CE - Sentencia 25000232600020040042601 de 2025

Consejo de Estado

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Detalles

Título
CE - Sentencia 25000232600020040042601 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-26-000-2004-00426-01 (58434) ACUMULADO

Demandante: UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES Y OTRA

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

Referencia: ACCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES

Temas: CONTRATO NO CUMPLIDO – Excepción que impide el reconocimiento de perjuicios por inobservancias de la contraparte / ANTICIPO – Naturaleza – amortización – reintegro / GIRO DEL ANTICIPO – Ejecución del contrato no estaba condicionada a esa operación / EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – Los elementos de su ruptura son distintos al incumplimiento del negocio jurídico / LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO / No procede de oficio.

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos, separadamente, por amb os extremos de la litis, contra la sentencia dictada el 23 de julio de 2015 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera - Subsección C de Descongestión, y en la cual se resolvieron los procesos acumulados 2003 -02138 y 2004-00426, con las siguientes determinaciones:

PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad de la acción dentro del expediente 2004 -4246, para la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS

2004-00426, con las siguientes determinaciones:

PRIMERO: DECLARAR de oficio la caducidad de la acción dentro del expediente 2004 -4246, para la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A., respecto de las Resoluciones N° 280 del 09 de marzo de 2001, mediante la cual se impone una multa [a] la contratista, y de su confirmatoria N° 2363 de 25 de septiembre de 2001 (...).

SEGUNDO: DECLARAR no probada la excepción de indebido agotamiento de la vía gubernativa propuesta por el IDU (...).

TERCERO: DECLARAR la nulidad de los siguientes actos administrativos

[proferidos por el IDU] (...): Resolución N° 280 del 09 de marzo de 2001; Resolución N° 2363 de 25 de septiembre de 2001; Resolución N° 1308 del 16 de mayo de 2001; Resolución N° 815 del 8 de marzo de 2002; Resolución N° 12433 del 19 de diciembre de 2002 y Resolución N° 6230 del 11 de agosto de 2003.

CUARTO: [DECLÁRASE] que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU no podrá cobrar a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES (...) el monto de la multa impuesta mediante Resolución N° 280 del 09 de marzo de 2001 y su confirmatoria N° 2363 de 25 de septiembre de 2001 (...), y en caso de haberse2

Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales

Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales hecho a la fecha de ejecutoria de esta providencia, deberá reintegrar su valor, debidamente actualizado, según la fórmula que para el efecto emplea esta jurisdicción.

QUINTO: DECLARAR que el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU no podrá hacer efectiva la garantía única número G U01 0 1078198 de fecha 31 de diciembre de 199 (sic) (...) a la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS CONFIANZA S.A. (...), en razón de la nulidad de las Resoluciones N° 1308 del 16 de mayo de 2001 y su confirmatoria parcialmente N° 815 del 8 de marzo de 2002, y en caso de haberse hecho a la fecha de ejecutoria de esta providencia, deberá reintegrar su valor, debidamente actualizado, según la fórmula que para el efecto emplea esta jurisdicción.

SEXTO: ORDENAR CANCELAR el reporte de la sanción impuesta mediante Resoluciones N° 1308 del 16 de mayo de 2001 y (...) N° 815 del 8 de marzo de 2002, en el Certificado de Inscripción, Clasificación y Calificación en la Cámara de Comercio, de los señores RÓMULO TOBO USCÁTEGUI; AURELIO GUTIÉRREZ CASTILLO; y la sociedad SODEIC LTDA.

SÉPTIMO: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES (...), por concepto de perjuicios

GUTIÉRREZ CASTILLO; y la sociedad SODEIC LTDA.

SÉPTIMO: CONDENAR al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a la UNIÓN TEMPORAL OBRAS VIALES (...), por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, la suma de MIL NOVECIENTOS

VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS

PESOS M/CTE (...).

OCTAVO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda (...).

I. SÍNTESIS DEL CASO

La unión temporal Obras Viales demandó la nulidad de los actos administrativos en los que el IDU -entidad contra tantele impuso una multa por el incumplimiento, declaró la caducidad del contrato IDU -UEL-7-8-805-899 de 1999 y liquidó unilateralmente dicho negocio jurídico. De igual manera, alegó en juicio el incumplimiento contractual de la Administración, la ruptura del equilibrio económico del contrato y la subsiguiente indemnización de perjuicios.

Declarada la nulidad de todos los actos enjuiciados por falta de competencia y por liquidarse el contrato con base en dos decisiones infractoras del ordenamiento, en la sentencia de primer grado se dispuso no liquidar judicialmente el contrato, por lo cual, en la presente instancia, se debate la legalidad misma de los actos acusados, la procedencia de ese balance económico en sede judicial y si hay lugar a que se reconozcan o no a favor de la demandante quince (15) conceptos económicos que, en pretensión separada, pidió incluir en dicha liquidación, por la suma total de $865’140.522.15.3

reconozcan o no a favor de la demandante quince (15) conceptos económicos que, en pretensión separada, pidió incluir en dicha liquidación, por la suma total de $865’140.522.15.3 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales

II. A N T E C E D E N T E S

1. LAS DEMANDAS Y SU TRÁMITE PREVIO A LA ACUMULACIÓN

1.1. Proceso N° 2003-021381

1.1.1. La demanda

El 6 de octubre de 2003, la unión temporal Obras Viales 2 interpuso demanda de controversias contractuales contra el IDU a efectos de que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos (expedidos por la entidad demandada en el marco del contrato de obra IDU-UEL 7-8-805-99 del 31 de diciembre de 1999).

a) Resoluciones 280 del 9 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de noviembre del mismo año, en las cuales el IDU impuso una multa a la unión temporal Obras Viales (en adelante, Obras Viales o “la UT”) por la suma de $87’074.140, y confirmó dicha decisión.

b) Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, por las cuales el IDU dispuso y confirmó las declaratorias de incumplimiento y de caducidad del contrato IDU -UEL 7-8-805-99, así como la ocurrencia de varios

las cuales el IDU dispuso y confirmó las declaratorias de incumplimiento y de caducidad del contrato IDU -UEL 7-8-805-99, así como la ocurrencia de varios siniestros cubiertos por la garantía respectiva, la que, además, ordenó hacer efectiva bajo distintos conceptos.

c) Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, por las cuales el IDU liquidó el contrato en forma unilateral y confirmó tal decisión.

En subsidio de la pretensión primera, en la que se incorporaron todas las solicitudes hasta aquí indicadas, deprecó la nulidad de la Licitación Pública IDU -LP-UEL-0811999, el pliego de condiciones y demás instrumentos de ese proceso de selección, así como del contrato mismo, celebrado con la unión temporal.

Como segundo punto del petitum, solicitó que “se ordene al Instituto de Desarrollo Urbano – IDU liquidar el contrato número IDU-UEL-7-8-805-99”, teniendo en cuenta “el estado financiero” y los valores indicados por la propia demandante, que fueron los siguientes (transcripción literal):

1 Radicación N° 250002326000200302138. 2 Integrada por la empresa Sodeic Ltda. y los señores Rómulo Tobo Uscátegui y Aurelio Gutiérrez Castillo.4 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales

Tabla 1 Valor consignado por concepto de anticipo $607.493.974,00

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales

Tabla 1 Valor consignado por concepto de anticipo $607.493.974,00 Valor neto pagado por el acta N° 6 de estudios y diseños $18.335.206,00 Valor neto pagado por el acta N° 9 de estudios y diseños $26.888.593,00 Valor neto pagado por el acta N° 10 de recibo parcial de obra N° 1 $29.137.320,00 Valor neto pagado por el acta N° 11 de Reajustes 1R $4.573.088,00 Valor de los estudios y diseños y obra ejecutada, recibida por el IDU $302.668.076,00 Valor neto del anticipo que se reintegró $287.504.758,00 Valor de las quince (15) reclamaciones $713.401.842,33 Saldo a favor del contratista a mayo 14/01 $617.146.495,33 Saldo a favor del contratista actualizado a junio /03 $865.140.522,15

En la pretensión tercera se aludió al incumplimiento contractual del IDU y se hicieron solicitudes de condena, en los siguientes términos:

TERCERA: Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de las Resoluciones demandadas y el incumplimiento del contrato IDU -UEL-7-8-80599 de diciembre 31 de 1999, se declare responsable y se condene al INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a m is representados los daños, perjuicios materiales que le fueron causados, a título de daño emergente y lucro cesante y de los perjuicios morales causados a mis

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU a pagar a m is representados los daños, perjuicios materiales que le fueron causados, a título de daño emergente y lucro cesante y de los perjuicios morales causados a mis representados, los cuales se tasan y discriminan en las sumas de dinero siguientes, las que fueron actualizadas monetariamente a junio de 2003:

1.- La suma de $8.077’272.784.86 (...) en razón de los perjuicios materiales causados por la inhabilidad para contratar durante cinco años, según lo establecido por la Ley 80 de 1993, por concepto de la Admi nistración, Imprevistos y Utilidad, costos indirectos y honorarios dejados de percibir durante este período. 2.- La suma de $62’139.678.94 (...) en razón de los perjuicios morales causados por la inhabilidad para contratar (...). 3.- La suma de $865’140.522.15 (...) en razón de saldo a favor del contratista que queda por concepto de la liquidación del contrato, teniendo en cuenta las quince reclamaciones formuladas.

Las demás pretensiones de la demanda se encaminaron, en esencia, a los siguientes objetivos:

  • El reconocimiento de que, por cuenta del incumplimiento contractual del IDU, la contratista no pudo ejecutar la totalidad de los ítems pactados. - La supresión de los registros de multa, caducidad e inhabilidad, del Registro Único de Proponentes de cada miembro de la unión temporal contratista. - La actualización de los valores que integran la condena y la fijación de intereses moratorios sobre ellos.5

Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

  • La actualización de los valores que integran la condena y la fijación de intereses moratorios sobre ellos.5

Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales Como hechos fundantes de tales pretensiones, la unión temporal relató, en síntesis,

lo siguiente:

El 31 de diciembre de 1999, el IDU y la UT Obras Viales celebraron, previa licitación pública, el contrato IDU -UEL-7-8-805-99, con el objeto de adelantar los estudios, diseños y construcción de varias vías en las localidades de Bosa y Kennedy, en la ciudad de Bog otá, todo ello por el valor de $2.024’979.912 y por un plazo de ejecución de 10 meses, luego de los cuales se contaría con 2 meses más para realizar la respectiva liquidación.

El contrato debía ceñirse al Decreto Distrital 176 de 1998 y sus modificatorios posteriores, normativa que, entre otras cosas, obligaba a cada entidad distrital a contar con las respectivas licencias, permisos y presupuestos, previo a la ejecución de cualquier proyecto. Asimismo, debía cumplir con lo establecido en materia de planeación, en los decretos distritales 449 y 739 de 1999, entre otros. Sin embargo, el IDU dio apertura a la licitación y celebró el contrato desatendiendo dichas normas, al no delimitar clara ni oportunamente las vías objeto del contrato, y al cambiar sobre la marcha las reglas de juego relativas a la entrega del anticipo, afectando de esa manera la forma de pago de la totalidad del negocio jurídico.

al no delimitar clara ni oportunamente las vías objeto del contrato, y al cambiar sobre la marcha las reglas de juego relativas a la entrega del anticipo, afectando de esa manera la forma de pago de la totalidad del negocio jurídico.

Así, el IDU incluyó en el contrat o IDU -UEL-7-8-805-99 el estudio, diseño y construcción de vías en barrios ilegales, e impartió respecto de éstos los avales técnicos y jurídicos a sabiendas de las irregularidades existentes y de las prohibiciones normativas que al respecto operaban en la época del contrato.

La entidad remitió tardíamente la ficha técnica del proyecto al DAMA3, ocasionando que la licitación pública se abriera sin contar con el visto bueno de esa entidad, y que la ejecución del contrato, en lugar de iniciar en enero de 2000 , lo hiciera en mayo de ese año, pues sólo en febrero de 2000, el IDU envió al DAMA la aludida ficha técnica, de suerte que este organismo únicamente pudo impartir directrices para el cumplimiento del Manual de Manejo de Proyectos de Mínimas Implicaciones Ambientales ―aplicable a la obra materia de contratación― mediante Resolución 684 del 12 de abril de 2000.

Tal incumplimiento del IDU derivó en el desequilibrio contractual, pues por haber iniciado la ejecución del contrato en mayo de 2000 y no antes, de bió prolongarse

3 Departamento Administrativo del Medio Ambiente, entidad hoy convertida en Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá.6 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales

Ambiente de Bogotá.6 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales hasta los primeros meses de 2001, generando pasivos y varias contingencias presupuestales en el pago de la última cuenta de estudios y diseños, así como las cuentas de obra de diciembre de 2000 y enero, febrero y marzo de 2001.

Adicionalmente, aunque la Resolución 684 de 2000, expedida por el DAMA, cobijó de manera exclusiva las vías inicialmente contratadas por el IDU, esta entidad incluyó en la obra otros tramos ajenos al negocio jurídico y al pliego de condiciones, en el momento de espec ificar -por solicitud del interventor - la nomenclatura de las calles comprometidas en el proyecto, en la localidad de Bosa. Ello implicó que la contratista debiera realizar el estudio, diseño y construcción de elementos no cobijados con disponibilidad ni reserva presupuestal.

Por otro lado, en la cláusula sexta del contrato se modificó indebidamente la forma de pago fijada en el pliego de condiciones para los estudios y diseños, pues inicialmente la Administración previó un “pago anticipado del cincuenta p or ciento” del valor de los estudios y diseños, mientras que en el acuerdo de voluntades se fijó como porcentaje del anticipo el 30% del “valor del contrato” . En esa medida, la contratista, según la demanda, “no pudo disponer de manera anticipada del (...) 50% del valor de los estudios y diseños”, pese a que así estaba dispuesto en el pliego de condiciones.

contratista, según la demanda, “no pudo disponer de manera anticipada del (...) 50% del valor de los estudios y diseños”, pese a que así estaba dispuesto en el pliego de condiciones.

El 4 de septiembre de 2000, cuando habían transcurrido cuatro meses desde el inicio del contrato, el IDU consignó tardíamente el anticipo, infringiendo el artículo 19 del Decreto 2150 de 1995, pese a que la contratista había cumplido los requisitos respectivos desde enero de 2000. Tal demora obedeció a que la entidad contratante condicionó la entrega del anticipo a que se cumplieran exigencias no estable cidas en la ley ni en el contrato.

El IDU también incurrió en incumplimientos por inducir la variación de los estudios y diseños, no entregar correcta ni oportunamente los planos, redes y certificaciones de servicios públicos -instrumentos que estaban a s u cargo-, aceptar la ejecución de obras no previstas sin pactar sus precios (la contratista no aceptó las sumas propuestas y fijadas por el IDU), modificar el diseño de vías a punto de concluir, suspender en dos ocasiones los giros de la cuenta de anticipo y no pagar la totalidad de las cuentas de estudios, diseños y obra.

De igual manera, el IDU negó injustificadamente las siguientes solicitudes de la contratista, presentadas en múltiples ocasiones con amplios fundamentos: i)7 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales suspensión de la ejecución d el contrato, ii) prórroga del negocio jurídico, y iii) uso de mecanismos de solución directa de controversias.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales suspensión de la ejecución d el contrato, ii) prórroga del negocio jurídico, y iii) uso de mecanismos de solución directa de controversias.

La entidad debió dar respuesta oportuna a las peticiones que durante 2000 y 2001 presentó la unión temporal para el restablecimiento del equilibrio contractualalterado especialmente por las desmesuradas alzas en los insumos de construcción con asfalto y al inicio tardío de la ejecución por culpa del IDU -, y no esperar a pronunciarse 14 meses después del vencimiento del plazo del contrato, pues sólo el 7 de mayo de 2002 reconoció el desequilibrio, únicamente por la variación del precio de los asfaltos.

El IDU expidió las Resoluciones 280 del 9 de marzo de 2001 y 2363 del 25 de noviembre del mismo año, imponiendo y confirmando una multa a la unión temporal, bajo inexactitudes e inconsistencias que no consultaron la realidad del contrato, pues adujo un atraso que nunca existió en el programa general de la obra, ya que si bien la Administración aseveró que los estudios y diseños debían entregarse en menos de 10 meses, los plazos previstos en las cláusulas no señalaban tal limitante, y en todo caso, los estudios y diseños fueron presentados oportunamente, antes de finalizar el término del negocio jurídico, y pese a las inobservancias en que incurrió el IDU. En punto de ello, cuestionó que la Resolución de cierre, es decir, la N° 2363 del 25 de noviembre de 2001, se hubiera proferido por fuera del término contractual,

el IDU. En punto de ello, cuestionó que la Resolución de cierre, es decir, la N° 2363 del 25 de noviembre de 2001, se hubiera proferido por fuera del término contractual, lo que implicaba, en su criterio, falta de competencia del IDU para ese efecto.

Posteriormente, la contratante emitió las Resoluciones 1308 del 16 de mayo de 2001 y 815 del 8 de marzo de 2002, en las que declaró y confirmó la caducidad del contrato, violando el debido proceso en la actuación que precedió a tales actos, desconociendo sus propias omisiones y faltando a la verdad en cuanto al abandono de las obras que le endilgó a la contratista -y que nunca tuvo lugar-, así como a los demás incumplimientos que sin fundamento le imputó. La entidad, además, obró sin competencia, dado que ejerció la potestad exorbitante de la caducidad cuando había expirado el término legal para hacerlo, esto es, por fuera de la vigencia del contrato.

Mediante las Resoluciones 12433 del 19 de diciembre de 2002 y 6230 del 11 de agosto de 2003, el IDU realizó y confirmó la liquidación unilateral del contrato, señalando -sin ser ciertoque el valor que se podía ejecutar era de $1.230’111.937. No obstante, del valor inicial del contrato, es decir, $2.024’979.912, sólo podía ejecutarse la suma de $566’448.957,80, equivalente al 27.97% del total, debido a8 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano

Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales que los ítems no cubiertos por ese monto carecían de la debida reserva presupuestal, o correspondían a vías no aptas para pavimentar, según las certificaciones existentes.

De otra parte, según el acto de liquidación unilateral, el valor ejecutado ascendió a $302’668.076, pero el IDU adoptó esa conclusión sin tener en cuenta que quedaron sin resolver 15 reclamaciones 4 que, según la demanda, se relacionaron con los siguientes temas (fl. 94, c-5):

[E]studios y diseños ejecutados y no recibidos por el IDU, estudios y diseños que ya se encontraban ejecutados en anteriores contratos del IDU, obra ejecutada y no recibida por el IDU, reajustes de la obra ejecutada y no recibida por el IDU, diferencia entre los precios unitarios de la obra no prevista reconocidos por el IDU y los solicitados por el contratista, reajustes al valor del anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) de la obra no prevista recibida por el IDU, reajustes al valor del anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) de las actas de recibo parcial de obra, restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del contrato, mayor valor de la utilidad dejada de percibir sobre el valor de la totalidad de la obra que no se pudo ejecutar, mayor valor pagado por la legalización del contrato, mayor valor a deducir por el impuesto de emergencia económica sobre el saldo del anticipo a reintegrar [y] saldos en

sobre el valor de la totalidad de la obra que no se pudo ejecutar, mayor valor pagado por la legalización del contrato, mayor valor a deducir por el impuesto de emergencia económica sobre el saldo del anticipo a reintegrar [y] saldos en proveedores por anticipos pagados con cargo a la cuenta conjunta de anticipo.

De acuerdo con las actas de obra, las actas de estudios y diseño, las actas de reajustes y obra no prevista, el valor de los ítems ejecutados del contrato y recibidos por el IDU sí ascendió a $302’668.076, pero el valor de las recla maciones de la unión temporal era de $713’401.842,33.

Si bien ambas partes tenían por cierto que lo recibido por el IDU alcanzó un valor de $302’668.076, para la contratista debían reconocerse, adicionalmente, los diseños, estudios y obra que se ejecutaro n pero no se pagaron -por considerar la entidad que la unión temporal había incumplido, y que ello acarreaba las sanciones de multa y caducidad -, así como otros conceptos contenidos en varias reclamaciones hechas en el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 12433 del 19 de diciembre de 2002.

Los actos administrativos expedidos por el IDU, especialmente el de declaratoria de caducidad del contrato, ocasionaron perjuicios económicos a los miembros de la

4 En algunos hechos de la demanda, la parte actora refirió 15 reclamaciones, y en otros, 16. Pudo obedecer a que, si bien fueron 16 las r eclamaciones hechas -como se verá en el análisis de los hechos probados -, una de ellas no aludía al reconocimiento de sumas de dinero, sino que se

obedecer a que, si bien fueron 16 las r eclamaciones hechas -como se verá en el análisis de los hechos probados -, una de ellas no aludía al reconocimiento de sumas de dinero, sino que se encaminaba a que el IDU tomara equipos e instrumentos comprados por el contratista con cargo a la cuenta del anticipo.9 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales unión temporal contratista, siendo de p articular magnitud los que derivaron de la inhabilidad para celebrar contratos con el Estado durante cinco años.

-. Como cargos de nulidad contra cada uno de los actos demandados, la actora adujo la falsa motivación y la violación del debido proceso, adem ás de insistir en que, si bien las resoluciones expedidas por el IDU se fundaron en el supuesto incumplimiento contractual de la unión temporal, lo cierto fue que las obligaciones pactadas fueron desatendidas únicamente por la entidad contratante.

Frente al acto de declaratoria de caducidad, resaltó, además, que el IDU había obrado sin competencia, por ejercer esa facultad excepcional por fuera del plazo del contrato, lo que también ocurrió con la expedición de la Resolución N° 2363, referente a la multa, al dictarse sólo el 25 de noviembre de 2001.

En particular, frente al acto de liquidación unilateral del contrato -contenido en la Resolución N° 12433 de 2002 y su confirmatoria N° 6230 de 2003reprochó que se hubieran desestimado las 15 reclamaciones fo rmuladas por la contratista,

En particular, frente al acto de liquidación unilateral del contrato -contenido en la Resolución N° 12433 de 2002 y su confirmatoria N° 6230 de 2003reprochó que se hubieran desestimado las 15 reclamaciones fo rmuladas por la contratista, igualmente sobre la base de su supuesto incumplimiento, pese a que fue el IDU quien desatendió lo estipulado en el negocio jurídico y el pliego de condiciones.

1.1.2. Trámite inicial

-. El 3 de diciembre de 2003, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda interpuesta por los miembros de la unión temporal y decretó la suspensión provisional de las Resoluciones 1308 de 2001 y 815 de 2002, en las que el IDU declaró la caducidad del contrato (fls. 281-288, c.5). Esta última decisión fue confirmada por el Consejo de Estado en auto del 23 de junio de 2005 (fls. 402-408, c.5).

-. En la misma providencia del 3 de diciembre de 2003, el Tribunal vinculó de oficio, como litisco nsorte necesario, a la compañía aseguradora Confianza S.A., que coadyuvó la demanda primigenia en escrito del 27 de noviembre de 2007 (fls. 447-490, c.5).

-. El Instituto de Desarrollo Urbano contestó la demanda proponiendo las excepciones que denominó “inexistencia de vicios que invaliden la provisión (sic) de legalidad de los actos administrativos acusados (...)” y “pleito pendiente”5.

5 Respecto del proceso N° 2004 -426, que para el momento de esa contestación ya se encontraba en curso, y que fue posteriormente acumulado a esta misma causa.10

legalidad de los actos administrativos acusados (...)” y “pleito pendiente”5.

5 Respecto del proceso N° 2004 -426, que para el momento de esa contestación ya se encontraba en curso, y que fue posteriormente acumulado a esta misma causa.10 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales Sostuvo que todos los actos enjuiciados se ajustaban a derecho y se fundamentaron en múltiples incumplimientos de la contratista, quien generó un retraso aproximado del 41% de la obra al dejar transcurrir más de seis meses del plazo total de ejecución -que era de diez - sin entregar los estudios y diseños objeto del contrato. A la par con ello, relató las restantes inobservancias en que, según su dicho, incurrió la unión temporal, y que afectaron gravemente el cabal desarrollo del contrato.

-. El 20 de febrero de 2008 fueron decretadas las pruebas del proceso (fls. 675-676, c.3).

-. El 12 de abril de 2012, se dispuso acumular el proceso N° 2004-00426, el cual fue suspendido hasta que el N° 2003 -02138 alcanzara la misma fase, esto es, la de alegatos de conclusión (fls. 3-6 c.1).

-. El 24 de marzo de 2015 se corrió el traslado para alegar de conclusión, y para la rendición del concepto del Ministerio Público (fls. 135, c.34).

-. El Procurador Primero Judicial II Administrativo, en concepto de fecha 30 de junio

rendición del concepto del Ministerio Público (fls. 135, c.34).

-. El Procurador Primero Judicial II Administrativo, en concepto de fecha 30 de junio de 2015, solicitó denegar las pretensiones de la demanda, por considerar que los actos acusados se ajustaban a derecho (fls. 203-222, c.34).

-. La unión temporal Obras Viales refirió el contenido de varias pruebas obrantes en la causa y manifestó que estaban demostrados los hechos y cargos señalados en la demanda. Por su parte, el IDU se ratificó en lo señalado al contestar la demanda (fls. 136-189, c.34).

1.2. Proceso N° 2004-004266

1.2.1. Demanda

-. El 11 de febrero de 2004, la Compañía Aseguradora de Fianzas Confianza S.A. (en lo sucesivo, Confianza S.A.) instauró la acción de controversias contractuales contra el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para que se acogieran en sentencia de mérito las pretensiones de nulidad de las mismas resoluciones demandadas por la unión temporal Obras Viales.

6 Radicación N° 250002326000200400426.11 Radicación N° 2004-00426-01 (58434) Acumulado.

Demandante: UT Obras Viales y Confianza S.A.

Demandado: Instituto de Desarrollo Urbano Referencia: Acción de controversias contractuales Pretendió igualmente que, como consecuencia de ello, se declarara que la aseguradora Confianza S.A. no estaba obligada a cumplir con lo dispuesto en los actos censurados, por lo que no procedía la efectividad de la garantía que afianzó

Pretendió igualmente que, como consecuencia de ello, se declarara que la aseguradora Confianza S.A. no estaba obligada a cumplir con lo dispuesto en los actos censurados, por lo que no procedía la efectividad de la garantía que afianzó el contra

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