CE - Sentencia 25000232600020080017601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928)

Actor: F&B ABOGADOS ASOCIADOS LTDA.

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR EL ERROR JUDICIAL CONTENIDO EN UN LAUDO ARBITRAL – LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA: Los árbitros son habilitados libremente por las partes, quienes definen material y temporalmente sus competencias / El Estado no designa a los árbitros ni ejerce un control sobre el fondo de sus decisiones / A la luz del artículo 90 de la Constitución Política, no existe ninguna razón para imputarle responsabilidad al Estado por los daños que sean causados por el ejercicio d e la actividad arbitral / En este tipo de casos, la Rama Judicial no está legitimada en la causa por pasiva para responder por el error jurisdiccional contenido en un laudo.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 11 de octubre de 2013 (fls. 165 – 177, c. ppal.), proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad F&B Abogados le endilga responsabilidad a la Rama Judicial por el supuesto error jurisdiccional contenido en el laudo arbitral del 18 de abril de 2006, proferido por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir las controversias suscitadas entre aquella sociedad y el municipio de Buenaventura. En criterio del extremo actor, se incurrió en un error de hecho y de derecho, con lo cual se produjeron los daños aducidos en la demanda.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

El 21 de abril de 2008 (fls. 3 – 9, c1), la sociedad F&B Abogados Asociados Ltda.,2

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

por intermedio de su representante legal 1, interpuso acción de reparación directa en contra de la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados a partir del error jurisdiccional evidenciado en el laudo arbitral del 18 de abril de 2006, proferido por el tribunal de arbitramento constituido para dirimir la controversia surgida entre dicha sociedad y el municipio de Buenaventura, en relación con el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato No. 73 de 20012.

La parte actora reformó la demanda, para adicionar, corregir y modificar los

dicha sociedad y el municipio de Buenaventura, en relación con el pago de la comisión de éxito pactada en el contrato No. 73 de 20012.

La parte actora reformó la demanda, para adicionar, corregir y modificar los acápites de hechos, pretensiones y pruebas (fls. 35 – 52, c1). Se elevaron, en el documento de reforma, las siguientes pretensiones:

Solicito de ese Honorable Tribunal que, en primera instancia, con observancia del procedimiento establecido en la ley para los procesos ordinarios que cursan ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, con vinculación mediante notificación de la Parte Demandada y con audiencia del Ministerio Público, por sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, se realicen las declaraciones y condenas que correspondan a las siguientes pretensiones:

PRIMERA. Que se declare que La Nación – Rama Judicial, es responsable por los daños antijurídicos, materiales, ocasionados a la sociedad F & B ABOGADOS ASOCIADOS LTDA., por los errores judiciales en que incurrió el Tribunal de Arbitramento al expedir el Laudo fechado en abril 18 de 2006 (errores que serán detallados en los hechos de la demanda), por medio del cual se dirimieron las diferencias de orden contractual existentes entre la mencionada sociedad y el Municipio de Buenaventura.

SEGUNDA. Que, como consecuencia de dicha declaración, se condene a La Nación – Rama Judicial, a indemnizar de manera integral, en favor de la sociedad F & B ABOGADOS ASOCIADOS LTDA., la totalidad de los daños antijurídicos, materiales, que se prueben durante el curso del proceso.

Nación – Rama Judicial, a indemnizar de manera integral, en favor de la sociedad F & B ABOGADOS ASOCIADOS LTDA., la totalidad de los daños antijurídicos, materiales, que se prueben durante el curso del proceso.

1 En los folios 1 a 2 del cuaderno 1 reposa el certificado de existencia y representación legal de la sociedad actora, del 18 de abril de 2008. En dicho documento se señaló que la gerente era María Alexandra Clara Baquero Neira, que es finalmente quien presentó la demanda. 2 En los hechos de la demanda inicial se expresó: “3.12.- No obstante todo lo anterior, el Tribunal de Arbitramento denegó las pretensiones de la demanda arbitral, principal y subsidiaria, encaminadas a obtener que en la liquidación del contrato de prestación de servicios profesionales No. 073 se incluyera el reconocimiento correspondiente al monto de la Comisión de Éxito, en su forma plena o, en últimas, en la modalidad de la mitad de aquella, respectivamente, según fuere el caso. // 3.13. - Al concluir que la sociedad contratista no tenía derecho al recon ocimiento y pago, por parte del Municipio de Buenaventura, del monto equivalente a la correspondiente Comisión de Éxito pactada dentro del contrato estatal de prestación de servicios No. 073 de 2001 y cuyas condiciones las propias partes acordaron expresamente tener por cumplidas, el Tribunal de Arbitramento incurrió en error jurisdiccional tanto de orden fáctico como de orden normativo. // 3.14. - Ese o esos errores jurisdiccionales, de orden normativo y fáctico, en los cuales incurrió el Tribunal de Arbitr amento al producir el Laudo fechado en abril 18 de 2006, por razón del cual o de los cuales se privó a la

jurisdiccionales, de orden normativo y fáctico, en los cuales incurrió el Tribunal de Arbitr amento al producir el Laudo fechado en abril 18 de 2006, por razón del cual o de los cuales se privó a la sociedad contratista de obtener el reconocimiento y pago del equivalente al monto, debidamente actualizado más los respectivos intereses moratorios, d e la remuneración pactada en términos de Comisión de Éxito, son constitutivos de un daño antijurídico que debe ser indemnizado de manera íntegra por la Nación – Rama Judicial, puesto que fue ocasionado en desarrollo de la función pública de Administrar Justicia por un Tribunal autorizado para ello por la Constitución Política y por la ley” (fl. 6, c1).3

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

Tales perjuicios consisten, fundamentalmente, en una de las dos reclamaciones siguientes:

A). La suma de MIL SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS ($1.067.490.518,oo), correspondiente a la comisión de éxito plena pactada en el contrato de prestación de servicios profesionales No. 073 de 8 de agosto de 2001, equivalente, según la cláusula tercera de dicho contrato, al 0.50% del monto total de la enajenación del inmueble en el cual funcionaba la zona franca de Buenaventura al cual se contrae el contrato de prestación de servicios que suscribieron la firma qu e represento (que, para entonces se denominaba MAURICIO FAJARDO ABOGADOS

inmueble en el cual funcionaba la zona franca de Buenaventura al cual se contrae el contrato de prestación de servicios que suscribieron la firma qu e represento (que, para entonces se denominaba MAURICIO FAJARDO ABOGADOS ASOCIADOS LTDA) y el Municipio de Buenaventura. Esta suma corresponde a la última fecha que se tomó en cuenta por el peritaje decretado y realizado en el proceso arbitral, por lo que se solicitará su actualización en los términos que se indican en dicha pretensión.

Así mismo, esta reclamación de perjuicios corresponde a las pretensiones 3.2, 3.3, 3.7, 3.8 y 3.10 formuladas ante el tribunal de arbitramento que finalizó con el laudo causante de los perjuicios que aquí se solicitan.

B). EN SUBSIDIO DE LA PRETENSIÓN ANTERIOR, se reconocerá la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA PESOS ($533.745.260,oo), correspondiente al cincuenta por ciento (50%) de la comisión de éxito plena, antes descrita, tal como quedó pactada en el parágrafo segundo de la cláusula tercera del contrato de prestación de servicios profesionales No. 73 celebrado entre mi cliente y el municipio de Buenaventura, el 8 de agosto de 2001. Esta suma corresponde a la última fecha que se tomó en cuenta por el peritaje decretado y realizado en el proceso arbitral, por lo que se solicitará su actualización en los términos que se indican en la pretensión TERCERA.

Así mismo, esta reclamación corresponde a las pretensiones subsidiarias de la

realizado en el proceso arbitral, por lo que se solicitará su actualización en los términos que se indican en la pretensión TERCERA.

Así mismo, esta reclamación corresponde a las pretensiones subsidiarias de la demanda arbitral (numerales 3.4., 3.5., y concordantes).

TERCERA. Como consecuencia de cualquiera de las declaraciones anteriores, se reconocerá, a favor de mi mandante y con cargo al demandado, los intereses de mora, desde el momento en que debió pagarse la obligación hasta que la misma se solucione, a la tasa más alta prevista por las normas comerciales o, en su defecto, en los términos del artículo 4º numeral 8º de la ley 80 de 1993.

CUARTA. Que, al proferir la condena correspondiente, se disponga la actualización de las sumas de dinero respectivas, en los términos señalados por la ley, y de acuerdo con las fórmulas que tradicionalmente aplica la jurisdicción contencioso administrativa. En particular en cuanto toca con las sumas que se solicitan en la pretensión SEGUNDA, solicito su actualización desde la última fecha que se tomó para el cálculo del peritaje realizado con ocasión del proceso arbitral (septiembre de 2005), hasta la fecha en que se profiera sentencia dentro del presente proceso.

QUINTA. Que se condene a La Nación – Rama Judicial, a reconocer los intereses que debe devengar la condena, desde el día en que quede ejecutoriada la sentencia respectiva y hasta que se realice el pago correspondiente, en los términos establecidos por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, o las normas que los modifiquen o sustituyan.

sentencia respectiva y hasta que se realice el pago correspondiente, en los términos establecidos por los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo, o las normas que los modifiquen o sustituyan.

SEXTA. Que se condene en costas a la Parte Demandada (fls. 36 – 38, c1).

Como fundamentos fácticos se narró, en síntesis, lo siguiente:4

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

El 8 de agosto de 2001, el municipio de Buenaventura y la sociedad accionante (anteriormente denominada Mauricio Fajardo Abogados Asociados Ltda.) celebraron el contrato de prestación de servicios profesionales No. 73, a fin de que esta brindara asesoría -tanto para el municipio como para el Ministerio de Comercio Exteriorpara definir la legalidad y la viabilidad jurídica de enajenar, parcial o totalmente, el inmueble en donde funcionaba la antigua zona franca industrial y comercial de esa ciudad y destinar los recursos obtenidos al pago, incluso parcial, de los pasivos del ente territorial.

Los motivos que llevaron a la celebración de ese negocio fueron, en esencia, dos: la difícil situación financiera del municipio y la voluntad manifestada por la Nación de acudir en su ayuda.

El contrato fue objeto de algunas modificaciones y adiciones. La adición número dos incrementó la suma fija del contrato y prorrogó el plazo; adicionalmente, dejó consignado que el inmueble había salido del dominio del Ministerio de Comercio

El contrato fue objeto de algunas modificaciones y adiciones. La adición número dos incrementó la suma fija del contrato y prorrogó el plazo; adicionalmente, dejó consignado que el inmueble había salido del dominio del Ministerio de Comercio Exterior, por cuanto se constituyó un patrimonio autónomo, y se impartieron instrucciones a la fiduciaria Fiducoldex para destinar o aplicar el producido de la venta del inmueble al pago de los pasivos del ente territorial, en los términos del artículo 18 de la Ley 710 de 2001 (para el actor, esta determinación implicaba que el municipio había reconocido el pleno cumplimiento de las condiciones para reclamar la comisión de éxito y su causación).

En la misma adición se advirtió sobre la conveniencia de continuar con la asesoría jurídica hasta que se efectuara el remate y se anotó que “[…] la comisión de éxito que ya se encuentra causada no sufrirá modificación alguna” (fl. 40, c1).

El contrato de prestación de servicios dispuso que la remuneración del contratista estaría compuesta por una suma fija 3 y por una suma variable. La suma variable, pactada como una comisión de éxito, se definió en dos modalidades: (i) una comisión de éxito plena, equivalente al 0.50% del monto correspondiente a la enajenación del inmueble donde funcionó la zona franca o liq uidado sobre su

3 Narra la reforma a la demanda: “[…] La suma fija, según la cláusula tercera, fue de nueve millones de pesos ($9.000.000.oo) mensuales, para un total, de acuerdo con la duración pactada del contrato, de treinta y seis millones de pesos ($36.000.000.oo) la cual, como se dejó visto, se inc rementó en

de pesos ($9.000.000.oo) mensuales, para un total, de acuerdo con la duración pactada del contrato, de treinta y seis millones de pesos ($36.000.000.oo) la cual, como se dejó visto, se inc rementó en la segunda de las adiciones al contrato” (fl. 40 – 41, c1).5

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

avalúo, y (ii) una comisión de éxito reducida a la mitad, esto es, el 50% de la comisión de éxito plena, en caso de que no se lograra la enajenación del inmueble por causas ajenas a la voluntad de la contratista, la cual se liquidaría con base en el avalúo comercial del inmueble.

La firma demandante cumplió con sus obligaciones. En el contrato se incluyó, además, una cláusula compromisoria, según la cual las diferencias surgidas entre las partes debían ser resueltas mediante un tribunal de arbitramento, conformado por un árbitro.

El contrato finalizó al vencimiento de su plazo máximo, esto es, el 30 de junio de

2002. El 30 de agosto de 2004, la sociedad accionante solicitó la convocatoria del tribunal de arbitramento, ante el centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que, entre otras cuestiones, se liquidara el contrato y se incluyera el pago de la comisión de éxito.

El 18 de abril de 2006, el tribunal profirió el laudo arbitral; frente a lo que es

Bogotá, con el fin de que, entre otras cuestiones, se liquidara el contrato y se incluyera el pago de la comisión de éxito.

El 18 de abril de 2006, el tribunal profirió el laudo arbitral; frente a lo que es pertinente para este caso, en dicha decisión se negaron las pretensiones de la demanda relacionadas con el reconocimiento de la comisión de éxito, con lo cual se incurrió en un error jurisdiccional de orden fáctico y normativo.

El error fáctico se presentó porque, aun cuando se advirtió el cumplimiento de la condición relacionada con la enajenación del inmueble, se indicó que no aparecía demostrada la segunda condición para la prosperidad de la comisión de éxito plena, bajo el argumento de que el inmueble regresó al dominio del Ministerio de Comercio Exterior, una vez finalizó el contrato de fiducia, sin tener en cuenta las manifestaciones expresas y reiteradas de las partes y el restante material probatorio. De otra parte, “[l] as circunstancias posteriores a la ocurrencia de las circunstancias descritas que constituyen, se reitera, el cumplimiento inequívoco de las condiciones a que estaba sujeta la comisión de éxito, son asuntos que no estaban al juzgamiento del Tribunal de Arbitramento quien, también en ello, incurrió en yerro jurisdiccional” (fl. 46, c1).

El error de orden normativo se justificó en el quebrantamiento de lo dispuesto en el artículo 1602 del Código Civil, por cuanto se desconoció la voluntad de las partes plasmada en los contratos adicionales e, incluso, las previsiones del contrato de fiducia, en el cual quedó establecido que el producto de la venta del inmueble se6

artículo 1602 del Código Civil, por cuanto se desconoció la voluntad de las partes plasmada en los contratos adicionales e, incluso, las previsiones del contrato de fiducia, en el cual quedó establecido que el producto de la venta del inmueble se6

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

destinaría al saneamiento financiero del municipio de Buenaventura.

El laudo adujo en un aparte que no había lugar al pago de la comisión de éxito parcial, por cuanto el inmueble sí se enajenó, pero, a la postre, indicó que las obligaciones a cargo del contratista fueron cumplidas a cabalidad, lo que implica una falta de m otivación de la decisión -que desconoce los artículos 303 y 304 del CPC-.

Los errores advertidos privaron a la accionante de obtener el reconocimiento y pago de la comisión de éxito, debidamente actualizada, con los respectivos intereses moratorios, lo cual constituye un daño antijurídico que debe ser indemnizado por la Nación – Rama Judicial, al haber sido ocasionado, en desarrollo de la función pública de administrar justicia, por un tribunal autorizado para ello por la Constitución y la ley. “A este perjuicio inicial, hay que agregar todos los que corresponden al orden material que tuvieron como causa la misma decisión errónea del tribunal de arbitramento y que serán probados a lo largo del proceso” (fl. 47, c1).

Contra el laudo arbitral no procedía ningún recurso; en concreto, el recurso extraordinario de anulación, dado que los yerros advertidos no encajaban en

Contra el laudo arbitral no procedía ningún recurso; en concreto, el recurso extraordinario de anulación, dado que los yerros advertidos no encajaban en ninguna de las causales de dicho medio de impugnación. Esta decisión se encuentra en firme.

El presidente del tribunal de arbitramento y árbitro único no protocolizó en una notaría el expediente del proceso arbitral, el cual permanecía en manos del secretario de ese tribunal. Sumado a ello, el presidente del tribunal no requirió al demandante para que pagara o cubriera un monto de dinero adicional al cancelado desde el inicio del trámite arbitral , para la protocolización notarial del respectivo expediente4.

2. Trámite en primera instancia:

2.1 Mediante auto del 9 de mayo de 2008, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, inadmitió la demanda para que se

4 En la reforma de la demanda, se invocaron como fundamentos de derecho las siguientes disposiciones: los artículos 1, 2, 4, 90, 116, 230 y demás concordantes de la Constitución Política; 1, 8, 13 -numeral 3-, 65, 66, 67, 99 -numeral 8y demás concordantes de la Ley 270 de 1996; 86, 132 -numeral 6-, 137, 139 y demás concordantes del Código Contencioso Administrativo, y 13, 40 y demás concordantes de la Ley 80 de 1993.7

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

indicaran los fundamentos de hecho y de derecho que soportaban las supuestas irregularidades en las que incurrió el tribunal arbitral; además, para que se aportara copia de los recursos interpuestos contra el laudo cuestionado y la constancia de ejecutoria de esa decisión (fl. 12, c1).

La actora interpuso recurso de reposición o súplica (el que correspondiera) contra la providencia anterior (fls. 13 – 21, c1 / fls. 23 – 31, c1)5. En decisión del 24 de octubre de 2008, el tribunal revocó el auto del 9 de mayo y, en su lugar, admitió la demanda (fls. 33 – 34, c1).

El 1 de diciembre siguiente, la parte demandante reformó, corrigió y adicionó el libelo introductorio (fls. 35 – 52, c1) y, mediante auto del 23 de enero de 2009, se admitió dicha reforma (fl. 57, c1). La Rama Judicial fue notificada por aviso (fl. 58, c1).

2.2 La entidad demandada contestó la demanda de forma extemporánea6.

2.3 En proveído del 31 de julio de 2009, se abrió el proceso a pruebas (fl . 60, c1). La parte actora pidió la adición de la anterior decisión, con el fin de que se accediera a la inspección judicial solicitada en la demanda (fls. 61 – 62, c1). Mediante auto

La parte actora pidió la adición de la anterior decisión, con el fin de que se accediera a la inspección judicial solicitada en la demanda (fls. 61 – 62, c1). Mediante auto del 21 de mayo de 2010, se decretó la prueba de inspección judicial requ erida por la demandante (fls. 85 – 86, c1). Con providencia del 6 de agosto siguiente, se cerró la etapa probatoria (fl. 91, c1).

5 Manifestó que en el escrito de demanda se indicaron los hechos y el fundamento de derechoresaltando que el tribunal arbitral incurrió en errores de orden fáctico y normativo -, sin que el a quo pueda exigir, desde el momento de la admisión, que se encuentre acreditada fehacientemente la configuración de esos yerros. Adicionalmente, indicó que contra el laudo arbitral no procedía ningún recurso -ni ordinarios ni tampoco el de anulación - y que no era posible adjuntar la constancia de ejecutoria solicitada, por cuanto el tribunal de arbitramento se disolvió una vez culminó su función e incumplió el deber de protocolizar en notaría el expediente del proceso arbitral. El extremo actor aportó dos documentos exponiendo los argumentos del recurso -el primero, el 16 de mayo de 2008 y, el segundo, el 22 de mayo de ese año -. Entre ellos existen ciertas diferencias, aunque, en esencia, tienen el mismo contenido -en el segundo documento, por ejemplo, no se menciona la disolución del tribunal -. La presentación de estos dos documentos obedeció a la falta de claridad que tenía la demandante frente a la fecha en que se notificó el auto del 9 de mayo. 6 El término de fijación en lista venció el 24 de junio de 2009; sin embargo, la Rama Judicial allegó

de claridad que tenía la demandante frente a la fecha en que se notificó el auto del 9 de mayo. 6 El término de fijación en lista venció el 24 de junio de 2009; sin embargo, la Rama Judicial allegó el escrito de contestación de la demanda el 7 de septiembre de 2009 (fls. 64 – 70, c1). En el informe al despacho del 15 de julio de 2009, se lee: “VENCIDO EL 24 DE JUNIO DE 2009 EL TÉRMINO DE FIJACIÓN EN LISTA PARA CONTESTAR DEMANDA Y ADICIÓN SIN MANIFESTACIÓN DEL DEMANDADO” (fl. 59, c1). En el auto del 31 de julio de ese año, por su parte, se expresó: “Toda vez que vencido el término de fijación en lista la parte demandada no compareció a contestar la demanda ni su adición, no se le decretan pruebas” (fl. 60, reverso, c1). Finalmente, en la sentencia de primera instancia se plasmó: “La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - no contestó la demanda” (fl. 167, c. ppal.).8

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

2.4 A través del auto del 25 de noviembre de 2010, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo requería, rindiera concepto (fl. 93, c1).

2.4.1. La parte actora señaló que le asiste responsabilidad al Estado por la función

para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que, si lo requería, rindiera concepto (fl. 93, c1).

2.4.1. La parte actora señaló que le asiste responsabilidad al Estado por la función desplegada por los árbitros, en el ejercicio del servicio de administrar justicia. En cuanto al error jurisdiccional, refirió que este era de orden fáctico, en la medida que el laudo arbitral desconoció el material probatorio que demostraba el cumplimiento de las condiciones para el pago de la comisión de éxito, y de orden normativo, por cuanto se incorporó un fundamento confuso que lleva a una falta de motivación, en contravención de lo dispuesto en los artículos 303 y 304 del CPC. Se adujo que los errores advertidos incidieron en la decisión, lo cual produjo un daño antijurídico a la parte actora, al verse privada del reconocimiento y pago de la citada comisión de éxito, con los intereses por el pago tardío, sin que ello pueda atribuirse a su culpa exclusiva, dado que no era procedente el recurso extraordinario de anulación (fls. 120 – 146, c1).

2.4.2. La parte demandada manifestó que no quedó probado el error que se le atribuye al laudo ni la improcedencia del recurso extraordinario de anulación (que aquel no era anulable); adicionalmente, no se solicitó la corrección, aclaración o complementación de la decisión, con lo cual quedó ejecutoriada y aceptada por las partes. Agregó que el laudo arbitral no puede ser impugnado por errores in judicando, excepto cuando se deja de decidir asuntos sometidos al arbitramento, en virtud de la causal establecid a en el numeral 5 del artículo 72 de la Ley 80 de

partes. Agregó que el laudo arbitral no puede ser impugnado por errores in judicando, excepto cuando se deja de decidir asuntos sometidos al arbitramento, en virtud de la causal establecid a en el numeral 5 del artículo 72 de la Ley 80 de

1993. Seguidamente, hizo alusión a las particularidades del arbitramento, como mecanismo de solución de conflictos, e indicó que el laudo demandado no dejó de lado ninguna de las pretensiones elevadas y tampoco incurrió en extra o infra petita

(fue congruente) . Solicitó no tener en cuenta las pruebas aportadas, en copia simple, por la parte actora sobre el expediente arbitral, de conformidad con el artículo 254 del CPC (fls.106 – 119, c1).

2.4.3. El Ministerio Público emitió concepto en el asunto. Solicitó acceder a las pretensiones de la demanda, por considerar que en el proceso se acreditó el cumplimiento de las condiciones establecidas para poder reclamar el pago de la comisión de éxito, toda vez que “[…] obran en el expediente los documentos que acreditan las gestiones desplegadas por el contratista con las cuales se logró hacer de manera óptima la venta de la antigua zona franca, […] así como también se9

Radicación número: 25000-23-26-000-2008-00176-01 (50928).

Actor: F&B Abogados Asociados Ltda.

Demandado: Nación – Rama Judicial.

Referencia: Acción de reparación directa.

acredita el trámite al cual dio impulso la firma F&B ABOGADOS con el cual se logró la expedición de la Ley 710 de 2001 por medio de la cual se reguló la asignación de los dineros productos de la venta, a la inversión en el municipio de Buenaventura

la expedición de la Ley 710 de 2001 por medio de la cual se reguló la asignación de los dineros productos de la venta, a la inversión en el municipio de Buenaventura […]” (fl. 161, c1). Añadió que el daño padecido por la parte actora tiene fuente en la actuación desplegada por el tribunal de arbitramento, quien ejerció su función en representación del Estado, con lo cual se demuestra el elemento de nexo causal (fls. 148 – 162, c1).

3. Sentencia de primera instancia7:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión, profirió la sentencia del 11 de octubre de 2013 (fls. 165 – 177, c. ppal.), en la cual decidió:

PRIMERO: Denegar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia liquídense por Secretaría los gastos del proceso. Devuélva [n]se los remanentes al interesado. Pasados dos años sin que hubieren sido reclamados, la Secretaría declarará la prescripción a favor de la rama judicial (fl. 177, c. ppal.).

-Explicó que el arbitraje es uno de los métodos alternos de solución de conflictos, en virtud de los cuales la ley le confiere a los particulares atribuciones para que, en unos claros y determinados casos, puedan resolver ciertas controversias sin la intervención directa del órgano judicial del Estado. Además, expresó que los métodos heterocompositivos, entre los que están el arbitraje y la vía judicial

unos claros y determinados casos, puedan resolver ciertas controversias sin la intervención directa del órgano judicial del Estado. Además, expresó que los métodos heterocompositivos, entre los que están el arbitraje y la vía judicial ordinaria, buscan que la solución del problema sea dada por un tercero ajeno e independiente a las partes.

-El trámite arbitral no es una excepción al monopolio de la administración de justicia por parte del Estado, sin que tampoco sea una justicia paralela, independiente y extraordinaria. En ese sentido, “[…] si bien el arbitraje no es una aplicación corriente de justicia y no sería deseable que lo fuera, su aplicación en nuestro ordenamiento jurídico es posible y no debe descartarse, razón por la cual si es permitido que los

7 En decisión del 30 de septiembre de 2011 (fl. 164, c1), se ordenó re