CE - Sentencia 25000232600020120115101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien-CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la Defensoría del

Espacio Público-DADEP

Proceso: Acción contractual

COPIAS SIMPLES– Valor probatorio. INEPTA DEMANDA-Concepto de violación. INEPTA DEMANDA-Cuando se pretende la nulidad de un acto administrativo basta con que las razones por las que se pretende la nulidad sean comprensibles para fallar de fondo. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA-El juez puede interpretar la demanda, sin alterar los hechos en que se funda. RÉGIMEN DEL CONTRATO-Como fue celebrado por el distrito capital, se rige por la Ley 80 de 1993. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO-Concepto. ACTO DE LIQUIDACIÓN UNILATERALConcepto. ACTO ADMINISTRATIVO-Presunción de legalidad. INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO-Cuando las estipulaciones sean claras, no puede desconocerse lo acordado. CARGA DE LA PRUEBA-Incumbe probar las obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: Conceptos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

obligaciones o su extinción al que alega aquéllas o ésta. PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: Conceptos. COSTAS EN CCA-Improcedencia cuando no se actúa con temeridad o mala fe.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 10 de abril de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B que declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda. La decisión fue la siguiente:

PRIMERO: Declarar de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, por las consideraciones anteriores.

SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda.

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Una vez ejecutoriada esta providencia, por secretaría liquidar los gastos del proceso. Se advierte al demandante que si pasados 2 años, contados a partir de la liquidación de los gastos, no los reclama, se declarará la prescripción de los mismos, de conformidad con lo establecido en el artículo 9 del Acuerdo 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

I. SÍNTESIS DEL CASORadicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

2

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

2

El 2 de diciembre de 2005, la Corporación Cívica Calle Cien-CORPOCIEN y Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público -DADEP celebraron el contrato nº. 137 para la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Chapinero. El DADEP liquidó unilateralmente el contrato y obtuvo un saldo a su favor de $551’475.201. CORPOCIEN alega que la liquidación unilateral es nula, puesto que no reconoció el pago de unas indemnizaciones laborales con antiguos empleados de la corporación y ordenó restituir un saldo a la entidad contratante.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 26 de junio de 20121, la Corporación Cívica Calle Cien (en adelante CORPOCIEN), por medio de apoderado judicial, formuló acción contractual contra Bogotá D.C.- Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (en adelante el DADEP). La demandante formuló las siguientes pretensiones declarativas y de condena:

1. Que la Resolución 060 del 24 de marzo de 201 [sic] “por la cual se liquida unilateralmente el contrato DADEP No. 137 de 2005”, expedida por el Director del DADEP, es nula por carecer de los requisitos contractuales y legales para su validez.

2. Que la Resolución 174 del 28 de junio de 2010, “Por la cual se resuelve el Recurso

DADEP, es nula por carecer de los requisitos contractuales y legales para su validez.

2. Que la Resolución 174 del 28 de junio de 2010, “Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 060 del 26 de marzo de 2010 que liquidó unilateralmente el contrato DADEP No. 137 de 2005”, expedida por el señor Director del DADEP, es nula por carecer de los requisitos contractuales y legales para su validez.

3. Que se autorice a CORPOCIEN el pago de las obligaciones de la entidad demandante surgidas con ocasión directa del aprovechamiento económico pactado en el contrato 137 de 2005 y el saldo trasladarlo a la Tesorería Distrital para que sea invertido en la zona, conforme lo pactado.

4. Que se condene a la entidad demandada (DADEP).

Hechos

1 Según da cuenta el sello de radicación de la Oficina de Administración de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá (f. 13 respaldo c. 1). Por medio de auto del 28 de agosto de 2012, el Juez 34 Administrativo del Circuito de Bogotá remitió el expediente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por falta de competencia, en consideración a que la cuantía ($551’475.201) excedía los 500 SMMLV a que se refiere el artículo 134.5 del CCA (que para el 2012, representaban la suma de $283’350.000).Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

3

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que el 2 de diciembre de 2005, CORPOCIEN y el DADEP celebraron el contrato nº. 137 para «la administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público», respecto de unas zonas de uso público –parqueaderos– ubicadas en la «Urbanización Chicó Norte Sector III Centro Comercial de la Localidad No. 2 de Chapinero».

Señaló que el contrato inició el 2 de enero de 2006 y, para el cumplimiento del objeto, CORPOCIEN vinculó personal mediante contratos laborales a término fijo, cuyos salarios se pagaban con los recursos obtenidos por la ejecución del contrato de aprovechamiento económico del espacio público, en particular, por la operación diaria de los parqueaderos.

Indicó que durante la ejecución del contrato surgieron diversas dificultades , en particular, en lo que respecta a la aprobación del presupuesto de inversión por parte del DADEP. En consecuencia, mediante comunicación del 31 de octubre de 2008, el presidente de la Junta Directiva de CORPOCIEN expresó su voluntad de no prorrogar el contrato, lo cual fue aceptado por el DADEP en comunicación del 18 de noviembre siguiente.

Adujo que CORPOCIEN delegó en el director del proyecto, ingeniero Óscar Antonio Morales Beltrán, la gestión de notificar –con la debida antelación– la terminación y no prórroga de los contratos laborales del personal de apoyo vinculado a la corporación.

Morales Beltrán, la gestión de notificar –con la debida antelación– la terminación y no prórroga de los contratos laborales del personal de apoyo vinculado a la corporación. No obstante, esta instrucción no fue cumplida, lo que dio lugar a la presentación de demandas laborales contra CORPOCIEN, en las cuales se reclama ba el pago de indemnizaciones. Dichas obligaciones, según la demanda, deben atenderse con los recursos provenientes del contrato de aprovechamiento económico del espacio público.

El 30 de abril de 2009, el DADEP remitió al contratista un proyecto de liquidación bilateral. CORPOCIEN se abstuvo de firmar, porque no incluyó las indemnizaciones laborales que debían cubrirse con los recursos del contrato. Posteriormente, a través de las Resoluciones nº. 060 del 26 de marzo de 2010 y 174 del 26 de junio siguiente, el DADEP liquidó unilateralmente el contrato y dispuso que existía un saldo a su favor, correspondiente a los recursos que no fueron ejecutados durante el contrato, que el contratista debía restituir.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

4

Concepto de la violación

La demanda adujo que la Resolución nº. 060 del 26 de marzo de 2010 y la resolución que la confirmó fueron expedidas con desconocimiento de «los requisitos legales y contractuales para su validez». Señaló que el acto de liquidación unilateral transgredió

que la confirmó fueron expedidas con desconocimiento de «los requisitos legales y contractuales para su validez». Señaló que el acto de liquidación unilateral transgredió los artículos 2 de la CN y 1, 4-9, 5-3, 13, 14, 23 y 25 de la Ley 80 de 1993, porque no reconoció el pago de las indemnizaciones laborales con los recursos derivados del aprovechamiento económico del contrato. Afirmó que ese hecho implicó el desconocimiento de los principios de la contratación y supuso la modificación unilateral de los términos contractuales y la imposición de obligaciones no pactadas en el contrato.

Contestación de la demanda

El 13 de agosto de 2013 (fls. 56-71 c. 1), el DADEP, al contestar la demanda, se opuso a las pretensiones. En su defensa, excepcionó i) la falta de legitimación en la causa por pasiva, al considerar que no era la entidad llamada a asumir las obligaciones laborales contraídas por la demandante; ii) inepta demanda, porque se omitió individualizar la causal de nulidad de los actos administrativos acusados y iii) prejudicialidad, por cuanto ya se encontraba en curso un proceso ante la Fiscalía Local 102 de Bogotá, en el marco del cual se «congeló» la cuenta bancaria en la que se había depositado el saldo de los recursos recaudados en el marco del contrato2.

Sostuvo que no existió vínculo laboral alguno entre el DADEP y el personal contratado por CORPOCIEN para la ejecución del contrato. Precisó que fue la propia CORPOCIEN quien reconoció que el director del proyecto, ingeniero Óscar Antonio Morales Beltrán, incumplió la orden de notificar a los trabajadores sobre la finalización

por CORPOCIEN para la ejecución del contrato. Precisó que fue la propia CORPOCIEN quien reconoció que el director del proyecto, ingeniero Óscar Antonio Morales Beltrán, incumplió la orden de notificar a los trabajadores sobre la finalización de sus contratos laborales. Adujo que esta situación era exclusivamente imputable a CORPOCIEN, ya que dicho director había sido designado por ella misma y, en consecuencia, le correspondía controlar el cumplimiento de la instrucción y prever la terminación de los contratos de trabajo por lo menos desde el 31 de octubre de 2008, fecha en la cual CORPOCIEN expresó su decisión de no prorrogar el contrato.

2 Al consultar con el número de noticia criminal indicado en la contestación de la demanda, con el radicado No. 110016000050201003269, se evidencia que el mismo fue archivado el 30 de enero de 2020 por conducta atípica, en los términos del artículo 79 del Código de Procedimiento Penal. En todo caso, esta excepción fue negada en la sentencia de primera instancia (f. 244 c. p. pal.).Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

5

En relación con el pago de las acreencias laborales, señaló que la nómina de empleados de CORPOCIEN se había cubierto con los recursos obtenidos por la operación de los parqueaderos . Sin embargo, las indemnizaciones y demás prestaciones reclamadas con posterioridad al plazo de ejecución no podían financiarse

empleados de CORPOCIEN se había cubierto con los recursos obtenidos por la operación de los parqueaderos . Sin embargo, las indemnizaciones y demás prestaciones reclamadas con posterioridad al plazo de ejecución no podían financiarse con dichos recursos, pues derivaban de la falta de gestión de CORPOCIEN para terminar oportunamente los contratos laborales. Las prórrogas automáticas, despidos colectivos, indemnizaciones y otras pretensiones laborales que hubiera podido generar esa omisión eran responsabilidad exclusiva de CORPOCIEN.

Fundamentos de la providencia recurrida

El 10 de abril de 2014, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, porque, a su juicio, CORPOCIEN no señaló expresamente el concepto de la violación ni invocó cargo alguno de nulidad contra las resoluciones acusadas. Indicó, con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación, que la carga procesal de explicar el concepto de la violación se satisface cuando se manifiesta expresamente la razones por las cuales se consideran ilegales los actos demandados.

Recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación, que fue concedido el 22 de mayo de 2014 (f. 258 c. p. pal.). Esgrimió que el Tribunal erró al declarar la ineptitud sustantiva de la demanda, puesto que no era cierto que se hubiera omitido sustentar el concepto de la violación.

Sostuvo que el Juez 34 Administrativo del Circuito de Bogotá y, posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al recibir el expediente por competencia, no

el concepto de la violación.

Sostuvo que el Juez 34 Administrativo del Circuito de Bogotá y, posteriormente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca al recibir el expediente por competencia, no indicaron nada sobre una falta de técnica por ausencia del concepto de violación, lo que, a su juicio, supone que la demanda fue presentada en forma, al satisfacer el requisito con el capítulo de «disposiciones violadas y concepto de la violación ». Esgrimió que en dicho capítulo de la demanda se indicaron las normas transgredidas y se sustentó el concepto de la violación.

Trámite de segunda instanciaRadicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

6

El 17 de julio de 2014, el Despacho admitió el recurso de apelación (f. 262 c. p.pal.) y, el 13 de agosto siguiente (f. 264 c. p.pal.), se corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Las partes reiteraron lo expuesto (fls. 265 al 271 y 272 al 279 c. p.pal.). El Ministerio Público consideró que debían negarse las pretensiones de la demanda, porque no se acreditó la existencia de indemnizaciones laborales, ni que dichos pagos debían reconocerse en la liquidación unilateral del contrato (fls. 232-240 c. p. pal.).

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

dichos pagos debían reconocerse en la liquidación unilateral del contrato (fls. 232-240 c. p. pal.).

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 26 de junio de 2012 (f. 13 c. 1 respaldo), el régimen aplicable es el Código Contencioso Administrativo –en adelante CCA–. Conforme al artículo 266 del CCA, en los procesos iniciados antes de la vigencia de ese código, los recursos interpuestos, los términos que comenzaron a correr y las notificaciones en curso, se regían por la ley vigente al momento de esas actuaciones. Por su parte, el artículo 308 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012 – prevé que las actuaciones administrativas, las demandas y procesos en curso a la vigencia de dicho código seguirían rigiéndose y culminarían conforme al régimen jurídico anterior, esto es, el CCA. Adicionalmente, conforme al artículo 267 del CCA, en los aspectos no regulados se seguiría el Código de Procedimiento Civil –en adelante CPC– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias derivadas de la actividad contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según

contractual de las entidades públicas, según el artículo 82 del CCA, modificado por el artículo 1º de la Ley 1107 de 2006. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 129 del CCA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Adminis trativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía porque, de conformidad con el artíc ulo 157 delRadicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

7

CPACA –aplicable según lo dispuesto por el artículo 198 de la Ley 1450 de 20113– el valor de la pretensión material mayor –$551475.201 (fl. 18, c. 1)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.5 del CCA, esto es, $283.350.0004

Acción procedente

3. La acción contractual es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando se demanda la nulidad del acto de liquidación al que le son aplicables las reglas de la Ley 80 de 1993 y todas aquellas que la modifiquen, adicionen o complementen (arts. 52 de la Ley 80, 1546 y 1602 del CC y 87 del CCA).

Demanda en tiempo

4. Según el artículo 136.10.d del CCA –modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de

CC y 87 del CCA).

Demanda en tiempo

4. Según el artículo 136.10.d del CCA –modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998–, en los contratos que requieran liquidación y esta fuera efectuada unilateralmente por la Administración, el término para formular pretensiones es de dos años, contados desde la ejecutoria del acto que la apruebe.

La demanda se interpuso en tiempo –26 de junio de 2012 (f. 13 reverso c. 1)– porque la ejecutoria de la Resolución n°. 060 del 26 de marzo de 2010, a través de la cual se liquidó unilateralmente el contrato nº. 137 de 2005, se produjo el 9 de agosto de 2010, según da cuenta la constancia de ejecutoria del director administrativo, financiero y de control disciplinario del DADEP (f. 105 c. 1). Como el 14 de octubre de 2010 , se presentó solicitud de conciliación prejudicial, el término de caducidad se suspendió hasta el 24 de noviembre siguiente conforme al artículo 21 de la Ley 640 de 2001, fecha en que se celebró la audiencia y fue declarada fallida, según da cuenta el original del acta de esa diligencia (f. 169 c. 1). Al día siguiente se reanudó el conteo del término por el año, 9 meses y 26 días faltantes, que vencían el 20 de septiembre de 2012.

Aptitud de la demanda 3 ARTÍCULO 198. Descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado,

Aptitud de la demanda 3 ARTÍCULO 198. Descongestión por razón de la cuantía en la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Con el propósito de evitar la congestión de los Tribunales Administrativos y del Consejo de Estado, en los procesos que cursen o deban cursar ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en relación con los cuales a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley no se hubiere notificado en debida forma el correspondiente auto admisorio de la demanda o cuando este no se hubiere expedido y cuyas demandas se presenten hasta antes del 2 de julio de 2012, la competencia por razón de la cuantía se determinará con sujeción a las reglas consagradas en el artículo 157 de la Ley 1437 de 2011. 4 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012 ($566.700) por 500.Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

8

5. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B declaró de oficio la excepción de inepta demanda, porque la demandante no señaló expresamente el concepto de la violación ni invocó cargo alguno de nulidad contra las Resoluciones n°. 060 y 174 de 2010. Así, el Tribunal consideró que la demanda omitió explicar las razones por las cuales considera ilegales los actos acusados.

Resoluciones n°. 060 y 174 de 2010. Así, el Tribunal consideró que la demanda omitió explicar las razones por las cuales considera ilegales los actos acusados.

5.1 Conforme al artículo 97.7 del CPC, aplicable por remisión expresa del artículo 267 del CCA, la ineptitud de la demanda por falta de los requisitos formales o por indebida acumulación de pretensiones es una excepción previa. En armonía con esa disposición, los artículos 137 y 138 del CCA y 75 del CPC disponen que la demanda que se promueva debe contener lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las pretensiones se deben formular por separado, con observancia de lo dispuesto en el artículo 82 del CPC.

La excepción de inepta demanda se configura –entre otros– cuando se omite el requisito previsto en el artículo 137.4 del CCA5, relativo al deber de explicar el concepto de la violación. De conformidad con el criterio de la Sala6, se entiende satisfecho este requisito cuando la demanda identifica al menos las normas que sirven de fundamento a las pretensiones, expone las razones de la infracción y señala la manera en que se habría configurado el vicio que da lugar a la nulidad.

5.2 En la demanda se pidió –como pretensiones declarativas– que se declarara la nulidad de las Resoluciones n°. 060 y 174 de 2010, mediante las cuales el DADEP liquidó unilateralmente el contrato n°. 137 de 2005 y determinó un saldo a su favor. En la demanda quedaron consignadas las razones en las que se fundamenta la solicitud de nulidad, según se pasa a explicar:

liquidó unilateralmente el contrato n°. 137 de 2005 y determinó un saldo a su favor. En la demanda quedaron consignadas las razones en las que se fundamenta la solicitud de nulidad, según se pasa a explicar:

De los hechos y fundamentos de derecho se desprende que la nulidad de los actos que liquidaron el contrato se fundamenta en que estos no reconocieron las 5 Artículo 137. Toda demanda ante la jurisdicción administrativa deberá dirigirse al tribunal competente y contendrá:

1. La designación de las partes y de sus representantes.

2. Lo que se demanda.

3. Los hechos u omisiones que sirvan de fundamento de la acción.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.

5. La petición de pruebas que el demandante pretende hacer valer.

6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia. 6 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 15 de agosto de 2013, Rad nº. 39 .005

[fundamento jurídico 5.1].Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

9

indemnizaciones asumidas por CORPOCIEN con ocasión de la terminación de los contratos laborales. La demanda explicó que: i) para cumplir con el objeto del contrato

Asunto: Acción contractual

9

indemnizaciones asumidas por CORPOCIEN con ocasión de la terminación de los contratos laborales. La demanda explicó que: i) para cumplir con el objeto del contrato fue necesario vincular personal mediante contratos laborales a término fijo; ii) según la cláusula 4.10 del contrato nº. 137 de 2005, el recaudo por aprovechamiento económico del espacio público debía reinvertirse en la zona, destina ndo un 10% a gastos administrativos del contratista; iii) durante la ejecución del contrato, CORPOCIEN pagó los salarios de sus empleados con los recursos obtenidos del contrato y iv) al no prorrogarse el contrato, se ordenó informar a los trabajadores sobre la no renovación de sus contratos laborales, lo cual no se cumplió, lo que generó demandas laborales contra CORPOCIEN. En este contexto, la demanda alega que el saldo de la liquidación –que corresponde al aprovechamiento económico del contrato– no debía reintegrarse al DADEP, como dispusieron las resoluciones acusadas, sino destinarse al pago de las indemnizaciones laborales.

Asimismo, en el capítulo «disposiciones violadas y concepto de la violación», explicó que se infringió lo dispuesto en el artículo 4.9 de la Ley 80 de 1993, por cuanto sobrevino una onerosidad para CORPOCIEN con ocasión de la omisión de reconocer en la liquidación unilateral « los pagos a quienes con su trabajo ayudaron al aprovechamiento económico del espacio público» (f. 11 c. 1). Adicionalmente, se transgredió lo dispuesto en el artículo 5.3 que «faculta a mi poderdante a obtener la protección de sus derechos contractuales»; el artículo 14, puesto que «se pretendió

transgredió lo dispuesto en el artículo 5.3 que «faculta a mi poderdante a obtener la protección de sus derechos contractuales»; el artículo 14, puesto que «se pretendió modificar el contrato de manera unilateral, inconsulta e ilegal, imponiendo obligaciones extracontractuales, sin previa notificación y una vez terminado el contrato » y los artículos 1, 13, 23 y 25 porque «se desconocieron los principios de la contratación estatal» (f. 12 c. 1).

5.3 De la lectura de la demanda se observan con claridad las normas que se considera fueron transgredidas por los actos acusados. En efecto, según la demanda, las resoluciones demandadas «carecen de los requisitos contractuales y legales para su validez», puesto que infringieron los artículos 1, 4-9, 5-3, 13, 14, 23 y 25 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 4.10 del contrato n°. 137 (fls. 11-13 c. 1). Lo anterior, porque en el cruce final de cuentas no se reconocieron las indemnizaciones laborales que debían ser pagadas con el saldo resultante de la liquidación.

Precisado lo anterior, la Sala considera que procede el estudio de fondo de las pretensiones de la demanda, ya que en este caso el concepto de la violación resultaRadicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

10

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

10

comprensible y se enunciaron las normas que se estima fueron transgredidas. Por ello, la Sala revocará la decisión de primera instancia y se pronunciará de fondo sobre las pretensiones de la demanda.

Legitimación en la causa

6. CORPOCIEN está legitimada en la causa por activa y Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP está legitimado en la causa por pasiva, ya que fueron las partes del contrato n.° 137 de 2005 para la administración, mantenimiento y aprovechamiento del espacio público en la localidad de Chapinero (fls. 21-28 c. 1).

Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si procede declarar la nulidad del acto de liquidación unilateral del contrato nº. 137 de 2005, porque omitió reconocer los valores reclamados en la demanda, correspondientes a las indemnizaciones laborales a cargo de CORPOCIEN derivadas de las acciones judiciales promovidas por sus ant iguos empleados. Adicionalmente, si el acto es nulo, porque ordenó restituir un saldo a la entidad contratante en vez de autorizar su reinversión en la zona.

Análisis de la Sala

7. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC.

8. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación,

7. Como la sentencia fue recurrida por la parte demandante, la Sala estudiará el asunto de conformidad con el artículo 357 del CPC.

8. Las copias simples serán valoradas, porque la Sección Tercera de esta Corporación, en fallo de unificación, consideró que tenían mérito probatorio7.

9. La Sala reitera que CORPOCIEN formuló demanda contra el DADEP, cuyas

pretensiones fueron las siguientes:

1. Que la Resolución 060 del 24 de marzo de 201 [sic] “por la cual se liquida unilateralmente el contrato DADEP No. 137 de 2005”, expedida por el Director del DADEP, es nula por carecer de los requisitos contractuales y legales para su validez.

7 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2013, rad. n°. 25.022 [fundamento jurídico 1].Radicación: 25000-23-26-000-2012-01151-01 (51.411)

Demandante: Corporación Cívica Calle Cien -CORPOCIEN en liquidación

Demandado: Bogotá D.C.-Departamento Administrativo de la

Defensoría del Espacio Público-DADEP

Asunto: Acción contractual

11

2. Que la Resolución 174 del 28 de junio de 2010, “Por la cual se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra la Resolución 060 del 26 de marzo de 2010 que liquidó unilateralmente el contrato DADEP No. 137 de 2005”, expedida por el señor Director del DADEP, es nula por carecer de los requisi