CE - Sentencia 25000232600020120101502 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

Demandante: Arístides Torijano Urrego

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

Temas: REPARACIÓN DIRECTA / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Ejecución de medidas cautelares decretadas en proceso divisorio – Secuestro de inmueble / NO SE CONFIGURARON EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD – no se probó / HECHO DE UN T ERCERO – la Rama Judicial debe asumir como propios los hechos, actos u omisiones de las personas vinculadas al cumplimiento de sus obligaciones.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la Rama Judicial contra la sentencia del 15 de julio de 2022, mediante la cual la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Según el demandante, la Rama Judicial, en el marco de un proceso divisorio adelantado en su contra, incurrió en un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, debido a la falta de vigilancia y diligencia durante el tiempo en el que el in mueble del que era copropietario fue objeto de una medida

adelantado en su contra, incurrió en un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, debido a la falta de vigilancia y diligencia durante el tiempo en el que el in mueble del que era copropietario fue objeto de una medida cautelar de secuestro quedando a cargo de un auxiliar de la justicia, quien no administró debidamente los ingresos que generaba por concepto de arrendamientos, permitió su deterioro e incurrió en mora en el pago de deudas con empresas de servicios públicos domiciliarios.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. En escrito1 presentado el 15 de mayo de 2012 2, Arístides Torijano Urrego, por conducto de apoderado judicial, demandó en reparación directa a la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le indemnicen los perjuicios a él irrogados 3, como

1 Demanda a folios 1 a 13 del cuaderno principal. 2 Folios 17 del cuaderno principal. 3 A continuación, la transcripción literal de las declaraciones y condenas consignadas en el escrito inicial (se transcribe de forma literal, incluso con posibles errores): “PETICIONES: Declarar a la RAMA JUDICIAL, EL ESTADO, responsables de los perjuicios ocasionados al ciudadano ARÍSTIDES TORIJANO por causa del secuestro del inmueble de la carrera 69K No. 7981, nomenclatura actual de Bogotá, (carrera 65 No. 79 -81 anterior nomenclatura) . Como consecuencia, condenar a LA RAMA JUDICIAL, EL ESTADO que pague a ARÍSTIDES TORIJANO las siguientes sumas dinerarias: 1- $103’773.800 que corresponden al ingreso total que como unidad de explotación económica debía

consecuencia, condenar a LA RAMA JUDICIAL, EL ESTADO que pague a ARÍSTIDES TORIJANO las siguientes sumas dinerarias: 1- $103’773.800 que corresponden al ingreso total que como unidad de explotación económica debía producir el inmueble por arrendamientos durante la vigencia del secuestro, conforme a los hechos 6 y 22 de la demanda. Al pago de la depreciación monetaria mes a mes sobre cada ingreso mensualRadicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

Demandante: Arístides Torijano Urrego

Demandada: Nación - Rama Judicial

Referencia: Reparación directa

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consecuencia del defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia que, a su juicio, se habría configurado en el marco de un proceso divisorio que se tramitó en su contra.

4. Como fundamento fáctico de las pretensiones, en síntesis, se narró4 lo siguiente:

5. En 1992, los señores Jaime y María Elvira Forero Rodríguez iniciaron un proceso divisorio contra Arístides Torijano Urrego, con el fin de que se decretara la división,

mediante subasta pública, del inmueble ubicado en la carrera 69-K No. 79-81 [cuya nomenclatura actual es “carrera 65 No. 79-81”] de Bogotá.

6. En el trámite del proceso divisorio, seguido bajo la radicación 1998-206, el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá decretó el secuestro del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-17611 y, para estos efectos, comisionó al

Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá decretó el secuestro del inmueble identificado con el folio de matrícula inmobiliaria 50C-17611 y, para estos efectos, comisionó al Juzgado Séptimo Civil Municipal de Descongestión de Bogotá. El 11 de noviembre de 2004 se llevó a cabo la diligencia de secuestro, frente a la cual Arístides Torijano presentó oposición; se dijo que el funcionario comisionado negó la oposición y procedió con el secuestro del predio, decisión contra la cual el ahora demandante interpuso recurso de apelación que le fue concedido en el efecto devolutivo. Llevada a cabo la diligencia de secuestro y devuelto el proceso al juzgado comitente, Arístides Torijano pagó las copias para que se surtiera el citado recurso de apelación ante el superior; no obstante, la secretaría del Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá omitió realizar dicho trámite.

7. Julio Roberto Buesaquillo, designado como secuestre, incurrió en múltiples irregularidades, las cuales fueron puestas en conocimiento del Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá y de la Fiscalía General de la Nación; mientras que el despacho judicial mencionado hizo caso omiso, la Fiscalía inició una investigación penal por esos hechos, en la que condenó penalmente a Roberto Buesaquillo como responsable del delito de abuso de la función pública.

del valor del arriendo de cada unidad del inmueble. Al pago de los intereses moratorios causados mes a mes sobre cada ingreso mensual del valor del arriendo de cada unidad del inmueble. 2- $12’655.000 correspondientes al deterioro físico del inmueble. Al pago de los intereses moratorios

mes a mes sobre cada ingreso mensual del valor del arriendo de cada unidad del inmueble. 2- $12’655.000 correspondientes al deterioro físico del inmueble. Al pago de los intereses moratorios de ese dinero a partir de agosto de 2010. Al pago de la depreciación monetaria de esa suma de dinero. 3Al reintegro de las sumas de dinero que resulten probadas en esta reparación directa y que el aquí demandante haya pagado positivamente a las empresas de ACUEDUCTO DE BOGOTÁ,

ENERGÍA DE BOGOTÁ, ASEO DE BOGOTÁ.

4Al pago del perjuicio moral. 5Condenar a los entes demandados al pago de la ‘reparación integral’, que ordena el art. 16 de la ley 446 de 1998. Arts. 1626, 1627 y 2341 del C. Civil. 6Ordenar hacer las deducciones entre las sumas de dinero que aquí se ordenen pagar y el monto total de los títulos judiciales que por arrendamientos recibió el aquí demandante dentro del proceso Divisorio de Jaime Forero y otro contra ARÍSTIDES TORIJANO, radicación 1998-206 Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá. 7Ordenar las deducciones entre las sumas de dinero que aquí se ordenen pagar y el pago cierto y efectivos obtenido mediante las acciones ejecutivas señaladas aquí en el numeral 24 de esta demandada”. [Se precisa que en el acápite “ PETICIONES SUBSIDIARIAS” se solicitó: 1) $1’434.000, por “ cada mes de renta que tenía que producir el inmueble desde el 16 de noviembre de 2004 hasta el 20 de abril de 2005, tiempo de vigencia del secuestro” y 2) $12’655.000, correspondiente al “deterioro físico

mes de renta que tenía que producir el inmueble desde el 16 de noviembre de 2004 hasta el 20 de abril de 2005, tiempo de vigencia del secuestro” y 2) $12’655.000, correspondiente al “deterioro físico del inmueble o de la suma que en su defecto salga probada”]. 4 Se precisa que los hechos aquí consignados fueron los mismos que expuso la parte actora en su escrito inicial.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

Demandante: Arístides Torijano Urrego

Demandada: Nación - Rama Judicial

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8. El 16 de junio de 2006, el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá relevó del cargo al referido secuestre; sin embargo, solo designó un nuevo auxiliar de la justicia el 23 de enero de 2009, por lo que el señor Buesaquillo continuó administrando el inmueble hasta esa última fecha.

9. El 23 de abril de 2009, el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá ordenó levantar la medida de secuestro, razón por la que Arístides Torijano Urrego solicitó la entrega del inmueble, lo cual ocurrió el 20 de abril de 2010.

10. Según el escrito inicial, una vez le fue entregado el predio al aquí demandante, éste se encontraba con gran deterioro físico, por lo que debió realizar reparaciones de emergencia; además, durante la vigencia del secuestro del señor Buesaquillo, no recibió el ingreso que, como unidad económica, debía producir dicho inmueble por concepto de arrendamientos -pues únicamente se le entregó a Arístides

de emergencia; además, durante la vigencia del secuestro del señor Buesaquillo, no recibió el ingreso que, como unidad económica, debía producir dicho inmueble por concepto de arrendamientos -pues únicamente se le entregó a Arístides Torijano Urrego la suma de $6’000.000 , monto que no correspondía con lo que debieron producir los locales comerciales y los apartamentos secuestrados durante el lapso de 6 años y 10 días-; adicionó que dicho bien tenía deudas con empresas de servicios públicos.

11. La parte actora aseveró que Julio Roberto Buesaquillo abusó de su función, tanto así que fue condenado penalmente y que, en general, todas las irregularidades referidas representaron un detrimento patrimonial imputable a la Rama Judicial a título de defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, dada la omisión en el deber de custodia del secuestre y la del Juzgado 37

Civil Municipal de Bogotá de requerirlo para el debido cumplimiento de sus funciones.

Trámite relevante en primera instancia

12. Previa gestión que se resume a pie de página 5, mediante auto del 17 de abril de 20136 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y el 22 de mayo siguiente concedió amparo de pobreza solicitado por el actor 7, quien fue “exonerado de las obligaciones procesales a las que se refiere el inciso 1º del artículo 163 del CPC”8.

13. La Nación - Rama Judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y señaló que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales

5 El 5 de junio de 2012, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá declaró su falta de

que sus actuaciones estuvieron soportadas en las normas sustantivas y procesales

5 El 5 de junio de 2012, el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá declaró su falta de competencia y remitió el proceso al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (folios 19 y 20 del cuaderno principal); Corporación que, el 25 de julio de 2012, in admitió la demanda después de razonar que no estaba acreditado “el carácter con el que el actor se present [ó] al proceso” (folio 24 del cuaderno principal). Contra ese auto, el 8 de agosto de 2012, la parte actora interpuso recurso de reposición y dijo que con la demanda aportó varios documentos que daban cuenta de ello; los que, en cualquier caso, anexó a dicho recurso. El 17 de enero de 2013, el referido Tribunal revocó la providencia del 25 de julio de 2012, después de razonar que el Juzgado 31 Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el expediente incompleto, por lo que lo requirió para que enviara lo pertinente (folio 35 del cuaderno principal). Por comunicación del 2 de abril de 2013, el Juzgado informó que remitió el expediente completo. 6 Folios 42 a 44 del cuaderno principal. 7 Folio 14 del cuaderno principal. 8 Folios 53 a 55 del cuaderno principal.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

Demandante: Arístides Torijano Urrego

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vigentes. Explicó que el juez de la causa no podía, de oficio, exigirle a Julio Roberto

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vigentes. Explicó que el juez de la causa no podía, de oficio, exigirle a Julio Roberto Buesaquillo -auxiliar de la justicia para el momento de los hechos - la rendición de cuentas, porque ello era “abrogarse [sic] una facultad que la ley no le señala ”, a lo que agregó que la justicia en materia civil era rogada.

14. Responsabilizó al demandante del deterioro del bien inmueble en cuestión, pues consideró que fue negligente en su deber del seguimiento y control al proceso judicial primigenio. También resaltó que Julio Roberto Buesaquillo incumplió con los deberes inherentes a su cargo dentro del proceso divisorio, lo que motivó múltiples requerimientos por parte del despacho judicial a fin de que rindiera los informes correspondientes sobre su gestión. Mencionó que, precisamente, el Juzgado 37

Civil Municipal de Bogotá sancionó a ese colaborador y lo excluyó de la lista de auxiliares de justicia, lo que permitía inferir no solo la inexistencia de una falla del servicio atribuible a la Rama Judicial, sino que lo que causó el daño fue el hecho de un tercero.

15. Para finalizar, indicó que, en el proceso penal que se adelantó en contra de Julio Roberto Buesaquillo por el delito de abuso de función pública, el Juzgado 52 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá determinó que no había lugar al reconocimiento de perjuicios, lo que permitía evidenciar la configuración del fenómeno de cosa juzgada en materia indemnizatoria respecto del aquí demandante.

del Circuito de Conocimiento de Bogotá determinó que no había lugar al reconocimiento de perjuicios, lo que permitía evidenciar la configuración del fenómeno de cosa juzgada en materia indemnizatoria respecto del aquí demandante.

16. La accionada solicitó la vinculación, como llamado en garantía, de Julio Roberto Buesaquillo, secuestre en el proceso divisorio objeto de discusión9.

17. El 11 de septiembre de 2013, el a quo negó el citado llamamiento en garantía, después de advertir que “no se p [odía] evidenciar la relación sustancial entre el llamante y el llamado” porque “no se [había] adjunt[ado] con la solicitud (…) prueba siquiera sumaria, primero, que certificara su calidad como auxiliar de la justicia

(secuestre) y, en segundo lugar, (…) que acreditara la presunta responsabilidad del señor Julio Roberto Buesaquillo por haber actuado con dolo o culpa grave” 10. Esa decisión fue objeto de recurso de reposición y, en subsidio, de apelación11.

18. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró improcedente el recurso de reposición y concedió la apelación 12. Esta Corporación, el 16 de junio de 2014, revocó la decisión del 11 de septiembre de 2013, después de razonar que “ en el proceso obra [ban] pruebas que permit [ían] inferir una posible conducta dolosa o gravemente culposa del llamado en garantía, de acuerdo con las exigencias de la Ley 678 de 2001 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin perjuicio de lo que llegare a decidir al momento de dictar sentencia ”13. Así, el llamamiento fue

Ley 678 de 2001 y de la jurisprudencia del Consejo de Estado, sin perjuicio de lo que llegare a decidir al momento de dictar sentencia ”13. Así, el llamamiento fue admitido el 2 de septiembre de 201414, y el 23 de septiembre siguiente15 se ordenó

9 Folios 75 y 76 del cuaderno principal. 10 Folios 81 a 83 del cuaderno principal. 11 Folios 85 y 86 del cuaderno principal. 12 Folios 91 y 92 del cuaderno principal. 13 Folios 102 a 113 del cuaderno principal. 14 Folio 117 del cuaderno principal. 15 Folio 119 del cuaderno principal.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

Demandante: Arístides Torijano Urrego

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que se notificara personalmente a Julio Roberto Buesaquillo de esta decisión. Acto seguido, obra un informe secretarial, en el que se advierte que se libró citación al llamado en garantía en la dirección aportada por la Rama Judicial el 24 de junio de 201516 y que, el 21 de julio siguiente, se efectuó diligencia de notificación por aviso17. El 9 de noviembre de 2017, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca estimó que, en vista de que “ se surtió en debida forma la notificación del auto del 23 de septiembre de 2014, por medio del cual se le vinculó al proceso como llamado en garantía al señor Julio Roberto Buesaquillo, y que se encuentra más que vencido el término de suspensión del proces o sin que

forma la notificación del auto del 23 de septiembre de 2014, por medio del cual se le vinculó al proceso como llamado en garantía al señor Julio Roberto Buesaquillo, y que se encuentra más que vencido el término de suspensión del proces o sin que se haya integrado el mismo, el Despacho continuar [ía] con el trámite del proceso, conforme a lo establecido en el inciso segundo del artículo 56 del C.P.C” 18. Contra esa decisión no se interpusieron recursos. El llamado en garantía guardó silencio.

19. Una vez vencido el período probatorio, el 28 de abril de 2021 19, el a quo corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda20; la Rama Judicial, el llamado en garantía y el Ministerio Público guardaron silencio.

20. El 9 de agosto de 2021, el magistrado ponente de la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo No. CSJBTA 21-59 del 4 de agosto de 2021 expedido por el Consejo Seccional de la Judicatura21, remitió el expediente a la Subsección B de la Sección Tercera del mismo Tribunal22, lo cual ocurrió el 11 de agosto de 202123.

Sentencia de primera instancia

21. En sentencia del 15 de julio de 2022 24, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe en forma

literal, incluso con posibles errores):

del Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos (se transcribe en forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERO: DECLARAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial responsable administrativa y patrimonialmente por los perjuicios causados al demandante con ocasión de haberse configurado el

16 Folio 134 del cuaderno principal. 17 Folio 138 del cuaderno principal. 18 Folio 173 del cuaderno principal. 19 Índice 139 de Samai, visible en las actuaciones del Tribunal Administrativo (25000 -23-26-0002012-01015-00). 20 Índice 142 de Samai, visible en las actuaciones del Tribunal Administrativo (25000 -23-26-0002012-01015-00). 21 De acuerdo con ese auto, dicho acuerdo “ordenó directamente (…) hacer la distribución y entrega de los procesos del sistema escritural que están actualmente para fallo en esta sede, y remitirlos a los Magistrados que integran las Subsecciones A y B, en la forma y términos dispuestos en el citado Acuerdo, y conforme a los parámetros concertados en Sala de Sección Tercera celebrada el 9 de agosto del año en curso”. 22 Índice 144 visible en las actuaciones del Tribunal Administrativo (25000 -23-26-000-2012-0101500). 23 Índice 146 visible en las actuaciones del Tribunal Administrativo (25000 -23-26-000-2012-0101500). 24 Documento denominado “ 22_250002326000201201015001SENTENCIA20220729112542” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

00). 24 Documento denominado “ 22_250002326000201201015001SENTENCIA20220729112542” del expediente digital, que obra en Samai.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

Demandante: Arístides Torijano Urrego

Demandada: Nación - Rama Judicial

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defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el trámite del proceso ordinario con radicado No. 11001 -40-03-006-1998-00206-00, de conformidad con lo expuesto.

SEGUNDO: CONDENAR IN GENERE a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial a reconocer y pagar a favor de Arístides Torijano Urrego la liquidación de la mencionada condena, la cual se realizará en los términos señalados en la parte considerativa de la presente providencia de conformidad con los artículos 176, 177 y siguientes del CCA, en concordancia con el artículo 307 del CPP y el artículo 283 del CGP, para lo cual se tendrá en cuenta el porcentaje de cuota parte que le corre sponde del bien objeto de controversia.

TERCERO: CONDENAR en costas de primera instancia a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial , incluyendo como agencias en derecho el equivalente al 2% de las sumas que sean reconocidas, suma que deberá ser liquidada por la Secretaría de la Sección, en los términos del artículo 392 y siguientes del Código de

Procedimiento Civil.

CUARTO: La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de

sean reconocidas, suma que deberá ser liquidada por la Secretaría de la Sección, en los términos del artículo 392 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.

CUARTO: La Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial dará cumplimiento de la presente sentencia en los términos de los artículos 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

(…)”.

22. En punto de la legitimación en la causa de Arístides Torijano Urrego, explicó que se demostró que adquirió “ parte” del inmueble en cuestión, identificado con la matrícula inmobiliaria No. 50C -17611. Se explicó que, de acuerdo con la Escritura Pública 5158 del 14 de septiembre de 1996, protocolizada en la Notaría 9 de Bogotá, Luis Enrique Forero Rodríguez, Rosa María Palacios de Pinilla y María del Carmen Forero de Neira le vendieron a Arístides Torijano Urrego “los derechos de cuota que común y proindiviso t[enían]”, y que habían adquirido “mediante adjudicación en la sucesión intestada de Eliécer Forero Castillo, cursada en el Juzgado 17 Civil del Circuito el veintisiete (27) de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve (1989) y en la sucesión de Dolores Rodríguez de Forero ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito”. Aclaró que el demandante “ solamente adquirió la cuota parte que correspondía a Luis Enrique Forero Rodríguez, María del Carmen Forero Rodríguez y Rosa María Palacio Rodríguez (…) quedando ent onces pendiente por adquirir lo que pertenecía a Jaime Forero Rodríguez y María Elvira Forero Rodríguez”; así, “en

correspondía a Luis Enrique Forero Rodríguez, María del Carmen Forero Rodríguez y Rosa María Palacio Rodríguez (…) quedando ent onces pendiente por adquirir lo que pertenecía a Jaime Forero Rodríguez y María Elvira Forero Rodríguez”; así, “en caso de existir una responsabilidad de la entidad demandada respecto de las irregularidades por las actividades o funciones a cargo de los secuestres, sólo le correspon[día] el reconocimiento respecto del porcentaje y/o cuotas partes que h[ubiera] adquirido”, de lo cual no se tenía certeza en el sub lite.

23. Expuso que el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá faltó a su deber de vigilancia y control sobre la gestión realizada por Julio Roberto Buesaquillo, quien fue designado como secuestre en el trámite del proceso ordinario con radicado 11001-40-03-006-1998-00206-00, lo que causó afectaciones económicas para Arístides Torijano Urrego. Constató la presencia de irregularidades en el cumplimiento de la labor encomendada al mencionado auxiliar de la justicia, situación evidenciad a por los múltiples requerimientos realizados por parte del demandante al Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá para que rindiera cuentas, presentara soportes de sus gastos, informara sobre la administración del predio yRadicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

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efectuara las consignaciones de los frutos, por concepto de cánones de arrendamiento. Dijo que la autoridad judicial omitió su obligación de hacerle

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efectuara las consignaciones de los frutos, por concepto de cánones de arrendamiento. Dijo que la autoridad judicial omitió su obligación de hacerle seguimiento a las actividades del secuestre, así como de exigirle el cumplimiento de lo reglado en el Código de Procedimiento Civil frente a los deberes que debía acatar; además, estimó que hubo una demora excesiva del citado juzgado en la aplicación de las facultades correctivas que la ley le otorgaba “ para evitar mayores perjuicios”.

24. Al pronunciarse sobre la indemnización solicitada, negó el reconocimiento del perjuicio moral, por considerar que no obraban pruebas de los sentimientos de congoja y aflicción padecidos por el demandante, y condenó en abstracto los perjuicios materiale s, para lo cual estableció que estos se liquidarían en trámite incidental, con observancia de unos parámetros -que serán precisados en las consideraciones de esta providencia-.

25. Finalmente, condenó en costas a la Rama Judicial, “por cuanto de conformidad con los artículos 171 del CCA, en concordancia con el artículo 392 del CPP, resultó vencida en esta instancia ”; fijó las agencias en derecho en el valor equivalente al 2% de las sumas que fueran reconocidas.

Recursos de apelación

26. La Rama Judicial apeló la sentencia de primera instancia. Alegó, en síntesis, la configuración de dos causales de exoneración de la responsabilidad.

27. Por un lado, mencionó que se estructuró la eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, dado que Arístides Torrijano Urrego

configuración de dos causales de exoneración de la responsabilidad.

27. Por un lado, mencionó que se estructuró la eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva de la víctima, dado que Arístides Torrijano Urrego actuó con desidia durante el trámite del proceso primigenio. En concreto, puso en evidencia que el demandante reconoció que se enteró dos años después de haber interpuesto el recurso de apelación contra una decisión del Juez 37 Civil Municipal de Bogotá que éste no se había tramitado, lo que significaba que no le había hecho seguimiento a dicho proceso. Además, planteó que “si este hubiere sido inadmitido o rechazado, ¿no habría perdido la oportunidad de impugnar dicha medida por su propia culpa, desdén y negligencia?”.

28. De otra parte, la Rama Judicial aseguró que en este caso concurrió el hecho de un tercero como causa exonerativa de responsabilidad, pues la custodia del inmueble estuvo a cargo de Julio Roberto Buesaquillo, auxiliar de la justicia designado para tal f in que no desempeñó el cargo en la forma en la que le correspondía. En línea con lo anterior, afirmó que el Juzgado 37 Civil Municipal de Bogotá realizó las actuaciones que por Ley le correspondían “ hasta donde podía llegar el cumplimiento de su deber ”, la s cuales consistieron en supervisar las funciones del secuestre, exigirle en múltiples ocasiones la rendición de cuentas e, incluso, sancionarlo con la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, en cumplimiento del artículo 6° de la Ley 446 de 1998 y el artículo 3° de la Ley 794 de

incluso, sancionarlo con la exclusión de la lista de auxiliares de la justicia, en cumplimiento del artículo 6° de la Ley 446 de 1998 y el artículo 3° de la Ley 794 de

2003. Indicó que el señor Buesaquillo “ se conv[ertía] en un tercero respecto de la Rama Judicial, amén que no media contrato de trabajo alguno, ni relación legal y reglamentaria que exija la responsabilidad solidaria de mi representada”.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01015-01 (70.107)

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29. Para finalizar, citó jurisprudencia sobre las causales eximentes de responsabilidad, en las que se hacía referencia a que aquellas tienen la aptitud de romper el nexo de causalidad, previa verificación de que sean la causa eficiente del daño.

30. Miguel Hernando Mendoza Veloza presentó un escrito por medio del cual “apeló” la sentencia de primer grado en lo relativo a la indemnización de perjuicios.

Trámite relevante en segunda instancia

31. El 27 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación presentado por la Rama Judicial y se rechazó la impugnación propuesta por el abogado Miguel Hernando Mendoza Veloza, por haber sido promovida por una persona carente de derecho de postulación25.

32. El 6 de marzo de la misma anualidad, Arístides Torijano Urrego presentó recurso de reposición contra el referido auto y adujo que el abogado Miguel Mendoza había allegado mandato judicial para la presentación del recurso de apelación con los

32. El 6 de marzo de la misma anualidad, Arístides Torijano Urrego presentó recurso de reposición contra el referido auto y adujo que el abogado Miguel Mendoza había allegado mandato judicial para la presentación del recurso de apelación con los requisitos exigidos, pues ya no se requería presentación personal26.

33. El 20 de junio de 2024 27, el recurso de reposición fue rechazado por improcedente -para lo cual hizo referencia al artículo 180 del CCA, modificado por el artículo 57 de la Ley 446 de 1998 - y se adecuó su trámite al de súplica, que fue resuelto el 25 de octubre de 2024 28, en el sentido de confirmar el auto del 27 de febrero de 2024, previo razonamiento de que tal determinación se ajustaba “ a las normas y a las actuaciones del proceso ” porque “ el poder del abogado Miguel Hernando Mendoza Veloza culminó cuando el Tribunal reconoció al señor Arístides Torijano para actuar en causa propia, por lo que era la persona habilitada para presentar el recurso contra la sentencia de primera instancia. Ademá s, el demandante no constituyó nuevo apoderado en los términos del Código General del Proceso, ni de la Ley 2213 de 2022”.

34. Con posterioridad se corrió traslado a las partes para que alegaran