CE - Sentencia 25000232600020050212701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: ORDEN DE AGUSTINOS DESCALZOS

Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO Y OTROS

Tema: Accidente de tránsito. Colisión de máquina recicladora de asfalto contra bus escolar . Límites del recurso de apelación.

Falla del servicio. Liquidación de perjuicios. Principio de non reformatio in pejus.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide l os recursos de apelación interpuesto s por la parte demandada contra la sentencia del 8 de agosto de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 28 de abril de 2004, a las 3:15 p.m., a la altura de la Avenida Suba con calle 138 de la ciudad de Bogotá D.C., una máquina recicladora de asfalto al servicio del Consorcio Alianza Suba Tramo II, se volcó sobre un bus que transportaba estudiantes y empleados del Colegio Agustiniano Norte, ocasionando la muerte de 23 personas, en su mayoría menores de edad, dejando además un saldo de 24 heridos, así como la destrucción del citado vehículo de transporte escolar.

estudiantes y empleados del Colegio Agustiniano Norte, ocasionando la muerte de 23 personas, en su mayoría menores de edad, dejando además un saldo de 24 heridos, así como la destrucción del citado vehículo de transporte escolar.

La Orden de Agustinos Descalzos considera que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., el Instituto de Desarrollo Urbano, la empresa Transmilenio S.A. y el Consorcio Alianza Suba Tramo II son patrimonialmente responsable s por los daños y perjuicios ocasionados por el accidente ocurrido el 28 de abril de 2004, pues aduce que este se produjo por la omisión de las demandadas en vigilar y controlar el traslado de maquinaria pesada.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

2

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de septiembre de 200 51, la Orden de Agustinos Descalzos 2, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (en adelante la “Policía Nacional”), la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. (hoy Secretaría Distrital de Movilidad) , el Instituto de Desarrollo Urbano (en adelante el “IDU”), la Empresa de Transporte del Tercero Milenio Transmilenio S.A. (en adelante “Transmilenio S.A.”) y el Consorcio Alianza Suba Tramo II , para que fueran declarados patrimonialmente responsables por el siniestro de tránsito

(en adelante “Transmilenio S.A.”) y el Consorcio Alianza Suba Tramo II , para que fueran declarados patrimonialmente responsables por el siniestro de tránsito ocurrido el 28 de abril de 2004.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la s demandadas a pagarle:

Concepto Suma

1. Gastos realizados con ocasión a la destrucción del bus de placa FUC190.

$1.061.600

2. Gastos realizados con ocasión a la reposición del bus destruido.

$133.004.079

3. Gastos realizados en los servicios de velación y exequia s de los alumnos fallecidos.

$8.392.136

4. Pago avisos de prensa publicados en el periódico El Tiempo.

$9.767.120

5. Pago avisos de prensa publicados en el periódico El Espectador.

$4.437.000

6. Pago de servicios de asesoría jurídica.

$13.804.000

7. Comunicaciones libradas con motivo del accidente.

$3.056.800

8. Ingresos perdidos por las matrículas de los alumnos fallecidos.

$200.000.000

9. Ingresos perdidos por concepto de pensiones de los alumnos fallecidos.

$750.000.000

1 Fl. 4 a 117, C. 1. 2 También denominada Orden de Agustinos Candelarios u Orden de Agustinos Recoletos.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

3

10. Ingresos perdidos por concepto de

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

3

10. Ingresos perdidos por concepto de mensualidades de transporte de los alumnos fallecidos.

$490.000.000

11. Ingresos perdidos por concepto de la explotación de 17 cupos debido a la destrucción del bus.

$400.000.000

12. Ingresos perdidos por pensiones y servicios de transporte de algunos de los alumnos fallecidos o heridos.

$4.201.036

13. Afectación al buen nombre, fama, reputación y prestigio de la Orden de

Agustinos Descalzos.

1.000 SMLMV

14. Perjuicios morales sufridos por cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio Agustiniano Norte afectado por la tragedia de abril 28 de 2004.

50 SMLMV.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, la Orden de Agustinos Descalzos es una comunidad religiosa, que, entre otras activ idades, presta servicios educativos en la institución denominada Colegio Agustiniano Norte, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., facilitando a sus alumnos el servicio de transporte escolar en buses de su propiedad.

Aduce que, mediante contrato No. 146 de 2003, el Instituto de Desarrollo Urbano concesionó al Consorcio Alianza Suba Tramo II las obras de infraestructura del Sistema de Transmilenio en la Avenida Suba. Adicionalmente, refiere que la interventoría del contrato referido le correspondió al Consorcio Interventoría Suba II.

Indica que, para el año 2004, la ruta escolar No. 12 se prestaba con el bus de placa

interventoría del contrato referido le correspondió al Consorcio Interventoría Suba II.

Indica que, para el año 2004, la ruta escolar No. 12 se prestaba con el bus de placa FUC190, de propiedad del Colegio Agustiniano Norte, con un cupo de 46 alumnos.

Manifiesta que el 28 de abril de 2004, a las 3:15 p.m., una máquina recicladora de asfalto, al servicio del Consorcio Alianza Suba Tramo II, se movilizaba por el carril izquierdo de la Avenida Suba, sentido norte – sur, cuando a la altura de la calle 138 perdió el control, salió de la calzada por la que transitaba y se volcó sobre un bus de propiedad del Colegio Agustiniano del Norte, que recorría por el carril izquierdo de la calzada baja, sentido sur – norte. El anterior hecho, ocasionó la muerte de 23Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

4 personas y dejó un saldo de 24 heridos, así como la destrucción del mentado bus escolar.

La Orden de Agustinos Descalzos considera que la Policía Nacional, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., el IDU, Transmilenio S.A. y el Consorcio Alianza Suba Tramo II son patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios causados con ocasión del accidente ocurrido el 28 de abril de 2004, pues aduce que este se produjo por la omisión de las demandadas en vigilar y controlar el traslado de maquinaria pesada.

Textualmente indica el libelo introductorio que “el bus de la Ruta Escolar No.12

aduce que este se produjo por la omisión de las demandadas en vigilar y controlar el traslado de maquinaria pesada.

Textualmente indica el libelo introductorio que “el bus de la Ruta Escolar No.12 transportaba a alumnos del Colegio Agustiniano Norte, cuando a la altura de la Avenida Suba con la calle 138, sobre el bus cae una pesada máquina, causando terribles y dolorosas consecuencias. Todo lo cual ocurre, por cuanto las autoridades públicas ejecutaron acciones consistentes en adelantar obras en la Av enida Suba con las cuales crearon riesgos en peligro del bus y sus pajareros, y los cuales por omisiones de esas autoridades se materializaron causando daños antijurídicos e imputables al estado”.

2. Contestaciones

El 11 de noviembre de 20053-4 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al ministerio público.

2.1. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.5 argumentó que el daño alegado por los accionantes devino de actuaciones del IDU, pues dicha entidad era la encargada de ejecutar las obras relacionadas con los programas de transporte masivo. Formuló como excepciones las que denominó “ falta de legitimación en la causa por pasiva ”, “inexistencia de nexo causal ”, “culpa exclusiva de un tercero ”, “concurrencia de causas” y “cobro de lo no debido”.

3 Fl. 118, C. 1. 4 Anota la Sala que la demanda inicialmente fue inadmitida, según consta en auto del 14 de octubre de 2005 (Fl. 122, C. 1.). En el escrito de subsanación la parte actora excluye de la demanda a la

4 Anota la Sala que la demanda inicialmente fue inadmitida, según consta en auto del 14 de octubre de 2005 (Fl. 122, C. 1.). En el escrito de subsanación la parte actora excluye de la demanda a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional (Fl. 123, C. 1.). 5 Fl. 373 a 424, C. 1.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

5

2.2. El IDU6 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no le asistía responsabilidad frente al daño r eclamado, comoquiera que la obra se concesionó al Consorcio Alianza Suba Tramo II mediante el contrato No. 146 de

2003. Formuló como excepciones las que denominó “ legalidad de las obras realizadas”, “inexistencia de falla en el servicio”, “inexistencia de daño antijurídico”, “improcedencia de la indemnización” y “concurrencia de culpas”.

2.3. Transmilenio S.A.7 se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que el hecho lesivo sufrido por la demandante no le era atribuible, dado que no tuvo injerencia alguna en su producción.

2.4. El Consorcio Alianza Suba Tramo II 8 alegó que no existía prueba que comprometiera su responsabilidad , toda vez que tomó las medidas de seguridad requeridas para la ejecución de la obra pública que le fue concesionada. Formuló como excepción la que denominó “inexistencia de causa para demandar”.

2.5. El Consorcio Interventoría Suba II9, llamado en garantía por el I DU10,

como excepción la que denominó “inexistencia de causa para demandar”.

2.5. El Consorcio Interventoría Suba II9, llamado en garantía por el I DU10, argumentó que la causa del siniestro obedeció a que el conductor del bus escolar infringió las normas de tránsito al circular por el carril izquierdo de la calzada , en tanto se trataba de un vehículo pesado. Por ello, propuso las excepciones de “culpa exclusiva y excluyente de la víctima”.

2.6. La Compañía Suramericana de Seguros S.A. 11, llamada en garantía por el IDU12, alegó la ausencia de legitimación en la causa por pasiva, pues la entidad que tomó la póliza y que fungió como asegurado fue el Consorcio Alianza Suba Tramo II.

6 Fl. 441 a 457, C. 1. 7 Fl. 284 a 317, C. 1. 8 Fl. 366 a 372, C. 1. 9 Fl. 458 a 467, C. 1. 10 Mediante auto del 18 de octubre de 2006 (Fl. 49, C. 31.) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el llamado en garantía realizado por el Instituto de Desarrollo Urbano. 11 Fl. 524 a 533, C. 1. 12 Mediante auto del 18 de octubre de 2006 (Fl. 49, C. 31.) el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó el llamado en garantía realizado por el Instituto de Desarrollo Ur bano.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

6

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

6

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de mayo de 201913 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.14, el IDU15, Transmilenio S.A.16, el Consorcio Alianza Suba Tramo II17, el Consorcio Interventoría Suba II18 y la Compañía Suramericana de Seguros S.A.19, reiteraron los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

3.2. El ministerio público20 conceptuó que lo probado en el proceso permitió establecer la causación del daño antijurídico alegado por la demandante, así como la falla del servicio atribuida a las demandadas, consistente en una omisión a los deberes de vigilancia y control sobre el transporte de maquinaria pesada.

3.3. La parte demandante guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 8 de agosto de 20 1921, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues constató que las demandadas incurrieron en una falla del servicio por omisión en el deber de vigilancia y cuidado, toda vez que realizaron el traslado o desplazamiento de la maquinaria pesada, pese a que no contaban con los protocolos exigidos para llevar a cabo dicha actividad. Por otra parte, declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la empresa Transmilenio S.A.,

de la maquinaria pesada, pese a que no contaban con los protocolos exigidos para llevar a cabo dicha actividad. Por otra parte, declaró probada de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la empresa Transmilenio S.A., pues constató que dentro de sus funciones no estaba la de vigilar y controlar el transporte de ese tipo de máquinas.

13 Fl. 1465 a 1466, C. 4. 14 Fl. 1467 a 1512, C. 4. 15 Fl. 1514 a 1528, C. 4. 16 Fl. 1562 a 1611, C. 4. 17 Fl. 1555 a 1561, C. 4. 18 Fl. 1529 a 1554, C. 4. 19 Fl. 1612 a 1620, C. 4. 20 Fl. 1622 a 1633, C. 4. 21 Fl. 1642 a 1676, C. Ppal.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

7

Al efecto indicó lo siguiente: “ De los testimonios se concluye, que las medidas de seguridad implementadas para el tr ánsito y/o traslado de maquinaria autopropulsada, como la que ocasion ó el accidente aqu í demandado, se implementó por la administración y se ejecutó por el consorcio, siendo este vigilado por el consorcio interventor, luego de ocurrido el insuceso del que se pretende aquí indemnización. Secuencia de lo hasta aquí expuesto es, declarar a las demandadas responsables por los da ños que sufrió la activa a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 28 de abril de 2004 (…) Como quiera que también encuentra

indemnización. Secuencia de lo hasta aquí expuesto es, declarar a las demandadas responsables por los da ños que sufrió la activa a consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 28 de abril de 2004 (…) Como quiera que también encuentra probado que el b us escolar como la m áquina autopropulsada que ocasion ó el accidente, son considerados vehículos pesados y en razón de ello, deben transitar por el carril derecho en cualquier vía en que circulen en nuestro país (…) se puede concluir que el actuar del conductor del bus escolar incidió de alguna forma en la concreción del daño, pues de haber transitado por el carril que le correspondíaderecho-, habría existido la posibilidad de no haberse ocasionado tan nefasto accidente, pero a pesar de ello, es también evidente que dicho actuar tampoco fue la causa eficiente y determinante del da ño (…) En donde asume notorio, que la omisión de vigilar, controlar, establecer o realizar los protocolos para tr ánsito y/o traslado de maq uinaria autopropulsada, e imprudencia en la conducción de una máquina pesada por un carril que no le correspondía infringiendo normativa y señales de tránsito, tiene mayor entidad respecto a la producción del resultado luctuoso, que el hecho de que el conductor del bus escolar, propiedad del Colegio Agustiniano Norte, hubiera infringido norma y señal de tránsito, al circular por el carril izquierdo cuando debió transitar por el derecho”.

En la parte resolutiva el a quo condenó a la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. , el IDU, el Consorcio Alianza Suba Tramo II y el Consorcio Interventoría Suba II a pagar a la Orden de Agustinos Descalzos, por concepto de

Bogotá D.C. , el IDU, el Consorcio Alianza Suba Tramo II y el Consorcio Interventoría Suba II a pagar a la Orden de Agustinos Descalzos, por concepto de los “gastos realizados por la demandante con ocasión de la destrucción del bus escolar de su propiedad ”, la suma de $1.214.759 ; adicionalmente, condenó en abstracto a las entidades demandadas , a pagar por daño emergente “el valor adeudado por estos con ocasión de la reposición del bus escolar que fue destruido a consecuencia del accidente ”; y por concepto de “los ingresos perdidos porRadicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

8 concepto de pensiones y mensualidades de transporte de los alumnos fallecidos del año 2004 “, la suma de $73.273.644.

De otro lado, declaró probada la s excepciones de ausencia de legitimación en la causa y de pago propuestas por la llamada en garantía Compañía Suramericana de Seguros S.A., al constatar que esa entidad canceló las sumas respectivas hasta el monto de lo asegurado.

5. Recursos de apelación

Los días 522, 1023 y 11 24 de septiembre de 2019, la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., el IDU y el Consorcio Interventoría Suba II interpusieron recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 29 de noviembre de 201925 y admitidos el 18 de febrero de 202026.

5.1. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. manifestó que el daño

recursos de apelación, los cuales fueron concedidos el 29 de noviembre de 201925 y admitidos el 18 de febrero de 202026.

5.1. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C. manifestó que el daño no le era atribuible, dado que no participó en los hechos objeto de la controversia, pues la ejecución de las obras se realizó en cumplimiento del contrato de concesión No. 146 de 2003, y estaban a cargo d el Consorcio Alianza Suba Tramo II , quien permitió el desplazamiento de maquinaria pesada, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el contrato referido.

5.2. El IDU manifestó que cumplió todas las obligaciones que estaban a su cargo, sin que pudiera endilgársele algún tipo d e negligencia . Además, señaló que no incurrió en omisión alguna, pues dentro de sus funciones no se encuentra la de vigilar y controlar el traslado de maquinaria pesada.

5.3. El Consorcio Interventoría Suba II señaló que no se probó una omisión imputable a la entidad, pues , por el contrario , se acreditó el cumplimiento de las labores de vigilancia, supervisión y control de las obligaciones contenidas en el

22 Fl. 1678 a 1690, C. Ppal. 23 Fl. 1691 a 1698, C. Ppal. 24 Fl. 1699 a 1723, C. Ppal. 25 Fl. 1733 a 1734, C. Ppal. 26 Fl. 1744, C. Ppal.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

9 contrato de concesión No. 146 de 2003.

26 Fl. 1744, C. Ppal.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

9 contrato de concesión No. 146 de 2003.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 21 de julio de 202027 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C.28, el IDU29, la empresa Transmilenio S.A.30 y la Compañía Suramericana de Seguros S.A.31 reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia.

6.2. La parte demandante , el Consorcio Alianza Suba Tramo II, el Consorcio Interventoría Suba II y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción como expresión de la soberanía que faculta al Estado para administrar justicia en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ra mas jurisdiccionales como lo son, entre otras, i) la ordinaria, ii) la contencioso administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena, y vi) la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un si stema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman. Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio

Al interior de cada jurisdicción debe existir un si stema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman. Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la

27 Fl. 1747, C. Ppal. 28 Índice 11, Samai. 29 Índice 13, Samai. 30 Índice 14, Samai. 31 Índice 12, Samai.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

10 jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del territorio.

Al efecto, esta Corporación ha definido que32, de manera regular, la competencia se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza de la función que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente determinada para otro proceso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción)33.

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o entre

posterioridad (factor de conexidad o de atracción)33.

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública también demandada no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo introductorio34.

Justamente, la Sección Tercera de esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto de 200735, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto de

32 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174. 33 Corte Constitucional. Sentencia C - 328 De 2015 . 34 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.: 43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603. 35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

11

35 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

11 derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que adquiere la competencia para examinar la responsabilidad de todos los accionados36.

De conformidad con lo anterior, el factor de conexidad implica, entonces, que el juez administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas en conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad púb lica el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos. […]

Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia correspondería a la jurisdicción

administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura, al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra entidad privada, cuya competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”37.

Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida38.

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de modo uniforme y reiterado, como se hizo recientemente en sentencia del 3 de agosto

36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 200502076-01. 37 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714. 38 IbídemRadicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

12 de 202039, en la que se señaló que para la procedencia del fuero de atracción es mandatorio que “[…] la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les prete nde enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una

mandatorio que “[…] la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les prete nde enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.

Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso deban ser juzgados de manera n atural por el juez de la jurisdicción ordinaria, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el demandante con suficientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad pública.

Es así como en aquellos eventos en los que se formule una demanda de manera concurrente al menos contra una entidad estatal y contra sujetos de derecho privado, por un asunto que en principio debería ser decidido ante la jurisdicción ordinaria, el proce so debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues adquiere competencia para definir la responsabilidad de todos los demandados 40, siendo menester para dichos efectos estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se alega41.

Descendiendo al caso en concreto, es pertinente resaltar que la parte demandante pretende la declaratoria de responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., el IDU, Transmilenio S.A., el Consorcio Alianza Suba

Descendiendo al caso en concreto, es pertinente resaltar que la parte demandante pretende la declaratoria de responsabilidad de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., el IDU, Transmilenio S.A., el Consorcio Alianza Suba Tramo II y el Consorcio Interventoría Suba II, pues alegan que el accidente ocurrido el 28 de abril de 2004 les es imputable por no haber vigilado, controlado, establecido o realizado protocolos para el traslado de maquinaria pesada. De hecho, en el libelo introductorio se solicitó declarar patrimonial mente responsables a l “[…] IDU, la

39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428. 40 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 51687. 41 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480.Radicación: 25000232600020050212701 (65629)

Demandante: Orden de Agustinos Descalzos

13 Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá D.C., Transmilenio S.A. y el Consorcio Alianza Suba Tramo II […]”.

Lo anterior permite inferir razonablemente que la responsabilidad de las entidades públicas puede quedar comprometida, al igual que la s sociedades de carácter privado, pues los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el petitum establecido en el libelo introductorio así lo permite establecer. En efecto, los hechos que dan origen a la demanda se relacionan con el accidente ocurrido el 28 de abril

privado, pues los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el petitum establecido en el libelo introductorio así lo permite establecer. En efecto, los hechos que dan origen a la demanda se relacionan con el accidente ocurrido el 28 de abril de 2004 y en tal acto introductorio se alega que dichas entidades son patrimonial