CE - Sentencia 25000232600020040189602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: CLUB UNIÓN GIRARDOT S.A.

Demandado: MUNICIPIO DE GIRARDOT

Referencia: SENTENCIA REPARACIÓN DIRECTA

Temas: Competencia de la jurisdicción contencioso administrativa para determinar la indemnización de los perjuicios causados con el incumplimiento de un acreedor al acuerdo de reestructuración empresarial -Parágrafo del artículo 38 de la Ley 550 de 1999. L a terminación del acuerdo de reestructuración por incumplimiento del acreedor, es la condición para demandar los perjuicios ocasionados con dicho incumplimiento.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 29 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Club Unión de Girardot S.A. solicita que se le reconozcan los perjuicios que manifiesta haber sufrido como consecuencia del incumplimiento del municipio de Girardot al acuerdo de reestructuración. Incumplimiento que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 550 de 1999, fue declarado por la Superintendencia de Sociedades.

II. ANTECEDENTES

Girardot al acuerdo de reestructuración. Incumplimiento que, de conformidad con el artículo 38 de la Ley 550 de 1999, fue declarado por la Superintendencia de Sociedades.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 10 de septiembre de 2004 (fls. 94 -105 c. 1), el Club Unión de Girardot S.A., presentó demanda de reparación directa, para que se declarara patrimonialmente responsable al municipio de Girardot por los perjuicios que considera le causó la entidad territorial demandada al no haber cumplido el acuerdo de reestructuración.Radicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

2 1.1. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

1.- Sírvase condenar al demandado al pago de los perjuicios causados a mi mandante, con ocasión del incumplimiento del acuerdo de reestructuración empresarial celebrado el día 30 de agosto de 2001 en la Cámara de Comercio de Girardot, de acuerdo con la sen tencia del 6 de febrero de 2003 proferida por la Superintendencia de Sociedades, de la siguiente manera:

1.1.- Lucro cesante 1.1.1. Por la suma de dinero que resulte probada en el expediente por concepto de los intereses y rendimientos financieros que producirían los dineros obtenidos por la venta de los inmuebles distinguidos con los números 17 -61 de la calle 12 y 121.1.1. Por la suma de dinero que resulte probada en el expediente por concepto de los intereses y rendimientos financieros que producirían los dineros obtenidos por la venta de los inmuebles distinguidos con los números 17 -61 de la calle 12 y 1227 de la calle 18 de Girardot, conocido como Centrounión, al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria n.° 307 -29307 y código catastral 01030110008000; y el distinguido con el número 12-35 de la calle 18 de Girardot, al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria n.° 307-32106 y código catastral n.° 01030110009000, de propiedad de mi mandante, según avalúo presentado en el acuerdo de reestructuración empresarial, es decir, el rendimiento financiero o los intereses, lo más favorable a mi mandante, que generaran la suma de trescientos sesenta y nueve millones cuatrocientos cincuenta mil trescientos pesos ($369450.300) desde el 29 de enero de 2002 y hasta que se cancelen los mismos.

1.1.2. En subsidio, de no ser atendida la solicitud en la forma expuesta, solicito que la condena se profiera por los intereses o rendimientos financieros, lo más favorable a mi mandante, desde el 29 de enero de 2002 y hasta la fecha de venta de cada uno de los inmuebles mencionados en el numeral anterior sobre la suma de dinero que en cada uno se indica, así: para tal efecto el inmueble distinguido con el número 12-35 de la calle 18, al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria n.° 307-32106 y código catastral n.° 01030110009000, fue vendido el día 13 de

con el número 12-35 de la calle 18, al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria n.° 307-32106 y código catastral n.° 01030110009000, fue vendido el día 13 de febrero de 2003, mediante escritura pública n.° 225 de la notaría 1ª. de Girardot, registrada el día 25 de febrero de 2003 ante la oficina de registro de instrumentos públicos de la misma ciudad, por la suma de ciento cuatro millones setecientos veintisiete mil cien pesos ($104727.100) MLC. Por su parte el bien inmueble distinguido con el número 17-61 de la carrera 12 y 12 -27 de la calle 18, al cual le corresponde la matrícula inmobiliaria n.° 307 -29307 y código catastral 0103110008000, fue enajenado el día 3 de julio de 2003, mediante escritura pública n.° 1103 de la notaría 1ª. de Girardot, registrada en la oficina de registro de instrumentos públicos el día 11 de julio de 2003, por la suma de doscientos sesenta y cuatro millones setecientos veintitrés mil doscientos pesos ($264723.200) MLC.

1.1.3. Por los intereses o rendimientos financieros, lo más favorable a mi mandante, sobre tres millones doscientos mil pesos ($3200.000) MLC suma de dinero pagados como honorarios y gastos procesales y de viaje del gerente del Club Unión S.A. a atender el proceso verbal sumario que se adelantó ante la Superintendencia de Sociedades y que originó la emisión de la sentencia que declaró el incumplimiento del acuerdo de reestructuración cuyos perjuicios se demandan.

S.A. a atender el proceso verbal sumario que se adelantó ante la Superintendencia de Sociedades y que originó la emisión de la sentencia que declaró el incumplimiento del acuerdo de reestructuración cuyos perjuicios se demandan.

1.2. Daño emergente: por la suma de tres millones doscientos mil pesos ($3200.000) MLC por concepto de pago de honorarios profesionales de abogado y gastos procesales y de viaje del gerente del Club Unión S.A. que se generaron dentro del proceso verbal su mario adelantado ante la Superintendencia de Sociedades y que originó la emisión de la sentencia que declaró el incumplimiento del acuerdo de reestructuración cuyos perjuicios se demandan.

1.2. Hechos

Los supuestos fácticos que sustentan las pretensiones se compendian así:Radicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

3 El Club Unión de Girardot S.A. celebró un acuerdo de reestructuración o reactivación con sus acreedores, teniendo como fundamento la Ley 550 de 1999 . De este acuerdo hizo parte el municipio de Girardot, debido a que el club demandante debía el impuesto predial de varios inmuebles de su propiedad.

En el acuerdo se dispuso que con la venta de los inmuebles de propiedad de la sociedad demandante se crearía un encargo fiduciario con el fin de garantizar varias obligaciones, entre ellas, el impuesto predial adeudado al municipio de Girardot.

En atención a lo anterior el ente territorial demandado se comprometió a entregar el

sociedad demandante se crearía un encargo fiduciario con el fin de garantizar varias obligaciones, entre ellas, el impuesto predial adeudado al municipio de Girardot.

En atención a lo anterior el ente territorial demandado se comprometió a entregar el paz y salvo predial, compromiso que quedó pactado en el parágrafo de la cláusula cuarta del acuerdo.

El 29 de enero de 2002 se celebró entre el Club Unión de Girardot y los señores María Cristina Villamil de Domínguez e Iván Domínguez Cotes una promesa de compraventa de los inmuebles ubicados en la carrera 12 # 17-61 y calle 18 # 12-27 por la suma de $264723.200.

De la anterior suma se destinarían $219723.200 para la creación de la fiducia y el saldo para el Club Unión de Girardot S.A.

A pesar de lo acordado, el municipio de Girardot se negó a entregar el paz y salvo del predial, para lo cual argumentó que solo se podía expedir el certificado en el momento en que se hiciera el pago.

Luego de varias solicitudes, el municipio se negó a entregar el paz y salvo, razón por la cual no fue posible constituir la fiducia, ni materializar el contrato de compraventa de los inmuebles de propiedad del demandante.

El 20 de enero de 2003 fue radicada demanda en contra del municipio de Girardot, ante la Superintendencia de Sociedades. La decisión se adoptó el 6 de febrero del mismo año; en esta se declaró el incumplimiento del municipio y se dejó en libertad al actor para que demandara el resarcimiento de los perjuicios sufridos.

ante la Superintendencia de Sociedades. La decisión se adoptó el 6 de febrero del mismo año; en esta se declaró el incumplimiento del municipio y se dejó en libertad al actor para que demandara el resarcimiento de los perjuicios sufridos.

Una vez se pagaron los impuestos, los inmuebles fueron vendidos el 25 de febrero y el 3 de julio de 2003, por el mismo valor del avalúo presentado en el acuerdo de reestructuración.Radicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

4 2.- El trámite de primera instancia

2.1. Mediante auto del 21 de octubre de 2004, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda (fl. 109 c.1). Esa decisión fue notificada al municipio de Girardot el 6 de abril de 2005 (fl. 117 c. 1).

2.2. El ente territorial demandado contestó la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en que había actuado dentro de los lineamientos legales y de procedibilidad exigidos por la ley, específicamente, por el artículo 803 del Est atuto Tributario, que dispone que no es procedente expedir el paz y salvo del impuesto predial sin haberse efectuado antes su pago.

Agregó que no había suscrito ningún acuerdo con el demandante, dado que el documento “ aportado como acuerdo de reestructuración empresarial no se encuentra suscrito por el representante legal del municipio de Girardot o por algún delegado del mismo”.

Agregó que no había suscrito ningún acuerdo con el demandante, dado que el documento “ aportado como acuerdo de reestructuración empresarial no se encuentra suscrito por el representante legal del municipio de Girardot o por algún delegado del mismo”.

Asimismo, propuso las excepciones de (i) caducidad, y (ii) ausencia de causa (fls. 118-124 c. 1).

2.3. El proceso se abrió a pruebas el 19 de enero de 2006 (fls. 132 c. 1). Luego de practicadas estas, el 1 de febrero de 2007, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que alegaran de conclusión y presentaran concepto, si lo consideraban pertinente (fl. 143 c. 1).

2.4. La parte demandante alegó de conclusión (fls. 144 -148 c. 1). La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio.

3. La sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 3 de junio de 2010 (fls. 1 -9 c. 1), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de la decisión, señaló que no era posible darle valor probatorio a los documentos aportados en copia simple, razón por la cual en ausencia de otros medios de prueba sobre los hechos aducidos en sustento de las imputaciones de responsabilidad, no era posible tener por acreditados los perjuicios pretendidos, según lo previsto en el artículo 177 del CPC.

Agregó que las demás pruebas aportadas no se referían a los hechos materia de

responsabilidad, no era posible tener por acreditados los perjuicios pretendidos, según lo previsto en el artículo 177 del CPC.

Agregó que las demás pruebas aportadas no se referían a los hechos materia de imputación, porque se orientaban a acreditar el modo de la propiedad de losRadicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

5 inmuebles de la demandante y la erogación que el club Unión de Girardot S.A. canceló por concepto de honorarios de abogados y otros gastos; en la misma línea, el dictamen pericial tuvo por objeto la cuantificación de los perjuicios que el demandante aduce haber sufrido, aspecto que debe ser valorado una vez acreditados los elementos de la responsabilidad, lo cual en este caso no puede establecerse ante la ausencia de las pruebas que debió aportar la parte demandante en cumplimiento de sus cargas procesales.

4. El recurso de apelación y su concesión.

4.1. La parte demandante apeló la anterior decisión. Entre sus reparos, expuso que esta era incongruente porque no hizo la valoración probatoria, a pesar de que se aportaron y solicitaron las pruebas que soportaban los hechos de la demanda y que habrían de darle curso favorable a las pretensiones. Agregó que los documentos aportados son públicos, razón por la cual se presumen auténticos, por tanto, e ra innecesaria su autenticación (fls. 18-26 c. 1)

habrían de darle curso favorable a las pretensiones. Agregó que los documentos aportados son públicos, razón por la cual se presumen auténticos, por tanto, e ra innecesaria su autenticación (fls. 18-26 c. 1)

4.2. Mediante auto del 1 de julio de 2010 (fls. 13-14 c. 1), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca concedió el recurso de apelación y dispuso la remisión del expediente a esta Corporación.

5. Trámite de segunda instancia

5.1. Mediante auto del 9 de diciembre de 2010, se admitió el recurso de apelación (fl. 37 c. 1), y en providencia del 4 de abril de 2011 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, y al Ministerio Público para rendir concepto (fl. 41 c. 1).

5.2. La parte demandante presentó alegatos en los que reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación (fl. 42-47 c.1).

5.3. El Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia impugnada, para lo cual argumentó que los documentos aportados en copia simple no pueden ser valorados, tal como lo había afirmado el a quo (fls. 49-58 c. 1).

La parte demandada guardó silencio.

5.4. El 25 de abril de 2018, el Consejo de Estado declaró su falta de jurisdicción y competencia funcional para conocer del proceso, declaró la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia así como de la sentencia de primera instancia y

5.4. El 25 de abril de 2018, el Consejo de Estado declaró su falta de jurisdicción y competencia funcional para conocer del proceso, declaró la nulidad de todo lo actuado en segunda instancia así como de la sentencia de primera instancia y ordenó remitir el expediente a la Superintendencia de Sociedades (fls. 83-91 c. 1).Radicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

6 5.5. La Superintendencia de Sociedades, mediante auto del 28 de marzo de 2019, declaró su falta de jurisdicción y competencia funcional y propuso conflicto de competencia.

Como sustento, adujo que las funciones jurisdiccionales que le fueron otorgadas tienen carácter excepcional y restrictivo y que no pueden ampliarse indefinidamente para incluir todos los asuntos indirectamente relacionados con ella.

Que tratándose de asuntos relacionados con la Ley 550 de 1999, concretamente, para el evento regulado en el artículo 38, la Superintendencia de Sociedades tenía competencia para conocer a través del procedimiento verbal sumario, en única instancia, “el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor ”, pero que carecía de competencia para conocer de la indemnización de perjuicios a que hubiera lugar, como consecuencia de la terminación del acuerdo, ocasionada por el incumplimiento decretado.

Recordó lo consignado en el parágrafo del artículo 38 de la ley referida en el que dispone que la indemnización de perjuicios debe ser demandada ante la justicia

terminación del acuerdo, ocasionada por el incumplimiento decretado.

Recordó lo consignado en el parágrafo del artículo 38 de la ley referida en el que dispone que la indemnización de perjuicios debe ser demandada ante la justicia ordinaria siempre y cuando el incumplimiento de la obligación a cargo del acreedor diera lugar a la terminación del acuerdo.

5.6. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura decidió el conflicto planteado, el 22 de agosto de 2019, oportunidad en la que dispuso que la jurisdicción competente era la Contencioso Administrativa, dado que este asunto no se encontraba enunciado en el artículo 105 del CPACA como excepción y, por el contrario, estaba enlistado como de su competencia en el artículo 104 ibídem.

En atención a que esta Corporación había decretado la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó que se remitiera el expediente a dicha dependencia judicial para que dictara sentencia (fls. 16 -34 c. 2).

5.7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dictó sentencia el 29 de julio de 2021, en la que negó las pretensiones de la demanda.

Como sustento adujo que a pesar de que la Superintendencia de Sociedades en la sentencia del proceso verbal sumario adujo que había un incumplimiento del municipio de Girardot al acuerdo de reestructuración, esa decisión no configuraba una falla en el serv icio, porque el análisis en ese proceso se realizó respecto delRadicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot

una falla en el serv icio, porque el análisis en ese proceso se realizó respecto delRadicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

7 acuerdo de reestructuración, mientras que en este proceso se debe analizar si la entidad territorial omitió algún deber legal exigible.

La demandada condicionó la expedición del paz y salvo al deber jurídico contenido en el artículo 803 del Estatuto Tributario, que dispuso que el impuesto se entiende pagado una vez realizado materializado este y ese fue el argumento esgrimido por la entidad para no expedir los documentos, pero una vez se canceló el impuesto, entregó el paz y salvo en forma inmediata.

Lo anterior, para concluir que la negativa a expedir el paz y salvo estuvo justificada por las normas tributarias que regulan el pago del impuesto predial (índice 58, Samai del Tribunal).

5.8. La parte demandante interpuso, oportunamente, recurso de apelación contra esa decisión y solicitó su revocatoria, porque, en su criterio, la misma era incongruente con los hechos planteados en la demanda, las pruebas que la soportan y las pretensiones. Afirmó:

-En los hechos de la demanda se señaló que el 30 de agosto de 2001, se suscribió entre las partes un acuerdo de reestructuración, de conformidad con la Ley 550 de 1999, que incluyó a otros acreedores. En dicho acuerdo, el municipio de Girardot se comprometió a expedir el paz y salvo del pago del impuesto predial de dos

entre las partes un acuerdo de reestructuración, de conformidad con la Ley 550 de 1999, que incluyó a otros acreedores. En dicho acuerdo, el municipio de Girardot se comprometió a expedir el paz y salvo del pago del impuesto predial de dos inmuebles de propiedad del ahora demandante, con el fin de que se pudieran enajenar y, con el valor de estos, pagar las obligaciones adeudadas. Por la falta de expedición de dichos documentos, se privó al club de celebrar un negocio jurídico; además, al tratar de pagar el impuesto fue liquidado en una suma superior al consignado en el acuerdo de reestructuración imponiéndole una carga más alta.

-La Superintendencia de Sociedades dictó sentencia el 6 de febrero de 2004, en la que accedió a las pretensiones y se abstuvo de ordenar la indemnización de perjuicios porque consideró que dicha pretensión le correspondía a la jurisdicción ordinaria competente, que en este caso era la contenciosa administrativa.

-El a quo , apartándose de sus competencias jurisdiccionales, modificó la causa petendi y el petitum al establecer que se debía probar que el municipio de Girardot es “administrativamente responsable por no expedir los paz y salvos del impuesto predial de los inmuebles de propiedad del demandante, debido a que el Estatuto Tributario exige el pago previo del contribuyente, cuando en el marco de un proceso de reestructura ción la entidad territorial aceptó una obligación que la Superintendencia de Sociedades declaró incumplida”, pero lo solicitado era que seRadicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot

Superintendencia de Sociedades declaró incumplida”, pero lo solicitado era que seRadicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

8 condenara a la demandada al pago de los perjuicios causados por el incumplimiento del acuerdo de reestructuración empresarial celebrado.

Afirmó que el tribunal no podía desconocer la sentencia proferida por la Superintendencia de Sociedades en la que ya se había pronunciado sobre el incumplimiento del municipio; por tanto, no podía pronunciarse sobre el mismo aspecto, porque dos autoridades no podían juzgar los mismos hechos. Además, se afirmó un hecho que no se había probado, esto es, que se hubiera condicionado el cumplimiento del acuerdo al deber jurídico contenido en el artículo 803 del Estatuto Tributario.

Agregó que “el a quo desconoce el precedente jurisprudencial de valor de las sentencias. En efecto, la jurisdicción comercial declaró el incumplimiento del acuerdo de reestructuración por parte del Municipio de Girardot demandado, este y no otro es el nexo causal del perjuicio,… no puede el a quo volver a pronunciarse si el municipio incumplió o no el acuerdo, o si el estatuto exige el pago previo del contribuyente, porque ya fue objeto de discusión en sede de la jurisdicción comercial, el asunto aquí es si con el incumplimiento se produjeron o no perjuicios a mi mandante”.

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación formulado contra la

a mi mandante”.

III. CONSIDERACIONES

1.- Competencia

Corresponde a esta Sala decidir el recurso de apelación formulado contra la providencia, por tratarse de un proceso con vocación de doble instancia, en razón a que la demanda se presentó el 10 de septiembre de 2004 y la pretensión mayor se estimó en $2647 23.100, por concepto de perjuicios materiales, y el monto exigido para el año 2004 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tuviera vocación de segunda instancia era de $51730.0001.

2. Cuestión previa

La parte demandante acudió a la jurisdicción con el fin de que le fueran resarcidos los perjuicios que considera le ocasionó el municipio de Girardot al incumplir el acuerdo de reestructuración que fue suscrito entre el Club Unión de Girardot S.A. y sus acreedores, entre ellos, el mismo ente territorial demandado.

Es importante resaltar que desde el inicio del proceso, la parte demandante ha insistido en que acude a la jurisdicción únicamente para que sean tasados los

1 Decreto 597 de 1988.Radicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

9 perjuicios, pero no para que se estudie el incumplimiento y responsabilidad de la entidad demandada, dado que este punto ya fue examinado y decidido por la Superintendencia de Sociedades en un proceso verbal sumario que terminó con sentencia del 6 de febrero de 20042.

entidad demandada, dado que este punto ya fue examinado y decidido por la Superintendencia de Sociedades en un proceso verbal sumario que terminó con sentencia del 6 de febrero de 20042.

En los anteriores términos, se advierte que la Ley 550 de 1999 se expidió con el fin de conjurar la crisis generada por la recesión de los sectores productivo y financiero de la economía del país 3. Al trámite concursal se le denominó genéricamente acuerdo de reestructuración y la misma denominación se le dio al acto jurídico privado mediante el cual se solucionaba el conflicto económico del empresario en crisis y se definían las condiciones, términ os y plazos en que serían atendidas las obligaciones reestructuradas, con efectos jurídicos frente a los acreedores, presentes, ausentes y disidentes, frente al empresario en concurso y a los terceros en general4.

El acuerdo de reestructuración se concibió como un proceso concursal y no judicial, de naturaleza recuperatoria, mediante el cual una empresa o entidad en crisis podía solicitar la admisión a una negociación, para que sus acreedores decidieran sobre la posibilidad de convenir la reestructuración de la empresa y de sus obligaciones.

Las etapas del proceso se encuentran debidamente reguladas en la Ley 550 de

1999. Dicho trámite concluye con la expedición del acuerdo de reestructuración, que

2 ARTÍCULO 38. Incumplimiento de acreedores. Sin perjuicio de lo dispuesto en relación con el incumplimiento de los convenios temporales laborales previstos en esta ley, para el cual se estará a lo dispuesto en las leyes laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia de

lo dispuesto en las leyes laborales, el incumplimiento de alguna obligación derivada del acuerdo a cargo de algún acreedor, dará derecho a demandar su declaración ante la Superintendencia de Sociedades a través del procedimiento verbal sumario, en única instancia. Las demandas ejecutivas se adelantarán ante la justicia ordinaria. PARÁGRAFO. Cuando el incumplimiento de los acreedores constituya un evento de incumplimiento y dé lugar a la terminación del acuerdo, el empresario o cualquier acreedor podrá demandar la indemnización de los perjuicios; y sólo una vez terminado el proceso correspondi ente, podrán atenderse los créditos que el acreedor demandado pueda exigir a la empresa. En caso de que se declare el incumplimiento del acreedor, la atención de sus créditos se postergará al previo pago de los demás pasivos externos, previa deducción del valor correspondiente a la condena por daños, que se entenderá proferida a favor de todos los demás acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, previa deducción de un diez por ciento (10%) de recompensa reconocido a favor de los demandantes. Pero si el proceso culmina con sentencia favorable al demandado, sin perjuicio de las demás acciones legales que correspondan, los créditos del demandante sólo serán atendidos previo pago de los demás pasivos externos. 3 Ponencia para el primer debate al proyecto de ley 145 de 1999. Gaceta del Congreso. Año VIII n.° 543. 4 ARTÍCULO 5. Acuerdo de reestructuración. Se denomina acuerdo de reestructuración la convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y par a atender

convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y par a atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo. El acuerdo de reestructuración deberá constar por escrito, tendrá el plazo que se estipule para su ejecución, sin perjuicio de los plazos especiales que se señalen para la atención de determinadas acreencias, y del que llegue a pactarse en los convenios te mporales de concertación laboral previstos en esta ley. Para la solicitud, promoción, negociación y celebración de un acuerdo de reestructuración, el empresario y sus acreedores podrán actuar directamente o por medio de cualquier clase de apoderados, sin que se requiera la intervención a través de abogados. Un solo apoderado podrá serlo simultáneamente de varios acreedores.Radicación: 25000-23-26-000-2004-01896-02 (68853)

Demandante: Club Unión Girardot S.A.

Demandado: Municipio de Girardot Referencia: sentencia segunda instancia – R.D.

10 es “un acto jurídico privado de naturaleza concursal mediante el cual los acreedores internos y externos de una entidad admitida a la negociación de acuerdo de reestructuración, por mayoría de votos, deciden de fondo, con efectos jurídicos definitivos y plenos, frente a los terceros en general, un plan de reestructuración de la entidad en crisis, que incluye la forma como serán atendidas sus obligaciones insolutas”5.

El artículo 38 de la Ley 550 de 1999 dispone que en caso de incumplimiento del

la entidad en crisis, que incluye la forma como serán atendidas sus obligaciones insolutas”5.

El artículo 38 de la Ley 550 de 1999 dispone que en caso de incumplimiento del acuerdo de reestructuración, las partes involucradas en dicho acto pueden demandar el incumplimiento ante la Superintendencia de Sociedades en un proceso verbal sumario que se tramitará en única instancia.

El ahora demandante presentó proceso verbal sumario ante la Superintendencia de Sociedades, el cual fue fallado el 6 de febrero de 2004 (fls. 178-185 c. 1). En dicha oportunidad se declaró el incumplimiento de la obligación contenida en el parágrafo de la cláusula cuarta6 del acuerdo celebrado por los acreedores externos e internos de la sociedad Club Unión, por parte del municipio de Girardot. Como sustento de lo decidido, luego de transcribir el contenido obligacional del acuerdo, se dijo:

Así las cosas, el municipio de Girardot deberá dar cumplimiento a la obligación de hacer por él contraída en virtu