CE - Sentencia 25000232600020040152202 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diecisiete (17) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000232600020040152202 (46.304)

Actor: Jesús Antonio Trejos Ossa.

Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía, Empresa Nacional Minera –Minercol Ltda.–en liquidación–, Instituto de Investigaciones e

Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear – Ingeominas y Departamento de Caldas.

Proceso: Acción de controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

ACCIÓN PROCEDENTEEl hecho de que durante el análisis de fondo que se realiza en el marco de la acción de controversias contractuales, se advierta que el contrato es inexistente, no implica de plano que la acción contractual escogida sea incorrecta. CADUCIDAD-Tránsito legislativo. CADUCIDAD. Se aplica el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 a los hechos de incumplimiento ocurridos durante su vigencia. CONTRATOS DE APORTE MINERO EN EL ANTERIOR CÓDIGO DE MINAS. NATURALEZACorresponden a contratos mineros que se suscribían con entidades descentralizadas, vinculadas o adscritas al Ministerio de Minas y Energía , para la exploración y explotación de uno o varios minerales. RÉGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS DE APORTE MINERO EN EL ANTERIOR CÓDIGO DE MINAS. - El régimen contractual de estos contratos administrativos es el régimen

explotación de uno o varios minerales. RÉGIMEN APLICABLE A LOS CONTRATOS DE APORTE MINERO EN EL ANTERIOR CÓDIGO DE MINAS. - El régimen contractual de estos contratos administrativos es el régimen minero y no les resultan aplicables las normas de contratación administrativa, por disposición expresa del artículo 79 del anterior Código de Minas (Decreto Ley 2655 de 1988) y del artículo 76 de la Ley 80 de 1993. REGISTRO MINEROEl registro minero constituye la prueba única del derecho minero, por lo que, de no existir, la Administración no puede reconocer su existencia, se trata de un requisito ad existentiam actus. INEXISTENCIA DEL CONTRATO COMO EFECTO ANTE LA FALTA DE REGISTRO MINERODado que los contratos mineros están sujetos al Código de Comercio por ser verdaderos actos de comercio (bajo los criterios objetivo y subjetivo), el efecto de omitir el registro minero (como solemnidad ad existentiam actus del contrato), es la inexistencia contractual y no la nulidad absoluta que establece el Código Civil. EFECTOS DE LA INEXISTENCIA DEL CONTRATOEl contrato inexistente no tiene la virtualidad de producir efectos por sí solo o por actos posteriores derivados del contrato inexistente, los cuales no pueden entenderse per se como actos ratificatorios del contrato inexistente.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 12 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, que declaró la caducidad de la acción, así:

contra la sentencia del 12 de octubre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, que declaró la caducidad de la acción, así:

“PRIMERO: DECLÁRESE de oficio la CADUCIDAD de la acción, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

SEGUNDO: No se condena en costas.

TERCERO: Por Secretaría, liquídense los gastos del proceso y en caso de remanentes devuélvanse a la parte actora, pasados dos años sin que estos seanRadicación: 25000232600020040152202 (46.304)

Actor: Jesús Antonio Trejos Ossa.

Demandado: Nación–Ministerio de Minas y Energía

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reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro Nacional”.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante y la Empresa Nacional Minera –Minercol Ltda (“Minercol”, anteriormente Ecominas) el 30 de noviembre de 1990, celebraron contrato bajo el sistema de aportes regulado en el Decreto Ley 2655 de 1988. El 13 de septiembre de 1996, mediante conciliación las partes pretendieron excluir unas áreas y otorgar otras a favor del contratista. El demandante alega el incumplimiento porque nunca se otorgaron las áreas en compensación según lo pactado en la conciliación y reclama los perjuicios.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 29 de julio de 2004, el señor Jesús Antonio Trejos Ossa, a través de apoderado judicial, formuló acción de controversias contractuales contra la Empresa Nacional

los perjuicios.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 29 de julio de 2004, el señor Jesús Antonio Trejos Ossa, a través de apoderado judicial, formuló acción de controversias contractuales contra la Empresa Nacional Minera Ltda., en liquidación (en adelante, “Minercol”) y la Nación–Ministerio de Minas y Energía, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

A. COMO PRINCIPAL:

1. - Se declare que la EMPRESA NACIONAL MINERA LTDA. – MINERCOL LTDA.

EN LIQUIDACIÓN - Según Decreto 254 de enero 28 de 2004 - y/o LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, ha(n) incumplido el contrato celebrado el 30 de noviembre del año 1990, suscrito con JESUS ANTONIO TREJOS OSSA, así como los acuerdos contenidos en el acta de conciliación de fecha 13 de septiembre de 1996, suscritos con mi poderdante, para desarrollar el susodicho contrato.

2. - Que MINERCOL LTDA, EN LIQUIDACION y/o LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, estaba(n) y está(n) obligado(s) a cumplir lo pactado en el contrato celebrado el 30 de noviembre del año 1990, con JESUS ANTONIO TREJO S OSSA, así como con los acuerdos contenidos en el acta de conciliación de fecha 13 de septiembre de 1996, suscrita con JESUS ANTONIO TREJOS OSSA, en

desarrollo del referido contrato. En particular:

• Estaba(n) y está(n) obligado(s) a otorgarle un área aproximada de 5 Ha., para

13 de septiembre de 1996, suscrita con JESUS ANTONIO TREJOS OSSA, en desarrollo del referido contrato. En particular:

• Estaba(n) y está(n) obligado(s) a otorgarle un área aproximada de 5 Ha., para compensar el área que se deslindó del contrato inicialmente firmado cuyos límites deben definirse en un otro sí al contrato, definiendo que bajo el área signada de la mina la Torre la cota máxima será la cota piso de dicha mina, y en el área adicional la cota máxima será los pisos de la mina Torre 3. El compromiso a que se alude fue elevado a documento conciliatorio de fecha 13 de septiembre de 1996 y genera obligaciones contractuales.Radicación: 25000232600020040152202 (46.304)

Actor: Jesús Antonio Trejos Ossa.

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B. COMO SUBSIDIARIA:

Si por circunstancias de orden físico y técnico no es posible concretar la localización del área acordada a compensar (cinco hectáreas), se declare que MINERCOL LTDA. EN LIQUIDACIÓN - Según Decreto 254 de enero 28 de 2004 – y/o LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIAS, debe indemnizar al señor Jesús Antonio Trejos Ossa, en la suma que se precise como valor de lo pactado.

SECUENCIALES:

Que como consecuencia de cualquiera de las anteriores declaraciones, u otra similar, se condene a MINERCOL LTDA EN LIQUIDACIÓN - Según Decreto 254 de enero 28 de 2004 - y/o LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y

Que como consecuencia de cualquiera de las anteriores declaraciones, u otra similar, se condene a MINERCOL LTDA EN LIQUIDACIÓN - Según Decreto 254 de enero 28 de 2004 - y/o LA NACION - MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, a pagarle además al demandante:

1.- Todos los perjuicios ocasionados por el incumplimiento, según valoración realizada mediante prueba pericial especializada en asuntos mineros, teniendo de presente la producción histórica equivalente a un mínimo de 25 toneladas por día o sea, un mínimo de 750 toneladas por mes, para una totalidad no inferior de 14.250 toneladas hasta la fecha de esta acción, con precios gramo oro y plata a la fecha de la experticia-. 2.- Que sobre las sumas a pagar, deberán pagarse intereses moratorios a la tasa máxima legal autorizada por la ley, desde el 13 de septiembre de 1996, fecha desde la cual se hizo exigible el acuerdo - o en su caso, esto es, para los perjuicios derivados de la no certificación - desde el momento de su causación, hasta que se satisfagan totalmente las pretensiones. 3.- Que se condene a la sociedad demandada y/o LA NACION – MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA, al pago de las costas y costos del proceso.”

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que el 30 de noviembre de 1990 suscribió con Minercol1 un contrato para la exploración, explotación y beneficio para obtener metales preciosos y asociados en un área o cuerpo mineralizado, localizado en el aporte No.1017 con un área de 2.3875 hectáreas, en el municipio de Marmato, Caldas. Como duración del contrato, se pactó el de toda la vida útil del yacimiento

en el aporte No.1017 con un área de 2.3875 hectáreas, en el municipio de Marmato, Caldas. Como duración del contrato, se pactó el de toda la vida útil del yacimiento comprendido dentro del área determinada.

Alegó que Minercol incumplió el contrato por cuanto: (i) en las áreas que le fueron otorgadas existían minas que, si bien se encontraban en proceso de legalización, estaban siendo explotadas de hecho por Leonardo Duque (Mina Torre 1), y (ii) se presentaba una superposición con la propiedad privada «Echandía» por lo que se hacía necesario excluir del contrato inicialmente firmado dichas áreas.

1 Si bien el contrato (folios 1 a 8 cuaderno 1) fue suscrito entre Jesús Antonio Trejos Ossa y la Empresa Colombiana de Minas (“Ecominas”), es importante resaltar que Ecominas fue posteriormente transformada en la sociedad Minerales de Colombia S.A. (“Mineralco”) mediante la Ley 2 de 1990 y el Decreto 1377 de 1990; y, luego, bajo el amparo del Decreto 1679 de 1997, Mineralco se fusionó con la Empresa Colombiana de Carbón Ltda (“Ecocarbón”), para dar lugar a Minercol.Radicación: 25000232600020040152202 (46.304)

Actor: Jesús Antonio Trejos Ossa.

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Esgrimió que el 13 de septiembre de 1996, suscribió con Minercol un acuerdo de conciliación en el que la entidad se comprometió a conceder un área aproximada de cinco hectáreas, como compensación por el área deslindada, cuya demarcación sería definida posteriormente en un otrosí al contrato.

conciliación en el que la entidad se comprometió a conceder un área aproximada de cinco hectáreas, como compensación por el área deslindada, cuya demarcación sería definida posteriormente en un otrosí al contrato.

Expuso que el 18 de noviembre de 2003, presentó reclamación administrativa ante Minercol para que cumpliera con las obligaciones adquiridas en el acta de conciliación y que a la fecha en que se formuló la demanda, Minercol no había contestado la petición ni honrado los compromisos derivados de la conciliación.

Indicó que el incumplimiento de Minercol le ha causado perjuicios consistentes en las inversiones realizadas y gastos de montaje, los costos de oportunidad, el comercial y de confianza (sic), y el lucro cesante por la no explotación del yacimiento.

Actuaciones relevantes en primera instancia

El 8 de septiembre de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda por caducidad de la acción. Esa Corporación estimó que el término de dos años del artículo 136.10 del CCA debía contarse desde el momento del incumplimiento del acuerdo conciliatorio, esto es, el 14 de septiembre de 1996, día siguiente a la suscripción del acta de conciliación y como la demanda se presentó el 29 de julio de 2004, fue extemporánea.

El Consejo de Estado, mediante auto de 16 de junio de 2005, al resolver la apelación contra la decisión anterior, resolvió revocar el proveído del 8 de septiembre de 2004 y, en su lugar, admitió la demanda. Consideró que por la fecha del incumplimiento la regla de presentación de la demanda era la contenida en el artículo 55 de la Ley 80 de

en su lugar, admitió la demanda. Consideró que por la fecha del incumplimiento la regla de presentación de la demanda era la contenida en el artículo 55 de la Ley 80 de 1993 que estableció un término de prescripción de 20 años, motivo por el cual no había operado la caducidad.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó vincular al proceso, como litisconsortes necesarios, al Instituto de Investigaciones e Información Geocientífica, Minero Ambiental y Nuclear (Ingeominas) y al departamento de Caldas, respectivamente, mediante providencias del 8 de noviembre de 2006 y del 9 de mayo de 2007.

Contestación de la demandaRadicación: 25000232600020040152202 (46.304)

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El 17 de marzo de 2005, la Nación–Ministerio de Minas y Energía argumentó falta de legitimación en la causa porque no tuvo participación en los hechos objeto y ya que las funciones relacionadas con la administración, otorgamiento , seguimiento y fiscalización de los títulos mineros fueron delegadas a entidades como Minercol, Ingeominas y la gobernación de Caldas, las cuales cuentan con personería jurídica independiente. Estimó procedente vincular a la gobernación de Caldas al litigio, por ser la responsable del control, seguimiento y fiscalización de los títulos mineros otorgados en su jurisdicción.

El 21 de marzo de 2006, Minercol excepcionó: (i) ausencia de legitimación de la parte pasiva e incapacidad o indebida representación del demandado, con fundamento en

otorgados en su jurisdicción.

El 21 de marzo de 2006, Minercol excepcionó: (i) ausencia de legitimación de la parte pasiva e incapacidad o indebida representación del demandado, con fundamento en que el Gobierno Nacional ordenó su liquidación mediante el Decreto 254 de 2004 y en que el Ministerio de Minas y Energía reasumió las funciones de autoridad minera, por lo que únicamente tenía capacidad jurídica para realizar los actos tendientes a su liquidación y no para otorgar áreas a título alguno.

(ii) Falta del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial exigido por el artículo 70 de la Ley 446 de 1998; (iii) acumulación indebida de pretensiones, porque la demanda contenía, de manera principal, dos pretensiones excluyentes: una contractual por un supuesto incumplimiento del contrato de aporte 1017 del 30 noviembre de 1990 y otra ejecutiva para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acta conciliación suscrita el 13 de septiembre de 1996.

(iv) Petición de lo no debido puesto que en la cláusula novena del contrato la entidad quedó exonerada de reconocer prestación o indemnización alguna en caso de que, en el área otorgada, se hubieran reconocido derechos a terceros; (v) cumplimiento del contrato porque el operador recibió a satisfacción el área objeto del este y, con el acta de conciliación, cualquier faltante quedó cumplido. Finalmente, arguyó la (v) prescripción de la acción ejecutiva, que correspondía a 5 años, según el artículo 2536 del Código Civil.

El 8 de agosto de 2007, el departamento de Caldas, presentó las excepciones de: (i)

prescripción de la acción ejecutiva, que correspondía a 5 años, según el artículo 2536 del Código Civil.

El 8 de agosto de 2007, el departamento de Caldas, presentó las excepciones de: (i) falta de legitimación en la causa por pasiva, porque, para la época de los hechos, el ente territorial no tenía facultad de disposición o administración respecto del recurso minero y que cuando al departamento le fueron delegadas las funciones de vigilancia y control de los títulos mineros, mediante Resolución 18-1193 del 24 de septiembre deRadicación: 25000232600020040152202 (46.304)

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2001, modificada por la Resolución 18-0928 del 25 de julio de 2005, Minercol le remitió los títulos y solicitudes mineras del municipio de Marmato, entre los cuales no aparecía Jesús Antonio Trejos Ossa; (ii) inexistencia jurídica del contrato, dado que el demandante no cumplió los requisitos indispensables para su perfeccionamiento, especialmente la inscripción en el registro minero; (iii) inexistencia de la conciliación, toda vez que, si bien el artículo 7 del Decreto 2636 de 1994 permitía acudir a la conciliación en casos de superposición de áreas entre títulos mineros, el documento presentado como acta de conciliación no cumplía con los requisitos legales para ser considerado como una verdadera conciliación porque no tuvo la participación de un conciliador ni la concurrencia de todas las partes en conflicto.

El 27 de julio de 2007, Ingeominas señaló que, para la fecha de suscripción del contrato

considerado como una verdadera conciliación porque no tuvo la participación de un conciliador ni la concurrencia de todas las partes en conflicto.

El 27 de julio de 2007, Ingeominas señaló que, para la fecha de suscripción del contrato (año 1990), no ejercía funciones de autoridad, debido a que la delegación en ese sentido ocurrió en el año 2004. Añadió que en la delegación de funciones de que trata la Resolución No. 18-0074 del 28 de enero de 2004 proferida por el Ministerio de Minas se excluyeron las funciones asignadas a los diferentes departamentos y, en consecuencia, la entidad encargada era el departamento de Caldas.

Fundamentos de la sentencia de primera instancia recurrida

El 12 de octubre de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia, por medio de la cual declaró de oficio la caducidad de la acción. Consideró que el término de dos años de la acción de controversias contractuales, previsto en el artículo 136 del CCA empezó a contarse desde el día siguiente a la fecha de acta de conciliación -13 de septiembre de 1996por lo que venció el 14 de septiembre de 1998 y la demanda se interpuso el 28 de julio de 2004.

Explicó que la reclamación administrativa radicada por el demandante el 18 de noviembre de 2003, con la que se pretendió el cumplimiento del acta de conciliación del 13 de septiembre de 1996, no puede revivir los términos de caducidad de la acción contractual. También agregó que el silencio de la entidad ante la reclamación del demandante habría dado lugar a un acto presunto por virtud de la figura del silencio

contractual. También agregó que el silencio de la entidad ante la reclamación del demandante habría dado lugar a un acto presunto por virtud de la figura del silencio administrativo positivo, contra el cual el actor pudo haber agotado la vía gubernativa y presentar una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Indicó que el accionante también pudo hacerse presente en el proceso liquidatorio de Minercol y continuar con la vía gubernativa del proceso administrativo liquidatorio paraRadicación: 25000232600020040152202 (46.304)

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el reclamo del pago de las obligaciones contenidas en el acuerdo conciliatorio del 13 de septiembre de 1996. Concluyó que en el contrato excluyó de responsabilidad por circunstancias derivadas de superposición de áreas, aspecto con el que el demandante estuvo de acuerdo.

Recurso de apelación

El 12 de diciembre de 2012, el demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Esgrimió que el a quo desacató la providencia del Consejo de Estado del 16 de junio de 2005, en la cual se estableció que el término para demandar era de veinte años, conforme al artículo 55 de la Ley 80 de 1993, y no de dos años del artículo 136 del CCA.

Argumentó que el fallo ignoró la fuerza vinculante del acta de conciliación suscrita el 13 de septiembre de 1996, la cual tiene efectos equivalentes a una sentencia judicial y presta mérito ejecutivo según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998,

13 de septiembre de 1996, la cual tiene efectos equivalentes a una sentencia judicial y presta mérito ejecutivo según lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley 446 de 1998, por lo que no se requería acudir al trámite del silencio administrativo positivo.

Señaló que se incurrió en error al exigir requisitos inexistentes, como que se incluyera la reclamación dentro de una liquidación administrativa, en los términos del Decreto Ley 254 de 2005, en cuanto estas normas eran posteriores al acta de conciliación, es decir, haciendo una aplicación retroactiva de normas posteriores al contrato y al acuerdo conciliatorio, y confundiendo además que con la demanda no se pretendía el pago de una obligación dineraria, sino el cumplimiento de una obligación de hacer, consistente en otorgar un área aproximada de cinco hectáreas, a título de compensación.

Trámite de segunda instancia

En providencia del 29 de enero de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación, el cual fue admitido por el Despacho Sustanciador el 21 de marzo de 2013. El 25 de abril de 2013 se corrió traslado a las partes por un término común de 10 días para que presentaran sus alegaciones finales y al Ministerio Público para que, si lo consideraba, emitiera concepto.

En el término concedido, el 14 de mayo de 2013 el demandante presentó escrito mediante el cual reiteró el recurso de apelación. Por su parte, la Agencia Nacional deRadicación: 25000232600020040152202 (46.304)

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Minería —en su calidad de autoridad minera para la época ( antes Ingeominas)— presentó sus alegatos de conclusión el 20 de mayo de 2013, en los que indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva, además de que no existía prueba que demostrara que la autoridad minera de entonces había incumplido el contrato de 1990. Por último, adujo que le asistía razón al Tribunal de primera instancia al declarar la caducidad de la acción.

Minercol —que, para el momento, ya había sido liquidada— y el Ministerio de Minas y Energía —en su calidad de parte demandada y subrogatoria legal de la empresa liquidada— presentaron alegatos de conclusión en los que sostuvieron que, para la época de la presentación de la demanda, Minercol no tenía la función de autoridad minera, que fue asignada por el Ministerio de Minas a Ingeominas . Reiteró las excepciones que propuso Minercol en su contestación , de falta de requisito de procedibilidad, acumulación indebida de pretensiones, petición de lo no debido, cumplimiento del contrato y prescripción de la acción ejecutiva.

Las demás partes y el Ministerio Público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 29 de julio de 2004, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese Código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se

Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese Código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012, prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA.

Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil -en adelante CPC-, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competenciaRadicación: 25000232600020040152202 (46.304)

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2. La relación jurídica entre las partes conllevó a la suscripción del documento que denominaron «contrato» el 30 de noviembre de 1990, de manera que, como se explicará en detalle posteriormente, dicha relación se rigió por las disposiciones del Decreto Ley 2655 de 1988 (anterior Código de Minas). Esa norma dispuso, en el artículo 57, que eran contratos mineros aquellos de «concesión» celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y los que tuvieran «otras denominaciones y formas» que

artículo 57, que eran contratos mineros aquellos de «concesión» celebrados por el Ministerio de Minas y Energía y los que tuvieran «otras denominaciones y formas» que fueran celebrados por entidades descentralizadas adscritas o vinculadas al Ministerio de Minas y Energía. Frente a los segundos, dentro de cuya categoría se encuentra el que pretendieron celebrar las partes, como se verá de manera detallada, el artículo 79 de esa norma dispuso que serían «administrativos». En concordancia con estas normas, el Decreto Ley 222 de 1983 dispuso, en el numeral 6 del artículo 16, que serían «contratos administrativos», entre otros, los de explotación de bienes del Estado, que se regirían por las normas especiales sobre la materia, pero que, conforme al artículo 17, los litigios que se derivaran de estos corresponderían a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo2. Adicionalmente, la jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006.

3. En cuanto a la competencia, conviene señalar que el numeral 11 del artículo 128 del CCA original disponía que el Consejo de Estado conocería en única instancia de los procesos que se promovieran sobre asuntos petroleros o mineros en que fuera parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con lo cual abarcaba todos los litigios de esta naturaleza, incluidos los derivados de los contratos mineros de las diferentes clases ya referidas. Esta norma resultaba concordante con el artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988 que estableció que, para los contratos denominados de

los litigios de esta naturaleza, incluidos los derivados de los contratos mineros de las diferentes clases ya referidas. Esta norma resultaba concordante con el artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988 que estableció que, para los contratos denominados de «concesión», conforme al criterio del artículo 57 referido con anterioridad, la competencia sería de esta Corporación. No obstante, con la modificación que hiciera el artículo 36 de la Ley 446 de 1998, que subrogó el artículo 128 del CCA -vigente para 2 Cfr. Consejo de Estado Sección Tercera, sentencia de 8 de marzo de 2007, Rad. 15052: «Por consiguiente, de acuerdo con el artículo 79 del extinto Código de Minas, se previó que los contratos mineros celebrados por las empresas industriales y comerciales del Estado, son de carácter administrativo, lo cual resultaba congruente con lo establecido por el numeral 6 del artículo 16 del Decreto - Ley 222 de 1983, por cuya inteligencia eran de esa naturaleza los contratos de explotación de bienes del Estado, no obstante que ellos se rigieran por las normas especiales de la materia que los gobierna , como así también lo expresó el parágrafo del citado artículo. En conclusión, CARBOCOL como empresa industrial y comercial del Estado, en el contrato bajo examen desarrolló una actividad que se enmarca en el derecho público y, por consiguiente, se le cons ideró como un contrato administrativo, pactando incluso la Cláusula de Caducidad -Cláusula Vigésima Cuarta-, todo lo cual conlleva la correspondiente atribución de competencia a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.» [fundamento jurídico 1.1.]Radicación: 25000232600020040152202 (46.304)

correspondiente atribución de competencia a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.» [fundamento jurídico 1.1.]Radicación: 25000232600020040152202 (46.304)

Actor: Jesús Antonio Trejos Ossa.

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la fecha de la demanda-, el legislador dispuso que el Consejo de Estado conocería de los asuntos petroleros o mineros en que fuera parte la Nación o una entidad territorial o descentralizada, con excepción, entre otras, de las controversias contractuales, para las cuales se seguirían las reglas generales, con excepción de las derivadas de contratos de concesión que serían de competencia en única instancia de esta Corporación (artículo 61 del Decreto Ley 2655 de 1988).

Por lo anterior, en cuanto al litigio contractual que dio origen al proceso, frente al cual el Decreto Ley 2655 de 1988 no dispuso una norma especial de competencia, la determinación del juez encargado de conocer el proceso debe seguir las reglas que distribuyen la competencia funcional.

En tal sentido, el Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos3. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues ésta supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 CCA (esto es, $179.000.0004), teniendo en cuenta que la cuantía fue estimada en la demanda por la suma de $300.000.000, por concepto de las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del accionante por no haberse efectuado la exploración, explotación y

por la suma de $300.000.000, por concepto de las sumas que dejaron de ingresar al patrimonio del accionante por no haberse efectuado la exploración, explotación y beneficio minero de las áreas que debían ser compensadas (fl 11, c.1).

Acción procedente

4. La demanda pretendió, de manera principal, que se declarara que Minercol y la Nación–Ministerio de Minas y Energía incumplieron lo que denominó el «contrato» del 30 de