CE - Sentencia 25000232600020110003203 de 2025

Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá D.C., primero (1°) de diciembre dos mil veinticinco (2025)

Medio de Control: Reparación directa Radicación: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637) Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas Demandados: Superintendencia Financiera de Colombia y otros1

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia dictada el 30 de enero de 2019 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , que declaró probada la excepción de “petición antes de tiempo”.

La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda instancia de acuerdo con el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, en adelante, “CCA” . Esta norma dispone que esta Corporación conocerá de las apelaciones interpuestas contra las sentencias de los tribunales administrativos en primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoció el proceso en virtud de la cuantía estimada en la demanda 2, según el numeral 6 del artículo 132 del mismo código.

SÍNTESIS3

El demandante solicitó la indemnización de los perjuicios sufridos por el impago de las acreencias que tenía respecto de la sociedad Grupo DMG S.A. El tribunal

numeral 6 del artículo 132 del mismo código.

SÍNTESIS3

El demandante solicitó la indemnización de los perjuicios sufridos por el impago de las acreencias que tenía respecto de la sociedad Grupo DMG S.A. El tribunal declaró probada la excepción de “petición antes de tiempo”. La Sala revocará la decisión y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó el daño y tampoco se demostró una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas.

I. ANTECEDENTES

A. Posición de la parte demandante

1. La demanda fue presentada el 24 de enero de 2011 por Héctor Antonio Galvis Cárdenas, quien actuó en nombre propio y en calidad de propietario del

1 La Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Policía Nacional. 2 La parte actora estimó la cuantía del proceso en $375.313.173 (folio 39 cuaderno 1). 3 Tema: Error jurisdiccional / responsabilidad del Estado por omisión en la inspección y vigilancia en la captación masiva de recursos del público.Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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establecimiento de comercio “HG Cueros”. Se dirigió contra la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de

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establecimiento de comercio “HG Cueros”. Se dirigió contra la Superintendencia Financiera de Colombia, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Policía Nacional para obtener la reparación del daño por la pérdida de las acreencias que tenía con las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A.

2. En la demanda se formularon las siguientes pretensiones:

Que LA NACION - SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA - SFC;

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES; DIRECCION DE IMPUESTOS Y

ADUANAS NACIONALES - DIAN; FISCALIA GENERAL DE LA NACION;

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y LA POLICIA NACIONAL son administrativamente responsables de forma solidaria de los daños y perjuicios de todo orden causados y futuros ocasionados al proveedor HECTOR ANTONIO GALVIS CARDENAS , propietario del establecimiento de comercio denominado H.G. CUEROS; producto de la omisión e n el cumplimiento de sus funciones y competencias de Inspección, Vigilancia, Control, Fiscalización e Investigación asignadas por la constitución y la ley que llevaron al gobierno de turno a expedir los decretos 4333 y 4334 del 17 de noviembre del año 2008 y demás normas reglamentarias con dichos fines, a través de los cuales ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y

llevaron al gobierno de turno a expedir los decretos 4333 y 4334 del 17 de noviembre del año 2008 y demás normas reglamentarias con dichos fines, a través de los cuales ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las sociedades c omerciales GRUPO DMG S.A. y DMG GRUPO HOLDING S.A., proceso en el cual este proveedor de buena fe perdió sus acreencias con dichas compañías la suma de $375.313.173.oo (Trescientos Setenta y Cinco Millones Trescientos Trece Mil Ciento Setenta y Tres Pesos Moneda Corriente), Capital contenido y representado en las Constancias de Entrega y Recibo de productos, órdenes de compra, facturas de venta sin radicar, facturas de venta recibidas y aceptadas por las mencionadas captadoras y demás transacciones comerciales respaldadas con el documento denominado "COMERCIALIZADORA VIRTUAL DMG - Comprobante Venta de Productos o Servicios con Tarjeta Prepago"; suma que posteriormente fue certificada por el agente interventor designado por el ejecutivo. Consecuencia de dicha declaración en contra las (sic) entidades mencionadas; ordénese a pagar la totalidad de los daños y perjuicios ocasionados a la parte demandante por los siguientes conceptos: 3.1. DAÑO MORAL: La suma equivalente a QUINIENTOS (500) SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES al momento del fallo y/o acuerdo conciliatorio para el comerciante HECTOR ANTONIO GALVIS CARDENAS. 3.2. DAÑO MATERIAL: 3.2.1. La suma de $375.313.173.o o (trescientos setenta y cinco millones

comerciante HECTOR ANTONIO GALVIS CARDENAS. 3.2. DAÑO MATERIAL: 3.2.1. La suma de $375.313.173.o o (trescientos setenta y cinco millones trescientos trece mil ciento setenta y tres pesos moneda corriente) por concepto del capital contenido y representado en las constancias de entrega y recibo de productos, órdenes de compra, facturas de venta sin radicar, facturas de venta recibidas y aceptadas por las mencionadas captadoras y demás transacciones comerciales respaldadas con el documento denominado "COMERCIALIZADORA VIRTUAL DMG - Comprobante Venta de Productos o Servicios con Tar jeta Prepago"; suma certificada por el agente interventor designado por el ejecutivo. 3.2.2. Por la suma equivalente a los INTERESES CORRIENTES y/o DE PLAZO sobre el capital descrito en el numeral 3.2.1. que resulte de aplicar las tasas deRadicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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intereses certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC entre el 17 de Noviembre del año 2008 al 10 de febrero del año 2009, fecha en la cual el interventor designado por el gobierno de turno, certifico (sic) la calidad de proveedor y el monto de las acreencias en su favor. 3.2.3. Por la suma equivalente a los INTERESES MORATORIOS sobre el capital descrito en el numeral 3.2.1. que resulte de aplicar las tasas de intereses certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC entre el 11 de febrero del año 2009 hasta la fecha de la Sentencia y/o acuerdo conciliatorio

capital descrito en el numeral 3.2.1. que resulte de aplicar las tasas de intereses certificados por la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC entre el 11 de febrero del año 2009 hasta la fecha de la Sentencia y/o acuerdo conciliatorio que haga tránsito a cosa juzgada. 3.2.4. Al pago de las sumas de dineros (sic) que resulten de liquidar las indemnizaciones debidamente indexadas y /o actualizadas sobre el capital descrito en el numeral 3.2.1.; derivadas de la responsabilidad patrimonial, conforme a las fórmulas establecidas por la jurisprudencia del Consejo de Estado para liquidar los perjuicios materiales vencidos o consolidados y futuros. 3.2.5. Al pago de la suma equivalente del 20% (Veinte Por Ciento) anual sobre el capital descrito en el numeral 3.2.1., por concepto de las utilidades dejadas de percibir respecto del mencionado capital de trabajo en condiciones normales del mercado para ponerlo a producir en la actividad comercial lícita que ejercía y actualmente ejerce este empresario. 3.2.6. Al pago de las sumas de dinero que el aquí demandante haya sido condenado u obligado a pagar a terceras personas, ante otra entidad pública o ante la DIAN producto de las acciones judiciales y /o de jurisdicción coactiva derivadas del incumplimiento de sus obligaciones comerciales, financieras y tributarias con ocasión de la pérdida de su capital de trabajo representado en la acreencia retenida por el agente interventor de las compañías GRUPO DMG S.A. y DMG GRUPO HOLDING S.A. 3.2.7. Al pago de las costas del proceso conforme a lo establecido en el artículo

acreencia retenida por el agente interventor de las compañías GRUPO DMG S.A. y DMG GRUPO HOLDING S.A. 3.2.7. Al pago de las costas del proceso conforme a lo establecido en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, en concordancia con los criterios de aplicación de los artículos 198 y 199 del decreto 2282 de 1989; modificados por los artículos 392 y 393 del C.P.C, esto es, las tarifas establecidas para este tipo de procesos a cuota Litis en lo atinente a las agencias en derecho y dentro de los lineamientos expuestos en la sentencia C -539 de julio 28 de 1999 de la Honorable Corte Constitucional.

3. Las pretensiones se basaron en las siguientes afirmaciones:

3.1. Desde 1997 , Héctor Antonio Galvis Cárdenas se dedica a “la fabricación, venta, promoción y comercialización de artículos en cuero, semicuero, lonas, maletas, maletines, billeteras, cinturones, guantes, botas y calzado en general; prendas de vestir, chaquetas, ropa sport y artículos deportivos, impresos publicitarios y pieles curtidas”4.

3.2. Durante los meses de marzo, abril, julio y octubre de 2006, varias personas naturales y jurídicas solicitaron a la Superintendencia Financiera de Colombia información sobre el Grupo DMG S.A., debido a sospechas de que esa empresa captaba dineros del público a cambio de altos intereses.

3.3. El 19 de abril de 2006, el presidente del Banco Agrario de Colombia puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “y se presume que también lo

captaba dineros del público a cambio de altos intereses.

3.3. El 19 de abril de 2006, el presidente del Banco Agrario de Colombia puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación “y se presume que también lo hizo ante la Superintendencia Financiera de Colombia - SFC y ante la Unidad de

4 Hechos 4.1 y 4.2 de la demanda (folio 7 cuaderno1).Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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Información y Análisis Financiero - UIAF del Ministerio de Hacienda y Crédito Público; la detección de una posible captación de dineros del público por parte del Grupo DMG y de la sociedad Comerciar y Mercadear Ltda”5.

3.4. El 12 de septiembre de 2007 , la Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Resolución 1634, mediante la cual ordenó la suspensión inmediata de las operaciones del Grupo DMG S.A. y la inscripción de la medida en la Cámara de Comercio de Bogotá. La Resolución 1806 de 2007 confirmó esta decisión y ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación. El Grupo DMG S.A. ignoró la orden y la SFC no hizo cumplir su s actos administrativos durante más de un año, lo que generó confianza continuada entre clientes y proveedores.

3.5. Desde finales de 2007, vendió y suministró productos al Grupo DMG S.A. y mantuvo con esa sociedad relaciones comerciales hasta el 17 de noviembre de

2008. Durante ese tiempo facturó $1.232.166.354, de los cuales recibió el pago

mantuvo con esa sociedad relaciones comerciales hasta el 17 de noviembre de

2008. Durante ese tiempo facturó $1.232.166.354, de los cuales recibió el pago de $856.853.080, y quedó un saldo pendiente de $375.313.173.

3.6. El Gobierno Nacional, mediante el Decreto 4333 del 17 de noviembre de 2008, declaró el estado de emergencia en todo el territorio nacional, con el fin de evitar que dichas empresas continuaran cometiendo los ilícitos de captación masiva y habitual de dineros del público y lavado de activos . De manera simultánea, expidió el Decreto 4334, a través del cual estableció un procedimiento de intervención similar al aplicable a una sociedad comercial con objeto y causa lícitos.

3.7. La expedición de los Decretos 4333 y 4334 del 17 de noviembre de 2008 ocurrió por la omisión de las demandadas en adoptar e imponer medidas cautelares oportunas, idóneas y eficaces sobre los bienes, haberes y negocios de las compañías Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A.

3.8. “Una vez realizado el proceso de reclamación ante el agente interventor del GRUPO DMG”6, éste último certificó el 10 de febrero del año 2009 que el señor Héctor Antonio Galvis Cárdenas era proveedor de la sociedad Grupo DMG S.A. en intervención. La certificación señaló lo siguiente:

(…) durante la toma de posesión de la sociedad (…) no se encontró evidencia física ni electrónica de la información y soportes contables que permita corroborar la información suministrada por el proveedor, en consecuencia se expide esta certificación con base en los documentos y soportes presentados

física ni electrónica de la información y soportes contables que permita corroborar la información suministrada por el proveedor, en consecuencia se expide esta certificación con base en los documentos y soportes presentados por el proveedor, los cuales se presumen de buena fe7.

3.9. El 15 de diciembre de 2009, la Superintendencia de Sociedades aprobó el inventario y la rendición de cuentas presentada por la agente interventora , por

5 Hecho 4.13 de la demanda (folio 8 cuaderno1). 6 Hecho 4.29 de la demanda (folio 11 cuaderno 1). 7 Hecho 4.31 de la demanda (folio 11 cuaderno 1).Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

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medio del auto 420-024569. Esta decisión fue confirmada mediante el auto 40000119 del 3 de febrero de 2010.

3.10. Las entidades demandadas incurrieron en una omisión en el ejercicio de sus funciones lo que permitió que las empresas Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A. continuaran operando por más de tres años, a pesar de que desde 2006 existía información sobre sus actividades de captación ilegal de dinero. Dicha omisión ocasionó que el demandante siguiera contratando con tales sociedades y luego no pudiera obtener el pago de sus acreencias.

B. Posición de las entidades demandadas

4. El Ministerio de Hacienda se opuso a las pretensiones de la demanda con base en las siguientes razones : (i) el Estado inició oportunamente investigaciones administrativas que revelaron actividades de captación por parte de personas

B. Posición de las entidades demandadas

4. El Ministerio de Hacienda se opuso a las pretensiones de la demanda con base en las siguientes razones : (i) el Estado inició oportunamente investigaciones administrativas que revelaron actividades de captación por parte de personas naturales y jurídicas sin la debida autorización ; (ii) los Decretos 4333 y 4334 hicieron tránsito a cosa juzgada constitucional ; (iii) la ley permite actuar directamente contra el ente captador para buscar reparación, ya sea a través de acciones penales mediante el incidente de reparación, o civiles a través del concurso de acreedores; (iv) el daño alegado es hipotético, dado que el proceso de intervención de las captadoras ilegales no ha concluido ; y (v) la causa última del perjuicio es la conducta negligente de la actora, evidenciada por el limitado número de colombianos que fueron víctimas de tales entes.

5. La Superintendencia de Sociedades, entre otros asuntos, propuso la excepción de “petición antes de tiempo”, de acuerdo con la cual la demanda plantea un perjuicio hipotético e incierto debido a que el proceso de devolución no ha concluido a la fecha de la contestación. Solo al finalizar el trámite de devolución de dineros se puede determinar si la reclamación presentada por el demandante fue o no satisfecha.

6. La DIAN también se opuso a las pretensiones de la demanda por cinco motivos.

Primero, alegó que la acción debió presentarse contra los representantes legales de las captadoras ilegales. Segundo, adujo que sí ejerció sus funciones de control y fiscalización sobre las empresas del grupo DMG, al punto que el 28 de agosto

Primero, alegó que la acción debió presentarse contra los representantes legales de las captadoras ilegales. Segundo, adujo que sí ejerció sus funciones de control y fiscalización sobre las empresas del grupo DMG, al punto que el 28 de agosto de 2008 llevó a cabo un operativo para verificar la contabilidad de la sociedad, lo cual fue ampliamente divulgado en varios medios de comunicación, e inició otras actividades relacionadas con la generación de impuestos retención en la fuente. Tercero, no tuvo injerencia en la expedición de los Decretos 4333 y 4334 de 2008, tampoco en la certificación suscrita por el agente interventor, ni en el vínculo contractual que existió entre DMG y el demandante. Cuarto, el Estado colombiano, a través de la Superintendencia de Sociedades, actuó oportunamente para impedir la captación masiva de dineros del público, y adoptó medidas para controlar y sancionar esta actividad ilegal. Quinto, el accionante esRadicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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el único responsable del posible daño sufrido, ya que decidió realizar actividades comerciales con una empresa involucrada en actividades ilícitas.

7. La Policía Nacional se opuso a las pretensiones de la demanda y sostuvo que:

(i) no tiene asignadas, constitucional ni legalmente, funciones de vigilancia y control sobre actividades financieras, bursátiles, aseguradoras, ni sobre el manejo y la inversión de recursos captados del público; (ii) no existe una relación jurídico sustancial con el demandante; (iii) dispuso de todos los medios posibles para prevenir alteraciones del orden público debido a la masiva afluencia de

manejo y la inversión de recursos captados del público; (ii) no existe una relación jurídico sustancial con el demandante; (iii) dispuso de todos los medios posibles para prevenir alteraciones del orden público debido a la masiva afluencia de público que buscaba invertir sus dineros en las sociedades captadoras a cambio del pago de altos intereses; (iv) el demandante asumió su propio riesgo al invertir voluntariamente en la empresa captadora ; y (v) los hechos que motivan la demanda fueron perpetrados por un tercero y el eventual daño producido fue resultado de la acción de ese tercero, ajeno a la intervención de la fuerza pública.

8. Las demás entidades demandadas no contestaron la demanda.

C. Sentencia recurrida

9. Mediante la sentencia del 30 de enero de 2019 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B , declaró probada de oficio la excepción de petición antes de tiempo debido a que:

9.1. En el expediente se encuentra la respuesta del 23 de julio de 2013 al oficio 2013-CAV-03328 firmada por la abogada de DMG Grupo Holding S .A. —en liquidación judicial—. En esta respuesta se indica que el establecimiento H.G. Cueros, representado por el señor Héctor Antonio Galvis Cárdenas, presentó un crédito quirografario ante la liquidación, pero fue rechazado por falta de soporte que lo justifique.

9.2. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de DMG Grupo Holding S .A., emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de agosto de 2013, la liquidación de la sociedad no ha finalizado. As í mismo, al

9.2. De acuerdo con el certificado de existencia y representación legal de DMG Grupo Holding S .A., emitido por la Cámara de Comercio de Bogotá el 14 de agosto de 2013, la liquidación de la sociedad no ha finalizado. As í mismo, al consultar la página web de la sociedad el 31 de julio de 2018, se confirmó que seguía en proceso de liquidación.

9.3. Impugnar cualquier decisión derivada de un proceso liquidatorio y solicitar el resarcimiento de perjuicios antes de que este concluya se considera una petición antes de tiempo, ya que no es posible determinar la existencia de un daño hasta

8 Comunicación suscrita por Sandra Marina Montañez, abogada de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial en respuesta al oficio 2013 -CAV-0332 del 15 de abril de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante el cual informa que H.G. Cueros representado por Héctor Antonio Galvis Cárdenas radicó ante la liquidación un crédito quirografario sin soportes. La reclamación fue rechazada por no aportar evidencia sobre la entrega efectiva de los productos o la prestación efectiva de los servicios pre tendidos (folios 88 y 89 cuaderno 2).Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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que se decida si la demandante recuperará o no la totalidad del dinero que reclama.

9.4. La decisión adoptada en el fallo no hace tránsito a cosa juzgada , por lo cual podrá intentarse la acción una vez se liquide la sociedad DMG Grupo Holding.

D. Recurso de apelación

reclama.

9.4. La decisión adoptada en el fallo no hace tránsito a cosa juzgada , por lo cual podrá intentarse la acción una vez se liquide la sociedad DMG Grupo Holding.

D. Recurso de apelación

10. La demandante solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Los reparos se centran en señalar que la excepción de petición antes de tiempo no se configuró porque:

10.1. El tribunal incurrió en una denegación de justicia al dictar sentencia inhibitoria con fundamento en una supuesta petición antes de tiempo. De haberse configurado esa excepción, el tribunal debió declararla en la oportunidad procesal pertinente y adoptar las medidas de saneamiento necesarias para dictar una decisión de fondo.

10.2. No estaba obligada a hacerse parte en el proceso de liquidación , como equivocadamente lo entendió el tribunal , p uesto que no estaba incursa en actividades de captación masiva y habitual no autorizada de recursos del público.

10.3. Nunca pretendió hacerse parte de un proceso de toma de posesión e intervención y posterior liquidación de las comercializadoras DMG, porque (i) se trata de un trámite ordenado por los decretos de emergencia social expedidos por la comisión de delitos como lavado de activos y otras actividades ilícitas, y (ii) no le eran aplicables las medidas contenidas en esos decretos dada su calidad de proveedor y/o tercero de buena fe, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 20099.

10.4. El hecho generador de los perjuicios reclamados radica en que el interventor

de proveedor y/o tercero de buena fe, tal como lo señaló la Corte Constitucional en la sentencia C-145 de 20099.

10.4. El hecho generador de los perjuicios reclamados radica en que el interventor designado por el Gobierno trató de la misma manera a los comerciantes y a las personas que confiaron sus ahorros comprando tarjetas prepago durante el proceso de liquidación . En ese sentido, el demandante no presentó una reclamación, sino que solicitó una certificación para allegarla a la DIAN y así exonerarse del pago de los impuestos sobre la facturación ya emitida.

10.5. Está probada la omisión de las demandadas en el cumplimiento de sus funciones y competencias de inspección, vigilancia y control que llevaron al Gobierno a expedir los Decretos 4333 y 4334 de 2008, a través de los cuales se ordenó la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S .A. Antes de la expedición de esas normas, las demandadas permitieron que esas sociedades ejercieran una

9 Corte Constitucional, sentencia C-145 del 12 de marzo de 2009, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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actividad aparentemente lícita, generando confianza en los proveedores y terceros de buena fe, a pesar de que se trataba de lavado de activos.

E. Trámite de segunda instancia

11. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de abril de 201910.

terceros de buena fe, a pesar de que se trataba de lavado de activos.

E. Trámite de segunda instancia

11. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 10 de abril de 201910.

Por auto del 16 de septiembre de 2020 11 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión, término en el cual la Superintendencia Financiera, la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Sociedades, la DIAN, el DAPRE y la Policía Nacional solicitaron la confirmación de la sentencia . La parte demandante no presentó alegatos y el Ministerio Público no rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

F. Asuntos procesales

12. La Sala se pronunciará de fondo porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar y la demanda fue presentada dentro del término de dos años previsto en el artículo 136 del CCA.

13. Si bien en la demanda se alega que el daño fue causado por la omisión de las entidades demandadas en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, lo cierto es que es el daño reclamado por el actor se materializó cuando quedó en firme la providencia que rechazó la acreencia presentada en el trámite de la liquidación judicial de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A. En consecuencia, el término de caducidad empezó a correr desde el 12 de agosto de 201012 y, en principio, vencía el 13 de agosto de 2012.

14. Por ello, la demanda presentada el 24 de enero de 2011, fue oportuna, incluso

el 12 de agosto de 201012 y, en principio, vencía el 13 de agosto de 2012.

14. Por ello, la demanda presentada el 24 de enero de 2011, fue oportuna, incluso sin tener en cuenta que el término estuvo suspendido entre el 16 de noviembre de 2010, cuando la parte actora radicó la solicitud de conciliación 13, y el 21 de enero de 2011, fecha en que se declaró fallida la audiencia respectiva14.

G. Sentido de la decisión

15. La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró probada la excepción de petición antes de tiempo y, en su lugar, negará las pretensiones de la demanda porque no se acreditó el daño y porque no se demostró una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas.

10 Folio 502 cuaderno principal. 11 Folios 512 y 513 cuaderno principal. 12 En el oficio del 23 de julio de 2013, la abogada de DMG Grupo Holding S.A. en liquidación judicial señaló que el traslado del proyecto de calificación y graduación de créditos corrió entre el 29 de julio de 2010 y el 11 de agosto de 2010 (folio 89 cuaderno 2). 13 Folio 67 cuaderno 1. 14 Folio 67 cuaderno 1.Radicado: 25000-23-26-000-2011-00032-03 (63637)

Demandante: Héctor Antonio Galvis Cárdenas

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H. El daño reclamado

16. La parte actora atribuyó a las entidades demandadas el daño ocasionado por el impago de una acreencia respecto de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG

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H. El daño reclamado

16. La parte actora atribuyó a las entidades demandadas el daño ocasionado por el impago de una acreencia respecto de las sociedades Grupo DMG S.A. y DMG Grupo Holding S.A. y fundamentó su imputación en una falla del servicio por la omisión en el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre dichas empresas.

I. La falla en el servicio de las entidades demandadas

17. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la responsabilidad patrimonial del Estado de reparar los perjuicios solo puede declararse cuando esté acreditado que el daño le es imputable por haber sido causado por la acción o la omisión de sus agentes.

18. Del material probatorio obrante en el proceso se tiene lo siguiente:

18.1. Entre los años 2006 y 2008, distintos medios de comunicación publicaron información relacionada con la prevención de la captación ilegal que se presentaba en el país15, entre los más importantes se encuentran:

(i) Los días 23, 24, 30 y 31 de diciembre de 2006, se publicaron varios avisos mediante los cuales la Superintendencia Financiera de Colombia, con el fin de prevenir situaciones que pudieran poner en riesgo los derechos de terceros de buena fe, informó que la sociedad Grupo DMG S.A. no estaba sometida a su control y vigilancia y, por tanto, no se encontraba autorizada para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.

(ii) Los días 17, 20 y 29 de septiembre de 2007 , la Superintendencia Financiera de Colombia reiteró al público en general que la sociedad DMG S.A. no estaba

dineros del público en forma masiva y habitual bajo ninguna modalidad.

(ii) Los días 17, 20 y 29 de septiembre de 2007 , la Superintendencia Financiera de Colombia reiteró al público en general que la sociedad DMG S.A. no estaba autorizada para recibir o captar dineros del público en forma masiva y habitual, y que, mediante la Resolución 1634, esa autoridad ordenó la suspensión inmediata de la venta de tarjetas prepago.

(iii) Los días 3, 9, 11, 15 y 29 de octubre de 2007, la Superintendencia Financiera de Colombia informó que la orden de suspensión inmediata de la venta de tarjetas prepago, así como la de devolución de los dineros recibidos por la sociedad DMG S.A., fue confirmada.

(iv) Los días 27 y 28 de enero y 14 de diciembre de 2008, la Superintendencia Financiera de Colombia previno al público sobre las únicas entidades autorizadas para captar recursos, advirtió acerca de la presencia de presuntos captadores ilegales, invitó a los ciudadanos a consultar directamente con la entidad y señaló

15 Cd aporta