CE - Sentencia 25000232600020070052601 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000232600020070052601 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual
APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA-El juez puede readecuar la demanda, sin alterar los hechos en que se funda. IURA NOVIT CURIALímites. PRUEBAS DE OFICIO-Proceden para esclarecer puntos oscuros o dudosos de la contienda hasta antes de dictar sentencia. UNIVERSIDADES PÚBLICAS-Régimen exceptuado de contratación. RÉGIMEN DE DERECHO PRIVADO-No hay lugar a aplicar las disposiciones de la Ley 80 de 1993 frente a la liquidación unilateral del contrato. LIQUIDACIÓN EN DERECHO PRIVADO-Su estudio se debe limitar a las reglas del derecho privado. IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY-Tiene su fundamento en el respeto a los derechos adquiridos. ARTÍCULO 38 DE LA LEY 153 DE 1887-Por regla general en el contrato se entienden incorporadas las normas sustanciales vigentes al momento de su celebración. LEY DEL CONTRATO-Debe aplicarse la ley vigente al momento de su celebración. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD-Pacto de terminación unilateral por incumplimiento. PACTO DE
vigentes al momento de su celebración. LEY DEL CONTRATO-Debe aplicarse la ley vigente al momento de su celebración. AUTONOMÍA DE LA VOLUNTAD-Pacto de terminación unilateral por incumplimiento. PACTO DE DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO-Es válido en los contratos de entidades públicas que se rigen exclusivamente por el derecho privado. PACTO DE DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTOSu ejercicio no s upone función administrativa ni la expedición de actos administrativos. PACTO DE DECLARATORIA UNILATERAL DE INCUMPLIMIENTO-Aplicación de las reglas de interpretación de los contratos del Código Civil. CLÁUSULA PENAL-Naturaleza. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 27 de abril de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda. La decisión fue la siguiente:
PRIMERO: NEGAR las pretensiones de esta demanda con base en lo expuesto en la parte motiva de este proveído.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Por Secretaría, liquídense los gastos del proceso y en caso de remanentes devuélvanse a la parte actora, pasados dos años sin que estos sean reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro Nacional” (fls. 55-61 c.
devuélvanse a la parte actora, pasados dos años sin que estos sean reclamados, se declarará la prescripción de los mismos a favor del Tesoro Nacional” (fls. 55-61 c. p.pal.).Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
Proceso: Acción contractual
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I. SÍNTESIS DEL CASO
El 22 de septiembre de 2000 y el 4 de junio de 2002, la Universidad del Valle y Alta Tecnología Ltda. celebraron dos «convenios de cooperación» para aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional. La universidad terminó los contratos porque la directora administrativa del convenio adquirió compromisos ante terceros, en nombre de la universidad, sin estar autorizada para ello. La universidad liquidó unilateralmente los convenios y pidió que se condene a la demandada al pago de unos perjuicios.
II. ANTECEDENTES
Pretensiones
El 12 de julio de 20071, la Universidad del Valle, a través de apoderada judicial, formuló acción contractual contra la sociedad Alta Tecnología Ltda. El 30 de octubre siguiente, la demandante corrigió la demanda y formuló las siguientes pretensiones:
1.- Que se condene a la sociedad Alta TecnoLogía [sic] Ltda. al pago de los perjuicios causados a la Universidad del Valle, indemnizándola en la suma de mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.oo), suma esta que deberá indexarse desde
causados a la Universidad del Valle, indemnizándola en la suma de mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.oo), suma esta que deberá indexarse desde el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19 de julio de 2005, hasta la fecha del pago.
2.- Que a la sentencia se le de [sic] cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
3.- Que se condene en costas y agencias en derecho la sociedad Alta Tecnología Ltda [sic]. (f. 2 c. 4).
Hechos
En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que suscribió con Alta Tecnología Ltda. dos «convenios de cooperación interinstitucional». El primero el día 22 de septiembre de 2000 y el segundo el 4 de junio de 2002, ambos con el objeto de «establecer las bases generales de cooperación académica, científica y cultural entre la UNIVERSIDAD y AT, para aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional». 1 Según da cuenta el sello de radicación (f. 525 c. 2).Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
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Sostuvo que en el marco de la ejecución de los «convenios de cooperación», la directora administrativa del convenio –con la anuencia de Alta Tecnología Ltda., pero
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
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Sostuvo que en el marco de la ejecución de los «convenios de cooperación», la directora administrativa del convenio –con la anuencia de Alta Tecnología Ltda., pero sin el consentimiento de la Universidad del Valle – se presentó a múltiples convocatorias y suscribió tres contratos, en representación de la Universidad del Valle, sin tener la capacidad para hacerlo . Explicó que la directora administrativa del programa: i) se presentó a la convocatoria para participar en la invitación pública de la Alcaldía Menor de Kennedy, de la cual resultaron adjudicatarios del convenio interadministrativo No. 001-2004; ii) suscribió el convenio interadministrativo de cofinanciación No. 002 de 2004 con el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos para ejercer la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 001 de 2004 y iii) suscribió el convenio interadministrativo de cofinanciación No. 009 de 2003 con el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero para la interventoría técnica, administrativa y financiera del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 007 de 2003 y del convenio interadministrativo de cofinanciación No. 11 de 2003.
Señaló que el rector de la Universidad del Valle, ante la situación descrita, solicitó a Alta Tecnología Ltda. que tomara las medidas necesarias para terminar estos contratos celebrados con terceros y para que no se siguieran suscribiendo más contratos en nombre de la universidad. También le avisó a Alta Tecnología Ltda. que continuaría con la ejecución de los «convenios de cooperación», siempre y cuando i)
contratos celebrados con terceros y para que no se siguieran suscribiendo más contratos en nombre de la universidad. También le avisó a Alta Tecnología Ltda. que continuaría con la ejecución de los «convenios de cooperación», siempre y cuando i) se firmara el acta de liquidación del «convenio de cooperación» suscrito el 20 de noviembre de 2000; ii) se realizara una adición o modificación al «convenio de cooperación» celebrado el 4 de junio de 2002, en la cual se aclarara la administración y manejo de los recursos y iii) se terminaran los contratos celebrados con terceros en nombre de la universidad.
Expuso que ante las respuestas negativas de Alta Tecnología Ltda. a los anteriores requerimientos, el rector de la Universidad del Valle, mediante comunicado del 13 de mayo de 2004 y con fundamento en la cláusula séptima del «convenio de cooperación» suscrito el 4 de junio de 2002, informó su decisión de dar por terminado el contrato a partir del 13 de noviembre de 2004, de manera que en esta fecha las partes debían suscribir la liquidación.
Precisó que ante la imposibilidad de liquidar los «convenios de cooperación» de mutuoRadicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
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acuerdo, la universidad profirió la Resolución nº 1129 de 4 de abril de 2005, mediante la cual liquidó los dos «convenios de cooperación» y calculó los perjuicios causados a la universidad en $1.448’000.000, por la extralimitación en que incurrió la directora
la cual liquidó los dos «convenios de cooperación» y calculó los perjuicios causados a la universidad en $1.448’000.000, por la extralimitación en que incurrió la directora administrativa del convenio. Posteriormente, la universidad, a través de la Resolución nº. 2015 de 2005, revocó el valor de los perjuicios y dispuso, en su lugar, que se reservaba la posibilidad de cuantificarlos y cobrarlos judicialmente.
Contestación de la demanda
El 18 de febrero de 2010, el Tribunal ordenó el emplazamiento de Alta Tecnología Ltda. (fls. 542-587 c. 2) con fundamento en el artículo 318 del CPC, sin que la demandada compareciera a notificarse del auto admisorio, motivo por el cual el Tribunal, mediante auto del 3 de junio de 2010, le designó curador ad litem (f. 588 c. 2). El 2 de diciembre siguiente, la parte demandada, a través de curador ad litem, contestó la demanda y señaló que se atenía a lo que resultara probado en el proceso.
Fundamentos de la providencia recurrida
El 27 de abril de 2012, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C profirió sentencia de primera instancia, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el demandante no acreditó el daño ni los perjuicios, por lo que no era posible imputárselos a la demandada.
El Tribunal de primera instancia determinó que lo que motivó la liquidación unilateral de los «convenios de cooperación» fue que las partes no se pusieron de acuerdo en los términos para liquidar los. Además, indicó que, según la demanda, las
El Tribunal de primera instancia determinó que lo que motivó la liquidación unilateral de los «convenios de cooperación» fue que las partes no se pusieron de acuerdo en los términos para liquidar los. Además, indicó que, según la demanda, las irregularidades que provocaron la liquidación de los «convenios de cooperación» derivaron del convenio interadministrativo de cofinanciación nº. 009 de 2003 –suscrito entre el Fondo de Desarrollo Local de Barrios Unidos y Adriana Lucía Garnica (directora administrativa del convenio)–. No obstante, dicho convenio de cofinanciación no fue incluido en la resolución de liquidación, por lo que «mal podría liquidarse por perjuicios con base en un Convenio que no hizo parte de la liquidación».
Finalmente, señaló que el demandante no cumplió con la carga de probar los perjuicios ocasionados «por la conducta de la sociedad Alta Tecnología Ltda», los cuales, si bien se encuentran comprendidos dentro del numeral 16 de la resolución de liquidación, no fueron probados en el proceso como ciertos e imputables al demandado.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
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Recurso de apelación
La parte demandante, en el recurso de apelación, insistió en el reconocimiento de los perjuicios. Al respecto, sostuvo que no existió acuerdo entre las partes para la liquidación de los «convenios de cooperación» y, por ello, la universidad procedió a liquidarlos unilateralmente con fundamento en el artículo 67 de la Resolución nº. 046 del 9 de julio de 2004 del Consejo Superior de la Universidad del Valle. Señaló que en
liquidarlos unilateralmente con fundamento en el artículo 67 de la Resolución nº. 046 del 9 de julio de 2004 del Consejo Superior de la Universidad del Valle. Señaló que en la liquidación unilateral quedó consignado que la universidad se reservaba la cuantificación final de los perjuicios, así como su reclamación y cobro ante la jurisdicción competente.
Esgrimió que los perjuicios se demostraron con el dictamen pericial practicado en el proceso y correspondían a la suma que la Universidad del Valle dejó de percibir como consecuencia de la terminación anticipada de los «convenios de cooperación». Sostuvo que el perito designado estimó el lucro cesante en la suma aproximada de $452.896.736 y el daño al buen nombre e imagen institucional en $452.896.736, para un total de $905.793.472, sin que el dictamen hubiera sido objetado por la demandada.
Trámite en segunda instancia
El 17 de enero de 2013, el Despacho admitió el recurso de apelación de la parte demandante (f. 76 c. p.pal) y, el 14 de febrero siguiente, se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia (f. 78 c. p.pal). La parte demandante reiteró lo expuesto. La parte demandada y el Ministerio Público guardaron silencio. El 19 de junio de 2014 (f. 92 c. pal.), el Despacho ordenó incorporar al expediente un cuaderno de pruebas remitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no había sido enviado con el expediente.
III. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
de pruebas remitido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no había sido enviado con el expediente.
III. CONSIDERACIONES
I. Presupuestos procesales
1. Como la demanda se presentó el 12 de julio de 2007 ( f. 525 c. 2), el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regirán por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, elRadicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
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artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012 – prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirán rigiéndose y culminarán conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el
la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Jurisdicción y competencia
2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual resuelve los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administr ativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor –$724’000.000 (f. 39 c. 4)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA, esto es, $216.850.0002.
Acción procedente
3. La acción contractual es el medio de control idóneo para perseguir los perjuicios originados de una relación contractual (arts. 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA).
Demanda en tiempo
4. El término para formular pretensiones, en la acción contractual, según el artículo 136.10 del CCA –subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, aplicable al trámite del proceso, es de dos años, que se cuentan desde que ocurren los motivos de hecho o derecho que le sirven de fundamento (art. 40 de la Ley 153 de 1887). La demanda pidió el reconocimiento y pago de unos perjuicios con fundamento en la Resolución nº. 1129 de 2005, modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005, que
demanda pidió el reconocimiento y pago de unos perjuicios con fundamento en la Resolución nº. 1129 de 2005, modificada por la Resolución nº. 2015 de 2005, que liquidó los «convenios de cooperación» suscritos por las partes y en las que determinó la configuración de esos perjuicios (f. 2 c. 4). 2 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2007, $433.700, por 500.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
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La demanda se interpuso en tiempo –12 de julio de 2007 (f. 525 c. 2)–, porque la notificación de la Resolución nº 2015 de 2005, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición contra la Resolución nº. 1129 de 2005, a través de la cual se liquidaron unilateralmente los «convenios de cooperación» y cuyo contenido es el fundamento de la pretensión, se produjo el 19 de julio de 2005 (f. 462 c. 1). Al día siguiente inició el conteo de los dos años, que vencían el 23 de julio de 2007, día hábil siguiente a la expiración del plazo (art. 121 del CPC, aplicable por disposición del art. 267 del CCA).
Legitimación en la causa
5. La Universidad del Valle está legitimada en la causa por activa y Alta Tecnología Ltda. está legitimada en la causa por pasiva, porque suscribieron los «convenios de
267 del CCA).
Legitimación en la causa
5. La Universidad del Valle está legitimada en la causa por activa y Alta Tecnología Ltda. está legitimada en la causa por pasiva, porque suscribieron los «convenios de cooperación» del 22 de septiembre de 2000 y 4 de junio de 2002, cuyo objeto fue aunar esfuerzos y optimizar los recursos educativos de las entidades con el fin de realizar programas de educación continuada y asesoría en el ámbito nacional e internacional.
II. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si procede condenar al pago de los perjuicios pedidos en la demanda derivados de una terminación unilateral por incumplimiento y cuya causación fue definida en la liquidación unilateral del contrato, a pesar de no haberse formulado una pretensión declarativa en tal sentido.
Análisis de la Sala
6. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio3.
7. Con el fin de resolver la apelación, la Sala encuentra necesario referirse al alcance de las pretensiones, toda vez que la demanda fue presentada y posteriormente
«corregida».
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. 25.022 [fundamento jurídico 1].Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
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7.1 La Sala observa que la Universidad del Valle, en un primer momento, formuló
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7.1 La Sala observa que la Universidad del Valle, en un primer momento, formuló demanda contra la sociedad Alta Tecnología Ltda., cuyas pretensiones fueron las siguientes:
1.- Que se ordene al Gerente de Alta Tecnología Ltda., o quien haga sus veces, tramite y pague la suma de quinientos dos millones doscientos tres mil cuatrocientos noventa y tres ($502.203.493.00) pesos m/cte, suma esta que tiene retenida Alta Tecnología Ltda.
2.- Que dichas sumas se paguen actualizadas; para el efecto se debe aplicar bien sea la corrección monetaria causada desde el 19 de julio de 2005, fecha en la que se notificó la Resolución No. 2015 de junio 30 de 2005, "Por la cual se resuelven los recursos interpuestos contra la Resolución No. 1129 de abril 4 de 2005, emanada de la Vicerrectoría de la Universidad del Valle" de la deuda y la del pago efectivo o el Incremento de Índices de precios al consumidor, siendo el índice inicial el correspondiente al mes de junio de 2005 y el final el del mes en que se efectúe el pago.
3.- Que como consecuencia de los perjuicios causados a la Universidad del Valle, Alta Tecnología Ltda., Indemnice a la Universidad del Valle en la suma de mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.00), suma esta que deberá indexarse desde el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19, de julio de 2005, hasta la fecha del pago.
el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19, de julio de 2005, hasta la fecha del pago.
4Que a la sentencia se le dé cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.
5. Que se condene en costas y agencias en derecho Alta Tecnología Ltda.
El 18 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca inadmitió la demanda y ordenó subsanarla al evidenciar una indebida acumulación de pretensiones, porque, por una parte, perseguía el pago de una suma determinada de dinero correspondiente a la liquidación unilateral [pretensión primera], que es propia de una acción de ejecución; y por otra, de indemnización de perjuicios derivada de la administración de los convenios [pretensión tercera], relativa a un conflicto contractual. (fls. 533 y 534 c. 3).
El 30 de octubre de 2007, la demandante corrigió la demanda y solicitó –como única pretensión– que se condene a la demandada al pago de los perjuicios causados y que, como consecuencia de ello, se haga a su favor el reconocimiento de $1.448’000.000. En efecto, la Sala encuentra que al presentar la reforma a la demanda tendiente a obtener el reconocimiento de los perjuicios, la parte demandante decidió no formular pretensiones de incumplimiento contractual ni ninguna otra pretensión declarativa. Por el contrario, al formular la pretensión, como se indicó ya, pidió que se condene a la demandada al pago de unos perjuicios en los siguientes términos:Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
el contrario, al formular la pretensión, como se indicó ya, pidió que se condene a la demandada al pago de unos perjuicios en los siguientes términos:Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
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Instauro ACCION RELATIVA A CONTRATOS, en los términos del artículo 87 en concordancia con el artículo 136, numeral 10, literal d) contra la sociedad ALTA TECNOLOGÍA LTDA., con el fin de obtener el reconocimiento y pago de unos perjuicios, de conformidad con la Resolución No. 1.129 de abril 4 de 2005, "Por medio de la cual se liquidan unilateralmente los convenios de septiembre 22 de 2000 y 4 de junio de 2002 y se liquidan unos perjuicios" y la Resolución No.2.015 de junio 30 de 2005, "Por la cual se resuelven los recursos interpuestos contra la Resolución No. 1.129 de abril 4 de 2005" suscritas por la Vicerrectora Académica de la Universidad del Valle con funciones telegadas de Rector.
PETICIONES DE LA DEMANDA
1.- Que se condene a la sociedad Alta TecnoLogía [sic] Ltda. al pago de los perjuicios causados a la Universidad del Valle, indemnizándola en la suma de mil cuatrocientos cuarenta y ocho millones ($1.448.000.000.oo), suma esta que deberá indexarse desde el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19 de julio de 2005, hasta la fecha del pago. (f. 2 c. 4).
el momento en que quedó en firme la Resolución No. 2015 de 2005, o sea el 19 de julio de 2005, hasta la fecha del pago. (f. 2 c. 4).
La reforma a la demanda delimitó la pretensión al indicar que los perjuicios reclamados correspondían al contenido de la Resolución nº. 1129 de 2005 «por medio de la cual se liquidan unilateralmente los convenios de septiembre 22 de 2000 y 4 de junio de 2002 y se liquidan unos perjuicios» y la Resolución nº. 2015 de 2005 «por la cual se resuelven los recursos interpuestos contra la Resolución nº. 1129 de 2005 suscritas por la vicerrectora académica de la Universidad del Valle con funciones delegadas del rector» (f. 2. c. 4).
Adicionalmente, el valor de los perjuicios que se reclama en la reforma a la demanda corresponde, no solo a la misma cifra –$1.448’000.000– que la universidad «cuantificó» en un primer momento en la Resolución nº. 1129 de 2005, sino al tipo de perjuicios que el ente educativo determinó en ambas resoluciones, es decir, «por las utilidades dejadas de percibir y el buen nombre e imagen institucional» (fls. 35-39 c. 4).
Además de la pretensión así formulada, en la que solicitó el reconocimiento y pago de unos perjuicios, en los fundamentos de hecho y de derecho de la reforma a la demanda se remitió a las resoluciones ya mencionadas, tal como se muestra a continuación:
42. Por cuanto las partes no llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación,
unos perjuicios, en los fundamentos de hecho y de derecho de la reforma a la demanda se remitió a las resoluciones ya mencionadas, tal como se muestra a continuación:
42. Por cuanto las partes no llegaron a un acuerdo sobre el contenido de la liquidación, de conformidad con lo previsto en el artículo 67 de la Resolución 046 de julio 9 de 2004 del Consejo Superior de la Universidad del Valle, se procedió a la liquidación unilateral de los Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito entre la Universidad y Alta Tecnología, como consta en las actas antes citadas (numeral anterior); decisión que
quedó plasmada en la Resolución No. 1.129 de abril 4 de 2005, expedida por el Rector.
43.En la citada Resolución de liquidación unilateral se liquidaron perjuicios contra la Universidad de la siguiente manera:Radicación: 25000-23-26-000-2007-00526-01 (45.698)
Demandante: Universidad del Valle
Demandado: Alta Tecnología Ltda.
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"ARTICULO 6. La Universidad del Valle, reclama a la Sociedad Alta Tecnología Ltda., por perjuicios producidos con ocasión de la administración de los Convenios de Cooperación, de conformidad a lo expuesto en la parte considerativa de esta Resolución, la su ma de MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.448.000.000) MCTE.
El considerando 16 de dicha Resolución, sobre daños y perjuicios, expresa:
16. Que la Universidad del Valle, considera los daños y perjuicios ocasionados por la conducta asumida por la sociedad Alta Tecnología L tda. en la administración de los Convenios de Cooperación la suma de MIL
16. Que la Universidad del Valle, considera los daños y perjuicios ocasionados por la conducta asumida por la sociedad Alta Tecnología L tda. en la administración de los Convenios de Cooperación la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($1.448.000.000)MCTE, de acuerdo con el siguiente detalle de ítems y factores:
Proyección (utilidades dejadas de percibir): $724’000.000 Buen nombre e imagen institucional: $724’000.000
(…) La Universidad resolvió los recursos de reposición interpuestos mediante Resolución No. 2.015 de junio 30 de 2005, confirmando la Resolución recurrida, pero en relación con los perjuicios expreso que "...en cuanto a los perjuicios señalados por la Universidad en la Resolución recurrida, se revocará el artículo 6° de la misma, reservándose la Universidad la cuantificación final de los mismos, reclamación y cobro ante la jurisdicción competente.
SUSTENTO LEGAL, NORMAS VIOLADAS, CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN
ARTÍCULO 2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA
El tener que solicitar la Universidad del Valle la terminación de los Convenios por el hecho de haber la señora Garnica presentado propuestas a nombre de la Universidad, se dejaron de cumplir algunos de los fines esenciales del Estado, además, no se logró integrar a la Universidad con la comunidad nacional para un mejor cumplimiento de sus fines y objetivos esenciales por cuanto Alta Tecnología Ltda., se recalca, sin tener en cuenta el objeto del convenio y que la representación legal de la Universidad solo podía delegarse en funcionarios de la misma Universidad en los términos de su estatuto,
fines y objetivos esenciales por cuanto Alta Tecnología Ltda., se recalca, sin tener en cuenta el objeto del convenio y que la representación legal de la Universidad solo podía delegarse en funcionarios de la misma Universidad en los términos de su estatuto, presentó propuestas a su nombre y no solo eso lo hizo para desarrollar actividades ajenas al contrato como lo era la interventoría de unos contratos de entidades públicas.
Además la sociedad Alta Tecnología Ltda. no aceptó que la Universidad del Valle pidiera información sobre la ejecución del convenio en la forma que ella lo requería, y precisamente el manejo dado y la falta de información oportuna causó problemas que llegaron hasta la necesidad de colocar den uncio penal contra la señora Adriana Garnica, toda vez que obró en nombre y representación de la Universidad del Valle, circunstancia contraria a la verdad, por cuanto la misma jamás ha ostentado tal calidad.
Como consecuencia de ello la Universidad del Valle no asumió el contrato de interventoría con la Alcaldía Local de Kennedy ni aceptó los convenios 009 de 2003, suscrito por la señora Garnica con el Fondo de Desarrollo Local de Chapinero y el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación N° 02 de 2004, suscrito por ella con el Fondo de
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