CE - Sentencia 25000232500020110095702 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020)

Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla

Demandados: Procuraduría General de la Nación

Temas: Bonificación por compensación. Decreto 610 de 1998

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

_______________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, S ala Transitoria , mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda1

1.1.1. Las pretensiones

1. Miguel Antonio Carvajal Pinilla presentó demanda 2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S.G. 1788 del 15 de abril de 2011 expedido por

nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del acto administrativo contenido en el Oficio S.G. 1788 del 15 de abril de 2011 expedido por la Procuraduría General de la Nación, a través del cual le negó el ajuste de la remuneración en el desempeño del cargo de procurador judicial II, código 3 PJ-EC

1 Folios 89 a 102. Demanda corregida el 14 de septiembre de 2012 admitida por auto del 8 de octubre de 2012. 2 La demanda se presentó el 22 de septiembre de 2011 ante la Secretaría General de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 3 En lo que sigue CCA.2

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. en la Procuraduría 1 Judicial II Penal de Bogotá, equivalente al 80% del total de los ingresos que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, desde el «1 de enero de 2001 », de conformidad con las leyes 10 de 1987 y 63 de 1988 ; los decretos 610 y 1239 de 1998 y el artículo 280 de la Constitución Política.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago del ajuste de la remuneración, equivalente al 80% sobre lo que por todo concepto salarial perciba un magistrado de alta corte; ii) el pago indexado de las diferencias salariales entre el 70% y el 80% que ha dejado

80% sobre lo que por todo concepto salarial perciba un magistrado de alta corte; ii) el pago indexado de las diferencias salariales entre el 70% y el 80% que ha dejado de percibir en el desempeño del cargo de procurador judicial II, código 3 PJ-EC, en la en la Procuraduría 1 Judicial II Penal de Bogotá, desde el 5 de marzo de 2001 hasta el día en que se profiera el fallo , basado en los ingresos totales anuales de los magistrados de altas cortes deben coincidir con los ingresos totales anuales de los congresistas, en virtud de los artículos 15 y 16 de la Ley 4 ª de 1992; y iii) la reliquidación de los salarios y las prestaciones sociales desde el 5 de marzo de 2001 hasta la fecha en la que se profiera la sentencia, con base en el 10% que no le fue reconocido ni pagado.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Miguel Antonio Carvajal Pinilla laboró en la Procuraduría 1 Judicial II Penal de Bogotá, en el cargo de Procurador Judicial II, código 3 PJ-EC, desde el 5 de marzo de 2001, y a la fecha de la presentación de la demanda permanecía vinculado.

3.2. En calidad de agente del Ministerio Público, ejerció funciones ante los tribunales judiciales, razón por la cual en aplicación del artículo 280 constitucional tiene las mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados de tribunal, pues estos son los magistrados de mayor jerarquía ante quienes ejercen su cargo.

mismas calidades, categoría, remuneración, derechos y prestaciones de los magistrados de tribunal, pues estos son los magistrados de mayor jerarquía ante quienes ejercen su cargo.

3.3. El 7 de febrero de 2 011, solicitó a la Procuraduría General de la Nación , la reliquidación salarial , el reconocimiento y pago de las diferencias salariales no pagadas, respecto del 80% del total de los ingresos que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes, con sustento en el Decreto 610 de 1998.

3.4. La entidad demandada, mediante el Oficio S.G. 1788 del 15 de abril de 2011 , negó la petición.3

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 55, 58, 150, 277 y 280 de la Constitución Política; 1, 2 y 15 de la Ley 4 de 1992; las leyes 10 de 1987, 63 de 1988 y; los decretos 610 de 1998 y 4040 de 2004.

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente4:

5.1. El Oficio S.G. 1609 del 8 de abril de 2011 contiene planteamientos parciales que desconocen la situación jurídica laboral de Miguel Antonio Carvajal Pinilla en el desempeño del cargo como procurador judicial II, código 3 PJ-EC, desde el 5 de

desconocen la situación jurídica laboral de Miguel Antonio Carvajal Pinilla en el desempeño del cargo como procurador judicial II, código 3 PJ-EC, desde el 5 de marzo de 2001 , al no aplicar el régimen previsto en las leyes 10 de 1987 y 63 de 1988, en tanto, en ningún caso, la remuneración mínima mensual de los magistrados auxiliares, los abogados asistentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado y de los magistrados de los Tribunales Superiores de lo Contencioso Administrativos, podrá ser inferior al 80% de la remuneración total que devenguen los magistrados de alta corte , lo cual, aplica a los funcionarios del Ministerio Público en virtud del artículo 280 superior.

5.2. Con sustento en lo anterior y en el Decreto 610 de 1998 en vigencia, ya que el Decreto 4040 de 2004 fue anulado, el demandante tiene un derecho adquirido, cierto e indiscutible, en orden al reconocimiento y pago de la remuneración mínima mensual equivalente al 80% de todo lo devengado por un magistrado de la alta corte, que debe coincidir con los ingresos totales anuales que percibe un congresista de la República.

5.3. Por lo tanto, se le debió reconocer y pagar las diferencias salariales entre el 70% pagado y el 80% de la remuneración total que devenguen los magistrados de la s altas cortes, en virtud el principio de igualdad5.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos6.

altas cortes, en virtud el principio de igualdad5.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Procuraduría General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos6.

6.1. Miguel Antonio Carvajal Pinilla se vinculó a la Procuraduría General de la Nación en el año 2005, época para la cual estaba vigente el Decreto 4040 de 2004 , por ende, era esta la norma que procedía aplicarle y no los decretos 610 y 1239 de

4 Folios 91 a 100. 5 Citó las sentenciasT-644 de 1998 y SU-519 de 1999 de la Corte Constitucional. 6 Folios 164 a 175.4

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. 1998, los cuales fueron sustituidos por el primero7. Las disposiciones contenidas en el Decreto 4040 de 2004 tuvieron plenos efectos jurídicos a partir de su publicación, de acuerdo con el principio de legalidad, en consecuencia, al ser la procuraduría una entidad pública estaba en la obligación de aplicarla hasta tanto no fuese declarada inconstitucional o ilegal.

6.2. El Decreto 4040 de 2004 fue anulado mediante sentencia proferida por el Consejo de Estado el 14 de diciembre de 2011 por vulnerar el principio que prohíbe la regresividad de los derechos laborales , en razón a esto, los derechos que se señalaron en el Decreto 610 de 1998 quedaron vigentes e incólumes. Sin embargo, es importante referenciar que esta última determinación aparece en la denominada

la regresividad de los derechos laborales , en razón a esto, los derechos que se señalaron en el Decreto 610 de 1998 quedaron vigentes e incólumes. Sin embargo, es importante referenciar que esta última determinación aparece en la denominada obiter dicta de la sentencia de nulidad reseñada, y que no se puede tener como un imperativo absoluto.

6.3. La sentencia del 14 de diciembre de 2011 tuvo efectos ex tunc, pero no por ello generó efectos particulares sobre los derechos que eventualmente se generaran a favor de los destinatarios de dicha norma y en relación con el contenido en el Decreto 610 de 1998, por lo cual no se encuentra que la sentencia genere un restablecimiento automático del derecho ; no obstante , no se puede n dejar de reconocer los efectos que eventualmente surgen a favor de quien se encuentra vinculado a los cargos para los que aplicaba el decreto anulado.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, profirió sentencia el 14 de septiembre de 2017 , mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda8. En tal sentido, ordenó:

«PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado. Sección Segunda, en las sentencias del 14 de diciembre de 2011, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 diciembre de 2004 y a la de unificación jurisprudencial proferida el día 18 de mayo de 2016, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad del Oficio S.G. 1788 de 15 de abril de 2011. expedida

de 2016, por las razones expuestas.

SEGUNDO.- Declarar la nulidad del Oficio S.G. 1788 de 15 de abril de 2011. expedida por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, por la cual no se accedió a la petición del demandante de pago de la bonificación por compensación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

TERCERO.- Condénase a la NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN a reconocer y pagar a MIGUEL ANTONIO CARVAJAL PINILLA, el derecho adquirido a recibir el equivalente al ochenta por ciento (80%) mensual de lo que por todo concepto

7 Para el efecto, citó un parte de la sentencia del 17 de agosto de 2010 de la Corte Suprema de Justicia sin identificar el radicado. 8 Cuaderno principal, folios 282 a .291.5

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. devenga como salario un Magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anuales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, a partir del cinco (5) d e marzo de 2001 y hasta cuando en virtud de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, por la cual se anuló el Decreto 4040 de 2004,

y cesantías, a partir del cinco (5) d e marzo de 2001 y hasta cuando en virtud de la sentencia del 14 de diciembre de 2011, por la cual se anuló el Decreto 4040 de 2004, empezó a pagársele el mencionado porcentaje, con los correspondientes reajustes, de conformidad con el Decreto 610 de 1998, según lo expuesto en la parte motiva.

CUARTO.- En consecuencia, la NACIÓN - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, debe reconocer y pagar al demandante, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de lo que por todo concepto devenga como salario mensual un Magistrado de una Alta Corte, a partir del cinco (5) de marzo de 2001, como se indicó en la parte motiva de esta sentencia y pautas dadas en el ordinal anterior.

QUINTO.- Ordenar que los valores a pagar serán actualizados de conformidad con el artículo 178 del C.C.A, tomando como base la variación porcentual de los índices de precios al consumidor, conforme a lo dicho en la parte motiva.

SEXTO.- Condenar igualmente al pago de los intereses comerciales moratorios si se dan los supuestos de hecho y de derecho del artículo 177 del C.C.A.

SÉPTIMO.- Ordenar a la demandada darle cumplimiento a esta sentencia dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A., acatando la Sentencia C-188 de 1999.

OCTAVO.- Negar las demás pretensiones de la demanda.

NOVENO.- Expídase por secretaria y entréguese al demandante, copia de esta sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria»

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:

NOVENO.- Expídase por secretaria y entréguese al demandante, copia de esta sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria»

8. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos9:

8.1. En desarrollo de la Ley 4 de 1992 el Gobierno Nacional expidió los decretos 610 y 1239 de 1998, en los que se estableció que el salario o retribución de los magistrados de tribunales y procuradores judiciales II, equivaldría al 80% del salario de lo que por todo concepto percibe un magistrado de una alta corte. el Decreto 4040 de 2004 redujo este porcentaje al 70% razón por la que fue anulado.

8.2. Se acreditó que e l demandante desempeñó el ca rgo de procurador judicial II, código 3PJ-EC, desde el día 5 de marzo de 200 1, por tanto, es destinatario de las leyes 10 de 1987 y 63 de 1988 y los decretos 610 y 1239 de 1998, que dispusieron que la remuneración mínima mensual en ningún caso podía ser inferior al 80% de la remuneración total que devengara un magistrado de alta corte, razón por la cual, tal derecho laboral entró a su patrimonio con la condición de ser adquiridos e

9 Folios 287 a 289 del Cuaderno 1.6

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. irrenunciables, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, máxime si al tenor del inciso final de esta norma, los derechos laborales no pueden ser

Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. irrenunciables, de conformidad con el artículo 53 de la Constitución Política, máxime si al tenor del inciso final de esta norma, los derechos laborales no pueden ser menoscabados por normas posteriores como el anulado Decreto 4040 de 2004 ni por actos jurídicos como la transacción, conciliación o renuncia10.

8.3. Así, el demandante como destinatario del Decreto 610 de 1998, en su calidad de procurador judicial II tiene derecho a que se le reconozca y pague una bonificación por compensación equivalente al 80% de lo que por todo concepto devengue un magistrado de una alta corte, y no al 70%, por contrariase los contenidos materiales de la Constitución, al dársele un trato discriminación y desigualdad frente a otros de que ostentan cargos similares u homólogos.

8.4. El a cto acusado violó el imperio de la ley al no atender el derecho de los trabajadores y al trabajo en condiciones dignas y justas, los principios de la progresividad y prohibición de la regresividad, y la prevalencia del derecho sustancial.

9. La sentencia fue adicionada mediante providencia del 15 de agosto de 2019 en relación con los ordinales cuarto y quinto en los siguientes términos11:

«PRIMERO: ADICIONAR los ordinales CUARTO Y QUINTO de la parte resolutiva de la sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el proceso promovido por MIGUEL ANTONIO CARVAJAL PINILLA contra la NACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y, en consecuencia para todos los efectos

sentencia del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), en el proceso promovido por MIGUEL ANTONIO CARVAJAL PINILLA contra la NACIÓN PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN y, en consecuencia para todos los efectos legales se entiende que los ordinales indicados quedarán así:

CUARTOCondénase a la NACIÓN -PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a reconocer y pagar al señor MIGUEL ANTONIO CARVAJAL PINILLA desde el 5 de marzo de 2001, el derecho adquirido a recibir la Bonificación por Compensación establecida en el Decreto 610 de 1998. equiva lente ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto devengan como salario un magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización, y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, por haber fungido como Procurador Judicial II, y hasta la fecha en que esté o estuvo vinculado en un cargo cobijado por el citado decreto.

QUINTO.- En consecuencia, la NACIÓN –PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, debe reconocer y pagar al señor MIGUEL ANTONIO CARVAJAL PINILLA, por concepto

10 Para el efecto citó la sentencia del 15 de julio de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de

debe reconocer y pagar al señor MIGUEL ANTONIO CARVAJAL PINILLA, por concepto

10 Para el efecto citó la sentencia del 15 de julio de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C , Sala de Conjueces , Radicado 1999-3972, Actor: Luis Ernesto Vargas Silva Vs. Rama Judicial, M.P. Luis Eduardo Pineda Palomino. 11 Cuaderno principal, folio 334 a 337.La aclaración se promovió por la parte demandante en escrito presentado el 29 de septiembre de 2017 – Cuaderno principal, folio 292.7

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. de la Bonificación por Compensación establecida en el Decreto 610 de 1998, el equivalente al diez por ciento (10%) mensual de los que todo concepto devenga como salario un magistrado de Alta Corte, incluyendo la prima de servicios, prima de vacaciones, prima de navidad, bonificación por servicios y las diferencias adeudadas por concepto de prima especial de servicios, teniendo en cuenta para la liquidación de esta todos los ingresos laborales totales anales de carácter permanente devengados por los congresistas, que son: sueldo básico, gastos de representación, prima de localización, y vivienda, prima de salud, primas de servicios, prima de navidad y cesantías, desde el 5 de marzo de 2001y hasta cuando funja en un cargo cobijado por tal normatividad».

10. La anterior decisión se profirió , al considerar que, para un verdadero restablecimiento del derecho se condenaría a la entidad demandada a i) la

de marzo de 2001y hasta cuando funja en un cargo cobijado por tal normatividad».

10. La anterior decisión se profirió , al considerar que, para un verdadero restablecimiento del derecho se condenaría a la entidad demandada a i) la liquidación de los salarios teniendo en que cuenta que se debe incluir las prestaciones y todo lo que recib ía Miguel Antonio Carvajal Pinilla como contraprestación por sus servicios; y ii) al reconocimiento y pago del 80% de lo que devengara por todo concepto salarial un magistrado de alta corte, concretamente al pago de las correspondientes diferencias salariales del 10% resultante entre tal porcentaje dejado de recibir y el 70% que se le pagó, desde su causación y hasta la fecha en que esté o estuvo vinculado en el cargo cobijado por el Decreto 610 de

1998.

1.4. Recurso de apelación

11. La Procuraduría General de la Nación presentó recurso de apelación con

fundamento en lo siguiente12:

11.1. No es procedente el reconocimiento y pago de dinero adicional pagado por la entidad al demandante por nómina por concepto de bonificación por compensación, ya que los ingresos fueron ajustados al máximo posible, previsto en el Decreto 1102 de 2012 a partir del 27 de enero de 2012 , de conformidad con la sentencia del 14 de diciembre de 2011 del Consejo de Estado 13, en el desempeño del cargo de procurador judicial II desde el 05 de marzo de 2001.

11.2. La orden proferida en la sentencia de primera instancia de l reconocimiento y pago al demandante de la diferencia salarial por concepto de bonificación por compensación, equivalen te 80% de lo que por todo concepto devengan como

11.2. La orden proferida en la sentencia de primera instancia de l reconocimiento y pago al demandante de la diferencia salarial por concepto de bonificación por compensación, equivalen te 80% de lo que por todo concepto devengan como salario los magistrados de altas cortes desde el 5 de marzo de 2001 hasta cuando en virtud de la sentencia del 14 de diciembre de 2011 empez ara a pagársele el mencionado porcentaje, con los correspondientes reajustes, de conformidad con el Decreto 610 de 1998, desconoció la postura de la Sección Segunda del Consejo de

12 Folios 305 a 310 del Cuaderno 1. 13 Consejo de Estado, sentencia del 14 de diciembre de 2011, Rad. 11001032500020050024401, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora.8

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020)

Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla.

Estado, en la Sentencia del 15 de mayo de 2017 14 en la que se estableció la prescripción para los derechos laborales causados antes de la vigencia del Decreto 4040 de 2004.

11.3. La sentencia del 15 de mayo de 2017 señaló que sobre los derechos causados con anterioridad al 03 de diciembre de 2004, fecha de entrada en vigencia del Decreto 4040 de 2004, no es posible aplicar la tesis de la prescripción señalada en la sentencia del 14 de diciembre de 2011 que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, ya que entre 1999 a 2001 el Decreto 4040 ni siquiera existía. Recuérdese

la sentencia del 14 de diciembre de 2011 que declaró la nulidad del Decreto 4040 de 2004, ya que entre 1999 a 2001 el Decreto 4040 ni siquiera existía. Recuérdese que los efectos de las normas son de aplicación general, inmediata e irretroactiva.

11.4. En consecuencia, la prescripción trienal debe contabilizarse a partir de lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y 41 del Decreto 3135 de 1968. Para el caso en particular, el demandante presentó la s olicitud administrativa el 7 de febrero de 2011, por ende, solo podría ordenarse el reconocimiento y pago de los conceptos reclamados desde el 3 de diciembre de 2004 en adelante.

11.5. Los derechos causados con posterioridad al 3 de diciembre de 2024 se hicieron exigibles a partir del 27 de enero de 2012, es decir, con la ejecutoria del fallo del 14 de diciembre de 2011, a quienes sí les aplica en su integridad, asimismo, conforme lo señalado en la sentencia del 18 de mayo de 2016.

11.6. El régimen salarial de la Rama Judicial y de los congresistas es un sistema distinto al que se ha establecido para la Procuraduría General de la Nación ; por tanto, no pueden aplicarse respecto de uno y otro y de modo generalizado las mismas consideraciones , por ende, el demandante no puede pretender que la procuraduría asuma facultades que no le han sido conferidas y realizar liquidaciones de regímenes totalmente diferentes al de la entidad. Además, l as cesantías no

mismas consideraciones , por ende, el demandante no puede pretender que la procuraduría asuma facultades que no le han sido conferidas y realizar liquidaciones de regímenes totalmente diferentes al de la entidad. Además, l as cesantías no hacen parte del ingreso laboral de carácter permanente y, por ende, no deben incluirse dentro de la reliquidación de la bonificación por compensación.

11.7. Los reconocimientos que ha efectuado la procuraduría se toman con base en la información que suministra la Rama Judicial respecto a las sumas de dinero que perciben los magistrados de alta corte , concretamente en el 80% de lo que anualmente perciben, luego, no es de recibo el reproche del actor en cuanto a los factores que deben incluirse para liquidar los emolumentos que anualmente perciben los magistrados, pues no es competencia de la procuraduría.

14 Consejo de Estado, sentencia del 15 de mayo de 2017, Rad. 27001233300020130027501(0292015).9

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020) Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla. 1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

12. La parte demandante presentó alegatos de conclusión con fundamento en lo

siguiente15:

12.1. Para determinar el 80% de lo que por todo concepto percibe anualmente un magistrado de alta corte, se debe tener en cuenta que los ingresos totales anuales de un congresista y un magistrado de alta corte deben ser idénticos , conforme al artículo 15 de Ley 4 de 1992.

12.2. La diferencia que se presenta entre los valores liquidados al congresista por

de un congresista y un magistrado de alta corte deben ser idénticos , conforme al artículo 15 de Ley 4 de 1992.

12.2. La diferencia que se presenta entre los valores liquidados al congresista por cesantías y los reconocidos al magistrado de alta corte por el mismo concepto, debe pagarse por prima especial de servicios y en aplicación al Decreto 610 de 1998 a los magistrados auxiliares de alta corte, magistrados de tribunal, procuradores judiciales II, entre otros, en el porcentaje que les corresponde, es decir en el 60% para el año 1999, el 70% para el 2000 y el 80% para la anualidad del 2001 a la fecha, de lo que por todo concepto percibe un magistrado de alta corte.

12.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a través de la C ircular DEAJC19-68 de 16 de agosto de 2019, admitió que no ha pagado correctamente la prima especial de servicios prevista en el artículo 15 de la Ley 4 de 1992 al magistrado de alta corte y reconoció los efectos vinculantes de la sentencia de l 18 de mayo de 2016, por lo que, a p artir de ese reconocimiento, comenzó a cancelar correctamente i) a los magistrados principales de alta corte la prima especial señalada y ii) a los magistrados de tribunal y auxiliares de alta corte, la bonificación por compensación, con la inclusión de esa i ncidencia para alcanzar el 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte.

12.4. Se debe aplicar en este asunto la «sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016» y ordenar a la Procuraduría General de la Nación reconocer el ajuste de la

que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte.

12.4. Se debe aplicar en este asunto la «sentencia de unificación del 18 de mayo de 2016» y ordenar a la Procuraduría General de la Nación reconocer el ajuste de la remuneración al demandante equivalente al 80% de lo que perciba por todo concepto devengue u n magistrado de altas cortes, el pago indexado y con los intereses de las diferencias salariales existentes.

12.5. La Pro curaduría General de la Nación presentó alegatos de conclusión, en oposición a las súplicas de la demanda, así16:

12.6. La «sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019 » proferida por la Sala

15 Folio 369 a 370. 16 Folios 375 a 377.10

Radicado: 25000-23-25-000-2011-00957-02 (0695-2020)

Demandante: Miguel Antonio Carvajal Pinilla.

Plena de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado17 refirió que «la reliquidación debe efectuarse únicamente hasta que se alcance el tope del 80% señalado» y que esta situación se ha cumplido por la entidad en los términos del Decreto 1102 de 2012 sin que exista la posibilidad de devengar un monto superior de tal manera que de ordenar la reliquidación de la bonificación por compensación desbordaría dicho porcentaje18 y, por ende, el marco legal que rige la materia.

12.7. La Procuraduría General de la Nación está sujeta a los contenidos de los artículos 150, literal e), numeral 19, y 189, numeral 11, de la Constitución Política; y

12.7. La Procuraduría General de la Nación está sujeta a los contenidos de los artículos 150, literal e), numeral 19, y 189, numeral 11, de la Constitución Política; y 1 de la Ley 4 ª de 1992; y, en virtud de estos, no es posible reconocer salarios y prestaciones pese a su autonomía presupuestal, administrativa y financiera, pues tal facultad reside en el gobierno nacional.

12.8. Al existir la compensación de los salarios de los funcionarios señalados en el Decreto 610 de 1998 en un 80% de lo percibido por todo concepto por los magistrados de altas cortes sin que todos sean constitutivos de factor salarial ; de constituirse la bonificación por compensación en carácter salarial sup eraría lo devengado y generaría un desequilibrio entre por lo percibido entre uno y otro funcionario, en ese orden, no constituye factor salarial para la liquidación de prestaciones sociales19.

1.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no se pronunció en esta instancia20.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

14. Se circunscriben a establecer ¿si Miguel Antonio Carvajal Pinilla tiene derecho al reconocimiento y pago de la diferencia salarial respecto de lo efectivamente pagado y lo dejado de percibir, en virtud de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998, modificado por e l Decreto 1239 de 1998 , respecto de los tiempos en los que se desempeñó como procurador judicial II?; y,

17 Consejo de Estado, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de unificación del

respecto de los tiempos en los que se desempeñó como procurador judicial II?; y,

17 Consejo de Estado, Sala Plena de Conjueces de la Sección Segunda, sentencia de unificación del 2 de septiembre de 2019, Rad. 41001-23-33-000-2016-00041-02 (2024-2018). 18 Al respecto también citó el concepto jurídico de la Defensa Jurídica del Estado mediante Oficio 20205000088571-DDJ de 31 de agost