CE - Sentencia 25000232600020070061701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., 14 de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Actor: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Proceso: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES-Valor probatorio. DOCUMENTOS PÚBLICOS Y PRIVADOS-Valor probatorio. CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS-Elementos esenciales. CESIÓN DE DERECHOS PATRIMONIALES-Diferencia con la cesión de derechos litigiosos. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-La regla de interpretación prevalente es la consignada en el artículo 1618 del Código Civil. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-Es deber del juez determinar la tipología contractual a partir de la verdadera intención de las partes y la función perseguida del acuerdo, con independencia a la denominación que las partes le hayan atribuido al contrato. ACTO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO-Es aquel que es capaz de generar efectos jurídicos. ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-Elementos. ACCIÓN PARA DEMANDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-En vigencia del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998, es la de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho. CADUCIDAD PARA DEMANDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-En vigencia del CCA, modificado por la Ley

446 de 1998, es la de nulidad simple y de nulidad y restablecimiento del derecho. CADUCIDAD PARA DEMANDAR ACTOS ADMINISTRATIVOS PRECONTRACTUALES-En vigencia del CCA, modificado por la Ley 446 de 1998, la caducidad opera 30 días hábiles después de la comunicación, notificación o publicación del acto administrativo. ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE NIEGAN UNA SOLI CITUD DE REVOCATORIA DIRECTA-No son pasibles de control judicial.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia del 11 de noviembre de 2011, que negó las pretensiones. La decisión fue la siguiente:

«PRIMERO: DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO. Sin condena en costas.» (fls. 202-205 reverso c. p.pal.).

I. SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2006, el Ministerio de Protección Social dio apertura a la licitación pública MPS-020-2006, cuyo objeto fue la venta de centros vacacionales pertenecientes a Prosocial, entidad que fue suprimida. Uno de los inmuebles fue adjudicado a Gerardo Antonio Alvarado. El Ministerio expidió la Resolución 0226 de 2007, mediante la cual declaró el siniestro amparado por la garantía de la seriedad de la oferta. Milton Reyes, como cesionario de los derechos del adjudicatario, solicitó la nulidad de dicho acto administrativo, el que confirmó la decisión y aquel que negó

mediante la cual declaró el siniestro amparado por la garantía de la seriedad de la oferta. Milton Reyes, como cesionario de los derechos del adjudicatario, solicitó la nulidad de dicho acto administrativo, el que confirmó la decisión y aquel que negó una solicitud de revocatoria directa. Consecuencialmente, deprecó elRadicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

2 restablecimiento del derecho ante la declaratoria de nulidad de las resoluciones.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 16 de agosto de 2007, Milton Reyes Reyes, a través de apoderado judicial, formuló acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Protección Social -en adelante el Ministerio- (fls. 1-16 c. 1). Formuló las siguientes pretensiones:

«1Que se declare la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. La resolución número 00226 del 1 de febrero de 2007 expedida por la Secretaria General del Ministerio de la Protección Social, mediante la cual se declaró el siniestro de incumplimiento de oferta de Gerardo Antonio Alvarado Parra en la licitación MPS-020-2006 en relación con el centro vacacional Los Guaduales.

1.2. La resolución número 1163 del 20 de abril de 2007, también proferida por la Secretaria General del Ministerio de la Protección Social, por la cual se resolvió un recurso de reposición y confirmó la resolución 00226 del 1 de febrero

1.2. La resolución número 1163 del 20 de abril de 2007, también proferida por la Secretaria General del Ministerio de la Protección Social, por la cual se resolvió un recurso de reposición y confirmó la resolución 00226 del 1 de febrero del mismo año.

1.3. La resolución 1145 del 15 de mayo de 2007, de la Secretaría General del Ministerio de la Protección Social, que negó la solicitud de revocatoria directa, mediante la cual se dispuso no revocar la resolución 00226 del 1 de febrero de 2007 que declaró el siniestro de incumplimiento de oferta.

2., Que a título de restablecimiento del derecho se hagan las siguientes declaraciones:

2.1. Que se declare que el acto administrativo complejo formado por las resoluciones 00226, 1123 (sic) у 1445 de 2007 del Ministerio de la Protección Sociales violatorio de lo dispuesto por el preámbulo y los artículos 1, 2, 4 y 5 de la Constitución Política, de los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo, del 64 del Código Civil, de los artículos 28 y 30 de la ley 80 de 1993, de los artículos 1074, 1077 y 1088 del Código de Comercio y de la ley 986 de 2005, por lo cual es ilegal y cabe fren te a él la excepción de inconstitucionalidad.

2.2. Que se declare que el señor Gerardo Antonio Alvarado Parra y el demandante, Milton Reyes Reyes, como cesionario de los derechos y acciones de aquél, no están obligados a pago alguno a favor del Ministerio de la Protección Social o de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. por los actos

demandante, Milton Reyes Reyes, como cesionario de los derechos y acciones de aquél, no están obligados a pago alguno a favor del Ministerio de la Protección Social o de la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. por los actos administrativos objeto de la presente acción.

2.3. Que en el evento de que Milton Reyes Reyes o Gerardo Antonio Alvarado Parra hayan tenido que pagar al Ministerio de la Protección Social o a la Aseguradora Solidaria de Colombia Ltda. alguna suma de dinero como consecuencia de la declaratoria de siniestro por incumplimiento de oferta en la licitación MPS-020-2006 en las resoluciones materia del presente proceso, se ordene a la demandada devolver a Milton Reyes Reyes las sumas de dinero canceladas, bien sea al mismo Ministerio o a la Aseguradora Solidar ia de Colombia Ltda., debidamente indexadas de conformidad con la variaciónRadicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

3 porcentual del índice de precios al consumidor (IPC) que certifique el Departamento Nacional de Estadísticas-DANEo el organismo que haga sus veces, entre la fecha del pago y la devolución real y material del dinero, junto con los intereses moratorios sobre el valor indexado.

3.⁠ ⁠Que se condene a la entidad demandada y a favor del demandante al pago de costas y agencias en derecho que con ocasión de este proceso se generen.» (fls. 5-6 c. p.pal.)

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que el Ministerio adelantó la

de costas y agencias en derecho que con ocasión de este proceso se generen.» (fls. 5-6 c. p.pal.)

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que el Ministerio adelantó la licitación MPS-020-2006, cuyo objeto fue la venta de 11 centros vacacionales que pertenecieron a la Promotora de Vacaciones y Recreación Social - Prosocial, entidad suprimida por el Decreto 01 de 2001.

Sostuvo que Gerardo Antonio Alvarado Parra se presentó en el proceso de selección. Junto con su propuesta, allegó la garantía de seriedad de la oferta nº. 994000005548 expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia -en adelante la Aseguradora-, cuyo valor asegurado ascendió a $209.300.000.

Afirmó que el señor Alvarado resultó adjudicatario del proceso mediante la Resolución nº. 004949 del 15 de diciembre de 2006, como único proponente para el centro vacacional Los Guaduales. Esgrimió que el contrato de promesa de compraventa se debió suscribir dentro de los 30 días siguientes a la notificación de la resolución. No obstante, el hijo del adjudicatario fue secuestrado el 5 de enero de 2007, por lo que no pudo convenir el negocio jurídico dentro del plazo fijado. El demandante categorizó este hecho como un evento constitutivo de fuerza mayor o de caso fortuito.

Señaló que la anterior situación también le impidió al señor Alvarado avisar al Ministerio sobre el secuestro, por su estado anímico y dado que se encontraba en averiguaciones sobre el paradero de su hijo. Agregó que las autoridades que

Señaló que la anterior situación también le impidió al señor Alvarado avisar al Ministerio sobre el secuestro, por su estado anímico y dado que se encontraba en averiguaciones sobre el paradero de su hijo. Agregó que las autoridades que conocieron de la denuncia le recomendaron guardar reserva de lo sucedido.

Indicó que Milton Reyes, como apoderado del adjudicatario en el proceso de selección, le informó a la entidad el 19 de enero de 2007 que ocurrió un hecho constitutivo de fuerza mayor, por lo que solicitó una ampliación del plazo para firmar el contrato de promesa.

Sostuvo que el demandado profirió la Resolución nº. 0226 del 1º de febrero de 2007 -en adelante la Resolución 0226 de 2007-, mediante la cual declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento de la oferta. Como consecuencia, ordenó «adelantarRadicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

4 los trámites para el reconocimiento de las indemnizaciones amparadas » por la garantía de seriedad de la oferta. El señor Reyes interpuso recurso de reposición en contra de dicho acto administrativo, obrando en nombre del señor Alvarado, la cual fue confirmada mediante la Resolución nº. 1163 del 20 de abril de 2007 -en adelante la Resolución 1163 de 2007-.

Arguyó que la Aseguradora presentó una solicitud de revocatoria directa de la

cual fue confirmada mediante la Resolución nº. 1163 del 20 de abril de 2007 -en adelante la Resolución 1163 de 2007-.

Arguyó que la Aseguradora presentó una solicitud de revocatoria directa de la Resolución 0226 de 2007, la cual fue negada mediante la Resolución nº. 1445 del 15 de mayo de 2007 -en adelante la Resolución 1445 de 2007-.

Afirmó que, el 14 de junio de 2007, el señor Alvarado cedió «los derechos y acciones que le correspondan» en contra de las resoluciones antedichas al señor Milton Reyes. Esgrimió que la cesión fue comunicada al Ministerio el 15 de junio de 2007.

Propuso los siguientes cargos de violación : i) falsa motivación del acto administrativo; e ii) infracción de las normas en que deben fundarse los actos administrativos.

Frente al primer cargo, señaló que la entidad expidió las resoluciones demandadas sin tener en cuenta el secuestro del hijo del señor Alvarado, que fue un evento constitutivo de fuerza mayor. Agregó que la Administración no podía hacer efectiva la póliza ante la ausencia de un daño que debiera ser indemnizado por el seguro que Alfa expidió.

En lo relacionado con el segundo cargo, señaló que el demandado infringió las siguientes normas: i) el preámbulo, los artículos 1, 2, 4, 5, 6 y 83 de la Constitución Política; ii) los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-; iii) el artículo 64 del Código Civil -en adelante CC-; iv) los artículos 28 y 30 de

Política; ii) los artículos 2 y 3 del Código Contencioso Administrativo -en adelante CCA-; iii) el artículo 64 del Código Civil -en adelante CC-; iv) los artículos 28 y 30 de la Ley 80 de 1993 -en adelante el EGCAP-; v) los artículos 1, 2, 10, 11, 12, 13 y 15 de la Ley 986 de 2005; y iv) los artículos 1074, 1077 y 1078 del Código de Comercio (en adelante el CCo).

Oposición del demandado

El 24 de julio de 2009, el Ministerio contestó la demanda (fls. 129-142 c. 1). Se opuso a todas las pretensiones. Arguyó que Milton Reyes, como apoderado del señor Alvarado, fue notificado de la Resolución nº. 4949 de 2006 el 18 de diciembre de 2006, mediante la cual se adjudicó la venta del centro vacacional Los Guaduales.

Señaló que, según los pliegos de condiciones, la suscripción de la promesa de compraventa y el pago de las arras confirmatorias debieron realizarse dentro de losRadicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

5 30 días calendario siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Afirmó que el 17 de enero de 2007 venció el plazo antedicho. Al día siguiente, Milton Reyes -como representante del adjudicatario en el proceso de licitación - radicó una

30 días calendario siguientes a la notificación del acto de adjudicación. Afirmó que el 17 de enero de 2007 venció el plazo antedicho. Al día siguiente, Milton Reyes -como representante del adjudicatario en el proceso de licitación - radicó una comunicación solicitando la ampliación del término por la ocurrencia de un hecho de fuerza mayor, sin describir en que consistió y sin acompañar la misma de prueba alguna que constatara su ocurrencia. Por ello, la situación no fue aclarada oportunamente por el señor Alvarado, o su apoderado en el proceso de selección.

Indicó que las resoluciones demandadas se expidieron conforme al ordenamiento jurídico debido a que, según la Ley 986 de 2005, el beneficio de la suspensión de las obligaciones residía exclusivamente sobre el secuestrado, no sus familiares . Tampoco se probó que el señor Alvarado fuera dependiente económico de su hijo. Por el contrario, el hijo residía en su casa y utilizaba su vehículo. Además, el adjudicatario tenía un apoderado en el proceso licitatorio, quien podía adelantar las diligencias para que cumpliera con sus obligaciones.

Afirmó que la Resolución 0226 de 2007 fue expedida conforme a derecho, toda vez que el numeral 12 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993 establece que, si el adjudicatario no suscribe el contrato, la entidad debe hacer efectiva la garantía como sanción.

Propuso como excepciones de mérito: i) Cobro de lo no debido porque el demandante no tiene poder para actuar en nombre de la aseguradora, o exigir la devolución de suma alguna; y ii) la innominada.

Fundamentos de la providencia recurrida

Propuso como excepciones de mérito: i) Cobro de lo no debido porque el demandante no tiene poder para actuar en nombre de la aseguradora, o exigir la devolución de suma alguna; y ii) la innominada.

Fundamentos de la providencia recurrida

En la sentencia del 11 de noviembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación por activa del demandante (fls 202205 reverso c. p.pal).

El Tribunal consideró que el señor Milton Reyes no demostró tener legitimación en la causa por activa, toda vez que aportó copia simple del contrato de cesión de derechos litigiosos y acciones, celebrado entre éste y Gerardo Alvarado. Por ello, el documento no podía ser valorado, puesto que no reunió las condiciones exigidas en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil -en adelante CPC-.

Recurso de apelación

El 13 de febrero de 2012, el demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia (fls. 209-213 c. p.pal).Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

6

Esgrimió que, de conformidad con el inciso 4º del artículo 252 del CPC y los artículos 5º, 6º y 25 del Decreto-Ley 019 de 2012, resultaba improcedente exigir que el contrato de cesión de derechos litigiosos se allegara como copia auténtica.

Señaló que el Tribunal debió tener en cuenta si la prestación a cargo de una de las

contrato de cesión de derechos litigiosos se allegara como copia auténtica.

Señaló que el Tribunal debió tener en cuenta si la prestación a cargo de una de las partes se tornó excesivamente onerosa , por acontecimientos imprevisibles y extraordinarios.

Agregó, como cargo adicional a la demanda, que el acto administrativo que ordenó la apertura de la Licitación MPS-020-2006 nació viciado, por lo que su nulidad es absoluta. Fundamentó tal afirmación en que el Ministerio no podía enajenar el inmueble, cuando estaba negociando simultáneamente una franja del terreno con otra institución -el INCO-.

Trámite del recurso de apelación

El 16 de marzo de 2012 el Tribunal concedió el recurso de apelación (f. 217 c. p.pal). El 24 de mayo siguiente el Despacho admitió el recurso (f. 221 c. p.pal). El 28 de junio de 2012 (f. 223 c. p.pal) se corrió traslado a las partes y se otorgó la oportunidad al Ministerio Público para solicitar el trámite previsto en el artículo 210 del CCA, subrogado por el artículo 59 de la Ley 446 de 1998.

Mediante el auto del 11 de diciembre de 2024, la Sala decretó una prueba de oficio (índice 19 del aplicativo SAMAI). El Ministerio de Salud y Protección Social allegó la prueba solicitada el 20 de enero de 2025 (índice 24 del aplicativo SAMAI). El 27 de enero de 2025, la Secretaría de la Sección Tercera fijó en lista para anunciar el traslado de los documentos remitidos por dicha entidad (índice 25 del aplicativo

enero de 2025, la Secretaría de la Sección Tercera fijó en lista para anunciar el traslado de los documentos remitidos por dicha entidad (índice 25 del aplicativo SAMAI), traslado en el que las partes guardaron silencio.

Alegatos e intervenciones

El 24 de julio de 2012, el demandante presentó los alegatos de conclusión de segunda instancia (fls. 224-228 c. p.pal). Reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

El 6 de agosto de 2012, el Ministerio Público rindió concepto (fls. 230-242 c. p.pal). Sostuvo que el Tribunal debió darle validez probatoria a la copia simple del contrato de cesión de derechos, así como a la comunicación mediante la cual el demandante informó al Ministerio de su celebración. Por ello, debió reconocer la legitimación por activa de Milton Reyes.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

7

Sin embargo, consideró que había operado la caducidad de la acción. El término de caducidad debió contabilizarse desde la notificación de la Resolución 1163 de 2007, y no desde la notificación de la Resolución 1445 de 2007.

La parte demandada guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 16 de agosto de 2007 (f. 16 c.1) el régimen

La parte demandada guardó silencio.

IV. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 16 de agosto de 2007 (f. 16 c.1) el régimen aplicable es el Decreto 01 de 1984 -CCA-. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Del mismo tenor es el artículo 164 de la Ley 446 de 1998, por lo que sus modificaciones al CCA se tendrán en cuenta para efectos de resolver los recursos de apelación.

2. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012– prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

3. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad de las entidades públicas, en los términos del artículo 82 del CCA modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006 . El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el

actividad de las entidades públicas, en los términos del artículo 82 del CCA modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006 . El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administ rativos. Asimismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía. De conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor es de $209.000.000, suma que supera los 300 SMLMV exigidos por el artículo 132.3 CCA -subrogado por el artículo de la Ley 446 de 1998-, esto es, $ 130.110.0001. 1 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2007 -$433.700por 300.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

8

Legitimación en la causa

4. La sentencia de primera instancia declaró la falta de legitimación por activa del demandante, en atención a que allegó una copia simple del contrato de cesión de derechos litigiosos (f. 205 c. p.pal).

Tanto el apelante (fls. 209-210 c. p.pal.) como el Ministerio Público (fls. 234-237 c. p.pal.) consideran que la copia del negocio jurídico que obra en el expediente presta mérito probatorio, por lo que Milton Reyes se encuentra legitimado para incoar la acción que dio inicio al proceso.

p.pal.) consideran que la copia del negocio jurídico que obra en el expediente presta mérito probatorio, por lo que Milton Reyes se encuentra legitimado para incoar la acción que dio inicio al proceso.

5. La Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, determinó que las copias simples tienen mérito probatorio. Por la importancia que esta providencia reviste en el presente proceso, se citan sus conclusiones principales:

«(…) [L]os lineamientos procesales modernos tienden a valorar la conducta de los sujetos procesales en aras de ponderar su actitud y, de manera especial, la buena fe y lealtad con que se obra a lo largo de las diferentes etapas que integran el procedimiento judicial. (…) Ahora bien, una vez efectuado el recorrido normativo sobre la validez de las copias en el proceso, la Sala insiste en que –a la fecha– las disposiciones que regulan la materia son las contenidas en los artículos 252 y 254 del C.P.C., con la modificación introducida por el artículo 11 de la ley 1395 de 2010, razón por la cual deviene inexorable que se analice el contenido y alcance de esos preceptos a la luz del artículo 83 de la Constitución Política y los principios contenidos en la ley 270 de 1996 –estatutaria de la administración de justicia–.

En el caso sub examine, las partes demandadas pudieron controvertir y tachar la prueba documental que fue aportada por la entidad demandante y, especialmente, la copia simple del proceso penal que se allegó por el actor, circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. (…) Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe,

circunstancia que no acaeció, tanto así que ninguna de las partes objetó o se refirió a la validez de esos documentos. (…) Por lo tanto, la Sala en aras de respetar el principio constitucional de buena fe, así como el deber de lealtad procesal reconocerá valor a la prueba documental que ha obrado a lo largo del proceso y que, surtidas las etapas de contradicción, no fue cuestionada en su veracidad por las entidades demandadas. (…) Así las cosas, si se desea acreditar el parentesco, la prueba idónea será el respectivo registro civil de nacimiento o de matrimonio según lo determina el Decreto 1260 de 1970 (prueba ad solemnitatem), o la escritura pública de venta, cuando se busque la acreditación del título jurídico de transferencia del dominio de un bien inmueble (prueba ad sustanciam actus)2».3

El recurrente y el Ministerio Público aciertan, por lo tanto, en el sentido de que la decisión adoptada en la primera instancia carece de fundamento, en lo relativo al 2 «“Las pruebas formales tienen y cumplen una función eminentemente procesal: llevarle al juez el convencimiento sobre determinados hechos. Las pruebas ad solemnitatem o ad sustanciam actus, además, de cumplir la finalidad que cumplen las pruebas indicadas, son requisitos de existencia y validez de determinados actos de derecho material. Un escrito en donde consta que alguien debe $20.000,oo no sólo sirve para demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles). PARRA Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, pág.

demostrar lo indicado, sino además, para que el acto pueda existir (la compraventa de inmuebles). PARRA Quijano, Jairo “Manual de derecho probatorio”, Ed. Librería del Profesional, 17ª edición, Bogotá, 2009, pág. 172.» 3 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de unificación de 28 de agosto de 2013, Rad. 25022.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

9 valor probatorio que tienen las copias simples. En consecuencia, la copia del contrato de cesión de derechos será analizada para efectos de determinar si el demandante está legitimado en la causa.

6. Para evaluar la legitimación por activa de Milton Reyes, es necesario analizar los efectos jurídicos que tuvo el contrato de cesión de derechos litigiosos que celebró

con Gerardo Antonio Alvarado.

El Código Civil regula la figura de cesión de derechos litigiosos desde el artículo 1969 hasta el 1972. El artículo 1969 señala que «[s]e cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, del que no se hace responsable el cedente». A su vez, el inciso 2º del mismo artículo prevé que «[s]e entiende litigioso un derecho, para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicialmente la demanda.»

Para la fecha de la demanda -16 de agosto de 2007-, el negocio jurídico entre Gerardo Antonio Alvarado y Milton Reyes ya se había celebrado, puesto que el 19

desde que se notifica judicialmente la demanda.»

Para la fecha de la demanda -16 de agosto de 2007-, el negocio jurídico entre Gerardo Antonio Alvarado y Milton Reyes ya se había celebrado, puesto que el 19 de junio de 2007 el demandante remitió una copia del contrato al Ministerio «para los efectos legales y pertinentes (…)» (f. 17 c. 1). En consecuencia, el negocio jurídico celebrado por el demandante y el adjudicatario fue convenido antes de la presentación de la demanda, por lo que el proceso ni siquiera había iniciado.

Así pues, la Sala constata que el negocio jurídico celebrado no cedió derechos de naturaleza litigiosa.

7. Hecha la anterior precisión cabe indagar si, independientemente de la denominación que las partes dieron al contrato, éste surte los efectos jurídicos requeridos para que Milton Reyes esté legitimado por activa.

Corresponde al juez dilucidar, en cada situación, cuál fue el entendimiento entre las partes y su alcance, conforme a las pautas de interpretación de los contratos, las normas supletorias asociadas a los tipos contractuales en las leyes civiles y comerciales, así como el cumplimiento de buena fe del contrato.

Nuestro sistema legal de interpretación de los contratos se inclina por desentrañar su entendimiento, con fundamento en la búsqueda de la intención de las partes (communis intentio). Ello no quiere decir que el juez tenga plena libertad para hallar esa intención común de los contratantes, sino que debe apoyarse en las pautas legales diseñadas y que están contenidas en el Código Civil, de modo que se logre

(communis intentio). Ello no quiere decir que el juez tenga plena libertad para hallar esa intención común de los contratantes, sino que debe apoyarse en las pautas legales diseñadas y que están contenidas en el Código Civil, de modo que se logre descubrir la genuina voluntad que las animó a celebrar el contrato.Radicación: 25000-23-26-000-2007-00617-01 (43846)

Demandante: Milton Reyes Reyes Demandado: La Nación – Ministerio de Protección Social Asunto: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho

10 Para la interpretación del contrato, el juez debe seguir ante todo el criterio sentado por el artículo 1618 del Código Civil, según el cual, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. Esta regla tiene plena aplicación cuando conste, de manera inequívoca, que la intención de las partes es distinta de lo que expresaron los términos del contrato y supone que, aún siendo claro en el sentido lingüístico y literal, ante una divergencia el juez debe precisar e indagar la recíproca intención de las partes, según las circunstancias del negocio jurídico4. La labor del juez no se orienta, por supuesto, a enervar, reemplazar o suplantar a las partes5, ni a adulterar sus estipulaciones, sino más bien a la consecución reflexiva de