CE - Sentencia 25000232600020100034602 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296) Demandantes: Rafael Eduardo Parra Cortez, María Victoria Forero Carillo y Germán Darío Rodríguez Medrano (integrantes del

Consorcio San Pedro 068)

Demandado: Bogotá Distrito Capital - Secretaría de Educación Distrital

Referencia: Controversias contractuales – CCA

TEMAS: DEBIDO PROCESO EN MATERIA SANCIONATORIA – desarrollado a partir del artículo 29 de la Constitución Política y, luego, incorporado al ordenamiento jurídico en el artículo 17 de Ley 1150 de 2007, como el derecho del contratista a ser escuchado en un procedimiento mínimo antes de la adopción de una sanción, con el que se garantice su derecho de contradicción y defensa respecto de los elementos de incumplimiento que se le endilgan . // FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA – consiste en verificar y controlar la ejecución de la obra sin que ello signifique sustituir o reemplazar a la entidad contratante en la toma de decisiones, como lo es iniciar el procedimiento administrativo sancionatorio. // CONDENA EN ABSTRACTO – en los términos del artículo 172 del CCA, procede cuando, acreditada la existencia del daño, no se prueba en forma suficiente la cuantía del restablecimiento económico pretendido en la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

artículo 172 del CCA, procede cuando, acreditada la existencia del daño, no se prueba en forma suficiente la cuantía del restablecimiento económico pretendido en la demanda.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 27 de junio de 2018, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió a las pretensiones principales de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El Consorcio San Pedro 068 suscribió con la Secretaría de Educación Distrital el contrato 200 de 2006, con el objeto de ejecutar obras para el mejoramiento integral de la planta física de la Institución Educativa San Pedro Claver. Una vez transcurrido el plazo estipulado, sin que se hubieran entregado todas las obras encomendadas, la entidad contratante declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento e impuso la cláusula penal pecuniaria, con base en los requerimientos previos que había efectuado la interventoría al contratista por atrasos en el programa de trabajo , así como en un informe de incumplimiento elaborado por la misma interventoría. A pesar de que dicha decisión fue objeto de recurso de reposición, el ente contratante la confirmó en su integridad.

En el presente litigio, la parte demandante alega que los actos administrativos que contienen las decisiones referidas anteriormente fueron proferidos en contravención al principio del debido proceso, dado que la entidad contratante en ningún momento adelantó un procedimiento previo a la imposición de la sanción que garantizara al

contienen las decisiones referidas anteriormente fueron proferidos en contravención al principio del debido proceso, dado que la entidad contratante en ningún momento adelantó un procedimiento previo a la imposición de la sanción que garantizara al contratista la posibilidad de ejercer su derecho de contradicción y defensa respectoRadicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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de las acusaciones de incumplimiento que le fueron atribuidas. En consecuencia, solicita que se declare su nulidad y, como medida de restablecimiento del derecho, que se ordene el reintegro del valor de la cláusula penal.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito radicado el 28 de mayo de 20101, subsanado el 27 de octubre de 2010 2, Rafael Eduardo Parra Cortez, María Victoria Forero Carillo y Germán Darío Rodríguez Medrano (integrantes del Consorcio San Pedro 0683) presentaron demanda, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra Bogotá Distrito Capital – Secretaría de Educación Distrital —en lo sucesivo, SED—, con la finalidad que se accediera a las siguientes pretensiones (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERA: Se declare la nulidad de la resolución 444 del 24 de febrero de 2009, por medio de la cual se hace efectiva la cláusula décima sexta, cláusula penal pecuniaria y se declara la ocurrencia del siniestro del riesgo de incumplimiento del contrato de obra 200 de 2006, por haberse expedido de manera irregular.

medio de la cual se hace efectiva la cláusula décima sexta, cláusula penal pecuniaria y se declara la ocurrencia del siniestro del riesgo de incumplimiento del contrato de obra 200 de 2006, por haberse expedido de manera irregular.

Pretensión subsidiaria a la primera principal: Que se rebaje el valor de la cláusula penal impuesta mediante la Resolución 444 del 24 de febrero de 2009 en aplicación de los principios de proporcionalidad y equidad respecto de la obra efectivamente ejecutada y aceptada por la entidad contratante.

SEGUNDA: Se declare la nulidad de la Resolución 1945 de 11 de agosto de 2009 por medio de la cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la Resolución 444 del 24 de febrero de 2009, por haberse expedido y por ser confirmatoria de una Resolución expedida de manera irregular.

Pretensión subsidiaria a la segunda principal: Que se rebaje el valor de la cláusula penal confirmada mediante la Resolución 1945 de 11 de agosto de 2009, impuesta por la Secretaría de Educación del Distrito, mediante la Resolución 444 de febrero de 2009, en aplicación de los principios de proporciona lidad y equidad respecto de la obra efectivamente ejecutada y aceptada por la entidad contratante.

TERCERA: Como consecuencia de la nulidad de la Resolución 444 del 24 de febrero de 2009, y la nulidad de la Resolución 1945 de 11 de agosto de 2009, restablézcase el derecho al contratista, consorcio San Pedro 068, y reintégrese la suma de doscientos noventa millones sesenta y seis mil catorce pesos con ochenta y ocho centavos ($290.066.014,88).

el derecho al contratista, consorcio San Pedro 068, y reintégrese la suma de doscientos noventa millones sesenta y seis mil catorce pesos con ochenta y ocho centavos ($290.066.014,88).

CUARTA: Que la suma de dinero referida en la anterior pretensión se entregue a Consorcio San Pedro 068 actualizada a la fecha de su desembolso.

QUINTA: Que se paguen los intereses moratorios que se causen.

1 Fl 5 a 38, C.1. 2 Fl 67 a 68, C.1. 3 El consorcio San Pedro 068 fue integrado con la finalidad de participar en la Licitación Pública LPSED-SPF-068-2006 y lo constituyeron: Rafael Eduardo Parra Cortez, con una participación del 50%; María Victoria Forero Carrillo, con una participación del 25%, y German Darío Rodríguez Medrano, con una participación del 25%. Fl 12 a 13, C.Radicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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SEXTA: Que se condene en costas a la demandada”.

1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

1.2.1. Manifestó que, el 14 de diciembre de 2006, tras haber resultado vencedor de un proceso de licitación pública, el Consorcio San Pedro 068 celebró con la SED el contrato de obra 200 de 2006, cuyo objeto consistía en la ejecución de los trabajos de mejoramiento integral de la planta física de la Institución Educativa Distrital San Pedro Claver, ubicada en la localidad de Kennedy , con un plazo de ejecución de

contrato de obra 200 de 2006, cuyo objeto consistía en la ejecución de los trabajos de mejoramiento integral de la planta física de la Institución Educativa Distrital San Pedro Claver, ubicada en la localidad de Kennedy , con un plazo de ejecución de 270 días calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio, y por un valor de $1.450.066.014,40, incluido AIU.

1.2.2. Refirió que, el 20 de febrero de 2007, las partes suscribieron el acta de inicio del contrato, estableciéndose como fecha de terminación el 16 de noviembre de la misma anualidad.

1.2.3. Afirmó que si bien el contrato se venía desarrollando con normalidad, durante los 2 últimos meses del plazo pactado la ejecución fue inferior a la proyectada, por causas no imputables al contratista, como consecuencia: (i) de discrepancias entre las cantidades de obra contratadas y las presupuestadas por la consultoría, lo que afectó tanto el valor del contrato como el tiempo de ejecución; (ii) de la inclusión de ítems no previstos que tenían carácter de prerrequisitos ; (iii) de problemas con la definición del nivel de profundidad de la excavación, la ubicación definitiva de la viga canal de cubierta y los pases para viga canal para drenaje de aguas lluvias ; y (iv) de retrasos en la entrega de los planos debidamente firmados y en la autorización para la ejecución del estudio de suelos y del pañete impermeabilizado en el tanque de almacenamiento.

1.2.4. Expresó que, aunque el contratista comunicó oportunamente las dificultades

para la ejecución del estudio de suelos y del pañete impermeabilizado en el tanque de almacenamiento.

1.2.4. Expresó que, aunque el contratista comunicó oportunamente las dificultades técnicas mencionadas, solo fue hasta el 1º de noviembre de 2007, cuando restaban 16 días para la finalización del plazo pactado, que la interventoría aprobó “cincuenta y dos (52) ítems diferentes cuyo trámite y ejecución demandaba por lo menos dos (2) meses adicionales, los cuales no hacían parte del alcance del objeto contrato”.

1.2.5. Aseveró que el 16 de noviembre de 2007 la interventoría presentó el acta de entrega física de la obra, en la cual determinó que, habiéndose culminado el plazo pactado, quedaba pendiente la ejecución del 12.31% del objeto contractual, sin que hubiera tenido en cuenta que los trabajos “fueron ejecutad os hasta donde fue posible con el presupuesto asignado por la SED”.

1.2.6. Adujo que la SED profirió la Resolución 444 del 24 de febrero de 2009, por medio de la cual declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria , basándose en dos informes de la interventoría que advirtieron el incumplimiento del consorcio contratista. Según la demanda, tal decisión fue adoptada sin que, previamente, el ente contratante hubiera requeridoRadicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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al contratista para que rindiera los descargos correspondientes, lo que constituyó

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al contratista para que rindiera los descargos correspondientes, lo que constituyó una “violación al derecho sustancial al debido proceso y el derecho de defensa que tenía el consorcio”, en los términos del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007.

1.2.7. Indicó que, el 18 de marzo de 2009, el consorcio San Pedro interpuso recurso de reposición en contra de la decisión anterior, bajo el argumento, en síntesis, que el presupuesto asignado al contrato había sido insuficiente, por consiguiente “las obras se ejecutaron con gran celeridad mientras existieron los recursos económicos para la ejecución del contrato, los cuales al no existir llevaron al consorcio a problemas de financiación […], los que por ser de conocimiento de la interventoría, esta debió optar por un c omportamiento que ayudara al consorcio y restablecer el equilibrio económico del contrato como es el deber de la Entidad”.

1.2.8. Señaló que la SED profirió la Resolución 1945 del 11 de agosto de 2009, por medio de la cual confirmó en su integridad la Resolución 444 de 2009, al considerar que el incumplimiento atribuido al consorcio no devino de problemas de financiación por la inclusión de ítems adicionales no previstos, como tampoco de las alegadas deficiencias de la interventoría, sino que obedeció a la incapacidad financiera del contratista para responder a las exigencias económicas del negocio jurídico; de tal manera, concluyó que “las modificaciones introducidas al alcance original del contrato por la existencia de mayores cantidades de obra no desequilibraron el

contratista para responder a las exigencias económicas del negocio jurídico; de tal manera, concluyó que “las modificaciones introducidas al alcance original del contrato por la existencia de mayores cantidades de obra no desequilibraron el contrato, puesto que entre la interventoría y el consorcio contratista balancearon el presupuesto del contrato sin que se hubiera adicionado en ningún momento el valor del contrato original”.

1.2.9. Afirmó que, si bien la SED rechazó la existencia del desequilibrio económico de contrato como fundamento del incumplimiento atribuido al contratista, lo cierto es que aquella “recibió a satisfacción todas las obras del proyecto, tanto el 87.69% de las obras recibidas a la fecha de terminación del contrato, como el 12.31% restante recibido con posterioridad […] y pese a ello impuso la sanción de cláusula penal pecuniaria”, que ascendió al 20% del valor del contrato, sin haber considerado que la cláusula décima sexta del contrato disponía “que la imposición de la sanción pecuniaria debe consultar la gravedad del incumplimiento”.

1.2.10. Manifestó que, el 10 de agosto de 2009, el consorcio San Pedro 068 solicitó a la SED que , en caso de mantenerse la decisión de aplicar la cláusula penal pecuniaria, la sanción debía ser rebajada proporcionalmente de acuerdo con la gravedad del incumplimiento, tal como había sido dispuesto en la cláusula décimo sexta del contrato, sin que tal solicitud fuese respondida por la entidad contratante.

1.3. Como fundamento jurídico, el consorcio demandante invocó el artículo 29 de la Constitución Política, los artículo s 1596 y 1603 del Código Civil , el artículo 867

1.3. Como fundamento jurídico, el consorcio demandante invocó el artículo 29 de la Constitución Política, los artículo s 1596 y 1603 del Código Civil , el artículo 867 del Código de Comercio, el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 , y el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 . Con sustento en estas disposiciones, manifestó que “el acto administrativo por el que se declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento y se hizo efectiva la cláusula penal (Resolución 444 de 2009) y el acto administrativoRadicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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que desestimó el recurso de reposición (Resolución 1945 de 2009) infringieron las normas en que deberían fundarse, se dieron con desviación de las atribuciones propias de la entidad” y se profirieron con transgresión al debido proceso sancionatorio.

Al respecto, precisó que, dada la naturaleza conmutativa del contrato de obra 200 de 2006, las partes involucradas tenían el derecho rec íproco de exigirse el cumplimiento de las prestaciones a las que se habían obligado desde un inicio y el deber jurídico de desempeñarlas de buena fe, lo que se vio alterado con la posición adoptada por el ente contratante, al dilatar la entrega de unos requerimientos técnicos esenciales y, además, al exigir al consorcio acometer mayores cantidades de obra a las pactadas inicialmente. En ese contexto, señaló que la actuación de la entidad contratante no solo hizo que el cumplimiento de las obligaciones del

técnicos esenciales y, además, al exigir al consorcio acometer mayores cantidades de obra a las pactadas inicialmente. En ese contexto, señaló que la actuación de la entidad contratante no solo hizo que el cumplimiento de las obligaciones del contratista fuese más oneroso, afectando el equilibrio económico del contrato, sino que también impidió la continuidad de la obra dentro de los plazos convenidos; por tanto, concluyó que fue el mismo incumplimiento de la entidad contratante el que llevó a que el consorcio cumpliera tardíamente sus obligaciones , siendo a todas luces improcedente que el contratista sea sujeto pasivo de la imputación de incumplimiento y acreedor de la sanción que ahora se discute.

Aunado a lo anterior , esgrimió que dentro del proceso sancionatorio que culminó con la Resolución 444 de 2009, la SED vulneró el derecho a la defensa y al debido proceso del consorcio contratista , pues nunca lo requirió para rendir descargos y, así, tener la oportunidad de controvertir las acusaciones de incumplimiento que le habían sido endilgadas, ni tampoco se le citó a una audiencia para tal fin, lo que constituye una violación directa de los artículos 29 de la Constitución Política y 17 de la Ley 1150 de 2007.

Por último, alegó que, en el hipotético caso de que los argumentos expuestos fueran desestimados, al juez le corresponde realizar un juicio de proporcionalidad a efectos de considerar la reducción de la cláusula penal impuesta al consorcio San Pedro, pues, en su criterio, “la misma resulta excesiva frente al porcentaje de obra

desestimados, al juez le corresponde realizar un juicio de proporcionalidad a efectos de considerar la reducción de la cláusula penal impuesta al consorcio San Pedro, pues, en su criterio, “la misma resulta excesiva frente al porcentaje de obra ejecutado a la fecha de su imposición, el cual fue del 86% , tal como consta en el acta de recibo, y además porque las obras ejecutadas fueron finalmente aceptadas en su integridad, y en consideración a esto se cumplirían los presupuestos facticos que trae la ley [artículos 1596 del Código Civil y 876 del Código de Comercio] para que proceda la reducción de la cláusula penal en aplicación de los principios de proporcionalidad y equidad”.

2. La coadyuvancia

Seguros del Estado S.A.4, en calidad de litisconsorte necesario por activa5 al haber sido el garante del contrato de obra objeto de esta controversia , coadyuvó las

4 Fl 551 a 559, C.1. 5 Fl 546 a 547, C.1.Radicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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pretensiones de la demanda orientadas a obtener la nulidad de la s Resoluciones 444 y 1945 de 2007 , con el argumento de que la Administración vulneró el debido proceso al declarar el siniestro de incumplimiento y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria sin antes haber convocado al contratista y al garante a la audiencia de descargos prevista en el artículo 17 de la Ley 1 150 de 2007 o, al menos, haberlo vinculado a un procedimiento formal en el que cada uno de ellos pudiera ejercer su

pecuniaria sin antes haber convocado al contratista y al garante a la audiencia de descargos prevista en el artículo 17 de la Ley 1 150 de 2007 o, al menos, haberlo vinculado a un procedimiento formal en el que cada uno de ellos pudiera ejercer su derecho de contradicción y defensa frente a las acusaciones de incumplimiento.

Manifestó que las resoluciones referidas se encuentran viciadas de falsa motivación por error de hecho, toda vez que , si bien no se discute que para la fecha en que estas fueron proferidas el porcentaje de ejecución del contrato era de 87.6%, también resulta cierto que, durante el interregno en que finalizó el plazo de ejecución contractual y se impuso y confirmó la sanción , el contratista ejecutó las tareas pendientes, logrando un cumplimiento del 99.74%, tal como quedó plasmado en la liquidación del contrato , “lo que es indicativo de que la cláusula penal en las circunstancias actuales no puede hacerse efectiva por la totalidad pactada en el contrato, como tampoco podía hacerse en su momento, en virtud de la proporcionalidad de la sanción o la pena […], de conf ormidad con el artículo 1596 del CC y 44 del CPACA”.

3. Contestación de la demanda

La SED6 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda, con sustento en que las resoluciones sancionatorias, cuya nulidad se pretende en el presente asunto, “son el resultado del incumplimiento por parte del contratista y acatamiento a lo pactado en el contrato, donde se presentó desfase en su ejecución debido a moras injustificadas en el suministro de insumos básicos”.

asunto, “son el resultado del incumplimiento por parte del contratista y acatamiento a lo pactado en el contrato, donde se presentó desfase en su ejecución debido a moras injustificadas en el suministro de insumos básicos”.

Con fundamento en lo expuesto propuso como excepciones: (i) “legalidad de los actos administrativos”, pues al no haber sido posible la entrega de la obra en el plazo pactado, es evidente que debían aplicarse las disposiciones contractuales que obligaban a hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria, la cual no es más que una forma de regulación contractual de los efectos de incumplimiento; (ii) “Inexistencia del nexo causal entre la conducta del ente demandado y el hecho generador de la mayor permanencia en obra”, dado que el siniestro por incumplimiento obedeció a circunstancias claramente determinadas y exclusivamente imputables al contratista, relacionadas con la falta de material para terminar la obra; y (iii) “Falta de causa para demandar”, dado que el accionante no tiene justo título para solicitar la acción contractual, debido a que la administración actuó conforme con lo señalado en las disposiciones legales vigentes y sobre hechos ciertos y demostrados.

6 Fl 78 a 95, C.1.Radicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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4. Alegatos de conclusión en primera instancia

4.1. La parte demandante7 y la SED8 insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público 9 rindió concepto favorable a los intereses de la parte

4.1. La parte demandante7 y la SED8 insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público 9 rindió concepto favorable a los intereses de la parte actora, al considerar que, en efecto, los actos administrativos sancionatorio s impugnados están viciados de nulidad, dado que la SED los profirió con vulneración al debido proceso y al derecho de defensa del consorcio San Pedro 068, pues “le impuso una sanción de plano, basada en un relación de actuaciones, requerimiento y cargos impuestos por la interventoría del contrato, fundamentándose en pruebas que allí se relacionan […] sin que se hubiera adelantado un procedimiento que hubiese dado la oportunidad al contratista de controvertirlas”, desconociendo, además, lo prescrito en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que establece la necesidad de adelantar una audiencia del afectado antes de emitir sanción alguna.

4.3. Seguros del Estado S.A. guardó silencio en esta oportunidad procesal.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 27 de junio de 201 810, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió a las súplicas principales de la demanda : (i) declaró la nulidad de la Resoluci ón 444 del 24 de febrero de 2009 , mediante la cual la SED declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria, así como de la Resolución 1945 del 11 de agosto de 2009, a través de la cual se confirmó la anterior; y (ii) como restablecimiento del derecho, ordenó a la

pecuniaria, así como de la Resolución 1945 del 11 de agosto de 2009, a través de la cual se confirmó la anterior; y (ii) como restablecimiento del derecho, ordenó a la SED reintegrar al Consorcio San Pedro 068 la suma de $445 ’864.294,24, monto derivado de la cláusula penal pecuniaria pagada, debidamente indexado.

Como fundamento de su decisión, sostuvo que, en virtud de la retrospectividad fijada en el artículo 33 de la Ley 1150 de 2007 , al contrato de obra 200 de 2006 le resultaba aplicable el artículo 17 ejusdem, el cual establece “que al ser el debido proceso un principio rector en materia sancionatoria, es obligación de la autoridades aplicar un procedimiento mínimo que garantice los derechos de contradicción y defensa del contratista, o lo que es igual, que se debía asegurar que la decisión estuviera precedida de audiencia del afectado”.

En este contexto, destacó que, durante la ejecución del contrato objeto de análisis, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su calidad de interventor, inició una serie de requerimientos al consorcio contratista debido al atraso en la entrega de los trabajos encomendados, sin que este pudiera justificar dicha situación, la cual continuó hasta la fecha de finalización del plazo contractual pactado, ya que no fue

7 Fl 479 a 515, C.1. 8 Fl 516 a 519, C.1. 9 Fl 537 a 543, C.1. 10 Fl. 576 a 591, C. Ppal.Radicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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10 Fl. 576 a 591, C. Ppal.Radicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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posible entregar la totalidad de la obra , lo cual condujo a la SED a que, mediante las resoluciones controvertidas , declarara la ocurrencia del siniestro de incumplimiento e hiciera efectiva la cláusula penal pecuniaria del contrato.

De acuerdo con lo expuesto, consideró que la SED no agotó el trámite sancionatorio contemplado en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, “pues se limitó a recibir los requerimientos efectuados por la interventoría y las contestaciones del consorcio, sin agotar ante sus dependencias audiencia de descargos y sin escuchar de manera directa al contratista, lo que evidencia la violación al debido proceso”. Añadió que tampoco era aceptable el argumento de la demandada, según el cual el derecho al debido proceso estaba garantizado con el simple hecho de que la interventoría hubiera requerido al contratista para que explicara las razones del incumplimiento y, de esta manera, tenerse por agotada la audiencia de descargos exigida normativamente, pues “si bien no se desconoce […] el interventor en los contratos de obra es el representante de la entidad pública frente al contratista, [lo cierto es que] esa representación se hace en lo referente a los conocimientos técnicos” y no en materia sancionatoria que es exclusiva de la entidades sometidas al EGCAP.

En tales condiciones, concluyó que no existe justificación legal para que el trámite sancionatorio analizado hubiere sido adelantado por la interventoría, ni para que la

en materia sancionatoria que es exclusiva de la entidades sometidas al EGCAP.

En tales condiciones, concluyó que no existe justificación legal para que el trámite sancionatorio analizado hubiere sido adelantado por la interventoría, ni para que la SED hubiera omitido la audiencia de descargos exigida normativamente, con lo cual encontró acreditado que dicha entidad transgredió el derecho al debido proceso del consorcio contratista y, como consecuencia, consideró procedente la declaratoria de nulidad de las resoluciones sancionatorias controvertidas.

6. Recurso de apelación

La SED interpuso recurso de apelación 11 en el que solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia para que, en su lugar, se negaran las pretensiones de la demanda.

Contrario a lo decidido por el a quo, la recurrente señaló que “en todas y cada una de las actuaciones que dieron lugar a las resoluciones atacadas, se le concedieron las garantías y oportunidades para que el contratista ejerciera su derecho de defensa y contradicción, quedando claro que no hubo violación al debido proceso por parte de la entidad contratante”.

En este sentido, s ostuvo que, aunque no se hubiera celebrado la audiencia del afectado de que trata el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, el Tribunal desconoció que, de acuerdo con el artículo 87 del Decreto 2474 de 2008 —norma vigente para la época de ocurrencia de los hechos—, era el manual de contratación de la propia SED, que establecía el procedimiento a seguir para garantizar el debido proceso del contratista antes de la imposición de una sanción, el cual, en el presente asunto, se

la época de ocurrencia de los hechos—, era el manual de contratación de la propia SED, que establecía el procedimiento a seguir para garantizar el debido proceso del contratista antes de la imposición de una sanción, el cual, en el presente asunto, se cumplió cabalmente, “mediante las respuestas a los requerimientos que le solicitaba

11 Fl. 593 a 598, C. Ppal.Radicado: 25000-23-26-000-2010-00346-02 (63296)

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la interventoría , donde p udo hacer mención de todas la situaciones fáctica que quisiera hacer valer para poner en consideración de la administración […], teniendo en cuenta que en audiencia de descargos se iba a efectuar la misma alusión por parte del contratista que hiciera en su oportunidad de manera escrita”.

Manifestó que el artículo 17 de la Ley 1150 de 2017 no hace ninguna referencia a que la interventoría, encargada en este asunto a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, “no pudiese efectuar requerimiento o sugerencia respecto del incumplimiento del contratista, por el contrario como la norma y jurisprudencia lo ha establecido12, la interventoría como representante de la entidad ante el contratista conoce más de cerca las situaciones no solo técnica [como incorrectamente indicó el Tribunal], sino de toda índole que sucede en la órbita del contrato para que sea el que requiera de prima mano frente a posibles fallas”; situación que, a juicio de la recurrente, se presentó en este caso, pues la interventoría, al reunir todo el material probatorio, incluidos los descargos presentados por el contratista, no solo sugirió a

el que requiera de prima mano frente a posibles fallas”; situación que, a juicio de la recurrente, se presentó en este caso, pues la interventoría, al reunir todo el material probatorio, incluidos los descargos presentados por el contratista, no solo sugirió a la entidad contratante declarar el incumplimiento , sino que, además, prestó el acompañamiento a la SED hasta que expidiera los actos administrativos que impusieron las sanciones.

Finalmente, solicitó que, en el hipotético