CE - Sentencia 25000232600020110085102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: PROURBANOS CIMA & CIA. S. EN C.

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS

Tema: Falla en el servicio notarial. Escritura pública dejada sin efectos mediante decisión judicial. Hecho exclusivo de un tercero.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de junio de 2014 , proferida por el Tribunal Administrativo Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mediante escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, Luis Jairo Gil compró a la sociedad Liberman S.A. el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C -1272126. Posteriormente, mediante escritura pública No. 148 de l 28 de enero de 2009 otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, la sociedad Prourbanos Cima & Cía. S. en C. compró a Luis Jairo Gil el referido inmueble.

Seguidamente, a través de proveído del 12 de febrero de 2010, el Juzgado 10 Penal

Cía. S. en C. compró a Luis Jairo Gil el referido inmueble.

Seguidamente, a través de proveído del 12 de febrero de 2010, el Juzgado 10 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bogotá invalidó la escritura pública 740 de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, así como todos los actos notariales consecuenciales o derivados de esta y ordenó la cancelación de las anotaciones registrales obtenidas ilícitamente. La demandante considera que la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, la Superintend encia de Notariado y Registro, Fernando Carrera (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá) y Jairo Miguel Flórez Manrique (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá encargado) son patrimonialmente responsables por los perjuiciosRadicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

2 ocasionados con la falla en el servicio notarial, al haberse otorgado y autorizado la escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008, pese a que fue sustentada en documentos alterados y con errores que pasaron inadvertidos para el notario que la suscribió.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 16 de agosto de 20111, Prourbanos Cima & Cía. S. en C. (en adelante sociedad Prourbanos), mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, la

Prourbanos), mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia, la Superintendencia de Notariado y Registro, Fernando Carrera (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá) y Jairo Miguel Flórez Manrique (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá encargado), por los perjuicios ocasionados con la falla en el servicio notarial, al haber se otorgado y autorizado la escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008, pese a que fue sustentada en documentos alterados y con errores que pasaron inadvertidos para el notario que la suscribió.

Como pretensiones de su demanda el extremo activo solicita condenar a l os accionados a pagarle, por perjuicios morales, 100 SMLMV; y por daño emergente, la suma de $401.242.115.

En apoyo de las pretensiones, la sociedad demandante afirma que mediante escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá , Luis Jairo Gil compró a la sociedad Liberman S.A. el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126.

Advierte que el 2 3 de enero de 2009, la sociedad Prourbanos y Luis Ja iro Gil suscribieron un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126, en el cual se pactó como precio

suscribieron un contrato de promesa de compraventa sobre el inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50C-1272126, en el cual se pactó como precio

1 Fl. 2 a 13, C. 1.Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

3 del inmueble la suma de $380.000.000 y, a su vez, la sociedad Prourbanos entregó a Luis Jairo Gil la suma de $50.000.000 por concepto de “adelanto del pago”.

Sostiene que mediante escritura pública No. 148 del 28 de enero de 2009 otorgada en la Notaría 52 del Círculo de Bogotá, la sociedad Prourbanos compró a Luis Jairo Gil el referido inmueble y pagó al vendedor la suma de $300.000.000.

Manifiesta que el 2 de febrero de 2009, la sociedad Prourbanos se presentó en el inmueble adquirido para ejercer el dominio material del mismo, no obstante, observó que en el predio se encontraba instalada una valla con el texto: “ Este lote no se vende, ni se hipoteca, ni se arrienda. teléfono 3213211”, de manera que, al ponerse en contacto con el número telefónico allí indicado, fue atendido por Julián González Guillén, quien manifestó ser el representante legal de Liberman S.A., propietaria del inmueble, el cual, según su dicho, nunca fue enajenado, por lo que suponía que la escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 era falsa.

Señala que por los precitados hechos la Fiscalía 158 Seccional de la Unidad III de

escritura pública No. 740 del 6 de junio de 2008 era falsa.

Señala que por los precitados hechos la Fiscalía 158 Seccional de la Unidad III de Delitos Contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico adelantó la investigación penal identificada con el radicado No. 110016000049200902136 por la conducta punible de estafa.

Destaca, que e l 12 de febrero de 2010, el Juzgado 10 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Bog otá invalidó la escritura pública 740 de 2008 otorgada en la Notaría 9 del Círculo de Bogotá, así como todos los actos notariales consecuenciales o derivados de esta y ordenó la cancelación de las anotaciones registrales obtenidas ilícitamente.

La demandante considera que las entidades accionadas son administrativamente responsables por el menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia de la falla en el acto de fe pública contenido en la escritura pública 740 de 2008, la cual se otorgó sin el lleno de los requisitos previstos en los artículos 14 y 17 del Decreto 960 de 1970 y en el artículo 28 del Decreto 2163 de 1970 y “se encuentra plagada de errores notariales inexcusables”. Sobre el particular, adujo que: i) se identificó de forma errónea la supuesta sociedad vendedora, toda vez que en la página 1 apareceRadicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

4 “Liberman & Cia. S . en C .”, mientras que en el certificado de existencia y representación legal figuraba como “Liberman S.A.” ; ii) se identificó de forma

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

4 “Liberman & Cia. S . en C .”, mientras que en el certificado de existencia y representación legal figuraba como “Liberman S.A.” ; ii) se identificó de forma errónea al supuesto comprador, por cuanto el número de cédula que se consignó en la página 2, difería del que se plasmó en la firma; iii) se aceptaron como medios de prueba de hechos del negocio jurídico , documentos que presentaban irregularidades, a saber, el acta 03 de la sociedad Liberman & Cia. S en C., que contenía la supuesta autorización de los socios para vender el inmueb le; y, iv) no existía certeza frente al documento de identidad que presentó la persona que se hizo pasar como representante legal de la sociedad vendedora, pues en los anexos de la escritura no figuraba ninguno.

2. Contestaciones

El 23 de mayo de 20122, el Consejo de Estado 3 admitió la demanda y ordenó su notificación a los demandados y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio del Interior4 alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, con fundamento en que dentro de sus competencias legales no se encuentra ninguna relacionada directamente con la función notarial. En línea con lo anterior, sostuvo que mediante la Ley 1444 de 2011 se creó el Ministerio de Justicia y del Derecho, al cual le fue asignada la función de “participar en el diseño de las políticas relacionadas con la protección de la fe pública en materia de notariado y registro”.

2.2. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho5 se opuso a las pretensiones

relacionadas con la protección de la fe pública en materia de notariado y registro”.

2.2. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho5 se opuso a las pretensiones de la demanda, argumentando que los supuestos fácticos de la demanda le son imputables a la Notaría 9 del Círculo de Bogotá , razón por la cual propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva.

2 Fl. 39 a 45, C. 3. 3 Mediante auto del 28 de septiembre de 2011, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda de reparación directa al estimar que había operado la caducidad de la acción (Fl. 16 a 18, C. 3.). La parte demandante presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión (Fl. 19 a 24, C. 3.). Posteriormente, mediante decisión del 23 de mayo de 2012, el Consejo de Estado resolvió revocar el auto recurrido y, en su lugar, admitió la demanda (Fl. 39 a 45, C. 3.). 4 Fl. 29 a 31, C.1. 5 Fl. 44 a 47, C.1.Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

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2.3. La Superintendencia de Notariado y Registro 6 solicitó negar las pretensiones de la demanda, alegando que la función de inspección y vigilancia sobre la actividad notarial no la hacía responsable por las fallas en que llegasen a incurrir los notarios, pues es tos, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 960 de 1970, son

notarial no la hacía responsable por las fallas en que llegasen a incurrir los notarios, pues es tos, de conformidad con el artículo 8 del Decreto 960 de 1970, son autónomos en el ejercicio de sus funciones y responsables conforme a la ley. Adicionalmente, sostuvo que en el sub examine se configuró el hecho exclusivo de un tercero, comoquiera que el daño reclamado proviene de la conducta reprochable de un particular que presentó documentos falsos para lograr el otorgamiento de unos instrumentos públicos.

2.4. Fernando Carrera y Jairo Miguel Flórez Manrique a través de curador ad litem7 manifestaron atenerse a lo que resultara probado en el proceso.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 8 de mayo de 20148 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante9, la Nación – Ministerio del Interior10, la Superintendencia de Notariado y Registro 11, Fernando Carrera y Jairo Miguel Flórez Manrique 12 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y las contestaciones, respectivamente.

3.2. La Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y e l Ministerio Público guardaron silencio.

6 Fl. 49 a 65, C. 1. 7 Fl. 154 a 156, C. 1. 8 Fl. 220, C. 1. 9 Fl. 240 a 251, C. 1. 10 Fl. 236 a 239, C.1. 11 Fl. 222 a 235, C. 1. 12 Fl. 221, C. 1.Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

10 Fl. 236 a 239, C.1. 11 Fl. 222 a 235, C. 1. 12 Fl. 221, C. 1.Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

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4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de junio de 201413 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia y del Derecho y, a su vez, negó las pretensiones de la demanda. En sustento, señaló que los hechos de la demanda no guardaban relación con las funciones de inspección vigilancia y control ejercidas por la Superintendencia de Notariado y Registro , razón por la cual el daño no le resultaba imputable. A continuación, estimó que el notario 9 del círculo de Bogotá (encargado) actuó conforme a las fun ciones previstas en el Decreto 96 0 de 1970, específicamente en la recepción, extensión, otorgamiento y autorización de escrituras públicas y en consonancia con los documentos allegados por las partes del negocio, los cuales le generaron la convicción que debía otorgar la escritura No. 740 de 2008. Sostuvo, además, que en el presente asunto se configuró el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, toda vez que el hecho dañoso, concretamente el otorgamiento de la referida escritura, fue irresistible e imprevisible para el notario, ya que “pese a haber actuado en cumplimiento de sus funciones y en acatamiento a todas las formalidades legales para el otorgamiento de la escritura

concretamente el otorgamiento de la referida escritura, fue irresistible e imprevisible para el notario, ya que “pese a haber actuado en cumplimiento de sus funciones y en acatamiento a todas las formalidades legales para el otorgamiento de la escritura pública, no pudo percatarse de que la venta que se estaba haciendo era una ficción”.

5. Recurso de apelación

El 11 de julio de 201414, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 24 de julio de 201415 y admitido el 29 de octubre de 201416.

5.1. La parte demandante señaló que el notario 9 del círculo de Bogotá no debió otorgar la escritura pública No. 740 de 2008, dado que se estaba ante la comisión de un delito, frente al cual “estaba en posición y contaba con las herramientas de poder evitarlo”. Asimismo, afirmó que el notario pasó por alto las inconsistencias contenidas en la referida escritura, las cuales debían ser advertidas por quien da fe pública.

13 Fl. 252 a 266, C. P. 14 Fl. 268 a 279, C.P. 15 Fl. 281, C.P. 16 Fl. 291 a 292, C.P.Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

7 Indicó que no se podía desestimar la responsabilidad del notario principal por el acto de delegación, pues se trata de un acto normado tanto en el Decreto 960 de 1970 como en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. De igual forma, sostuvo que el daño le

de delegación, pues se trata de un acto normado tanto en el Decreto 960 de 1970 como en el artículo 9 de la Ley 489 de 1998. De igual forma, sostuvo que el daño le resulta imputable a la Superintendencia de Notariado y Regist ro porque faltó a su deber de supervisión y vigilancia de la función notarial.

Finalmente, adujo que se efectu ó una apreciación e interpretación errónea de las pruebas decisivas, particularmente de aquellas demostrativas de la inconsistencia entre el actuar del notario en contraste con las normas que le señalan sus deberes y proceder. Al respecto, alegó que no se analizaron las pruebas relacionadas con las averiguaciones penales, los antecedentes de la titulación, esto es, la escritura 1485 del 21 de mayo de 1991, los actos preparatorios contenidos en la promesa de compraventa suscrita por quien dijo llamarse Luis Jairo Gil, el certificado de tradición y libertad, los requerimientos de Liberman S.A. al representante legal de la sociedad Prourbanos y las notas preventivas al público por hechos fraudulentos en la compraventa. Adicionalmente, no se tuvo en cuenta a efectos de probar el daño, que la parte actora tuvo que comprar nuevamente el inmueble a su verdadero dueño.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 3 de diciembre de 2014 17 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante18, la Nación - Ministerio del Interior19, la Superintendencia de Notariado y Registro20, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

6.1. La parte demandante18, la Nación - Ministerio del Interior19, la Superintendencia de Notariado y Registro20, reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y su contestación.

6.2. Fernando Carrera y Jairo Miguel Flórez Manrique 21 solicitaron dictar sentencia de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso . Adicionalmente, señalaron que “los notarios dan fe de los documentos que se le ponen de presente, pero no de su autenticidad, y correspondía a los compradores, asegurarse de la autenticidad de

17 Fl. 294, C.P. 18 Fl. 309 a 315, C.P. 19 Fl. 294 a 302, C.P. 20 Fl. 295 a 298, C.P. 21 Fl. 303, C. P.Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

8 dichos documentos”.

6.3. La Naci ón – Ministerio de Justicia y del Derecho y el ministerio público guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de junio de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, puesto que la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión material de la demanda22, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el

la mayor pretensión material de la demanda22, supera la exigida de 500 SMLMV para que un proceso adelantado en ejercicio de la acción de reparación directa tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011, aplicable en virtud del artículo 198 de la Ley 1450 de 201123.

Asimismo, conviene precisar que en el presente asunto se convocó como demandados a dos notarios, aspecto frente al cual esta jurisdicción tiene competencia puesto que el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo establece como cláusula general de competencia que la jurisdicción “está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas (…) y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado”, siendo claro que la función notarial es pública24, aunque prestada por un particular.

22 En el presente caso la mayor pretensión de la demanda es de $350.000.000, lo cual es superior a 500 SMLMV ($267.800.000) del año en que ésta se presentó (2011). 23 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispone que: “Con el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará

auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011” . La demanda se presentó durante su vigencia el 16 de agosto de 2011. 24 Constitución Política de Colombia, artículo 131: “Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios (…)”. Ley 29 de 1973, artículo 1º: “El notariado es un servicio público que se presta por los Notarios e implica el ejercicio de la fe notarial (…)”Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

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2. Acción procedente

La pretensión de reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma, según lo dispone el artículo 8625 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso, la acción procedente es la reparación dire cta, porque se reclama la reparación de un daño por hechos imputables a la Nación – Ministerio del Interior – Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y a Fernando Carrera (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá) y

Ministerio de Justicia y del Derecho, la Superintendencia de Notariado y Registro y a Fernando Carrera (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá) y Jairo Miguel Flórez Manrique (en su condición de notario noveno del círculo de Bogotá encargado).

3. Vigencia de la acción

Si bien en auto del 23 de mayo de 2012 26, esta Corporación revocó el auto del 28 de septiembre de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca rechazó la demanda al estimar que había operado la caducidad de la acción y; asimismo, en la sentencia no se estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio27.

25 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública”. 26 Fl. 39 a 45, C. 3. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto

por la actuación de un particular o de otra entidad pública”. 26 Fl. 39 a 45, C. 3. 27 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, oRadicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

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Así pues, c on el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 28, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 29, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 29, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 28 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fund amento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.

seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”. 29 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…) El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”Radicación: 25000232600020110085102 (52117)

Demandante: Prourbanos Cima & CIA. S. en C.

11 La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su r econocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna

certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su r econocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irre nunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 30 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia31, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el 12 de febrero de 201032 el Juzgado 10 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, dispuso dejar sin efectos las escrituras públicas Nos. 740 del 6 de junio de 2008 y 148 del 28 de enero de 2009, con sus respectivas anotaciones de registro, ésta última mediante la cual la sociedad Prourbanos había adquirido la propiedad del inmueble identificado con el

con sus respectivas anotaciones de registro, ésta última mediante la cual la sociedad Prourbanos había adquirido la propiedad del inmueble identificado con el

30 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 31 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa algun a para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo