CE - Sentencia 25000232600020120076901 de 2025
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 25000232600020120076901 de 2025
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., nueve (09) de abril de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000-23-26-000-2012-00769-01 (60147)
Demandante: LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN HORMONAL LIH S.A.
Demandado: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
Tema: Adquisición de predios mediante los procedimientos de enajenación voluntaria o directa y expropiación administrativa.
Daños causados por acto s administrativos. Indebida escogencia de la acción.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 9 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción.
I. SÍNTESIS DEL CASO
El 28 de agosto de 2009, mediante las Resoluciones No. 3309 y 3310, el Instituto de Desarrollo Urbano ordenó la adquisición por razones de utilidad pública de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 50N-20072297 y 50N-658951, de propiedad del Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., a quien le notificó las ofertas por el precio indemnizatorio total de $1.299’502.193. El 30 de octubre de 2009, el demandante solicitó al IDU reconsiderar el valor
quien le notificó las ofertas por el precio indemnizatorio total de $1.299’502.193. El 30 de octubre de 2009, el demandante solicitó al IDU reconsiderar el valor indemnizatorio determinado, teniendo en cuenta lo concerniente a las afectaciones por la disminución del valor del establecimiento de comercio, los costos de cierre y traslado forzoso del mismo, así como que los bienes eran mercantiles. El 5 y 12 de mayo de 2010, mediante Resoluciones No. 1375 y 1456 , respectivamente, el IDU modificó las Resoluciones No. 3309 y 3310 de 2009, en el sentido de aumentar los valores indemnizatorios de los predios requeridos por la entidad para la ejecución2
Radicado: 25000-23-26-000-2012-00769-01 (60147)
Demandante: Laboratorio de Investigación Hormonal
LIH S.A.
de la obra pública. En consecuencia, la sociedad demandante aceptó las ofertas de compra contenidas en las Resoluciones No. 1375 y 1456 de 2010, y suscribió las promesas de compraventa de los mentados inmuebles. El Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. considera que el Instituto de Desarrollo Urbano le causó un detrimento patrimonial porque “el precio indemnizatorio no cubría las pretensiones y expectativas económicas de los socios del Laboratorio, pues los inmuebles fueron considerados individualmente y no como un establecimiento comercial, reflejando un valor inferior al de la universalidad”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 7 de ma yo de 201 21, el Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A.,
comercial, reflejando un valor inferior al de la universalidad”.
II. ANTECEDENTES
1. Demanda
El 7 de ma yo de 201 21, el Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., mediante apoderad o judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentó demanda contra el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para que se le declarara patrimonialmente responsable por los perjuicios ocasionados al “desprenderse de unos bienes de su propiedad, sin que la suma cancelada por el IDU haya resarcido de manera plena y justa el perjuicio causado”.
Como pretensiones de su demanda, el demandante solicita condenar a la entidad accionada a pagarle, por daño emergente y lucro cesante, la suma de $1.877’104.696,58.
En apoyo de sus pretensiones, la parte demandante afirma que, el 28 de agosto de 2009, mediante las Resoluciones No. 3309 y 3310, el Instituto de Desarrollo Urbano ordenó la adquisición por razones de utilidad pública de los inmuebles identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 50N-20072297 y 50N -658951, de propiedad del Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., a quien le notificó las ofertas por el precio indemnizatorio total de $1.299’502.193.
1 Fl. 2 a 18, C. 1.3
Radicado: 25000-23-26-000-2012-00769-01 (60147)
Demandante: Laboratorio de Investigación Hormonal
LIH S.A.
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Asegura que, el 30 de octubre de 2009, la sociedad demandante solicitó al Instituto de Desarrollo Urbano reconsiderar el valor indemnizatorio determinado, teniendo en cuenta lo concerniente a las afectaciones por la disminución del valor del establecimiento de comercio, los costos de cierre y traslado forzoso del mismo, así como que los bienes eran “mercantiles”.
Asevera que, el 5 y 12 de mayo de 2010, mediante Resoluciones No. 1375 y 1456, respectivamente, el Instituto de Desarrollo Urbano modificó las Resoluciones No. 3309 y 3310 de 2009, en el sentido de aumentar los valores indemnizatorios de los predios requeridos.
Sostiene que, el Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. aceptó las ofertas de compra contenidas en las Resolucione s No. 1375 y 1456 de 2010, y suscribió las promesas de compraventa de los mentados inmuebles.
La sociedad actora considera que el Instituto de Desarrollo Urbano le causó un detrimento patrimonial porque “el precio indemnizatorio no cubría las pretensiones y expectativas económicas de los socios del Laboratorio, pues los inmuebles fueron considerados individualmente y no como un establecimiento comercial, reflejando un valor inferior al de la universalidad”.
2. Contestación
El 19 de noviembre de 20132 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.
un valor inferior al de la universalidad”.
2. Contestación
El 19 de noviembre de 20132 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó su notificación a la parte demandada y al Ministerio Público.
2.1. El Instituto de Desarrollo Urbano 3 solicitó declarar probada la excepción de indebida escogencia de la acción, ineptitud de la demanda o indebido ejercicio de la acción de reparación directa, toda vez que la s pretensiones están encaminadas a que se reconozca un valor superior al establecido en la s ofertas presentadas al
2 Fl. 56 a 58, C. 1. 3 Fl. 1 a 22, C. 3.4
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demandante, en el trámite de adquisición de predios mediante el procedimiento de enajenación voluntaria.
3. Alegatos de conclusión en primera instancia
El 25 de abril de 20174 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
3.1. La parte demandante5 insistió en la idoneidad de la acción de reparación directa para perseguir el pago de los perjuicios que le fueron ocasionados por no haber sido resarcida plenamente en el proceso administrativo de enajenación voluntaria de los inmuebles de su propiedad.
3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano 6 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
resarcida plenamente en el proceso administrativo de enajenación voluntaria de los inmuebles de su propiedad.
3.2. El Instituto de Desarrollo Urbano 6 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.
3.3. El Ministerio Público 7 solicitó al Tribunal proferir fallo inhibitorio , al considerar que se configuró la excepción de inepta demanda, pues al cuestionar la parte actora el monto de la oferta que realizó el Instituto de Desarrollo Urbano a través de sendos actos administrativos, la acción procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho.
4. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 9 de a gosto de 201 78 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción, al constatar que la acción procedente para controvertir la legalidad de acto s administrativos que determinaron el precio indemnizatorio de los inmuebles de propiedad del demandante era la de nulidad y restablecimiento del derecho.
4 Fl. 255, C. 1. 5 Fl. 267 a 272, C. 1. 6 Fl. 256 a 266, C. 1. 7 Fl. 273 a 281, C. 1. 8 Fl. 283 a 293, C. Ppal.5
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Al efecto el a quo manifestó lo siguiente: “el debate jurídico que comporta la presente demanda, se encamina a controvertir el valor y/o precio asignado a dichos predios,
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LIH S.A.
Al efecto el a quo manifestó lo siguiente: “el debate jurídico que comporta la presente demanda, se encamina a controvertir el valor y/o precio asignado a dichos predios, a pesar de que la parte demandante tuvo la oportunidad de negociar dichos términos (…) Lo anterior significa que el titular del d erecho de propiedad que esté en desacuerdo con el justo precio determinado como conclusión de la actuación administrativa reglada y a quien se le haya notificado el acto administrativo definitivo, puede ejercer la acción especial contenciosa administrativa de nulidad y restablecimiento del derecho contra dichos actos administrativos. Es decir, el acto administrativo que definió el precio puede ser controvertido en su legalidad por cualquiera de las causales de ilegalidad señaladas en el artículo 84 del C ódigo Contencioso Administrativo , pero si, además, dicho acto le generó un daño antijurídico, también tendrá que ser objeto del control por la vía de la nulidad y el restablecimiento del derecho (…) Así las cosas, ante la evidente ineptitud sustantiva de la d emanda la Sala se inhibirá de fallar, al advertir que la fuente del daño antijurídico deprecado por la sociedad demandante se encuentra contenido en los actos administrativos, cuya legalidad si cuestiona, en tanto establecen el precio sobre el que se da la negociación de unos predios sujetos al trámite de expropiación, para lo cual tenía no solo los recursos de ley, sino la posibilidad de agotar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición del acto administrativo”.
5. Recurso de Apelación
para lo cual tenía no solo los recursos de ley, sino la posibilidad de agotar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de los cuatro meses siguientes a la expedición del acto administrativo”.
5. Recurso de Apelación
El 4 de septiembre de 20179 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 19 de septiembre de 201710 y admitido por esta Corporación el 11 de mayo de 201811.
5.1. El extremo activo sostuvo que el a quo interpretó erróneamente la demanda, en tanto tuvo como causa eficiente del daño la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano ordenó la adquisición por razones de utilidad pública de los inmuebles de su propiedad. Al efecto, insistió que
9 Fl. 295 a 301, C. Ppal. 10 Fl. 303, C. Ppal. 11 Fl. 309, C. Ppal.6
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no pretendía controvertir la legalidad de los mismos , sino obtener la reparación integral de los perjuicios que sufrió por no haber sido resarci do plenamente en el procedimiento administrativo de enajenación voluntaria de los inmuebles de su propiedad.
En este sentido, el recurso de apelación sostuvo: “ La errónea interpretación de la demanda, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está en que toma como causa del daño la expedición de los actos administrativos, desconociendo, se
En este sentido, el recurso de apelación sostuvo: “ La errónea interpretación de la demanda, por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca está en que toma como causa del daño la expedición de los actos administrativos, desconociendo, se itera, que en la demanda ninguno de estos actos jurídicos se cuestionan (…) Es verdad que en la demanda se refiere a que como el precio indemnizatorio no cubría las pretensiones y expectativas económicas de los socios del Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. , pues reflejaban un valor inferior al de la universalidad, pero con la amenaza persistente de la expropiación, no tuvieron alternativa diferente a la de resignarse a efectuar la negociación reservándose el derecho a una posterior reclamación para que se fijara el precio adicional faltante, pero este he cho no está significando que lo pretendido en la demanda es controvertir los actos administrativos expedidos por el Instituto de Desarrollo Urbano (…) mi poderdante, por virtud de ley, tiene derecho a reclamar una indemnización integral por no haber sido resarcido, plenamente, por razón del perjuicio económico que sufrió (…)”.
6. Alegatos de conclusión en segunda instancia
El 25 de julio de 201812 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.
6.1. La parte actora13 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de apelación, por su parte, la entidad demandada insistió en lo señalado en el curso de la primera instancia14.
12 Fl. 311, C. Ppal. 13 Fl. 312 a 315, C. Ppal.
por su parte, la entidad demandada insistió en lo señalado en el curso de la primera instancia14.
12 Fl. 311, C. Ppal. 13 Fl. 312 a 315, C. Ppal. 14 Fl. 316 a 326, C. Ppal.7
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6.2. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 19 de agosto de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , puesto que la cuantía, dada por el valor de la mayor pretensión de la demanda15, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación 16, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 17 y 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
2. Acción procedente
Según copiosa jurisprudencia de esta Corporación, la fuente del daño que origina la reclamación de perjuicios al Estado es la que determina la acción judicial procedente para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional18.
para acudir al órgano judicial, así como la técnica para la formulación de las pretensiones de la demanda y la oportunidad en el tiempo para hacerlas valer por vía jurisdiccional18.
15 El artículo 157 del CPACA dispone que: “la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, según la estimación razonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)” . 16 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda se estima en $1’149.641.193, lo cual es superior a 500 SMLMV ($283.350.000) del año en que ésta se presentó (2012). 17 El artículo 198 de la Ley 1450 de 2011 dispuso en relación con los procesos que a la entrada en vigencia de dicha disposición (16 de junio de 2011) no se hubiere notificado el auto admisorio de la demanda o cuando no se hubiere expedido y cuyas demandas s e presentaran antes del 2 de julio de 2012, que la norma para determinar la competencia en razón de la cuantía sería la prevista en el artículo 157 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 18 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de febrero de 2001, Rad.: 17769; Sentencia
del 12 de mayo de 2011, Rad.: 26758; Sentencia del 7 de junio de 2007, Rad.: 16474.8
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La acción judicial ejercida tiene evidentes efectos en el ejercicio de defensa y contradicción del demandado, en tanto ofrece los límites dentro de los que el sujeto pasivo de la acción puede estructurar los diferentes med ios de defensa a su disposición. Escoger indebidamente la acción procesal no puede entenderse como un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de conocimiento19.
De hecho, según lo dispuesto en los artículos 13720 y 13821 del Código Contencioso Administrativo, uno de los supuestos para concluir que se ha presentado una “demanda en forma ” es la debida escogencia de la acción. Si se solicita su corrección y el demandante no lo hace en el término debido se configura una “ineptitud sustantiva de la demanda ” que impide al juez emitir un pronunciamiento de fondo en relación con las pretensiones formuladas por el demandante22.
Excepcionalmente, el juez contencioso administrativo puede adecuar la acción indebidamente formulada, si empre que el derecho de defensa del demandado no resulte afectado, no exista una variación de la causa petendi ni de las pretensiones de la demanda y la acción a la que se adecua no haya caducado 23. En todo caso, la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la adecuación de la acción.
la parte demandada debe contar con las oportunidades procesales para pronunciarse sobre aquello alegado por el demandante y sobre lo cual se edifica la adecuación de la acción.
19 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril de 2010, Rad.: 18530. 20 “Artículo 137. T oda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá: 1. La designación de las partes y de sus representantes. 2. Lo que se demanda. 3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción. […]” 21 “Artículo 138. Cuando se demande la nulidad del acto se le debe individualizar con toda precisión. Cuando se pretendan declaraciones o condenas diferentes de la declaración de nulidad de un acto, deberán enunciarse clara y separadamente en la demanda. Si el acto definitivo fue objeto de recursos en la vía gubernativa, también deberán demandarse las decisiones que lo modifiquen o confirmen; pero sí fue revocado, sólo procede demandar la última decisión. Si se alega el silencio administrativo a la demanda deberán acompañarse las pruebas que lo demuestren.” 22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 8 de febrero de 2012, Rad.: 22244. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencia del 9 de abril de 2014, exp. 26870.9
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3. Problema jurídico
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3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si la pretensión de reparación directa es procedente para controvertir el precio indemnizatorio reconocido por el Instituto de Desarrollo Urbano al Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. en el procedimiento administrativo de enajenación voluntaria de los inmuebles de su propiedad.
4. Caso concreto
Mediante sentencia del 9 de agosto de 2017 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de indebida escogencia de la acción, al constatar que la acción procedente para controvertir la legalidad de actos administrativos que determinaron el precio indemnizatorio de los inmuebles de propiedad del demandante era la de nulidad y restablecimiento del derecho. Por su parte, el recurrente sostuvo que el a quo interpretó erróneamente la demanda, en tanto tuvo como causa eficiente del daño la expedición de los actos administrativos por medio de los cuales el Instituto de Desarrollo Urbano ordenó la adquisición por razones de utilidad pública de los inmuebles de su propiedad. Al efecto, insistió que no pretendía controvertir la legalidad de los mismos, sino obtener la reparación integral de los perjuicios que sufrió por no haber sido resarcid o plenamente en el procedimiento administrativo de enajenación voluntaria d e los inmuebles de su propiedad.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la acción escogida por la parte demandante fue
procedimiento administrativo de enajenación voluntaria d e los inmuebles de su propiedad.
Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para posteriormente analizar si la acción escogida por la parte demandante fue adecuada o no.
4.1. Hechos probados
De conformidad con los medios probatorios allegados oportuna y válidamente al proceso, se demostraron los siguientes hechos:10
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LIH S.A.
4.1.1. Quedó establecido que el 30 de septiembre de 19 94, mediante escritura pública No. 3466 de la Notaría 48 de Bogotá, el Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. adquirió el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20072297 por compra que hizo al señor Alberto Sánchez Zuleta. De lo anterior da cuenta la copia auténtica de la escritura pública referida24.
4.1.2. Consta que el 24 de febrero de 1997, mediante escritura pública No. 549 de la Notaría 34 de Bogotá, el Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. adquirió el inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-658951 por compra que hizo a la señora Aurora Archila de Jacome , según da cuenta la copia auténtica de dicha escritura pública25.
4.1.3. Está acreditado que el 19 de junio de 2007 , la Alcaldía Mayor de Bogotá
compra que hizo a la señora Aurora Archila de Jacome , según da cuenta la copia auténtica de dicha escritura pública25.
4.1.3. Está acreditado que el 19 de junio de 2007 , la Alcaldía Mayor de Bogotá profirió el Decreto No. 316, por medio del cual declaró la existencia de condiciones de urgencias por razones de utilidad pública e interés social para la adquisición de los inmuebles o zonas de terreno requeridos para la ejecución de los proyectos viales y de espacio público en el Distrito Capita l. Así, la administración distrital dispuso que el Instituto de Desarrollo Urbano adelantará los trámites de adquisición de inmuebles o zonas de terreno requeridos para la ejecución de los mentados proyectos, ya fuera mediante el procedimiento de enajenaci ón voluntaria o de expropiación por vía administrativa. De ello da cuenta la Resolución No. 3309 del 28 de agosto de 2009, dictada por el Instituto de Desarrollo Urbano26.
4.1.4. Demostrado está que el 14 de octubre de 2008, los miembros de la junta directiva del Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. suscribieron el acta No. 140, en la que dejaron consignado que la pretensión del Instituto de Desarrollo Urbano de adquirir dos predios de la sociedad, afectaban directamente los intereses de ésta, razón por la cual el apoderado del laboratorio debía “ tomar atenta y detallada nota del procedimiento que se avecina, con el fin de apoyarse en estos hechos para cuando haya que acudir a la vía judicial en procura de un resarcimiento
24 Fl. 23 a 30, C. 2. 25 Fl. 33 a 39, C. 2.
hechos para cuando haya que acudir a la vía judicial en procura de un resarcimiento
24 Fl. 23 a 30, C. 2. 25 Fl. 33 a 39, C. 2. 26 Fl. 720 a 730, C. 5.11
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por los perjuicios eventualmente ocasionados”, según da cuenta la copia auténtica de la mentada acta27.
4.1.5. Quedó probado que el 11 de marzo de 2009, la Secretar ía Distrital de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. expidió la Resolución No. 507, por medio de la cual definió las zonas de reserva vial para la implementación del puente peatonal de la avenida Laureano Gómez del Distrito Capital. De lo anterior da cuenta la copia auténtica de la señalada resolución28.
4.1.6. Consta que el 4 de junio de 2009, la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. elaboró el avalúo técnico No. 38929 sobre el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-658951, de propiedad de l Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., estableciendo su valor comercial en la suma de $594.592.500 y, la suma de $11.020.467 por concepto de daño emergente , según da cuenta copia auténtica del respectivo avalúo29.
4.1.7. Se demostró que el 7 de julio de 2009, mediante acta No. 144, los miembros
da cuenta copia auténtica del respectivo avalúo29.
4.1.7. Se demostró que el 7 de julio de 2009, mediante acta No. 144, los miembros de la junta directiva del Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., hicieron constar “la inconformidad presentada frente a los actos administrativos que expidió el IDU, resaltando la afectación económica que sufrirá la sociedad y pr eviendo la necesidad de buscar, cuando sea el momento, una acción judicial que repare los perjuicios eventualmente sufridos ”. De ello, da cuenta copia auténtica de la mencionada acta30.
4.1.8. Consta que el 23 de julio de 2009, la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. elaboró el avalúo técnico No. 38930 sobre el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-20072297, de propiedad de l Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., estableciendo su valor com ercial en la suma de
27 Fl. 227, C. 2. 28 Fl. 422 y 423, C. 4. 29 Fl. 411, C. 4. 30 Fl. 228, C. 2.12
Radicado: 25000-23-26-000-2012-00769-01 (60147)
Demandante: Laboratorio de Investigación Hormonal
LIH S.A.
$691.057.900 y, la suma de $2.831.326 por concepto de daño emergente. De esto da cuenta la copia auténtica del respectivo avalúo31.
LIH S.A.
$691.057.900 y, la suma de $2.831.326 por concepto de daño emergente. De esto da cuenta la copia auténtica del respectivo avalúo31.
4.1.9. Quedó demostrado que el 28 de agosto de 200 9, el Instituto de Desarrollo Urbano profirió la Resolución No. 3309, por medio de la cual determinó la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N20072297, destinado a la construcción de un puente peatonal en Bogotá D.C . En consecuencia, la señalada resolución formuló la oferta de compra al propietario del inmueble – Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., para obtener un acuerdo de enajenación voluntaria, fijando como precio indemnizatorio la suma de $693.889.226. De lo anterior , da cuenta copia auténtica de la mencionada resolución32.
4.1.10. Se acreditó que el 28 de agosto de 2009, el Instituto de Desarrollo Urbano profirió la Resolución No. 3310, por medio de la cual determinó la adquisición del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-658951, destinado a la construcción de un puente peatonal en Bogotá D.C. En consecuencia, la señalada resolución formuló la oferta de compra al propietario del inmueble – Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., para obtener un acuerdo de enajenación voluntaria, fijando como precio indemn izatorio la suma de $605.612.967, según da cuenta copia auténtica de la mencionada resolución33.
Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., para obtener un acuerdo de enajenación voluntaria, fijando como precio indemn izatorio la suma de $605.612.967, según da cuenta copia auténtica de la mencionada resolución33.
4.1.11. Está establecido que , el 1º de octubre de 2009, el Instituto de Desarrollo Urbano notificó al Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. las Resoluciones No. 3309 y 3310 del 28 de agosto de 2009, mediante edicto fijado por el término de 10 días, según dan cuenta las copias auténticas de dichos edictos34.
4.1.12. Consta que el 30 de octubre de 2009, el Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. presentó petición ante el Instituto de Desarrollo Urbano, en el cual solicitó la corrección de los avalúos practicados a los inmuebles de su
31 Fl. 733 a 737, C. 5. 32 Fl. 720 a 730, C. 5. 33 Fl. 396 a 405, C. 4. 34 Fl. 163 a 181, C. 2.13
Radicado: 25000-23-26-000-2012-00769-01 (60147)
Demandante: Laboratorio de Investigación Hormonal
LIH S.A.
propiedad identificados con los folios de matrícula inmobiliaria No. 50N-20072297 y 50N-658951, al estimar que el precio indemnizatorio fijado en las ofertas de compra eran inferiores a su valor comercial . Adicionalmente, solicitó tener en cuenta las afectaciones por la disminución del valor del establecimiento de comercio, los costos
50N-658951, al estimar que el precio indemnizatorio fijado en las ofertas de compra eran inferiores a su valor comercial . Adicionalmente, solicitó tener en cuenta las afectaciones por la disminución del valor del establecimiento de comercio, los costos de cierre y traslado forzoso del mismo, así como que los bienes eran “mercantiles”. De ello, da cuenta copia auténtica de la petición35.
4.1.13. Se acreditó que el 20 de noviembre de 2009, el Instituto de Desarrollo Urbano informó al Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A. que la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. realizaría las correcciones solicitadas frente al avalúo comercial del inmueble y, el avalúo del daño emergente y el lucro cesante, según da cuenta copia auténtica de dicho oficio36.
4.1.14. Consta que el 11 de marzo de 2010, la Corporación Lonja Inmobiliaria de Bogotá D.C. modificó el avalúo técnico No. 389 29 sobre el predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-658951, de propiedad del Laboratorio de Investigación Hormonal LIH S.A., estableciendo su valor comercial en la suma de $704.942.900 y, la suma de $43.502.910 por concepto de daño emergente. De ello da cuenta la copia auténtica del respectivo avalúo37.
4.1.15. Está probado que el 27 de abril de 2010
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