentencia establecido en el artículo 281 del Código General del Proceso y que ha sido definido por esta

Corporación como:

«[…] el deber legal que tienen los funcionarios judiciales al emitir sus decisiones de no incurrir en fallos ultrapetita, extrapetita o minuspetita , definidos por la jurisprudencia del Consejo de Estado […] exige de una parte que exista armonía entre la parte m otiva y la parte resolutiva de la misma, lo que se denomina congruencia interna, y de otra, que la decisión que ella contenga, sea concordante con lo pedido por las partes tanto en la demanda, como en el escrito de oposición, denominada congruencia externa , es decir, se tome la decisión conforme se ha marcado la controversia en el proceso»18.

44. La Corte Constitucional 19 ha relacionado este principio como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones «porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó». Esto señaló la Corte:

en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones «porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó». Esto señaló la Corte:

17 «[P]or el cual se aprueba el A cuerdo número 049 de febrero 1° de 1990 emanado del Consejo Nacional de Seguros Sociales Obligatorios». 18 (Consejo de Estado) Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Cuarta. Sentencia de 16 de agosto de 2002. Expediente: 760012324000199704345 -01 (12668). Actor: Productora de Papeles Propal S.A. Demandado: Municipio de Yumbo – Valle del Cauca. C.P. Juan Ángel Palacio Hincapié. 19 Corte Constitucional, Sentencia T-455 de 2016.Radicado: 25000 -23 -25 - 000 -2011 -00706 -01 (0954 -2020)

Demandante : Elsa Rosa Martínez Solano

835 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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«[…] De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá

que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello. […]».

45. Como se aprecia, en este caso, dado que la parte accionante no mencionó en su demanda el Acuerdo 049 de 1990 entre las normas vulneradas y únicamente solicitó su aplicación durante el recurso de apelación, no puede avanzarse en su estudio en esta instancia, so pena de incurrir en incongruencia de la decisión judicial que debe atender a los cargos de anulac