CE - Sentencia 25000232700020120051801 de 2025

Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

Demandante: CODENSA S.A. ESP.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación núm.: 25000-23-27-000-2012-00518-01

Demandante: Codensa S.A. ESP.

Demandado: Distrito Capital de Bogotá – Secretaría Distrital de Planeación Tema: No es nulo el acto mediante el cual la Secretaría Distrital de Planeación asigna el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación para el año 2012.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante en contra de la sentencia proferida el 3 de mayo de 2013 por la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

Mediante apoderado judicial, la empresa CODENSA S.A.E.S.P. (en adelante parte demandante), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA en contra de la Secretaría Distrital de Planeación, presentó demanda para lo cual formuló las siguientes pretensiones:

demandante), en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo -CCA en contra de la Secretaría Distrital de Planeación, presentó demanda para lo cual formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1.1. Que se declare la nulidad total de la Resolución No. 0113 del 2 de febrero de 2012, por medio de la cual la Secretaría Distrital de Planeación asignó el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación de Bogotá D.C. a cargo de la Compañía, por el año 2012.

1.2. Que como consecuencia de lo anterior, se restablezca el derecho de Codensa, señalando que mi representada no está obligada al pago de la tasa contributiva de estratificación para el año 2012.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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1.3. Que se declare que no son del cargo de Codensa las costas en que haya incurrido el Distrito Capital de Bogotá en relación a la actuación administrativa, ni las de este proceso.

[…]”. (negrilla del texto).

Como fundamentos de hecho, mencionó que según los artículos 101 y siguientes de la Ley 142 de 11 de julio de 1994 1, los alcaldes deben realizar la clasificación en estratos de los inmuebles residenciales susceptibles de recibir servicios públicos. Por su parte, según la Ley 505 de 25 de junio de 19992 las empresas de servicios públicos deben

de los inmuebles residenciales susceptibles de recibir servicios públicos. Por su parte, según la Ley 505 de 25 de junio de 19992 las empresas de servicios públicos deben realizar un aporte económico a los municipios con el fin de garantizar la estratificación en cada una de sus jurisdicciones.

A través de la Ley 732 de 25 de enero de 20023 reiteró que es función de los alcaldes realizar y adoptar las estratificaciones socioeconómicas empleando para ello las metodologías que diseñe el Departamento Nacional de Planeación. De igual forma, en el parágrafo del artículo 6 ibidem reiteró el concurso económico que deben prestar las empresas de servicios públicos domiciliarios, con el fin de realizar y mantener actualizadas las estratificaciones municipales y distritales, de acuerdo con la reglamentación que el Gobierno Nacional haga del artículo 11 de la Ley 505.

Mediante el Decreto No. 0007 del 5 de enero de 2010 4, el Presidente de la República reglamentó el artículo 11 de la Ley 505 y el parágrafo 1 del artículo 6 de la Ley 732. Sin embargo, no definió el costo de la realización y actualización de las estratificaciones.

El Alcalde Mayor de Bogotá, mediante el Decreto 096 del 9 de marzo de 2010, delegó en el secretario distrital de planeación la estimación del costo anual del servicio de estratificación y la determinación del monto del concurso económico de las empresas de servicios públicos domiciliarios que operan en el Distrito Capital.

Adujo que se instauró una demanda contra el Decreto 096 de 9 de marzo de 2010 y para la fecha de presentación de la demanda se encuentra pendiente de resolverse ante la Sección Primera.

Adujo que se instauró una demanda contra el Decreto 096 de 9 de marzo de 2010 y para la fecha de presentación de la demanda se encuentra pendiente de resolverse ante la Sección Primera.

1 “[…] Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones. […]”. 2 “[…] Por medio de la cual se fijan términos y competencias para la realización, adopción y aplicación de la estratificación a que se refiere las Leyes 142 y 177 de 1994, 188 de 1995 y 383 de 1997 y los Decretos Presidenciales 1538 y 2034 de 1996. […]”. 3 “[…] Por la cual se establecen nuevos plazos para realizar, adoptar y aplicar las estratificaciones socioeconómicas urbanas y rurales en el territorio nacional y se precisan los mecanismos de ejecución, control y atención de reclamos por el estrato asignado. […]”. 4 “[…] Por el cual se reglamenta el artículo 11 de la Ley 505 de 1999 y el parágrafo 1° del artículo 6° de la Ley 732 de 2002. […]”.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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Invocó como normas violadas las siguientes: los artículos 189 (numeral 11) y 338 de la Constitución Política; 101 de la ley 142 de 1994; 11 de la Ley 505; 6 de la ley 732 y; 1 y

3

Invocó como normas violadas las siguientes: los artículos 189 (numeral 11) y 338 de la Constitución Política; 101 de la ley 142 de 1994; 11 de la Ley 505; 6 de la ley 732 y; 1 y 2 del Decreto 007 del 5 de enero de 2010.

Como cargos de nulidad planteo: i) la falta de competencia del funcionario que expidió el acto acusado; ii) la falta de estimación de los elementos necesarios para el cobro de la tasa y por la ausencia en la determinación del sistema y el método de la tasa por parte del Presidente de la República y; iii) exceso de la potestad reglamentaria del Presidente de la República con la expedición del Decreto 007 del 5 de enero de 2010.

En cuanto al cargo de falta de competencia, lo sustenta en que el alcalde mayor de Bogotá no podía delegar en el secretario distrital de planeación las funciones de estimación del costo anual del servicio de estratificación y la determinación del monto del concurso económico.

En cuanto al segundo cargo, explicó que: i) de conformidad con el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, el concurso económico tiene la naturaleza de una tasa; ii) la tasa tiene como finalidad recuperar el costo del bien o del servicio prestado por el Estado y según la jurisprudencia del Consejo de Estado resulta claro que las tasas deben establecer con claridad el sistema y el método utilizado para definir los costos recuperables, de tal forma que el gravamen permita la recuperación del costo incurrido en la prestación del servicio correspondiente; iii) a través del Decreto 007 de 5 de enero de 2010, el Presidente de la

claridad el sistema y el método utilizado para definir los costos recuperables, de tal forma que el gravamen permita la recuperación del costo incurrido en la prestación del servicio correspondiente; iii) a través del Decreto 007 de 5 de enero de 2010, el Presidente de la República no estableció con claridad el sistema y el método utilizado para definir los costos del servicio de estatificación, como elementos fundamentales para analizar la legalidad del cobro de la tasa objeto de análisis , el cual debía ser inaplicado porque no define ni el sistema ni el método para establecer los costos recuperables del sistema de estratificación y; iv) por ende, no resulta posible la determinación y el cobro de la tasa contributiva de estratificación para el año 2012.

Respecto al exceso en la potestad reglamentaria por parte del Presidente de la República con la expedición del Decreto 007 de 2010, indicó que “[…] siendo que a través del decreto No. 007 de 2010 el Gobierno definió algunos elementos esenciales de la tasa contributiva de estratificación, tales como el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, y la base gravable, el Presidente de la Republica se excedió en el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, arrogándose atribuciones propias del legislador, en quien radica única y exclusivamente el poder impositivo, y violando con ello el principio de legalidad tributaria contenido en el Articulo 338, y el principio de separación de funciones establecido en el Artículo 121 de la misma Carta. […]”, y por este motivo, debía ser inaplicado.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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Artículo 121 de la misma Carta. […]”, y por este motivo, debía ser inaplicado.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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I.2. La contestación

La Secretaria Distrital de Planeación, por conducto de apoderado judicial, contestó la demanda y solicitó negar las pretensiones de la demanda.

Respecto del cargo de falta de competencia indicó que el mencionado acto administrativo encuentra fundamento jurídico en normas de orden constitucional y legal, de ahí que se pueda afirmar que se ajusta al bloque de constitucionalidad y no resulta violatorio de preceptos superiores.

Indicó que la resolución demandada se fundamentó en el Decreto Distrital 096 de 2010, el cual se encuentra vigente y resulta de obligatorio cumplimiento por cuanto no ha sido declarado nulo.

Explicó que la parte actora confunde la competencia del Alcalde Mayor para la estratificación con la competencia para fijar la tasa contributiva de estratificación.

Precisó que la Secretaría Distrital de Planeación hace parte del Sector Central de la Administración Distrital, y tiene entre sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Distrital 550 de 2006, por conducto de la Dirección de Estratificación , la realización la estratificación del Distrito Capital, con base en la aplicación de las metodologías determinadas por los organismos nacionales; y como función delegada la asignación del concurso económico y la tasa contributiva de estratificación.

realización la estratificación del Distrito Capital, con base en la aplicación de las metodologías determinadas por los organismos nacionales; y como función delegada la asignación del concurso económico y la tasa contributiva de estratificación.

Sostuvo que la inaplicación de una norma resulta excepcional y restrictiva, y en el presente caso no se advierte de ninguna manera una incompatibilidad evidente o palmaria ente el Decreto Nacional 007 de 2010 con la Constitución Política, razón por la cual la parte demandada no podía sustraerse del deber de acatarlo.

Propuso como excepciones “[…] Acción distinta a la que corresponde y falta de competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para conocer de la acción de inconstitucionalidad respecto del Decreto Nacional 0007 del 5 de enero de 2010. […]”. (Negrilla del texto).

I.3. La sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante fallo de 3 de mayo de 2013, resolvió:

“[…] 1. No prospera la excepción propuesta por el Distrito Capital.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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2. Se DENIEGAN las pretensiones de la demanda.

3. Por no configurarse los presupuestos normativos, no se condena en costas.

[…]”. (Negrilla del texto).

Desestimó el cargo de falta de competencia, al considerar que lo dispuesto en el artículo

3. Por no configurarse los presupuestos normativos, no se condena en costas.

[…]”. (Negrilla del texto).

Desestimó el cargo de falta de competencia, al considerar que lo dispuesto en el artículo 101.1 de la ley 142 es distinto al tema reglamentado por el acto acusado, dado que esta norma correspondía a funciones de adopción y actualización de la estratificación y mediante la norma acusada se estimó el costo anual d el servicio de estratificación y la determinación del monto del concurso económico.

Respecto del cargo relacionado con la ausencia de la metodología, el Tribunal se remitió a lo dispuesto en la sentencia C-1371 de 2000 y concluyó que, al revisar el contenido del acto, se advertía que si definió los elementos necesarios para el sistema y el método para fijar la tasa.

En cuanto al cargo de exceso en la potestad reglamentaria con la expedición del Decreto 007 de 2010, sostuvo que el demandante incurrió en una indebida técnica para plantear el cargo, pues, lo sustentó en una eventual inaplicación “[…] que tendría algún arraigo en la esfera de la acción de nulidad por inconstitucionalidad […]”.

II. RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante presento recurso de apelación , el cual dividió en tres argumentos expuestos de manera sucinta por lo cual se procede a citarlos in extenso.

“[…] 3.1. Respecto de las razones del a quo para negar la prosperidad del primer cargo de la demanda

La delegación de funciones que se reprocha está expresamente prohibida por el artículo 101.1 de la ley 142 de 1994, según el cual " es deber indelegable del alcalde realizar la

la demanda

La delegación de funciones que se reprocha está expresamente prohibida por el artículo 101.1 de la ley 142 de 1994, según el cual " es deber indelegable del alcalde realizar la estratificación respectiva". Entender entonces que es correcto que el Alcalde Mayor haya delegado esa función en la Secretaría Distrital de Planeación, es un error , como lo es igualmente que esa delegación sea válida porque el Alcalde puede contratar las tareas de estratificación pues ello absolutamente nada tiene que ver con la deleg ación de las funciones de estimación del costo del servicio de estratificación y del concurso económico de quienes, como mi representada, deben aportar en ese proceso, y la asignación y el cobro del concurso económico mencionado.

Lo cierto es que, como se explicó en la demanda, no se puede delegar aquellas funciones que por ley no son susceptibles de delegación; quien así recibe la delegación y desarrolla alguna actividad en función a ello, actúa sin competencia. Y eso es lo que oc urre con los actos expedidos por la Secretaría Distrital de Planeación.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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Por ello, reitero, el fallo que se apela está indebidamente motivado.

3.2. Respecto de las razones del a quo para negar la prosperidad del segundo cargo de la demanda

Como se expresó en la demanda, y a ello me remito, la naturaleza jurídica del tributo que acá se discute es clara. Se trata de una tasa.

demanda

Como se expresó en la demanda, y a ello me remito, la naturaleza jurídica del tributo que acá se discute es clara. Se trata de una tasa.

Pues bien, uno de los elementos fundamentales de las tasas, es precisamente que su finalidad es recuperar el costo del bien o servicio prestado por el Estado 5. Para ello, como es apenas lógico, se debe conocer con claridad el sistema y el método utilizado para definir los costos recuperables, de tal forma que el gravamen busque únicamente la recuperación del costo incurrido en la prestación del correspondiente servicio, pues si ell o no es posible la tasa de que se trata sea ilegal.

Dado que en el caso de la referencia no se ha establecido el sistema y el método necesario para definir los costos del servicio de estratificación, el cobro que soporta mi representada es ilegal. Considerar, como lo hizo el a quo que respecto de una tasa ese sistema y ese método pueden colegirse de lo expresado en un fallo judicial, cuando en todo caso no es así, es un error.

Por ello, reitero, el fallo que se apela está indebidamente motivado.

3.3. Respecto de las razones del a quo para negar la prosperidad del tercer cargo de la demanda

Este cargo, que guarda estrecha relación con la solicitud de que lo dispuesto en el decreto No. 007 de 2010, en el cual se fundamenta la determinación oficial de la tasa de estratificación a cargo de mi representada por el año 2011, no fuera aplicado a est e caso, se explica así;

El artículo 338 de la Constitución Política expresamente prevé que el Congreso de la República es el único que puede establecer un tributo en nuestro país, sin perjuicio de que

se explica así;

El artículo 338 de la Constitución Política expresamente prevé que el Congreso de la República es el único que puede establecer un tributo en nuestro país, sin perjuicio de que se delegue en las Asambleas y Concejos la facultad de incorporar los tributos a sí establecidos, en sus respectivas jurisdicciones, así como la definición de algunos de los elementos esenciales de los mismos. En ningún caso la potestad tributaria supone que los elementos esenciales de la obligación tributaria puedan ser establecidos p or la vía del reglamento6.

En consecuencia, siendo que a través del referido decreto el Gobierno definió algunos de elementos esenciales de la tasa contributiva de estratificación, tales como el hecho generador, los sujetos activos y pasivos, y la base gravable, el Presidente de la República se excedió en el ejercicio de la facultad reglamentaria contenida en el numeral 11 del Artículo 189 de la Constitución Política, arrogándose atribuciones propias del legislador.

5 Sentencia C-508 de 2006. 6 Por su parte, el Consejo de Estado (Sección Cuarta. Sentencia del 4 de noviembre 1994, Exp. 5692) ha manifestado que la potestad impositiva comprende “la de fijar los elementos estructurales de la obligación tributaria, tales como la denominación del impuesto; los sujetos gravados; la materia y la base imponibles: las tarifas; las deducciones, exenciones y descuentos: la forma de liquidación y de pago: los intereses y las sanciones, etc. (Negrilla fuera de! texto).Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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sanciones, etc. (Negrilla fuera de! texto).Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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Considerar, como lo hace el a quo, que esos elementos pueden ser sustituidos por una lectura de un fallo judicial, es un error. Y por ello también el fallo que se apela adolece de problemas en su motivación.

Consideración final

Cabe igualmente declarar la nulidad de todo lo actuado desde el auto admisorio de la demanda, en tanto en este proceso se discute si es o no es legal la tasa de estratificación que liquidó el Distrito Capital a Codensa, luego la Sección Cuarta del H. Tribu nal Administrativo de Cundinamarca no era competente para conocer de este asunto . […]”. (Negrilla del texto).

II.1. Trámite en segunda instancia

II.1. Mediante auto del 23 de septiembre de 2013 se admitió el recurso de apelación.

El apoderado de la parte demandante solicitó la suspensión del proceso por prejudicialidad, con ocasión del proceso con radicado 2011-00368 la que fue resuelta en providencia del 31 de octubre de 2017, negándola.

En auto del 12 de enero de 2018 se corrió traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de conclusión.

II.2. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

II.3. La parte demandada presentó sus alegatos.

alegatos de conclusión.

II.2. La parte demandante presentó sus alegatos de conclusión reiterando los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

II.3. La parte demandada presentó sus alegatos.

Empezó por solicitar que no se acceda a la solicitud de nulidad alegada en el recurso de apelación, por extemporánea, porque se presentó por causa atribuible a la parte demandante y no implica un problema de competencia.

En lo demás en atención a que en el recurso de apelación se propusieron los mismos argumentos de la demanda, se reiteran aquellos propuestos en la primera instancia.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

III.1. La competencia

De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y delRadicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

III.2. El acto demandado

“[…] RESOLUCIÓN No. 0113 de 02 Febrero de 2012 ‘Por la cual se asigna el concurso económico y la tasa contributiva de

III.2. El acto demandado

“[…] RESOLUCIÓN No. 0113 de 02 Febrero de 2012 ‘Por la cual se asigna el concurso económico y la tasa contributiva de estratificación de Bogotá D.C, para el año 2012, ”

LA SECRETARIA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

En ejercicio de las competencias asignadas por el artículo 1° del Decreto Distrital 096 de 2010 y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 11 de la Ley 505 de 1999 establece que los Alcaldes deben garantizar "que las estratificaciones se realicen, se adopten, se apliquen y permanezcan actualizadas a través del Comité Permanente de Estratificación Municipal o Distrital" y que p ara ello contarán Con el aporte económico de las empresas de servicios públicos domiciliarios que operen en la entidad territorial.

Que el artículo 2° de la Ley 732 de 2002 señala que "los Alcaldes deberán realizar y adoptar sus estratificaciones empleando las metodologías que diseñe el Departamento Nacional de Planeación".

Que de conformidad con el literal g del numeral 3° del artículo 2° del Decreto Nacional 262 de 2004, le corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DAÑE, “Diseñar las metodologías de estratificación y los sistemas de seguimiento y evaluación de dichas metodologías, para ser utilizados por las entidades nacionales y territoriales”.

Que el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 732 de 2002 ordena a las empresas de servicios públicos domiciliarios residenciales, prestar su concurso económico con el fin de que las estratificaciones se realicen y permanezcan actualizadas, de

Que el parágrafo 1° del artículo 6 de la Ley 732 de 2002 ordena a las empresas de servicios públicos domiciliarios residenciales, prestar su concurso económico con el fin de que las estratificaciones se realicen y permanezcan actualizadas, de conformidad con la reglamentación que el Gobierno Nacional realice del artículo 11 de la Ley 505 de 1999.

Que de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la Sentencia C-1371 del 2000 de la Corte Constitucional, el artículo 11 de la Ley 505 de 1999 establece que las "reglas y formas específicas de ponderación de los factores que permitirán una previa definición de los criterios con que se harán los cálculos específicos de determinación de la base gravable, el sistema y el método de la tasa en mención, con el fin de alcanzar la recuperación del costo del servicio prestado por los comitésRadicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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permanentes de estratificación, al adelantar la estratificación en centros poblados. Sin embargo, precisa la mencionada corporación que "como dichos elementos de la obligación tributaria resultan ser de difícil precisión técnica, la ley se ha limitado a diseñar unos lineamientos que serán desarrollados para su aplicación por el Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste, con el fin de dar cumplida ejecución a la ley (CP. ART. 189)”.

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto No.

Presidente de la República, en ejercicio de la potestad reglamentaria que le asiste, con el fin de dar cumplida ejecución a la ley (CP. ART. 189)”.

Que la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en Concepto No. 1535 del 2 de octubre de 2003 concluyó " El concurso económico de que trata el articulo 11 de la Ley 505 de 1.999 definido por la Corte Constitucional como tasa contributiva y de carácter nacional, debe ser reglamentado por el Presidente de la República en ejercicio de la potestad reglamentaria s eñalada en el artículo 189 -11 de la Constitución Política".

Que mediante el Decreto Nacional 0007 de 2010, el Presidente de la República reglamentó el artículo 11 de la Ley 505 de 1999, señalando en los artículos 2°, 3° y 4°, la determinación del costo de servicio de estratificación, el monto del concurso económico y el tope de la tasa a cobrar por el servicio de estratificación en Bogotá

D. C., a cargo de las empresas de servicios públicos domiciliarios residenciales.

Que el artículo 338 de la Constitución Política dispone "En tiempo de paz. solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pa sivos los hechos y las bases gravables. y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como

bases gravables. y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley. las ordenanzas o los acuerdos.

Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un período determinado, no pueden aplicarse sino a partir del período que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley. ordenanza o acuerdo."

Que " contrario sensu", los tributos que no son de período sino de causación instantánea como el caso de la tasa contributiva que aquí se presenta, son de determinación y cobro inmediato. Que mediante el Decreto Distrital 096 de 2010, el Alcalde Mayor de Bogotá D.C. delegó en " El Secretario (a) Distrital de Planeación" la estimación del costo anual del servicio de estratificación y estableció el procedimiento para la determinación y pago de la tasa contributiva por estratificación en Bogotá D.C.Radicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

Demandante: CODENSA S.A. ESP.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (60-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10

(…)

Que la empresa Codensa S.A. E.S.P. mediante oficio radicado No.1 -2011-55697

www.consejodeestado.gov.co 10

(…)

Que la empresa Codensa S.A. E.S.P. mediante oficio radicado No.1 -2011-55697 del 22/12/11 remitió el número anual de usuarios residenciales y el valor anual facturado en el periodo comprendido de enero a noviembre de 2011.

(…)

RESUELVE:

Artículo 1. Determinar el costo anual del servicio de estratificación de Bogotá D.C. para la vigencia fiscal 2012 en DOS MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($2.186.000.000) M/CTE. y el valor del concurso económico, a cargo de las empresas comercia lizadoras de servicios públicos, en MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES ONCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS

($1.262.011.175) M/CTE.

El concurso económico de la estratificación será cancelado por las empresas comercializadoras de servicios públicos que prestan sus servicios en Bogotá D. C. de conformidad con el Anexo 1: “Informe sobre el cálculo anual del costo del servicio de la Estratificación Socioeconómica de Bogotá D. C. y la determinación preliminar del monto del concurso económico de la Estratificación, para la vigencia 2012” que hace parte integral de la presente resolución así:

[…]

Artículo 5. La presente resolución tendrá vigencia a partir de su ejecutoria y deberá notificarse a las empresas comercializadoras de servicios públicos que prestan servicios en Bogotá D.C. Contra esta resolución procede el recurso de reposiciónRadicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

Demandante: CODENSA S.A. ESP.

servicios en Bogotá D.C. Contra esta resolución procede el recurso de reposiciónRadicación: 25000-23-27-000-2012-00518-01

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dentro de los términos previstos en los artículos 51 y 52 del Código Contencioso Administrativo.

(…)”.

III.3. Identificación de los problemas a resolver

III.3.1. Según lo dispuesto en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala establecer si el acto acusado es nulo por falta de competencia, en tanto el alcalde mayor de Bogotá no podía delegar en su secretario de planeación establecer la estimación del costo anual del servicio de estratificación y la determinación del monto del concurso económico a cargo de las empresas de servicio s públicos que prestan sus servicios en el Distrito Capital.

III.3.2. En caso tal no prospere este cargo, debe la Sala establecer si es nulo el acto acusado, si no se definió el método utilizado para definir los costos recuperables.

III.3.3. Finalmente, si es nulo