CE - Sentencia 25000232600020090002802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: LUZ NELLY RAMÍREZ VARGAS Y OTROS

Demandado: CONCESIONARIA VIAL DE LOS ANDES S.A. Y OTRAS

Tema: Inestabilidad de ladera, y derrumbe de lodo y piedras. Muerte y lesiones de pasajeros de bus. Omisión en el mantenimiento y señalización vial. Responsabilidad de la Administración por omisión de la concesionaria. Se acreditó una falla del servicio imputable al Estado. Liquidación de perjuicios. No se configuraron costas procesales en segunda instancia.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la Concesionaria Vial de los Andes S.A. y por la Agencia Nacional de Infraestructura1 contra la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administra tivo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 14 de julio de 2008, Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y Luz Nelly Ramírez Vargas se desplazaban en un bus de transporte público y, a la altura del tramo No. 5 de la vía Bogotá – Villavicencio, ocurrió un deslizamiento de lodo y piedras que

Vargas se desplazaban en un bus de transporte público y, a la altura del tramo No. 5 de la vía Bogotá – Villavicencio, ocurrió un deslizamiento de lodo y piedras que provocó la muerte de la primera y lesiones físicas a la segunda. Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el Instituto Nacional de Concesiones y la Concesionaria Vial de Los Andes S.A. son patr imonialmente responsables por la muerte de Jennifer

1 Mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

2 Alexandra Barreto Ramírez y las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas, pues aducen que ello se produjo por una omisión en la señalización y el mantenimiento de la vía por la que estas se desplazaban.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 20 de enero de 2009 2, Luz Nelly Ramírez Vargas en nombre propio y en representación de Valentina Barreto Ramírez; Luis Fernando Barreto Ramírez, Ana Isabel Ramírez de Barreto y Quintiliano Barreto Huertas, med iante apoderado

representación de Valentina Barreto Ramírez; Luis Fernando Barreto Ramírez, Ana Isabel Ramírez de Barreto y Quintiliano Barreto Huertas, med iante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el Instituto Nacional de Concesiones (en adelante “ INCO”) y la Concesionaria Vial de Los Andes S.A. (en adelante “COVIANDES S.A.”), para que fueran declarados patrimonialmente responsables por la muerte de Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas.

Como pretensio nes de su demanda, el extremo activo solicita condenar a las demandadas a pagar, por perjuicios morales, 100 SMLMV a cada uno de los accionantes; por lucro cesante, en razón a la muerte de Jennifer Alexandra Barreto Ramírez, la suma de $414.514.938 a Valen tina Barreto Ramírez; y por lucro cesante, por las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas, la suma de $12.000.000 a esta.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que, durante el año 2008, ocurrieron varios derrumbes en la vía que conduce de Bogotá D.C. al municipio de Villavicencio (Meta).

Refiere que, el 14 de julio de 2008, Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y Luz Nelly Ramírez Vargas se desplazaban en el vehículo de transporte público identificado con el número de placa SWO – 794 afiliado a la empresa “Flota La Macarena” y, a

Ramírez Vargas se desplazaban en el vehículo de transporte público identificado con el número de placa SWO – 794 afiliado a la empresa “Flota La Macarena” y, a

2 Fl. 1 a 32, C.1.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

3 la altura del tramo No. 5 de la vía Bogotá – Villavicencio ocurrió un deslizamiento de lodo y piedras.

Concluye que, dicho insuceso produjo la muerte de Jennifer Alexander Barreto Ramírez y, además, ocasionó graves lesiones físicas a Luz Nelly Ramírez Vargas.

Los accionantes consideran que la Nación – Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, el INCO y COVIANDES S.A. son patrimonialmente responsables por la muerte de Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas, pues afirman que ello se produjo por una omisión en la señalizaci ón y el mantenimiento de la vía por la que estas se desplazaban.

2. Contestaciones

El 2 de septiembre de 20103 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a las demandadas y al Ministerio Público.

2.1. La Nac ión – Ministerio de Defensa – Policía Nacional 4 se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que los daños alegados no le eran atribuibles, toda vez que no tuvo injerencia en su causación. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia del derecho y falta de fundamento

pretensiones de la demanda argumentando que los daños alegados no le eran atribuibles, toda vez que no tuvo injerencia en su causación. Formuló como excepciones las que denominó “inexistencia del derecho y falta de fundamento jurídico para las pretensiones” , “cobro de lo no debido” y “culpa exclusiva de la víctima”.

2.2. El INCO5 se opuso a las pretensiones de la demanda, manifestando que no se probó la falla del servicio a ella endilgada, ni el vínculo causal entre esta y los daños padecidos por los accionantes. Por ello, formuló como excepciones las de fuerza mayor, “culpa exclusiva de un tercero”, “hecho de un tercero en cabeza del concesionario”, “inexistencia de la omisión” y la genérica.

3 Fl. 172, C.1. 4 Fl. 240 a 246, C.1. 5 Fl. 183 a 195, C.1.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

4 2.3. COVIANDES S.A. se opuso a las pretensiones de la demanda, aduciendo que los daños alegados no le eran imputables debido a que estos se produjeron por un hecho de la naturaleza constitutivo de fuerza mayor. Formuló como excepciones las que denominó “falta de legitimidad material en la causa por pasiva”, “causa extraña”, “culpa exclusiva de la víctima” y “ausencia de falla del servicio”.

2.4. La Nación – Ministerio de Transporte guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

extraña”, “culpa exclusiva de la víctima” y “ausencia de falla del servicio”.

2.4. La Nación – Ministerio de Transporte guardó silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 7 de julio de 2015 6 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. Los demandantes 7, la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional8, la Agencia Nacional de Infraestructura9, antes el INCO 10 (en adelante la “ANI) y COVIANDES S.A. 11 reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de la demanda y en la contestación de este, respectivamente.

3.2. La Nación – Ministerio de Transporte y el Ministerio Público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de agosto de 2015 12, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda al constatar, en primera medida, que la muerte de Jenni fer Alexandra Barreto Ramírez y las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas eran imputables a la ANI y a COVIANDES S.A., toda vez que, pese a que conocían de los riesgos de

6 Fl. 502, C.2. 7 Fl. 526 a 534, C.2. 8 Fl. 503 a 507, C.2. 9 Fl. 515 a 522, C.2. 10 Mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura,

9 Fl. 515 a 522, C.2. 10 Mediante el Decreto 4165 del 3 de noviembre de 2011, se modificó la naturaleza jurídica y la denominación del Instituto Nacional de Concesiones por la de Agencia Nacional de Infraestructura, Agencia Nacional de Naturaleza Especial del sector descentralizado de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, financiera y técnica, adscrita al Ministerio de Transporte. 11 Fl. 535 a 553, C.2. 12 Fl. 555 a 580, C.3.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

5 deslizamiento de tierra y caídas de piedras y rocas, “no adoptaron medidas eficaces e inmediatas que permitieran alertar a los transeúntes del riesgo al cual se sometían por dicho paso, fungiendo así los daños causados por la omisión de mantenimiento y señalización de la zona de riesgo”. A su turno, en segundo lugar, estim ó que los daños alegados no eran atribuibles a la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional, toda vez que ninguna de las pruebas obrantes en el expediente permitió determinar que esta “conocía de los riesgos en la vía”. Finalmente, declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de Transporte porque, a su juicio, no tuvo injerencia en la producción de los hechos lesivos alegados en la demanda.

En la parte resolutiva el a quo condenó a la ANI y a COVIANDES a pagar por la muerte de Jennifer Alexandra Barreto, por perjuicios morales 100 SMLMV a cada

alegados en la demanda.

En la parte resolutiva el a quo condenó a la ANI y a COVIANDES a pagar por la muerte de Jennifer Alexandra Barreto, por perjuicios morales 100 SMLMV a cada uno de los demandantes Luz Nelly Ramírez Vargas, Luis Fernando Barreto Ramírez y Valentina Barreto Ramírez, y 50 SMLMV a cada uno de los demandantes Quintiliano Barreto Huertas y Ana Isabel Ramírez de Barreto; y por lucro cesante, reconoció en abstracto “el quantum que se establezca a través de un incidente de regulación de perjuicios” a Valentina Barreto Ramírez.

Asimismo, respecto a las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas, el Tribunal condenó en abstracto a la ANI y a COVIANDES S.A. a pagarle a esta y a Valentina Barreto Ramírez, a título de perjuicios morales y lucro cesante, “el quantum que se establecerá a través de un incidente de regulación de perjuicios”.

5. Recursos de Apelación

El 28 de septiembre de 2015, la ANI 13 y COVIANDES14 interpusieron los recursos de apelación que fueron concedidos el 7 de diciembre de 2015 15 y admitidos el 8 de marzo de 201616.

13 Fl. 612 a 618, C.3. 14 Fl. 582 a 611, C.3. 15 Fl. 638, C.3. 16 Fl. 642, C.3.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

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15 Fl. 638, C.3. 16 Fl. 642, C.3.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

6 5.1. La ANI 17 reiteró que el extremo activo no probó la falla del servicio a ella endilgada, ni el vínculo causal entre ésta y los daños alegados. Afirmó, además, que los perjuicios reconocidos por el tribunal no se acreditaron en tanto no se configuraron los elementos de la responsabilidad del Estado.

5.2. COVIANDES S.A.18 reiteró que los daños alegados en la demanda no le eran imputables, debido a que estos tuvieron su génesis en un hecho constitutivo de fuerza mayor. Por otra parte, sostuvo que el a quo erró al reconocer perjuicios a los demandantes, toda vez que en el plenario no se acreditó su configuración.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 26 de abril de 2016 19 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional20, COVIANDES S.A.21 y la ANI22 reiteraron los argumentos expuestos en el tr ámite de primera instancia y en los recursos de apelación, respectivamente.

6.2. El Ministerio Público23 conceptuó que “la muerte de Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y las lesiones de Luz Nelly Ramírez Vargas resultaban imputables a COVIANDES y a la ANI, a título de falla del servicio, porque tanto la Administración

Ramírez y las lesiones de Luz Nelly Ramírez Vargas resultaban imputables a COVIANDES y a la ANI, a título de falla del servicio, porque tanto la Administración como su contratista, incurrieron en omisiones que fueron la causa de los daños cuya indemnización se reclama”.

6.3. La parte demandante y la Nación – Ministerio de Transporte guardaron silencio.

17 Fl. 612 a 618, C.3. 18 Fl. 582 a 611, C.3. 19 Fl. 643, C.3. 20 Fl. 644 a 649, C.3. 21 Fl. 649 a 655, C.3 22 Fl. 655 a 669, C.3. 23 Fl. 678 a 694, C.3. El concepto fue rendido por el doctor Francisco Manuel Salazar Gómez, Procurador Delegado ante el Consejo de Estado.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

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III. CONSIDERACIONES

1. Jurisdicción y competencia

La jurisdicción como atributo del poder que faculta al Estado para administrar justicia en el territorio nacional es única e indivisible y corresponde ejercerla a todos los jueces de la República. Así, su ejercicio se ha distribuido en diferentes ramas jurisdiccionales como lo son, entre otras: i) la ordinaria, ii) el contencioso administrativa, iii) la constitucional, iv) la penal militar, v) la especial indígena y vi) la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman.

la especial para la paz.

Al interior de cada jurisdicción debe existir un sistema de reparto que permita la asignación ordenada de los procesos entre los distintos jueces que la conforman. Ciertamente, ello se logra a través de la distribución de competencias, por medio de las cuales el Estado da cuenta de la facultad que tiene cada juez para ejercer la jurisdicción en determinadas materias y dentro de una porción delimitada del territorio.

Al efecto, esta Corporación ha definido que 24 la competencia para conocer de los diferentes asuntos se fija de acuerdo con los siguientes criterios: i) la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo); ii) la calidad o condiciones especiales de las partes que concurren al proceso (factor subjetivo); iii) la naturaleza de la f unción que desempeña la autoridad que tiene a su cargo la definición y resolución del proceso (factor funcional); iv) el lugar donde debe tramitarse y desarrollarse el proceso (factor territorial); y v) la competencia previamente determinada para otro proc eso, lo que permite que un proceso asignado a un juez absorba los otros asuntos que, con relación a un tema específico, puedan ser promovidos con posterioridad (factor de conexidad o de atracción).

En este orden ideas, si bien la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está estatuida para decidir controversias que se susciten entre entidades estatales o entre estas y particulares, lo cierto es que también tiene competencia ocasional

24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

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24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Auto del 15 de junio de 2015, Rad.: 51174.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

8 para vincular y juzgar a los particulares o personas de derecho privado, aun cuando al momento de realizar el análisis probatorio del proceso se establezca que la entidad pública, también demandada, no es responsable de los hechos y daños que se le atribuyen en el libelo introductorio25.

Precisamente la Sección Tercera de Esta Corporación, en sentencia del 29 de agosto de 200726, advirtió que el fuero de atracción resulta procedente siempre que desde la formulación de las pretensiones y su acervo probatorio pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la entidad pública accionada en conjunto con un sujeto de derecho privado pueda resultar condenada.

En el mismo sentido, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que cuando el derecho de acción se ejerce contra una entidad pública y contra un sujeto de derecho privado por un asunto litigioso que en principio debería ser ventilado ante la jurisdicción ordinaria, el proceso debe surtirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administra tivo, que adquiere la competencia para examinar la responsabilidad de todos los accionados27.

De conformidad con lo anterior, el fuero de atracción implica, entonces, que el juez administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas e n conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De

administrativo tiene competencia para vincular y juzgar entidades públicas e n conjunto con otras entidades o incluso sujetos de derecho privado frente a los cuales la competencia, en principio, se encuentra atribuida a otra jurisdicción. De hecho, en sentencia del 18 de junio de 2015 la Sección Tercera del Consejo de

Estado manifestó lo siguiente:

“[…] El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública el competente es el juez administrativo, en conjunto con otras entidades incluso con particulares en relación con los cuales la competencia para el conocimiento de los pleitos en los que se encuentren implicados, en principio se encuentra atribuida a otra jurisdicción, por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso adquiere competencia para conocer del asunto en relación con todos ellos.

[…] Un buen ejemplo de aplicación del factor de conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura,

25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”. Sentencias del 1° de marzo de 2018, Rad.: 43629; y del 28 de agosto de 2019, Rad.: 52603. 26 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de marzo de 2017, Rad.: 38958. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 1° de octubre de 2008, Rad.: A.G. 200502076-01.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

9 a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra “entidad” privada, cuya competencia

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

9 a demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción y a otra “entidad” privada, cuya competencia correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante la primera – Jurisdicción Contencioso Administrativa-, la cual tiene competencia, entonces, para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas”28

Tal circunstancia posibilita que el juez de lo contencioso administrativo pueda dirimir controversias en las cuales intervengan particulares, siempre que su vinculación con las personas de derecho público cuente con un fundamento sólido, es decir, que en la demanda se invoquen acciones u omisiones que conduzcan razonablemente a pensar que su responsabilidad pueda verse comprometida29.

Esta conclusión ha sido expuesta por la jurisprudencia del Consejo de Estado de modo uniforme y reiterado, como se hizo en sentencia del 3 de agosto de 2020 30, en la que se señaló que para la procedencia del fuero atracción es mandatorio que “la demanda y las pretensiones se deban haber elevado de manera concurrente tanto para las entidades públicas como para los particulares a los que se les pretende enrostrar responsabilidad, y por otro, que debe existir una mínima y fundada probabilidad de condena respecto de las entidades públicas”.

Dicho de otra manera, el hecho de que algunos de los sujetos vinculados al proceso sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el demandante con sufi cientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u

sean juzgados naturalmente por el juez ordinario, no excluye la competencia de esta jurisdicción por la aplicación del fuero de atracción. Es decir, basta que el demandante con sufi cientes fundamentos fácticos y jurídicos impute acciones u omisiones contra varios sujetos y que uno de ellos deba ser juzgado por esta jurisdicción, para que ésta asuma la competencia, sin que resulte relevante si la sentencia absuelve o no a la entidad pública.

Es así como, en aquellos eventos en los que se formule una demanda, tanto contra una entidad estatal como en contra un sujeto de derecho privado de manera concurrente, por un asunto que en principio debería ser decidido por un juez de la jurisdicción ordinaria, el proceso debe adelantarse ante esta jurisdicción, pues el juez de lo contencioso administrativo adquiere competencia para definir la

28 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio de 2015, Rad.: 51714. 29 Ibídem. 30 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 3 de abril de 2020, Rad.: 44428.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

10 responsabilidad de todos los demandados31, siendo menester, para dichos efectos, estudiar el petitum y los hechos que dieron origen al daño cuya reparación se alega32.

En el sub examine los accionantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de las demandadas por i) la muerte de Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y ii) las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas, pues, a su

En el sub examine los accionantes pretenden la declaratoria de responsabilidad patrimonial de las demandadas por i) la muerte de Jennifer Alexandra Barreto Ramírez y ii) las lesiones físicas sufridas por Luz Nelly Ramírez Vargas, pues, a su juicio, ello se produjo por una omisión en la señalización y el mantenimiento de la vía por la que estas de desplazaban el 14 de julio de 2008. De hecho, el escrito de demanda textualmente solicita: “[…] que se declare que las demandadas son solidariamente responsables, por sus omisiones, en los sucesos que ocasionaron las graves lesiones que sufrió la señora Luz Nelly Ramírez Vargas y la muerte de su hija Jennifer Alexandra Barreto Ramírez”.

Lo anterior permite inferir razonablemente que, en tanto la responsabilidad de las entidades públicas accionadas puede verse comprometida, al igual ocurre con la sociedad de carácter privado también demandada por los mismos hechos y con igual propósito, pues los hechos que dan origen a la demanda son los mismos y el petitum realizado en el libelo introductorio así lo permite establecer.

En consecuencia, en virtud del fuero de atracción, esta jurisdicción está habilitada para pronunciarse sobre la responsabilidad patrimonial de COVIANDES S.A. toda vez que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8233 del Código Contencioso Administrativo, normatividad aplicable al momento en que ocurrieron los hechos, se trata de un asunto litigioso que involucra la actividad de unas entidades públicas que también fueron demandas, a saber, el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional y el INCO, y esto comprende la competencia para decidir sobre la responsabilidad patrimonial predicada respecto de COVIANDES S.A., pues el fuero

que también fueron demandas, a saber, el Ministerio de Transporte, la Policía Nacional y el INCO, y esto comprende la competencia para decidir sobre la responsabilidad patrimonial predicada respecto de COVIANDES S.A., pues el fuero de atracción permite la vinculación de esta entidad de derecho privado.

31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 25 de julio de 2019, Rad.: 51687. 32 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de agosto de 1994, Rad.: 10.007 y 9480. 33 “Artículo 82: […] la jurisdicción de lo contencioso administrativo esta instituida para juzgar las controversias y litigios originadas en las entidades públicas, las sociedades de economía mixta con capital superior al 50 % y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, los tribunales administrativos los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley”.Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

11 No está demás resa ltar que respecto a la sociedad de derecho privado COVIANDES S.A., el fundamento del deber de reparar corresponde a criterios propios del derecho privado y no al de la falla del servicio, pues esta última solo puede reputarse frente a una entidad pública.

En definitiva, esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por la ANI y COVIANDES S.A. contra la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía

En definitiva, esta Sala es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos por la ANI y COVIANDES S.A. contra la sentencia del 27 de agosto de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía supera la exigida34 para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 1395 de 2010.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo , según lo dispone el artículo 8635 del Código Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de unos daños por hechos imp utables a una omisión de la Nación – Ministerio de Transporte y el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, de la ANI y de COVIANDES S.A.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,

34 La sumatoria de las pretensiones se estimó en la suma de $674.964.938. 35 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o

35 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o ocupación temporal o permanente de un inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación particular o de otra entidad pública.”Radicación: 25000232600020090002802 (56489)

Demandante: Luz Nelly Ramírez Vargas y otros

12 resulta necesario verificar si la demanda se presentó en el tiempo oportuno por cuanto se trata de un presupuesto procesal36.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 37, estab leció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 38, ofrecer estabilidad del

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 38, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

36 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura p revista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la f acultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso,