CE - Sentencia 25000232600020090026001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: Sociedad Inversiones El Triángulo de la Sabana S.A. - INTRINSA S.A. y otro Demandado: Agencia Nacional de Infraestructura-ANI y otro

Proceso: Reparación directa

REGULACIÓN DE VÍAS A CARGO DE LA NACIÓN-Deberes de seguridad vial de la entidad a cargo de la vía. ESTACIONES DE SERVICIO DE VENTA DE GASOLINA Y ACPM -Regulación para operación en vías nacionales concesionadas y no concesionadas . DOCUMENTO PÚBLICO -Valoración probatoria. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD -Artículo 90 de la C onstitución Política. DAÑO-Definición. DAÑOLesión a un interés protegido por el ordenamiento. AUSENCIA DE INTERÉS JURÍDICO QUE PROTEGER -La actividad regulada no cumplía con requisitos de operación. CARGA DE LA PRUEBA -Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. COSTAS EN CCA -Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelaci ón interpuesto por la

actúa con temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelaci ón interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 27 de septiembre de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Inversiones El Triángulo de la Sabana -INTRINSA S.A. es propietaria de un terreno ubicado en la vereda El Uval, sentido Bogotá-Villavicencio. En el lote opera el establecimiento de venta de gasolina “Servicentro Esso El Uval” –también de su propiedad –. El 24 de febrero de 2007, trabajadores de la concesionaria COVIANDES S.A. –a cargo de la ruta Bogotá -Villavicencio– instalaron 17 maletines de concreto para cerrar uno de los accesos a la estación de servicio. El 4 de noviembre de 2008, la Alcaldía Local de Usme ordenó el retiro de los maletines, y, el 3 de diciembre siguiente, empleados de COVIANDES S.A. los instalaron de nuevo. Posteriormente , el 15 de enero de 2009, los mismosRadicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Proceso: Reparación directa

2 trabajadores destruyeron unas obras ejecutadas en el referido acceso de la estación.

Las demandantes alegan la existe ncia de una “vía de hecho” en tanto la

Proceso: Reparación directa

2 trabajadores destruyeron unas obras ejecutadas en el referido acceso de la estación.

Las demandantes alegan la existe ncia de una “vía de hecho” en tanto la concesionaria no tenía competencia para el cierre del acceso a la estación de servicios. Esta irregularidad impidió el funcionamiento normal del establecimiento y disminuyó la demanda y las ventas.

ANTECEDENTES La demanda

El 26 de mayo de 2009 , Inversiones El Triángulo de la Sabana S.A. –en adelante INTRINSA S.A – y la Compañía Metropolitana de Transportes S.A. solicitaron declarar patrimonialmente responsables a la Agencia Nacional de Infraestructura – en adelante A NI– y a la Concesionaria Víal de los Andes S.A. –en adelante COVIANDES S.A. –, por los daños a su establecimiento de comercio , en los siguientes términos:

«PRIMERA. Que se declare patrimonial y solidariamente responsables a los integrantes de la parte dema ndada, por los perjuicios causados a la parte demandante con ocasión de la clausura que esta última hiciera, en desarrollo del Contrato de Concesión No.444 de 1994 del acceso y/o salida de una estación de servicio, instalada en los terrenos de propiedad de la sociedad INVERSIONES EL TRIANGULO DE LA SABANA S. A., INTRISA S. A., y registrada, en virtud de mandato de esta, a nombre de la COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES S. A.), estación de servicio ubicada en el lote La Esperanza 2, Vereda El Uval, Locali dad de Usme, en la vía al llano, aproximadamente a

mandato de esta, a nombre de la COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES S. A.), estación de servicio ubicada en el lote La Esperanza 2, Vereda El Uval, Locali dad de Usme, en la vía al llano, aproximadamente a cuarenta y cuatro (44) metros antes del Kilometre cero (0), costado derecho, sentido Bogotá - Villavicencio.

SEGUNDA: Que como consecuencia de la anterior declaración, se condene a la parte demandada a p agar a la parte demandante, a título de daños materiales el equivalente a cinco mil sesenta y nueve millones de pesos ($ 5.069’000.000,oo), o la que resulte probada dentro del proceso, cuya justificación razonada se hace en el acápite atinente a los danos de esta demanda.

TERCERA. Que se condene en costas a la parte demandada.

CUARTA. Que se ordene a la parte demandada dar cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.»1.

Hechos

1 Folios 9 c. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Proceso: Reparación directa

3 La demanda afirmó que La sociedad Inve rsiones El Triángulo de la SabanaINTRINSA S.A. es propietaria de un terreno ubicado en la localidad de Usme, lote “La Esperanza 2”, vereda El Uval, sentido Bogotá -Villavicencio. En el lote opera el establecimiento de venta de gasolina denominado “Service ntro Esso El Uval” –a

“La Esperanza 2”, vereda El Uval, sentido Bogotá -Villavicencio. En el lote opera el establecimiento de venta de gasolina denominado “Service ntro Esso El Uval” –a nombre de la Compañía Metropolitana de Transportes S.A. (por mandato de

INTRINSA S.A.)–.

Agregó que la ruta Bogotá-Villavicencio estaba dividida en 7 tramos: el primero de ellos iniciaba en el kilómetro cero (a 44 metros de la estac ión de servicios), y finalizaba en el kilómetro 13.

Relató que el 24 de febrero de 2007, un grupo de trabajadores de la concesionaria COVIANDES S.A. –a cargo de la operación y mantenimiento de la ruta Bogotá - Villavicencio– instalaron 17 maletines de concreto y cerraron uno de los accesos a la estación de servicios. Ante esa situación, las demandantes instauraron una querella por perturbación de la posesión en contra de COVIANDES S.A. El 4 de noviembre de 2008, la Alcaldía Local de Usme ordenó el retiro de los maletines y, el 29 de noviembre siguiente, ante la renuencia de la concesionaria, personal de la estación retiraron los elementos.

El 3 de diciembre de 2008, empleados de COVIANDES S.A. instalaron de nuevo los maletines en el referido acceso. Y, el 15 de enero de 2009, varios trabajadores de la concesionaria –en presencia de policías de carreteras – llegaron al lugar con una retroexcavadora y destruyeron la obras recién ejecutadas en la ya clausurada entrada de la estación de servicios.

Se alega la existencia de una “vía de hecho” administrativa en tanto la

una retroexcavadora y destruyeron la obras recién ejecutadas en la ya clausurada entrada de la estación de servicios.

Se alega la existencia de una “vía de hecho” administrativa en tanto la concesionaria no tenía competencia para ordenar el cierre del acceso a la estación de servicios, actua ción “aribitraria” que impidió el funcionamiento normal del establecimiento, dificultó el ingreso y salida de los clientes, y ocasionó un detrimento patrimonial por disminución en las ventas2.

Contestaciones de la demanda

2 Folios 11-17 c. 1.Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Proceso: Reparación directa

4 La Concesionaria Vial de los Andes -COVIANDES S.A ., al oponerse a las pretensiones, señaló que la estación de servicios no ten ía permiso para ocupar una zona de reserva de la vía para ingresar y salir del predio por el costado de la parte nacional concesionada. Tampoco contaba con permiso para acceder por la misma vía. Precisó que un particular (así sea dueño de un predio) no po día ni puede abrir o construir un acceso “a libre discreción” sobre una vía nacional, pues existían y existen una serie de requisitos legales y técnicos que se deben cumplir para optener ese tipo de permisos.

Explicó que la carretera estaba bajo operació n de COVIANDES S.A., y, dentro de ese componente de operación estaba y está la obligación de garantizar la seguridad de quienes circulan por la misma. Por disposición Legal y contractual, la

Explicó que la carretera estaba bajo operació n de COVIANDES S.A., y, dentro de ese componente de operación estaba y está la obligación de garantizar la seguridad de quienes circulan por la misma. Por disposición Legal y contractual, la concesionaria debía vigilar e implementar acciones digiridas a lo grar ese objetivo de seguridad, y, en ese marco, actuó COVIANDES S.A.

En cuanto a los límites viales a cargo de la sociedad , explicó que no se desconoció la llamada “jurisdicción de la concesión”, en tanto los maletines de concreto se instalaron en el Km 0.00, sentido Bogotá-Villavicencio, lugar en el que comenzaba y comienza la concesión nacional.

Sobre la decisión de la Alcaldía Local de Usme –dentro del proceso policivo – de retirar los elementos de concreto del acceso a la estación de servicios, sostu vo que la orden también abarcó el cumplimiento de la normatividad vial a cargo de quienes se servirían del referido acceso ; en este caso las sociedades demandantes. Agregó que los maletines se instalaron en una cuneta (área de reserva vial ocupada sin auto rización) para garantizar la seguridad de los transeúntes y usuarios de la vía en el sector 3.

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI, por su parte, afirmó que en aras del interés general , era necesario que el Estado , a través de su concesionaria, impusiera a los administrados restricciones para asegurar el adecuado funcionamiento de las vías. COVIANDES S.A. –encargada de la guarda, cuidado de la infraestructura y seguridad de la vía concesionada – tenía las competencias

impusiera a los administrados restricciones para asegurar el adecuado funcionamiento de las vías. COVIANDES S.A. –encargada de la guarda, cuidado de la infraestructura y seguridad de la vía concesionada – tenía las competencias para implementar acciones dentr o de su objeto contractual. De manera que sus medidas no constituyeron la alegada “vía de hecho”.

3 F. 128-138 y ss c. 1. (páginas 65 y ss archivo CP2 001)Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

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Precisó que la Concesionaria no procedió de mala fe al instalar las maletas de concreto en el área de reserva vial , pues el predio no contaba con acceso por la vía Nacional, es decir, por la carretera que conduce de Bogotá a Villavicencio . Su única entrada y salida era la que daba hacia la vía distrital a cargo del IDU. En esta, la concesión no tenía injerencia.

Finalmente, planteó una falta de legitimaci ón en la causa por pasiva por cuanto, como explicó, el corredor dentro del cual se presentó la presunta falla en el servicio estaba a cargo de COVIANDES S.A. El INCO –hoy ANI – figura como administrador del Contrato No.444 de 1994, y la ejecución de obras y tareas de mantenimiento y operación correspondían y correponden al Concesionario4.

Llamamiento en garantía

El Instituto Nacional de Concesiones -INCO –hoy ANI – llamó en garantía a La

mantenimiento y operación correspondían y correponden al Concesionario4.

Llamamiento en garantía

El Instituto Nacional de Concesiones -INCO –hoy ANI – llamó en garantía a La Previsora S.A. El 1° de junio de 2012, el Tribunal admitió el llama miento y ordenó la notificación de la aseguradora.

La Previsora S.A., en la contestación, se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer de sustento factico y legal, y por pretender un enriquecimiento que no se ajusta a la Ley, ni a la doctrin a, ni a la jurisprudencia, ni a las situaciones de hecho expuestas. Sostuvo que, conforme a las pruebas, la actividad desplegada por el COVIANDES S.A., de instalar maletines de concreto – elementos de seguridad –, sobre la cuneta de la vía, fue una conducta licita, en estricto cumplimiento de la obligación de seguridad y de vigilancia a su cargo (derivada de la Ley y del contrato de Concesión No. 444 del 1994).

En cuanto a su vinculación como llamada, alegó la “prescripcion de la accion derivada del contrato de seguro”, que se configuró el día 5 de noviembre de 2010, sin que la notificación del llamamiento hubiera tenido la virtud de interrumpirla, por cuanto su notificación tan solo se surtió hasta el día 11 de abril de 2013.

Sentencia de primera instancia

4 F. 169 y ss c. 1. (páginas 147 y ss archivo CP2 001).Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

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6 El 27 de septiembre de 2023 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia en la que negó las pretensiones de la demanda porque no se probó la falla del servicio de las demandadas . Consideró que el daño, consistente en la reducción en la demanda de servicios por el bloqueo provisional del acceso a la estación de servicios estaba acreditado y no fue un hecho desconocido por el extremo de la Litis. Sin embargo, al analizar la antijuridicidad, concluyó que el demandante estaba llamado a sopo rtar las medidas adoptadas por la sociedad concesionaria –en cumplimiento de atribuciones legales y deberes contractuales–, puesto que el acceso hacia la vía nacional –sin contar con licencia, permiso o autorización técnica para su uso – constituía un riesg o para la seguridad de la carretera.

Estimó que, para iniciar los trámites de construcción de una estación de servicio o para hacer modificaciones en una existente hacia la carretera nacional, la normatividad exigía certificado de uso del suelo, plano de localización general, plan de manejo de tránsito, permiso de vertimientos y concesión de aguas, uso del sueño, concepto técnico de viabilidad del proyecto otorgado por el INVIAS o del INCO –hoy ANI– (dependiento si la via era concesionada o no). Y, de acuerdo a lo probado, las demandantes no acreditaron ese trámite.

Precisó que, desde la existencia de la estación de servicio automotriz, esta tenía la obligación de ejercer la actividad económica de conformidad con los reglamentos

probado, las demandantes no acreditaron ese trámite.

Precisó que, desde la existencia de la estación de servicio automotriz, esta tenía la obligación de ejercer la actividad económica de conformidad con los reglamentos dictados por Gobierno en guarda de los intereses generales y cumplir con los requisitos de autorización y permisos para continuar con el correcto funcionamiento, ordenaciones que imponían unas características para el diseño, construcción y operación de los accesos a las estaciones de servicio que debían ser aprobadas técnicamente.

En ese marco, el Tribunal consideró que los maletines de concreto instalados por COVIANDES S.A. se situaron con el fin de evitar cruces, salidas, desvíos indebidos de la vía para prevenir la alta accidentalidad del sector; más aún, en la salida de un predio que maneja ba transporte de combustibles, pues se trataba de un acceso sin especificaciones técnicas (o sin haberse probado que contara con ellas).

Finalmente, en cuanto a la destrucción de obras de c onstrucción sobre un canalRadicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

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7 de aguas hacia la vía concesionada, estimó que la medida obedeció a una visita técnica que identificó una instalación de hierro para fundir que implicaba la reducción del flujo del agua por la tubería de 5 pulgadas (de reserva vi al), y no se contaba con vallas informativas de medidas de precaución de obra en construcción. Sumada a la ausencia de licencia por parte de COVIANDES S.A.,

reducción del flujo del agua por la tubería de 5 pulgadas (de reserva vi al), y no se contaba con vallas informativas de medidas de precaución de obra en construcción. Sumada a la ausencia de licencia por parte de COVIANDES S.A., responsable de la vía, o de la Agencia Nacional de Infraestructura5

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia y sostuvo que el daño era antijurídico porque estaba probada la actuación irregular de las demandadas y el nexo causal con la lesión patrimonial de la estación de servicios.

Sostuvo que la valoración probatoria fue sesgada y parcializada, en tanto no tuvo en cuenta ni mencionó las pruebas aportadas por la demandante y su argumentación estuvo dirigida a absolver a las demandadas . Al respecto, la recurrente indicó que el Tribunal denotó su falta de imparcialidad al exponer la tesis de resolución del cas o antes del estudio probatorio, y no tuvo en cuenta las siguientes pruebas: (i) el certificado de libertad y tradición que mostraba que el predio estaba ubicado en jurisdicción de Bogotá, (ii) La v isita del ingeniero de Obras de la Alcaldía Local de Usme (previa al otorgamiento de la licencia de construcción de la estación por parte de la Curaduría n°. 4 de Bogotá), (iii) El proceso de querella n°. 5857 de 2007 , que declaró perturbadora a COVIANDES S.A. y ordenó el retiro de maletines de concreto.

Planteó, además, una indebida aplicación de normas, en tanto la regulación a la que debía ajustarse la estación de servicios era la de vías de Bogotá y no la de

S.A. y ordenó el retiro de maletines de concreto.

Planteó, además, una indebida aplicación de normas, en tanto la regulación a la que debía ajustarse la estación de servicios era la de vías de Bogotá y no la de carreteras nacionales (el acceso estaba a 4 4 metros del Km 0, inicio de la concesión). Al respecto, precisó que el negocio contaba con licencia de funcionamiento por parte del Distrito y que no estaba sujeto a reglas adicionales para su operación y mejoras. Además, mencionó un dictamen pericial ren dido dentro del proceso policivo que concluyó que el predio donde operaba la estación de servicios estaba ubicado a 44 metros de la vía en la que empezaba el km 00,00 de la concesión , pues en su real saber el anuncio de la concesión era más publicitario que un punto exacto que marcaba el km cero.

5 F. 35-49 archivo de la sentencia de la primera instancia. Samai.Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

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Por otro lado , sostuvo que dentro del trámite de querella presentado por la concesionaria contra las sociedades demandantes, un informe del ingeniero de obras de la Alcaldía Local mostró que la sobras adelantadas se ajustaban a la licencia concedida y no existía invasión al espacio público . Por ese motivo, se ordenó el archivo de las diligencias. Finalmente, agregó que los documentos enviados al INCO por parte de COVIANDES partian de una pre misa falsa: que la estación estaba en el área de la Concesión6.

ordenó el archivo de las diligencias. Finalmente, agregó que los documentos enviados al INCO por parte de COVIANDES partian de una pre misa falsa: que la estación estaba en el área de la Concesión6.

Trámite de segunda instancia

El 26 de abril de 2024, el tribunal concedió el recurso de apelación 7 y el Despacho lo admitió el 4 de diciembre de 2024 8. El 28 de febrero de 2025 se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia9. La llamada en garantía reiteró lo expuesto10. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio11.

CONSIDERACIONES

1. La demanda se presentó el 26 de mayo de 2009 así, el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA –. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir el 2 de julio de 2012 –prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante, CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante, CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

I. Presupuestos procesales

6 Folios 1-17 Archivo del recurso de apelación. Samai. 7 Índice 269 Samai del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 8 Índice 3 Samai. 9 Índice 13 Samai. 10 Índice 23 Samai. 11 Índice 24 Samai.Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Proceso: Reparación directa

9 Jurisdicción y competencia

2. La jurisdi cción de lo contencioso administrativo conoce de las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 82 CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Est ado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos. Así mismo , esta Corporación es competente en razón a la cuantía pues, de conformidad con el artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA, esto es, $248.450.00012.

Acción procedente

artículo 20.2 del CPC, el valor de la pretensión mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6 del CCA, esto es, $248.450.00012.

Acción procedente

3. La reparac ión directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo13, cuya legalidad no se cuestiona. En este caso, por reclamarse un daño por (i) la instalación de maletines de concreto dentro de una salida y entrada a una est ación de servicios de gasolina, y (ii) la demolición de obras privadas en la estación de servicio.

Demanda en tiempo

4. El término para formular pretensiones en reparación directa, según el artículo 136.8 del CCA, es de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquier otra causa. Por otro lado, la corporación ha reconocido que en aquellas circunstancias en donde no sea posible conocer del daño, el inicio del cómputo de este puede tener lugar desde que el mismo se hace

12 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2009, $496.900, por 500. 13 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos cuya legalidad no se encuentra demandada. Consejo de Estado, Sección Tercera,

13 Excepcionalmente la jurisprudencia ha aceptado la procedencia de dicha acción por daños causados por actos administrativos cuya legalidad no se encuentra demandada. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de j unio de 1993, Rad. 7.303 y sentencia del 8 de marzo de 2007, Rad. 16.421 [fundamento jurídico 3].Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Proceso: Reparación directa

10 evidente14.

Como quiera que el daño se atribuye a dos circunstancias que ocurrieron en distintos momentos, se estudiarán, en consencuencia dos términos de caducidad.

La demanda se in terpuso en tiempo (26 de mayo de 2009), porque los hechos dañosos ocurrieron el 27 de febrero de 2007 –fecha en la que se in stalaron los maletines en uno de los ingresos al negocio de los demandantes –, y el 15 de enero de 2009 –fecha de demolición de las o bras construidas en el predio donde funcionaba la estación de gasolina–.

En efecto, frente al primer hecho dañoso alegado , aunque el cómputo del término de caducidad inició el 28 de febrero de 2007, se suspendió su conteo por la solicitud de conciliación prejudicial del 20 de febrero de 2009 15. Pasados los 3 meses sin haberse realizado la audiencia es decir, el 26 de mayo de 2009, las sociedades presentaron la demanda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de

meses sin haberse realizado la audiencia es decir, el 26 de mayo de 2009, las sociedades presentaron la demanda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 200116. Por ende, al momento de radicarse la demanda, no se había agotado el plazo de 2 años, con el que contaba la parte demandante.

Frente al segundo hecho dañoso alegado , aunque el cómputo del término de caducidad inició el 16 de enero de 2009, se suspendió su conteo por la solicitud de

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 19 de junio de 2020, expediente 55.394, Se precisó so bre el cómputo del término de caducidad: «(…) Como acaba de verse, en casos como este el conteo de la caducidad empieza a correr desde el momento en que los daños se hicieron evidentes para los demandantes, sin que en dicho análisis influya la agravación del daño o la extensión de sus efectos, eventos estos últimos que no tienen la virtualidad de modificar, en manera alguna, el punto de partida ya señalado para computar la caducidad . En otro caso similar, la Sección Tercera de esta Corporación sostuvo que la caducidad inició a correr a partir de la consolidación del daño, cuando los residentes del edificio conocieron de los deterioros que venían presentando sus apartamentos, a lo cual agregó, enfáticamente, que la agravación del daño después de su concreción no significa que se trate de un daño continuado, ni tampoco implica que el término de caducidad se prolongue de manera indefinida(…) » (...) Es claro que de tiempo atrás se ha dicho que la agravación del daño o la extensión de sus efectos

concreción no significa que se trate de un daño continuado, ni tampoco implica que el término de caducidad se prolongue de manera indefinida(…) » (...) Es claro que de tiempo atrás se ha dicho que la agravación del daño o la extensión de sus efectos no pueden const ituirse en parámetros iniciales para contar el término de caducidad , pues no implican que el cómputo de ese lapso extintivo se prolongue, tesis que se ha mantenido vigente, al punto de que recientemente esta Subsección, en diversos pronunciamientos, ha señ alado que el artículo 136.8 del Código Contencioso Administrativo -norma que regula lo concerniente a la caducidad en las acciones de reparación directano establece que el cómputo de la caducidad empiece a correr cuando los efectos del daño se terminan por completo (...)” ( negrilla y subrayado por fuera del original) 15 Folio 38 C. 2 pruebas 16 Artículo 21. Suspensión de la prescripción o de la caducidad . La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que este trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2º de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable.Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

improrrogable.Radicación: 25000-23-26-000-2009-00260-01 (71730) Demandante: INTRINSA S.A. y otro Demandado: ANI y otro

Proceso: Reparación directa

11 conciliación prejudicial del 20 de febrero de 2009 17. Pasados los 3 meses sin haberse realizado la audiencia es decir, el 26 de mayo de 2009, las sociedades presentaron la demanda, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 640 de 200118. Por ende, al momento de radicarse la demanda, no se había agotado el plazo de 2 años, con el que contaba la parte demandante.

Legitimación en la causa

4. Inversiones el triángulo de la Sabana -INTRISA S.A. y la Com pañia Metropolitana de Transportes S.A. son las personas sobre las cuales recae el interés jurídico que se debate en este proceso, ya que la primera es la propietaria del inmueble y de la Estación de Servicios respecto de la que se alega el daño por disminución de demanda de servicios y detrime nto patrimonial. Y la segunda es la arrendataria.

La Agencia Nacional de Infraestructura -ANI está legitimad a en la causa por pasiva, dado que era la entidad responsable de la vía . La Concesionaria Vial de los Andes S.A. -COVIANDES S.A. está legitimada en la causa por pasiva, pues celebraron un contrato con el INVIAS –posteriormente cedido al INCO –hoy ANI– para la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio.

Problema jurídico

celebraron un contrato con el INVIAS –posteriormente cedido al INCO –hoy ANI– para la operación y mantenimiento de la vía Bogotá-Villavicencio.

Problema jurídico

5. Corresponde a la Sala determinar : si se configuró un daño por (i) disminución de demanda en estación de servicios de gasolina –con ocasió