CE - Sentencia 25000232600020070041602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000232600020070041602 (70980)

Demandante: JOSÉ GUILLERMO ROA SARMIENTO Y OTRO

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL Y OTRO

Tema: Error jurisdiccional. No se agotaron los recursos de ley frente al proveído acusado de contener el yerro judicial. Defectuoso funcionamiento de la administración de justica. Mora Judicial.

Falta de legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 20 de mayo de 2004, Yiniliceth Roa Sarmiento, actuando como apoderada judicial de Raúl A. Mancera Mancera y otros, presentó demanda en ejercicio de la acción de grupo en contra de la Nación - Rama Ejecutiva y otros , con el propósito de obtener la indemniza ción de los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación establecida en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y por la promulgación del Decreto 610 del 26 de marzo de 1998. Posteriormente, en

obligación establecida en el parágrafo del artículo 14 de la Ley 4 de 1992 y por la promulgación del Decreto 610 del 26 de marzo de 1998. Posteriormente, en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2 006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca designó como coordinador del grupo al abogado Carlos Arturo Espinosa.

Los demandantes consideran que la Nación – Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el error jurisdiccional contenido en el auto del 16 de marzo de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , consistente en que se efectuó el reconocimiento del coordinador de la acción de grupo sin atender lasRadicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

2 reglas previstas en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998 , y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004-01163-01.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 18 de julio de 20071, José Guillermo Roa Sarmiento y Yiniliceth Roa Sarmiento, mediante apoderad a judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial y de Luz Mary Cárdenas Velandia (en su condición de magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca), para que fueran declarados patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional contenido en el proveído del 16 de marzo de 2006 , consistente en el reconocimiento irregular del coordinador de la

Cundinamarca), para que fueran declarados patrimonialmente responsables por los perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional contenido en el proveído del 16 de marzo de 2006 , consistente en el reconocimiento irregular del coordinador de la acción de grupo sin atender a las reglas previstas en el artículo 492 de la Ley 472 de 1998, y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004-01163-01.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a l os demandados a pagar “todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales irrogados como c onsecuencia de los errores judiciales y las fallas en la prestación del servicio judicial”.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 20 de mayo de 2004, Yiniliceth Roa Sarmiento, actuando como apoderada judicial de Raúl A. Mancera Mancera, Mariano Antonio Quimbay Gómez, Alejandro Fajardo Vargas, Oscar Javier Zambrano Parada, Miriam Usme Parra, Vicente Muñoz Ortiz, Fernando Alberto Ospina Alarcón, Jairo Edinson Rojas Gasca, Augusto Zarate Rubio, Álvaro

1 Fl. 75, C. 1. 2 “Artículo 49. Ejercicio de la acción. Las acciones de grupo deben ejercerse por conducto de abogado. Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número

abogado. Cuando los miembros del grupo otorguen poder a varios abogados, deberá integrarse un comité y el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité.”Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

3 Barbosa Suarez, Orlando Rengifo Lozano, Clelia Esther Rojas Melo, Pedro Ramírez Castañeda, Edder Flórez Roa, Luz Elena Harker Useche, Leonardo Antonio Caro Castillo, Francisco Javier Gallego Maldonado, German Antonio Galeano Salcedo, Hugo Carmelo Ortiz Clavijo y Ciro Mauricio Molano Monroy presentó demanda en ejercicio de la acción de grupo en contra de la Nación - Rama Ejecutiva y otros con el propósito de obtener la indemnización de los perjuicios causados por el incumplimiento de la obligación establecida en el parágrafo del artículo 14 3 de la Ley 4 de 1992 y por la promulgación del Decreto 610 del 26 de marzo de 19984.

Manifiesta que, mediante auto del 25 de febrero de 2005, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda , a la cual se le asign ó el radicado 200401163.

Señala que el 1° de septiembre de 2005, Yiniliceth Roa Sarmiento sustituyó a José Guillermo Roa Sarmiento los poderes a ella conferidos.

Aduce que en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca designó como coordinador del grupo al abogado Carlos Arturo Espinosa.

Guillermo Roa Sarmiento los poderes a ella conferidos.

Aduce que en audiencia celebrada el 16 de marzo de 2006, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca designó como coordinador del grupo al abogado Carlos Arturo Espinosa.

Finalmente, i ndica que en el trámite de la acción de grupo identificada con el radicado 2004-01163 se incurrió en una mora judicial injustificada.

Los demandantes consideran que la Nación – Rama Judicial y Luz Mary Cárdenas Velandia son patrimonialmente responsables por el error jurisdiccional contenido en

3 “Artículo 14. El Gobierno Nacional establecerá una prima no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Magistrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero (1o.) de enero de 1993. Igualmente tendrán derecho a la prima de que trata el presente artículo, los delegados departamentales del Registrador Nacional del Estado Civil, los Registradores del Distrito Capital y los niveles Directivo y Asesor de la Registraduría Nacional del Estado Civil. PARÁGRAFO. Dentro del mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. 4 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros

empleados de la Rama Judicial sobre la base de la nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad”. 4 “Por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios”.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

4 el auto de l 16 de marzo de 2006, proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , consistente en que se efectuó el reconocimiento del coordinador de la acción de grupo sin atender a las reglas previstas en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, y por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en resolv er la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004-01163.

Al efecto, señalan que e n la mencionada providencia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció lo previsto en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, pues pese a que José Guillermo Roa Sarmiento era el abogado que representaba a la mayoría de personas en la referida acción de grupo, en contraposición a ello, se resolvió designar como coordinador al profesional del derecho elegido por el comité de abogados, sin que dicha interpretación fuera procedente.

Finalmente, en cuanto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, indican que en el trámite de la acción de grupo se incurrió en mora judicial injustificada, pues se presentó una “inobservancia del carácter imperativo señalado a los términos judiciales para las acciones de grupo en la Ley 472 de 1998”.

2. Contestaciones

injustificada, pues se presentó una “inobservancia del carácter imperativo señalado a los términos judiciales para las acciones de grupo en la Ley 472 de 1998”.

2. Contestaciones

El 26 de noviembre de 2009 5 y el 4 de marzo de 2010 6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. La Nación - Rama Judicial7 solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, argumentando que en el caso sub examine no se incurrió en un error jurisdiccional, pues el auto del 16 de marzo de 2006 se profirió de conformidad con lo previsto en el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, adicionalmente, contra la referida decisión

5 Fl. 175, C. 1. 6 Fl. 185 a 186, C. 1. Mediante auto del 26 de noviembre de 2009 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda únicamente respecto de la Nación – Rama Judicial y precisó que no se tendría como parte demandada a Luz Mary Cárdenas Velandia. Posteriormente, mediante auto del 4 de marzo de 2010, repuso la anterior decisión y ordenó la vinculación de Cárdenas Velandia como demandada. 7 Fl. 240 a 245, C. 1.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

5 procedían los recu rsos de ley y la parte interesada nos los presentó . Propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

5 procedían los recu rsos de ley y la parte interesada nos los presentó . Propuso la excepción de culpa exclusiva de la víctima.

2.2. Luz M ary Cárdenas Velandia 8 se opuso a las pretensiones de la demanda. Sobre el particular, señaló que en el asunto objeto de debate no se incurrió en una vía de hecho, por el contrario, la discrepancia de la parte actora constituye un mero problema de interpretación jurídica . Finalmente, sostuvo que no se acreditó la configuración de un daño antijurídico, pues las pretensiones de la demanda se fundan en simples expectativas frente al resultado de la acción de grupo.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 3 de junio de 20229 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte actora 10 reiteró los argumentos expuestos en su demanda . Adicionalmente, señaló que, de confor midad con la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado el 16 de junio de 2003 (exp. 1999-00528), “el comité tendrá como coordinador a quien represente el mayor número de interesados” y, en el caso sub examine , dicho derecho correspondía a José Guillermo Roa Sarmiento “pese a lo cual la señora magistrada, caprichosamente y sin observar la ley, decidió no reconocerlo como tal”.

3.2. La Nación - Rama Judicial, Luz Mary Cárdenas Velandia y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

sin observar la ley, decidió no reconocerlo como tal”.

3.2. La Nación - Rama Judicial, Luz Mary Cárdenas Velandia y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de agosto de 202311, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda. Al efecto, consideró que en el proveído del 16 de marzo de 2006 no se había incurrido en un error jurisdiccional,

8 Fl. 197 a 206, C.1. 9 Samai, índice 160 de primera instancia. 10 Samai, índice 164 de primera instancia. 11 Samai, índice 166 de primera instancia.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

6 toda vez que se efectuó una interpretación razonable d el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, según la cual, hay dos supuestos para nombrar al coordinador del grupo –el juez reconocerá como coordinador y apoderado legal del grupo, a quien represente el mayor número de víctimas, o en su defecto al que nombre el comité-, las cuales no son excluyentes y, por tanto, “mal haría la Magistrada en desconocer dicho acuerdo para imponer una voluntad diferente por el hecho de que una persona no esté de acuerdo”.

De otro lado, en cuanto a la mora judicial alegada , sostuvo que las actuaciones desplegadas en el trámite de la acción de grupo No. 2004 -01163-01 “resultan adecuadas en tiempos y argumentación en cada etapa del proceso”.

5. Recurso de apelación

desplegadas en el trámite de la acción de grupo No. 2004 -01163-01 “resultan adecuadas en tiempos y argumentación en cada etapa del proceso”.

5. Recurso de apelación

El 23 de agosto de 202312, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 9 de febrero de 202413 y admitido el 12 de abril de 202414.

5.1. La part e demandante afirmó que la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto del 16 de marzo de 2006 fue caprichosa y “atravesó sin razón los linderos del recto Derecho ”, dado que, de acuerdo con el artículo 49 de la Ley 472 de 1998, “si existe un abogado que represente el mayor número de víctimas, el Juez debe, sí o sí, reconocerlo como coordinador del grupo de abogados así éste no lo acept e o nombre a otro como aquí ocurrió, pues dicho reconocimiento no lo dejó el legislador ni al arbitrio o autonomía del Juez ni al capricho del Comité de abogados”.

En cuanto a la mora judicial, alegó que estaba plenamente acredita da, por cuanto los términos previstos en la Ley 472 de 1998 son de obliga torio cumplimiento; sin embargo, la referida acción de grupo fue presentada hace más de 20 años sin que hasta la fecha se hubiese dictado decisión de fondo.

12 Samai, índice 169 de primera instancia. 13 Samai, índice 171 de primera instancia. 14 Samai, índice 4.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

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13 Samai, índice 171 de primera instancia. 14 Samai, índice 4.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

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6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de mayo de 202415 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. El Ministerio Público 16 solicitó confirmar la decisión de primera instancia , al considerar que no se acreditó la configuración de un daño cierto, toda vez que en la acción de grupo 2004-011663 no se ha proferido sentencia que permita establecer si las pretensiones de la demanda prosperan o no y, por tanto, si hay lugar al reconocimiento de los honorarios al abogado coordinador del grupo, previstos en el numeral 6 del artículo 65 de la Ley 472 de 19 9817. Asimismo, sostuvo que la parte actora no interpuso recurso alguno contra el auto del 16 de marzo de 2006, razón por la cual no se cumplen los requisitos para estudiar la configuración de un error jurisdiccional. Frente a la mora judicial alegada, precisó que la sola tardanza en la adopción de una decisión de fondo no es causal para que se configuré la responsabilidad estatal, dado que la parte actora tiene la carga de acreditar que dicha mora ha sido producto de dilaciones, acciones u omisiones injustificadas, lo cual no se probó en el sub examine.

6.2. La parte demandante, la Nación – Rama Judicial y Luz Mary Cárdenas Velandia guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

cual no se probó en el sub examine.

6.2. La parte demandante, la Nación – Rama Judicial y Luz Mary Cárdenas Velandia guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia del 10 de agosto de 20 23 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

15 Samai, índice 14. 16 Samai, índice 18. 17 “Articulo 65. Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin al proceso se sujetará a las disposiciones generales del Código de Procedimiento Civil y además, cuando acoja las pretensiones incoadas, dispondrá: (…). 6. La liquidación de los honorarios del abogado coordinador, que corresponderá al diez por ciento (10%) de la indemnización que obtengan cada uno de los miembros del grupo que no hayan sido representados judicialmente”.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

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2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se recla ma la

estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 8618 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se recla ma la reparación de un daño proveniente de un os hechos imputables a la administración de justicia.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal19.

Así pues, se advierte que, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el

18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”. 19 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la

de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de of icio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

9 legislador, apuntando a la protección del interés general 20, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 21, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener

el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilid ad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionad o legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

10 situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

10 situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparat o judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la oc upación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el presente asunto, la parte accionante solicitó declarar patrimonialmente responsables a la Nación - Rama Judicial y a Luz Mary Cárdenas Velandia: i) por el error judicial en que habría incurrido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el auto del 16 de marzo de 2006 ; y , ii) por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004-01163.

Pues bien, en primer lugar, se tiene que la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error

tramitada con el radicado No. 2004-01163.

Pues bien, en primer lugar, se tiene que la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un error

22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “ Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accio nar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del suj eto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce

ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicado: 25000232600020070041602 (70980).

Demandante: José Guillermo Roa Sarmiento y otro

11 judicial el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la providencia judicial que contiene el aludido yerro24.

De conformidad con lo anterior, se estima que, frente al error jurisdiccional endilgado en el auto del 16 de marzo de 2006 , el derecho de accionar se ejerció en tiempo, dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de l a acción, teniendo en cuenta que la referida providencia fue dictada en audiencia y notificada en estrados25 y adquirió firmeza el 22 de marzo siguiente26; y la demanda se presentó el 18 de julio de 200727.

De otro lado , la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento de l hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante28.

Sobre el particular , se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo respecto del defectuoso funcionamiento de la administración alegado por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 2004Sobre el particular , se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo respecto del defectuoso funcionamiento de la administración alegado por el retardo injustificado en resolver la acción de grupo tramitada con el radicado No. 200401163, inclusive antes de que comenzara a contarse el término de dos (2) años previstos para el vencimiento de la acción de reparación directa , teniendo en cuenta que i) consultado el aplicativ