CE - Sentencia 25000232500020120156002 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., diez (10) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020)

Demandante: Luis Roberto Suárez González

Demandado: Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración

Juridicial1

Temas: Prima especial de servicios, artículo 14 de la Ley 4ª de 1992

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Luis Roberto Suárez González presentó demanda 2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso-Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio

1. Luis Roberto Suárez González presentó demanda 2 en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 85 del Código Contencioso-Administrativo3, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio DESAJ11-JR – 0861 del 6 de julio de 2011 y la Resolución 10520 del 24 de agosto de 20114 expedidos por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial

1 En adelante DEAJ. 2 Folios 72 al 105. La demanda fue presentada el 29 de junio del 2012. 3 En adelante CCA. 4 «Por el cual se concede un recurso de apelación».2

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020)

Demandante: Luis Roberto Suárez González

de Bogotá5; y la Resolución 6175 del 6 de diciembre de 2011 proferida por la DEAJ, a través de los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998 y de la prima especial de servicios del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó i) el reconocimiento y pago de a) las prestaciones sociales sobre el 30% del salario percibido como prima sin carácter salarial; b) el 30% de la remuneración mensual faltante con las consecuencias prestacionales; c) la diferencia salarial por concepto de bonificación por compensación equivalente al 80% de lo que por todo concepto perciba un magistrado de alta corte , conforme con la sentencia proferida

mensual faltante con las consecuencias prestacionales; c) la diferencia salarial por concepto de bonificación por compensación equivalente al 80% de lo que por todo concepto perciba un magistrado de alta corte , conforme con la sentencia proferida el 4 de mayo de 2009 por el Consejo de Estado. Desde el 1° de septiembre de 2001 «hasta la fecha» en que se desempeñe en el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá; ii) la indexación de las sumas adeudadas de conformidad con el artículo 178 del CCA; y iii) los intereses corrientes y moratorios desde la fecha en que se hace obligatorio el pago hasta cuando se haga efectivo.

3. Asimismo, pidió la inaplicación de los artículos 7 y 8 de los decretos 1475 de 2001, 2720 de 2001, y 2777 de 2001; 6 y 7 de los decretos 673 de 2002, 3569 de 2003, 4172 de 2004, 936 de 2005, y 389 de 2006; 6 de los decretos 618 de 2007 y 658 de 2008; 8 de los decretos 723 de 2009, 1388 de 2010 y 1039 de 2011 expedidos por el gobierno nacional. Así como el Decreto 4040 de 2004 anulado mediante sentencia del 14 de diciembre del 2011 de la Sala de Conjueces de la Sección

Segunda del Consejo de Estado6.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes7:

4.1. Luis Roberto Suárez González se desempeñó como magistrado de la Sala Civil

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes7:

4.1. Luis Roberto Suárez González se desempeñó como magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá desde el 1° de septiembre de 2001.

4.2. El 11 de ju nio de 2011 solicitó a la DEAJ la reliquidación y el pago de las diferencias salariales adeudadas por concepto de bonificación por compensación en virtud del Decreto 610 de 1998 y la prima especial de servicios contenida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, desde el 1° de septiembre de 2001 «hasta la fecha».

4.3. A través del Oficio DESAJ11-JR-0861 del 6 de julio de 2011 la entidad negó la petición.

5 En adelante DESAJ de Bogotá 6 Expediente de radicado 2005-00244. 7 Folios 73 a 104.3

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020)

Demandante: Luis Roberto Suárez González

4.4. Mediante la Resolución 10520 del 24 de agosto del 2011 concedió el recurso de apelación interpuesto contra el Oficio DESAJ11-JR-0861 del 6 de julio de 2011.

4.5. Por medio de la Resolución 6175 del 6 de diciembre de 2011 confirmó la decisión contenida en el referido oficio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 25, 53, 55, 58 y 121 de la Constitución

contenida en el referido oficio.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Como tales se señalaron los artículos 1, 13, 25, 53, 55, 58 y 121 de la Constitución Política; 14 del Código Sustantivo del Trabajo; 84 del Código Contencioso Administrativo; 2, 3 y 14 de la Ley 4ª de 1992; 152 de la Ley 270 de 1996; 24 de la Convención Am ericana de Derechos Humano; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 de la Convención 11 de la OIT.

6. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos:

6.1. La prima especial de servicios constituy e un factor adicional a la remuneración de los servidores públicos conforme con los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992, por lo tanto, los actos demandados fueron expedidos en desconocimiento de los derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables ante la disminución del 30% del sueldo básico mensual y de las prestaciones sociales sobre dicho porcentaje.

6.2. Desde el año 2001 en adelante, la bonificación por compensación creada por el Decreto 610 de 1998 aplicó en un 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte. Dicha norma se encuentra vigente porque los decretos 2668 de 1998 y 4040 de 2004 fueron anulados por el Consejo de Estado mediante sentencias del 25 de septiembre de 2001 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente.

6.3. Le asiste el derecho de la bonificación por compensación y la prima especial de

sentencias del 25 de septiembre de 2001 y 14 de diciembre de 2011, respectivamente.

6.3. Le asiste el derecho de la bonificación por compensación y la prima especial de servicios al desempeñar el cargo de magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

6.4. Los actos demandados fueron expedidos con falsa motivación y desviación de poder que justifican la inaplicación de los decretos 4040 de 2004 y los relativos a la prima especial en virtud del artículo 4 de la Constitución, al estar inmersos en una condición de desigualdad y en desconocimiento de derechos ciertos, indiscutibles e irrenunciables por la disminución del 30% del sueldo básico mensual y de las prestaciones sociales sobre dicho porcentaje.4

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020)

Demandante: Luis Roberto Suárez González 1.2. Contestación de la demanda

7. La DEAJ se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que se

expresan a continuación8:

7.1. La bonificación por compensación fue creada mediante el Decreto 610 de 1998 en un 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte [porcentaje aplicable a partir del año 2001 en adelante]. El Decreto 4040 de 2004 creó la bonificación de gestión judicial en un porcentaje del 70%.

7.2. El Consejo de Estado , en varias oportunidades ha condenado a la DEAJ al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en virtud del Decreto 610 de 1998 al considerar lo vigente en atención a la declaratoria de nulidad del

7.2. El Consejo de Estado , en varias oportunidades ha condenado a la DEAJ al reconocimiento y pago de la bonificación por compensación en virtud del Decreto 610 de 1998 al considerar lo vigente en atención a la declaratoria de nulidad del Decreto 4040 de 2004, razón por la cual solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la consecución de los recursos para el pago directo de las sumas adeudadas de forma retroactiva en virtud de dicha anulación y en virtud de los múltiples fallos contra la entidad que gen eran mayor gasto público por las indexaciones e intereses. El referido ministerio no dio respuesta.

7.3. La prima especial de servicios creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial, por lo tanto, no constituye factor de salario para la liquidación y pago de las prestaciones sociales.

7.4. La prima especial prevista en los artículos 15 de la Ley 4ª de 1992 y 2 del Decreto 10 de 1993 se creó con el fin de equiparar los ingresos de los magistrados de altas cortes con los ingresos totales anuales percibidos de forma permanente [dentro de los cuales no hacen parte las prestaciones sociales, entre estas las cesantías. Sí incluye la prima de navidad] por los congresistas sin que implique modificación de las prestaciones sociales y demás conceptos laborales que ten ían dichos magistrados antes de la expedición de la ley referida.

7.5. No se podían efectuar las equivalencias entre el valor que se liquidaba por concepto de cesantías a los congresistas y el que se le reconocía a los magistrados de altas cortes para ordenar el pago de la diferencia de estas por el concepto de

7.5. No se podían efectuar las equivalencias entre el valor que se liquidaba por concepto de cesantías a los congresistas y el que se le reconocía a los magistrados de altas cortes para ordenar el pago de la diferencia de estas por el concepto de prima especial de servicios sin carácter salarial. El componente de dicha prima está limitado a los ingresos de carácter permanente sin que apliquen las prestaciones sociales, por lo tanto, las cesantías de los congresistas no podrán ser iguales a las de los magistrados.

7.6. Las cesantías están compuestas únicamente por la asignación básica y los

8 Folio 151.5

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González gastos de representación sin la inclusión del valor que conforma la prima especial

[tercer componente de la remuneración de magistrado de alta corte] al no tener carácter salarial, por lo tanto, no puede tenerse en cuenta en la liquidación de la bonificación por compensación.

7.7. Al Congreso de la República y al gobierno nacional le corresponde fijar el régimen salarial y prestacional pero no a la rama judicial; de tal manera que aplicó las normas vigentes al momento de negar la petición del demandante. Las sentencias que han declarado la nulidad de los decretos salariales aplican hacia al futuro y las de nulidad y restablecimiento del derecho tienen efectos inter partes que impiden su aplicación al caso reclamado. Por lo tanto, los actos expedidos con base en las normas que fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado se presumen legales.

futuro y las de nulidad y restablecimiento del derecho tienen efectos inter partes que impiden su aplicación al caso reclamado. Por lo tanto, los actos expedidos con base en las normas que fueron declaradas nulas por el Consejo de Estado se presumen legales.

7.8. Propuso las excepciones de i) «ausencia de casusa petendi»; ii) «cobro de lo no debido»; iii) « la innominada; y iii) la prescripción de los derechos causados con anterioridad al 1 de junio de 2008 debido a que la reclamación fue presentada el 1 de junio de 2011.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, profirió sentencia el 17 de noviembre de 2017 9, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. En tal sentido, ordenó lo siguiente:

«PRIMERO.- Estarse a lo resuelto por el Consejo de Estado en la sentencia del 14 de diciembre de 2011, por medio de la cual se anuló el Decreto 4040 del 3 diciembre de 2004 y a la sentencia de unificación de 18 de mayo de 2016.

SEGUNDO: Estarse a lo resuelto por la Sala de Conjueces de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia del 29 de abril de 2014 en la cual se declaró la nulidad, entre otras, de las normas cuya inaplicación solicitó el actor en el texto de la demanda.

TERCERO: INAPLICAR el artículo 6 del Decreto salarial 658 de 2008, artículo 8 del

nulidad, entre otras, de las normas cuya inaplicación solicitó el actor en el texto de la demanda.

TERCERO: INAPLICAR el artículo 6 del Decreto salarial 658 de 2008, artículo 8 del Decreto salarial 723 de 2009, y el artículo 8 de los Decretos salariales 1388 de 2010 y 1039 de 2011, por ser claramente contrarios al artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

CUARTO.- Declarar la nulidad de los actos administrativos contenidos en el oficio DESAJ 11-JR-0861 del 6 de julio de 2011 y las resoluciones 10520 del 24 de agosto de 2011 y 6175 del 6 de diciembre de 2011, por medio de los cuales la dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura resolvió no acceder a la petición de pago de las diferencias adeudadas a LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ, por concepto del pago de la Bonificación por Compensación y del derecho

9 Folios 237 a 244.6

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González que tiene de percibir el 30% de la remuneración mensual faltante con las consecuencias prestacionales y que corresponde al 30% del salario básico mensual con sus consecuencias prestacionales, por lo expuesto en las consideraciones de esta sentencia.

QUINTO: Declarar no probadas las excepciones de prescripción trienal, ausencia de causa petendi y cobro de lo no debido propuestas por la Nación -Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

QUINTO: Declarar no probadas las excepciones de prescripción trienal, ausencia de causa petendi y cobro de lo no debido propuestas por la Nación -Rama Judicial, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

SEXTO.- Condenar a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL , a reconocer y pagar al demandante LUIS ROBERTO SUAREZ , en su calidad de Magistrado Auxiliar del Consejo de Estado, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), equivalente ochenta por ciento (80%), de lo que por todo concepto devengan como salario los Magistrados de las Altas Cortes, desde el 1 de septiembre de 2001 hasta el 26 de enero de 2012 de lo cual se descontará lo ya cancelado al demandante de acuerdo con lo establecido por el decreto 4040 de 2004.

SÉPTIMO: Condenar a LA NACIÓNRAMA JUDICIAL, a reconocer y a pagar al señor LUIS ROBERTO SUAREZ GONZALEZ el valor del sueldo básico y de las prestaciones sociales correspondientes durante el periodo comprendido desde el 1 de septiembre de 2001 como Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá hasta la fecha en que fungió en ese cargo, le hubiesen sido cancelados sin incluir la citada prima especial de servicios como un factor adicional al salario y se le condena a reliquidar el salario y prestaciones sociales dejadas de devengar por el demandante, tales como: (i) primas de servicios, (ii) de vacaciones, (iii) de navidad, (iv) vacaciones, (v) bonificación por servicios prestados, y (vi) cesantías, devengados durante el periodo antes relacionado,

servicios, (ii) de vacaciones, (iii) de navidad, (iv) vacaciones, (v) bonificación por servicios prestados, y (vi) cesantías, devengados durante el periodo antes relacionado, reconociendo y pagando al actor el 100% de su remuneración mensual y liquidando sus prestaciones sociales con base en este porcentaje, teniendo en cuenta lo devengado mensualmente sin deducir la denominada prima especial de Servicios.

OCTAVO: ORDENASE la actualización de la condena en los términos del artículo 178 del C.C.A, dando aplicación a la siguiente fórmula:

R = RH Índice final Índice inicial

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH), que es lo que corresponde a la prestación social, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE (vigente a la ejec utoria de esta sentencia) por el índice inicial (vigente para la fecha en que se causaron cada una de las sumas adeudadas). A la presente sentencia se dará cumplimiento de acuerdo con lo dispuesto en los Arts. 176 a 178 del C.C.A.

NOVENO: Sin condena en costas.

DÉCIMO: Expídase por secretaría y entregar a la demandante, copia de esta sentencia con la constancia de su notificación y ejecutoria (sic)».

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos:

9.1. Los actos demandados desconocieron la vigencia del Decreto 610 de 1998 y el7

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020)

Demandante: Luis Roberto Suárez González

9.1. Los actos demandados desconocieron la vigencia del Decreto 610 de 1998 y el7

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González artículo 53 superior al negar la petición de Luis Roberto Suárez González con la que pretendía el reconocimiento y pago de la bonificación por compensación y la prima especial de servicios en los términos establecidos en el decreto referido y el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

9.2. La bonificación por compensación corresponde a un derecho prestacional mensual de carácter permanente que constituye factor salarial, el cual no puede ser desmejorado, de tal manera que a los beneficiarios de este derecho se les debe reconocer el porcentaj e del 60% de lo que por todo concepto devengan los magistrados de altas cortes desde el año 1999; del 70% desde el año 2000 y del 80% desde el año 2001 en adelante en virtud del Decreto 610 de 1998.

9.3. La prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 se creó sin carácter salarial y fue reglamentada por el gobierno nacional mediante decretos anuales entre los años 1993 a 2010 en un equivalente al 30% de la remuneración básica mensual de los funcionarios judiciales, es decir, como una parte de la remuneración básica y no como un factor adicional.

9.4. El contenido normativo de los decretos fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado mediante las sentencias del 14 de enero de 200910 y 19 de mayo de 201011 por cuanto dicha prima debía ser entendida como un fenómeno retributivo

9.4. El contenido normativo de los decretos fue declarado inconstitucional por el Consejo de Estado mediante las sentencias del 14 de enero de 200910 y 19 de mayo de 201011 por cuanto dicha prima debía ser entendida como un fenómeno retributivo de carácter adicional a la actividad laboral cumplida por el servidor público de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 4ª de 1992. De igual forma, el Consejo de Estado, a tr avés de la sentencia del 29 de abril de 2014 12 declaró la nulidad de gran parte de los decretos reglamentarios sin que con ello desapareciera la prima especial de servicios. Por lo tanto, constituye un factor adicional y no una disminución de la remuneración básica mensual.

9.5. Luis Roberto Suárez González laboró como «magistrado auxiliar del Consejo de Estado desde el 14 de julio de 2008» por lo tanto tenía derecho a la bonificación por compensación, por lo que, debió recibir una remuneración equivalente al 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte. Asimismo, tenía derecho a la prima especial de servicios como un factor adicional a la remuneración básica mensual y a la liquidación de las prestaciones con base en el 100% del salario básico mensual.

9.6. El término de prescripción se contabiliza desde que el derecho se hace exigible. Para este caso se c uenta a partir de la ejecutoria de la sentencia que declaró la

10 Con radicado 11001-03-25-000-2007-000-98-00. 11 Con radicado 25000-23-25-000-2005-01134-01.

10 Con radicado 11001-03-25-000-2007-000-98-00. 11 Con radicado 25000-23-25-000-2005-01134-01. 12 Con radicado 11001-03-25-000-2007-00087-00.8

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González nulidad del Decreto 4040 de 2004, es decir, desde el 28 de enero de 2012, de tal manera que no operó la prescripción por cuanto «la demanda fue presentada el 29 de junio de 2012».

10. El ordinal 6° de la sentencia de primera instancia fue adicionado y corregido mediante providencia del 15 de agosto de 2019, por cuanto no se había registrado el segundo apellido del demandante, se señaló un cargo distinto y no se indicó que el sueldo devengado por los magistrados de altas cortes debía ser equiparado con

el de los congresistas:

«SEXTO.- Condenar a LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL , a reconocer y pagar al demandante LUIS ROBERTO SUAREZ GONZÁLEZ, en su calidad de Magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, el derecho adquirido a recibir las diferencias adeudadas por concepto de BONIFICACIÓN POR COMPENSACIÓN (Decreto 610 de 1998), equivalente ochenta por ciento (80%), de lo que por todo concepto devengan como salario los Magistrados de las Altas Corporaciones de justicia, equiparados a los congresistas por el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde el 1 de septiembre de 2001

como salario los Magistrados de las Altas Corporaciones de justicia, equiparados a los congresistas por el artículo 15 de la Ley 4 de 1992, desde el 1 de septiembre de 2001 hasta la fecha, y hasta cuando el titular de este derecho siguiera cobijado por esa norma, de lo cual se descontará lo ya cancelado al demandante de acuerdo con lo establecido por el decreto 4040 de 2004».

1.4. El recurso de apelación

11. La DEAJ solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia en los

siguientes términos13:

11.1. La prima especial de servicios del 30% prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no constituye factor salarial, de tal manera que no debe tenerse en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. Sobre el asunto hubo pronunciamiento de la Corte Constitucional lo cual constituye «cosa juzgada».

11.2. Los decretos salariales expedidos entre los años 1993 a 2007 que regularon la prima especial de servicios fueron anulados por el Consejo de Estado, sin embargo, los expedidos desde el año 2008 en adelante se encuentran vigentes y se presumen legales; por lo tanto, reliquidar las prestaciones del demandante con la inclusión del 30% de la prima especial de servicios como un factor de salario implicaría un desacato al ordenamiento legal vigente.

11.3. Se demostró la ausencia de causa petendi ya que las sentencias que anularon los decretos salariales rigen hacia el futuro; por lo tanto, no es posible establecer efectos retroactivos. De otra parte, de liquidarse la prima especial de servicios como un factor adicional al salario desbordaría el 80% de lo que por todo concepto percibe

13 Folio 257 a 262.9

efectos retroactivos. De otra parte, de liquidarse la prima especial de servicios como un factor adicional al salario desbordaría el 80% de lo que por todo concepto percibe

13 Folio 257 a 262.9

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González un magistrado de alta corte, así que los valores pagados al demandante desde el año 2012 serían objeto de reembolso al generar un mayor valor al pago de la

bonificación por compensación. Así lo señaló:

«Adicionalmente, es claro que en este evento se sobrepasa el ochenta por ciento (80%) de lo que por todo concepto recibe anualmente como remuneración el magistrado de alta corte, pues al incrementar el salario en un 30% que es lo decreto en el presente asunto, los valores que se le han venido cancelando a partir de enero de 2012 a la parte demandante, deberán ser objeto de reembolso, por generar un mayor valor cancelado y que corresponde al pago de lo correspondiente a bonificación por compensación, pues su salario se incrementaría de tal modo que el valor cancelado por la bonificación haría que sobrepasara en grado sumo el 80% de lo que por todo concepto devenga un magistrado de alta corte, llegando incluso a superar el salario de estos».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

12. Luis Roberto Suárez González presentó alegatos de conclusión, en los que reiteró los argumentos en torno al reconocimiento de sus derechos y la no configuración de la prescripción14.

13. La DEAJ guardó silencio15.

1.6. El Ministerio Público

reiteró los argumentos en torno al reconocimiento de sus derechos y la no configuración de la prescripción14.

13. La DEAJ guardó silencio15.

1.6. El Ministerio Público

14. En esta oportunidad no se pronunció16.

2. Consideraciones 2.1. Problema jurídico

15. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, lo que delimita la competencia del juez en segunda instancia 17, se circunscriben a

14Folio 309. 15 Folio 314. Como se evidencia de la constancia secretarial del 6 de junio de 2022. 16 Ejusdem. 17 Pues así lo dispone el artículo 328 del CGP, que señala: «Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.

Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.

En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.10

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González establecer si ¿la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª

Radicado: 25000-23-25-000-2012-01560-02 (1550-2020) Demandante: Luis Roberto Suárez González establecer si ¿la prima especial de servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 constituye factor salarial para reliquidar las prestaciones sociales?; y ¿el reconocimiento de la prima especial de servicios como un factor adicional al salario básico mensual vulnera el límite previsto en el Decreto 610 de 1998?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La prima especial del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar

16. El literal e) numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política le asignó al Congreso de la República la función de expedir las leyes y, por medio de ellas, señalar los objetivos y criterios a los que debe sujetarse el gobierno al fijar, entre otros, el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del congreso nacional y de la fuerza pública.

17. En ejercicio de la señalada atribución constitucional, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, mediante la cual, en su artículo 14, indicó lo siguiente:

«El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial 18 para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y

Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993.

Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad». [Se resalta].

En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 18 Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-27996 de 24 de junio de 1996, magistrado ponente Hugo Palacios Mejía. «El legislador conserva una cierta libertad para establecer, qué componentes constituyen, o no salario; así como la de definir y desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber

desarrollar el concepto de salario, pues es de su competencia desarrollar la Constitución. El considerar que los pagos por primas técnicas y especiales no sean factor salarial, no lesiona los derechos de los trabajadores, y no implica una omisión o un incorrecto desarrollo del especial deber de protección que el Estado colombiano tiene en relación con el derecho al trabajo, ni se aparta de los de