CE - Sentencia 25000232600020050101102 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2005-01011-02 (48.010)

Actor: JUAN GAVIRIA RESTREPO Y OTROS

Demandados: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL Y OTRO Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – INEXISTENCIA DE

NEXO CAUSAL

Síntesis del caso: la parte demandante pretende que se declare la responsabilidad patrimonial extracontractual del ente territorial demandado por la construcción de zonas verdes y comunales, vías peatonales y vehiculares, parques e infraestructura para prestación de servicios públicos domiciliarios en los predios de su propiedad como consecuencia del proceso de legalización del

desarrollo urbanístico “ Jerusalén” en la ciudad de Bogotá DC . El tribunal de primera instancia declaró la caducidad de la acción jurisdiccional ejercida. Apela la parte demandante. Se revoca la decisión impugnada, en su lugar se niegan las súplicas de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida el 30 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera - Subsección “C” de Descongestión (fls. 392 a

la sentencia proferida el 30 de abril de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera - Subsección “C” de Descongestión (fls. 392 a 396 cdno. apelación) que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría liquídense los gastos del proceso y devuélvanse los remanentes al interesado. Pasados 2 años sin que hubieran sido reclamados dichos remanentes, se considerarán prescritos a favor de la Rama Judicial ”

(fl. 396 vto. cdno. apelación – negrillas y mayúsculas sostenidas del original).2

Expediente 25000-23-36-000-2005-01011-02 (48.010) Actor: Juan Gaviria Restrepo y otros Reparación directa Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 22 de abril de 2005, los señores Juan Gaviria Restrepo, Isabel Gaviria Restrepo de Reid, Elvira Gaviria Restrepo de Kroes y los señores Gustavo Hollman Gaviria, Ifigenia Hollman Gaviria y Martha Hollman Gaviria en condición de hijos y herederos de la señor a Mercedes Gaviria Restrepo, presentaron demanda de reparación directa en contra del Distrito Capital de Bogotá - Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretar ía Distrital de Planeación 1), con las siguientes pretensiones:

reparación directa en contra del Distrito Capital de Bogotá - Departamento Administrativo de Planeación Distrital (hoy Secretar ía Distrital de Planeación 1), con las siguientes pretensiones:

“PRIMERA. Que el DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ DC, y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL son administrativamente responsables por el daño especial causado a mis poderdantes por la construcción dentro de sus propiedades (matrículas inmobiliarias Nos. 050-0652311, 050 -0652312, 0500651931, 050-0050215, 050-598328, 050-704455, 050-704454, 050654450, 050 -704453, 050 -704456 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur), de zonas verdes y comunales, vías peatonales y vehiculares (vías arterias como locales principales), parques, infraestructura para prestación de servicios públicos domiciliarios, entre otras; como consecuencia del proceso de legalización del desarrollo Jerusalén, perteneciente a la Localidad no. 19 de Ciudad Bolívar.

SEGUNDA. Que como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad, se conden e a las entidades demandadas a reconocer, a pagar y a indemnizar de manera integral y en equidad, los daños y perjuicios, presentes y futuros, materiales y morales, que se acrediten en el proceso y que le han sido ocasionados a mi poderdante.

TERCERA. Que se ordene la actualización de todas las condenas que se dicten a favor de mi poderdante con base en [el] índice de precios al consumidor (IPC) conforme al artículo 178 del CCA. La

poderdante.

TERCERA. Que se ordene la actualización de todas las condenas que se dicten a favor de mi poderdante con base en [el] índice de precios al consumidor (IPC) conforme al artículo 178 del CCA. La determinación de la actualización se hará por periodo anual con base en el IPC acumulado por año o por fracción. Los intereses, igualmente, se liquidarán por años completos o fracciones.

CUARTA. Que se ordene que las condenas correspondientes devenguen intereses comerciales remuneratorios durante los 6 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia e intereses moratorios a partir del vencimiento de dicho término.

QUINTA. Que los demandados quedan obligados a dar cumplimiento a la sentencia dentro del término señalado por el artículo 179 del CCA, en concordancia con lo previsto en los artículos 334 y 339 del Código

1 En atención a la transformación dispuesta en el artículo 71 del Acuerdo Distrital número 257 de 30 de noviembre de 2006.3

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de Procedimiento Civil.

SEXTA. Teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, condenar en costas a la parte vencida en el proceso en los términos del artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998” (fl. 5 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas propias del original).

2. Hechos

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

de 1998” (fl. 5 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas sostenidas propias del original).

2. Hechos

Los fundamentos fácticos de la demanda son, en síntesis, los siguientes:

1. Por Resolución no. 489 del 18 de noviembre de 1989, el director del Departamento de Planeación Distrital reconoció la existencia del desarrollo urbanístico Jerusalén en la ciudad de Bogotá , en el cual incluyó una parte de los inmuebles de propiedad de los demandantes identificados con las matrículas inmobiliarias números 050-0652311, 050-0652312, 050-0651931, 050-0050215, 050-598328, 050-704455, 050-704454, 050-654450, 050-704453, 050-704456 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá – zona sur; no obstante, la administración no convocó a los demandantes al trámite administrativo ni les notificó la decisión final, con lo cual desconoció su derecho de propiedad y regularizó un asentamiento ilegal.

1. Pese a esto, los demandantes se notificaron por conducta concluyente del acto administrativo e interpusieron recurso de reposición, el cual fue resuelto por Resolución no. 067 de 15 de enero de 1993 que confirmó totalmente su contenido.

1. En sentencia del 7 de mayo de 1998, la Sección Primera d el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló las mencionadas Resoluciones nos. 489 de 18 de noviembre de 1989 y 067 de 15 de enero de 1993 proferidas por el director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y, a título de

Administrativo de Cundinamarca anuló las mencionadas Resoluciones nos. 489 de 18 de noviembre de 1989 y 067 de 15 de enero de 1993 proferidas por el director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital y, a título de restablecimiento del derecho , ordenó a la autoridad rehacer el trámite administrativo.

1. Contra esta decisión la parte actora interpuso recurso de apelación que culminó con la expedición de la sentencia de segunda instancia del 9 de noviembre de 2000, en la cual la Sección Primera de esta Corporación confirmó la orden de anulación de los actos administrativos demandados y dispuso que al rehacer el trámite la administración distrital debería determinar “si con su actitud4

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ha ocasionado algún perjuicio que deba resarcir, pues la solución de problemas de carácter social,… no puede tener lugar a costas del derecho de un ciudadano o grupo de ciudadanos, pues ello sería contrario a los principios de justicia y equidad” (fl. 8 cdno. 1).

1. En cumplimiento de la orden judicial, por auto del 30 de agosto de 2001 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital rehízo el trámite administrativo, el cual finalizó con la Resolución 0394 de 1 de octubre de 2002 que legalizó el desarrollo urbanístico Jerusalén y negó el reconocimiento de perjuicios a los demandantes con base en el argumento de que la autoridad no propició la situación de hecho que determinó el desarrollo urbano.

que legalizó el desarrollo urbanístico Jerusalén y negó el reconocimiento de perjuicios a los demandantes con base en el argumento de que la autoridad no propició la situación de hecho que determinó el desarrollo urbano.

1. Esa decisión fue objeto de impugnación a través de los recursos de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de manera desfavorable a los intereses de los recurrentes, por manera que mediante Resolución 0542 de 19 de diciembre de 2002 se decidió no reponer la Resolución 0394 de 2002 y se concedió el recurso de apelación ante la Alcaldía Mayor de Bogotá.

1. El 27 de marzo de 2003, el Alcalde Mayor de Bogotá confirmó la Resolución no. 0394 de 1 de octubre de 2002 por considerar que no había lugar al reconocimiento de perjuicios en favor de los demandante s, en tanto que el asentamiento ilegal no fue coadyuvado ni incentivado por el Distrito Capital.

La parte demandante sostiene que con la expedición de los actos administrativos que legalizaron la urbanización Jerusalén la entidad demandada vulneró su derecho de propiedad, circunstancia que, a su juicio, configura un daño especial , susceptible de indemnización en sede judicial por haber producido un desequilibrio ante las cargas públicas.

3. Trámite relevante en primera instancia

1. En proveído del 9 de junio del 2005 el tribunal de primera instancia rechazó la demanda por considerar improcedente la acción jurisdiccional de reparación directa ejercida, debido a que “…para la reparación del daño que, según la actora le fue ocasionado, se requiere necesariamente la declaración de nulidad de dichos

demanda por considerar improcedente la acción jurisdiccional de reparación directa ejercida, debido a que “…para la reparación del daño que, según la actora le fue ocasionado, se requiere necesariamente la declaración de nulidad de dichos Actos Administrativos (Resolución 0394 del 1º de octubre de 2002, Resolución 0542 de diciembre 19 de 2002 y Resolución 078 de marzo 27 de 2003), de los que5

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deviene el perjuicio aquí reclamado y, toda vez que, se empleó equivocadamente la acción de reparación directa, la demanda es substantivamente inepta, (…)” (fl. 2 cdno. 8).

1. Contra la anterior decisión la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la Sección Tercera de esta Corporación en auto del 2 de agosto de 2006 que revocó la decisión impugnada y admitió la demanda.

4. Posición de la entidad demandada

1. Bogotá DC – Secretaría Distrital de Planeación (antes Departamento Administrativo de Planeación Distrital) se opuso a las súplicas de la demanda2 por considerar que no desconoció ni perturbó el derecho de propiedad de los accionantes, pues, la formalización del desarrollo urbano Jerusalén se efectuó en cumplimiento del Acuerdo 1 de 1986 expedido por el Concejo de Bogotá y se limitó a reconocer la existencia de hecho de l mencionado asentamiento humano y a aprobar el plano urbanístico elaborado con la participación de la comunidad.

cumplimiento del Acuerdo 1 de 1986 expedido por el Concejo de Bogotá y se limitó a reconocer la existencia de hecho de l mencionado asentamiento humano y a aprobar el plano urbanístico elaborado con la participación de la comunidad.

1. Insistió en que los actos administrativos de legalización no crean ni generan el surgimiento de barrios como tampoco constituyen título de dominio para los poseedores, sino que, se limita n a reconocer la existencia del asentamiento , incorporan su cartografía oficial y prescribe n las normas urbanísticas para su desarrollo futuro haciendo efectivos el acceso a los servicios públicos y la incorporación de la comunidad a los planes y programas de desarrollo social.

1. De este modo, es claro que l a legalización de la mencionada urbanización no causó el daño por el cual se demandó, en tanto que para ese momento los propietarios ya habían perdido de hecho los derechos de uso y goce del predio, sin que en tal circunstancia mediara la actuación del ente distrital, pues, la ocupación por parte de los habitantes del sector data del año 1986 y para el año 1999 se encontraba completamente consolidado el barrio construido.

1. Como medios exceptivos invocó: i) caducidad: por considerar que el plazo de dos (2) años para demandar debía contabilizarse desde la expedición y

2 Folios 24 a 50 cdno. 1.6

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publicación del Acuerdo Distrital 1 de 12 de febrero de 1986, debido a que desde ese momento se conocía del asentamiento clandestino y la orden de su

Actor: Juan Gaviria Restrepo y otros Reparación directa Apelación de sentencia

publicación del Acuerdo Distrital 1 de 12 de febrero de 1986, debido a que desde ese momento se conocía del asentamiento clandestino y la orden de su legalización; ii) inepta demanda por acción indebida , porque el daño reclamado en la demanda tiene origen en el Acuerdo 1 de 1986 , de modo que la acción pertinente era la de nulidad y restablecimiento del derecho; iii) ausencia de causa para demandar , ya que el hecho de que los demandantes no ejercieran las acciones judiciales pertinentes para obtener la resti tución del inmueble no puede atribuirse a la administración distrital ; iv) agotamiento de la jurisdicción , en tanto que el 22 de agosto de 2023 los demandantes ejercieron una acción de nulidad y restablecimiento del derecho con la misma pretensión resarcitoria, sustentada en los mismos hechos y con identidad de objeto y causa que los de este proceso; v) prejudicialidad y utilización indebida de la administración de justicia; vi) jurisdicción civil – prejudicialidad, por la existencia de 940 procesos de pertenencia ante la jurisdicción ordinaria ; vii) impertinencia de la prueba pericial , y ix) falta de integración del litisconsorcio necesario por pasiva, por no vincular como demandados al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, a la empresa de Energía Eléctrica de Bogotá o Codensa SA y a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá pese a que fueron est as entidades las que realizaron obra s en el desarrollo Jerusalén.

5. La sentencia apelada

de Bogotá pese a que fueron est as entidades las que realizaron obra s en el desarrollo Jerusalén.

5. La sentencia apelada

En sentencia del 30 de abril de 2013 (fls. 392 a 396 cdno. apelación) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca -Sección Tercera - Subsección “C” de Descongestión declaró la prosperidad de la excepción de caducidad , el fundamento de su decisión se condensa en el siguiente razonamiento:

1. En la demanda se reclamó la indemnización del daño derivado de la construcción de zonas verdes, vías vehiculares, pasos peatonales, parques e infraestructura para la prestación de servicios públicos domiciliarios en los predios de propiedad de los demandan tes como consecuencia de la legalización del desarrollo urbanístico Jerusalén, circunstancia que se consolidó con la expedición de la Resolución no. 0394 de 1 de octubre de 2002, en atención a que las Resoluciones nos. 489 de 10 de noviembre de 1989 y 067 de 15 de enero de 19937

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fueron anuladas por el Consejo de Estado para que se rehiciera el trámite de legalización.

1. En el marco del aludido trámite administrativo de legalización, el 14 de febrero del año 2002 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital realizó el inventario de zonas de uso público en el que se definieron los espacios de aprovechamiento común, las direcciones catastrales y el empleo inicial y actual de

del año 2002 el Departamento Administrativo de Planeación Distrital realizó el inventario de zonas de uso público en el que se definieron los espacios de aprovechamiento común, las direcciones catastrales y el empleo inicial y actual de los terrenos comprendidos en la urbanización, por lo cual , desde esa fecha se debe contabilizar la oportunidad del derecho de acción ; de modo que , la parte activa tenía entre el 15 de febrero de 2002 y e l 15 de febrero de 2004 para demandar y como acudió a la jurisdicción el 24 de abril de 2005 la demanda resulta extemporánea.

6. Recurso de apelación

El 18 de junio de 2013, el extremo activo de la relación jurídico procesal (fls. 398 a 401 cdno. apelación) solicitó revocar la decisión de primer nivel y, en su lugar, acceder a las súplicas de la demanda, con sustento en el argumento que se sintetiza a continuación:

1. La oportunidad para ejercer el derecho de acción debe computar desde el 23 de abril de 2003, fecha de notificación de la Resolución no. 078 de 27 de marzo de ese año expedida por el alcalde Mayor de Bogotá, a través de la cual se confirmó la Resolución no. 394 de 1 de octubre de 2002 emitida por el director del Departamento Administrativo de Planeación Distrital, en tanto que en la demanda se alegó la configuración de un daño especial derivado de la expedición de los actos administrativos que legalizaron el desarrollo urbanístico Jerusalén.

1. En ese contexto, el tribunal incurrió en un yerro al establecer como punto de partida para definir la oportunidad de la acción jurisdiccional de reparación directa

actos administrativos que legalizaron el desarrollo urbanístico Jerusalén.

1. En ese contexto, el tribunal incurrió en un yerro al establecer como punto de partida para definir la oportunidad de la acción jurisdiccional de reparación directa el inventario de zonas de uso público del asentamiento Jerusalén, en tanto que el acto legítimo de la administración que habilita la reclamación por daño especial se consolidó con la Resolución no. 394 de 1 de octubre de 2002, confirmada por Resolución no. 078 de 27 de 2003, pues, en estas se adoptó de manera definitiva el plano de legalización urbanística en el que se delimitaron como zonas de uso8

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público algunas porciones de terreno de los inmuebles de propiedad de los demandantes.

1. Así las cosas, el término de dos (2) años para accionar transcurrió del 23 de abril de 2003 al 24 de abril de 2005, de lo cual se deduce con claridad que la demanda interpuesta el 22 de abril de 2005 lo fue en forma oportuna.

7. Actuaciones en segunda instancia

1. Por auto d el 16 de agosto de 2013 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fl. 406 cdno. apelación); durante el término de ejecutoria del proveído el extremo recurrente solicitó el decreto y práctica de una prueba consistente en el avalúo de los bienes inmuebles objeto del proceso por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- (fl. 407 cdno. apelación),

de ejecutoria del proveído el extremo recurrente solicitó el decreto y práctica de una prueba consistente en el avalúo de los bienes inmuebles objeto del proceso por parte del Instituto Geográfico Agustín Codazzi -IGAC- (fl. 407 cdno. apelación), solicitud a la cual se accedió en auto del 6 de febrero de 2015 (fl. 409 a 412 cdno apelación); el 29 de julio de 2019 la prueba fue allegada al pro ceso (fl. 640 cdno. apelación).

1. Mediante proveído del 26 de febrero de 2021 se corrió traslado para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días, vencidos los cuales se surtió traslado al agente del Ministerio Público por diez (10) días para que emitiera concepto (SAMAI índice 122).

1. Durante el término concedido los sujetos procesales se pronunciaron de la

siguiente manera:

a) El extremo demandante insistió en que en el presente litigio no operó el fenómeno jurídico de la caducidad, debido a que el término para accionar inició el 23 de abril de 2003, fecha de notificación de la Resolución no. 078 de 27 de marzo de 2003; en cuanto al fondo del asunto, señaló que se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad patrimonial extracontractual de la administración distrital, por cuanto la legalización y reglamentación del desarrollo urbanístico Jerusalén representó para los demandantes una afectación de su derecho a la propiedad privada que desequilibró las cargas públicas que les corresponde asumir (SAMAI índice 129).9

Jerusalén representó para los demandantes una afectación de su derecho a la propiedad privada que desequilibró las cargas públicas que les corresponde asumir (SAMAI índice 129).9

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A su vez, en escrito separado solicitó aceptar la sucesión procesal respecto del demandante Juan Gaviria Restrepo, quien falleció el 24 de abril de 2007 (SAMAI índice 128).

b) Por su parte, la entidad demandada (SAMAI índice 131) solicitó confirmar la sentencia de primera instancia que declaró la caducidad de la acción jurisdiccional de reparación directa ; igualmente, argumentó que el daño que alegan los demandantes no fue causado por los actos administrativos que legalizaron la urbanización Jerusalén, dado que estos se limitaron a incorporar y aprobar los planos que daban cuenta de la realidad física del desarrollo y, expresamente prescribieron que no amparaban derecho alguno sobre la tenencia de la tierra y que sus efectos únicamente estaban relacionados con la legalidad urbana, las normas de ordenamiento físico del sector y el mejoramiento de los servicios públicos y comunales, sin que constituyan declaratoria o constitución de dominio público, al tiempo que dichos actos no impedían el inicio de los correspondientes procesos reivindicatorios por parte de los propietarios.

Además, manifestó que la familia Gaviria demandó en nulidad y restablecimiento del derecho las resoluciones de legalización del asentamiento y que esta Corporación en sentencia del 29 de septiembre de 2011 denegó las súplicas en

Además, manifestó que la familia Gaviria demandó en nulidad y restablecimiento del derecho las resoluciones de legalización del asentamiento y que esta Corporación en sentencia del 29 de septiembre de 2011 denegó las súplicas en el proceso de radicación no. 2003-00776, el cual guarda identidad de causa y objeto con el presente, circunstancia por la cual esta Subsección debe inhibirse de dictar pronunciamiento de fondo.

c) Finalmente, el representante del Ministerio Público e n su concepto final solicitó revocar la sentencia de primera instancia que declaró la caducidad de la acción jurisdiccional de reparación directa y, en su lugar, negar las súplicas de la demanda toda vez que, en su criterio, “… los demandantes no son los titulares de las propiedades que tuvieron antes de que empezara la ocupación de hecho por los poseedores y por lo tanto, no les asiste razón en reclamar una reparación sobre unos terrenos que ya no son suyos, bien sea porque ya los habían perdido en virtud de la declaración de pertenencia que hicieron los jueces del circuito de Bogotá que conocieron de los procesos adelantados en virtud de la prescripción adquisitiva del dominio de los habitantes de Jerusalén, o bien sea porque la posesión por sí misma, alcanzada de manera ininterrumpida por los ocupantes de10

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hecho de los predios 050S652312 y 050S-598328 que están incluidos en todo el asentamiento urbano que comprende el Sector de Jerusalén, hizo que los

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hecho de los predios 050S652312 y 050S-598328 que están incluidos en todo el asentamiento urbano que comprende el Sector de Jerusalén, hizo que los demandantes hubieran perdido el dominio y por ende la posibilidad de efectuar una reclamación toda vez que es el fenómeno de la posesión el que genera la prescripción adquisitiva de dominio y no la declaración obtenida mediante sentencia judicial por parte del juez civil”. (SAMAI índice 134).

1. El 11 de septiembre de 2023, la parte demandante requirió a esta Corporación aceptar la sucesión procesal respecto de la demandante Efigenia Hollman Gaviria

(SAMAI índice 142), la cual fue denegada en auto del 15 de agosto de 2024 con la precisión de que en caso de una eventual condena en favor de la parte actora la cuota parte correspondiente a la demandante Efigenia Hollman Gaviria ser ía reconocida en favor de su masa sucesoral (SAMAI índice 150).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) oportunidad de la acción jurisdiccional ejercida, 3) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar , en primer lugar, si en el presente caso la

responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado y, 4) condena en costas.

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

Corresponde a la Sala determinar , en primer lugar, si en el presente caso la demanda fue ejercida de manera oportuna y , por ende, si debe revocarse la decisión impugnada; en segundo término, de encontrarse acreditado que la demanda fue presentada en tiempo, deberá establecer si existió un daño especial por el cual el ente territorial demandado debe ser declarado extracontractual y patrimonialmente responsable como consecuencia de “la construcción dentro de sus propiedades (matrículas inmobiliarias Nos. 050-0652311, 050-0652312, 0500651931, 050 -0050215, 050 -598328, 050 -704455, 050 -704454, 050 -654450, 050-704453, 050-704456 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá, zona sur), de zonas verde s y comunales, vías peatonales y vehiculares11

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(vías arterias como locales principales), parques, infraestructura para prestación de servicios públicos domiciliarios, entre otras; como consecuencia del proceso de legalización del desarrollo Jerusalén, perteneciente a la Localidad no. 19 de Ciudad Bolívar” (fl. 5 cdno 1).

La sentencia de primera instancia será revocada, debido a que no se evidencia la presentación extemporánea de la demanda ; en su lugar, se denegarán las

Ciudad Bolívar” (fl. 5 cdno 1).

La sentencia de primera instancia será revocada, debido a que no se evidencia la presentación extemporánea de la demanda ; en su lugar, se denegarán las súplicas de la demanda por ausencia de acreditación probatoria del nexo causal entre el daño por el cual se demandó y la actuación de la administración distrital demandada.

2. Oportunidad de la acción jurisdiccional ejercida

Sobre este punto, es imprescindible y relevante anotar que el artículo 136 -8 del Código Contencioso Administrativo 3 preceptúa que opera la caducidad de la acción de reparación directa al vencimiento del término de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

El tribunal de primera instancia consideró que en el presente asunto el término para ejercer la acción jurisdiccional de reparación directa debía contabilizarse desde el 14 de febrero de 2002, fecha en que el Departamento Administrativo de Planeación Distrital efectuó el inventario de zonas de uso público que integrarían el desarrollo urbano “Jerusalén”, por lo cual declaró probada la excepción de caducidad de la acción judicial interpuesta el 22 de abril de 2005.

Por su parte, el extremo activo del litigio se opuso a dicho cómputo y argumentó que “es la Resolución no. 0394 de Octubre 1º de 2002, y, posteriormente , la Resolución no. 078 de Marzo 27 de 2003 expedida por el Alcalde Mayor de

que “es la Resolución no. 0394 de Octubre 1º de 2002, y, posteriormente , la Resolución no. 078 de Marzo 27 de 2003 expedida por el Alcalde Mayor de Bogotá DC; la que origina el daño especial objeto de reparación ” (resaltado

3 Normativa aplicable en atención a la fecha de presentación de la demanda, esto es, el 22 de abril de 2005.12

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propio del original), de modo que el plazo para demandar inició el 23 de abril de 2003, día en que se notificó el contenido del acto administrativo que legalizó el desarrollo urbanístico.

Definidos los contornos de la apelación, es necesario precisar que esta Subsección ha considerado que en los eventos en los que el daño reclamado deriva de la expedición de actos administrativos cuya legalidad no se cuestiona, el término para acudir a la jurisdicción empieza a correr a partir del día siguiente a su notificación4.

Así las cosas, como en el proceso consta que la Resolución no. 078 de 27 de marzo de 2003, por medio de la cual se resolvió el recurso de apelación presentado en contra de la