CE - Sentencia 25000233600020020179402 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Expediente: 25000233600020020179402 (69.317) Demandante: COOTRANSFUN y otro

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Acción: Controversias contractuales Asunto: Sentencia de segunda instancia

TEMAS: CONTRATO DE CONCESIÓN - Las adecuaciones de la infraestructura requeridas para garantizar dicha prestación —entre ellas, la construcción del nuevo horno crematorio —, así como las demás actividades necesarias para cumplir las obligaciones asumidas, debían ejecutarse por cuenta y riesgo del Concesionario, conforme a la definición legal del contrato. / PRUEBA DE LA RUPTURA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO - Ni el dictamen pericial ni las demás pruebas del expediente acreditan que, en el balance global del contrato, se haya producido un resultado contable neto negativo o —desde la perspectiva financiera propia de las concesiones — que las inversiones y costos asumidos por el Concesionario no pudieran recuperarse con los ingresos derivados de la explotación del servicio. Ello habría requerido, por ejemplo, un flujo de caja consolidado del proyecto y la verificación de que su valor presente neto (VPN), descontado a la tasa interna de retorno prevista en la oferta.

Cumplido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia

Cumplido el trámite de ley, sin que se advierta causal de nulidad que invalide lo actuado, la Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La controversia se refiere a un contrato de concesión celebrado para la administración y operación de los cementerios de propiedad del Distrito Capital. El concesionario solicitó la reparación de los perjuicios por el retraso en la construcción de un horno crematorio. Adicionalmente, pidió que se ordenara el pago de una compensación por la alter ación del equilibrio económico del contrato, ocasionada por el incremento extraordinario en el costo del servicio de recolección de residuos durante su ejecución.

I. LA SENTENCIA IMPUGNADA

1. El 3 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, profirió la siguiente decisión:

“PRIMERO: DECLARAR probada la CADUCIDAD DE LA DEMANDA DE RECONVENCIÓN presentada por el Distrito Capital – Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos (UESP), de conformidad con las r azones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: LIQUIDAR JUDICIALMENTE el contrato de concesión No. 005 de 1995 en el sentido de NO RECONOCER suma alguna de dinero a la Cooperativa de Trabajo Asociados del Futuro – COOTRASFUN, e n calidad de integrante del consorcio COOTRASFUN – Carlos J. Silva Bernal, respecto de los gastos reclamados en este proceso judicial por los motivos expuestos en la presente sentencia.Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

COOTRASFUN – Carlos J. Silva Bernal, respecto de los gastos reclamados en este proceso judicial por los motivos expuestos en la presente sentencia.Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Referencia: Controversias contractuales

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TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia

CUARTO: Sin condena en costas en esta instancia.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, por secretaría DEVUÉLVASE al interesado sin nec esidad de desglose los anexos y el remanente de la suma que se ordenó para gastos del proceso si la hubiera, déjese constancia de dicha entrega y ARCHÍVESE el expediente”1.

2. La sentencia impugnada resolvió la demanda presentada por la Cooperativa de Trabajo Asociado del Futuro (en adelante, “COOTRANSFUN”), integrante del Consorcio COOTRANSFUN – Carlos Silva Bernal (en adelante, el “Concesionario”), contra el Distrito Capital – Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (en adelante, la “UESP”) 2, así como la demanda de reconvención formulada por esta última.

Demanda principal

3. COOTRANSFUN solicitó que se declarara que la UESP incumplió su obligación de liquidar el Contrato de Concesión 005 de 1995 (pretensión 1 a). También pidió que se reconociera que, en dicha liquidación, la UESP debía incluir dos conceptos:

de liquidar el Contrato de Concesión 005 de 1995 (pretensión 1 a). También pidió que se reconociera que, en dicha liquidación, la UESP debía incluir dos conceptos: (i) los mayores gastos que asumió en la construcción del horno crematorio del cementerio sur, derivados de la conducta negligente de la entidad en la obtención de licencias y del plan de manejo ambiental, y (ii) las mayores sumas que pagó por la prestación del servicio de recolección de basuras y residuos sólidos, en comparación con las previsiones iniciales (pretensión 2a)3.

4. Consecuencialmente, solicitó que se liquidara judicialm ente el contrato, reconociendo al Concesionario las sumas que resultaran probadas por los siguientes conceptos: (i) los mayores costos asociados a la construcción del horno crematorio, (ii) los perjuicios derivados del retraso en el inicio de su operación y (iii) las mayores sumas pagadas por la recolección de basuras. Finalmente, demandó que se ordenara el pago de la condena conforme a las reglas del Código Contencioso Administrativo (“CCA”) y que se condenara a la UAESP al pago de las costas.

5. En apoyo de sus pretensiones, relató los siguientes hechos:

1 Cuaderno CE, pp. 1288 – 1318. 2 El Alcalde Mayor de Bogotá, mediante Decreto 782 de 1994, creó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos como una dependencia de la Alcaldía Mayor con el mismo nivel y jerarquía administrativa que las Secretarías del Despa cho. Posteriormente, en virtud del Acuerdo Distrital 257 de 2006

Públicos como una dependencia de la Alcaldía Mayor con el mismo nivel y jerarquía administrativa que las Secretarías del Despa cho. Posteriormente, en virtud del Acuerdo Distrital 257 de 2006 (artículo 113), el Concejo Distrital transformó la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, la cual pasó a denominarse Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Según el artículo 1 16 de este acuerdo, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos está organizada como unidad administrativa especial del orden distrital del sector descentralizado por servicios, de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital del Hábitat (c. ppal 2, pp. 898899). El artículo 120 del citado Acuerdo también precisó que “para todos los efectos, las actuaciones administrativas adelantadas con anterioridad. 3 C. ppal, pp. 2 – 26.Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Referencia: Controversias contractuales

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6. El 2 de marzo de 1995, la UESP abrió una licitación pública para adjudicar un contrato de concesión para que el contratista, por su cuenta y riesgo, se encargara de la administración, operación y mantenimiento —por un plazo de cinco años— de los cementerios y hornos crematorios del Distrito Capital. En el pliego de condiciones, la entidad no incluyó como obligación del futuro concesionario la construcción de nuevos hornos crematorios. No obstante, al describir el globo A del

los cementerios y hornos crematorios del Distrito Capital. En el pliego de condiciones, la entidad no incluyó como obligación del futuro concesionario la construcción de nuevos hornos crematorios. No obstante, al describir el globo A del cementerio sur, indicó que en dicho inmueble “ se podría ubicar un horno crematorio”.

7. El Concesionario incluyó en su propuesta la construcción de un nuevo horno crematorio en el cementerio sur. Asimismo, incorporó en las proyecciones económicas de su oferta los costos asociados a dicha obra, a fin de recuperar la inversión durante la ejecución del contrato mediante la explotación del servicio. La UESP aceptó integralmente la propuesta y, el 7 de julio de 1995, suscribió el contrato de concesión 005 de 1995.

8. El 6 de mayo de 1996, el Concesionario inició la construcción de las obras civiles del nuevo horno crematorio. Sin embargo, el 1º de diciembre del mismo año, el Departamento Administrativo de Medio Ambiente (en adelante, “DAMA”) ex pidió la Resolución 632, mediante la cual ordenó suspender la obra hasta que se obtuviera la licencia ambiental correspondiente.

9. Para obtener la licencia ambiental era necesario implementar un plan de manejo ambiental (en adelante, “PMA”), cuya preparaci ón y presentación ante el DAMA correspondía a la UESP. El Concesionario solicitó a la entidad el cumplimiento de dicha obligación; sin embargo, ésta se negó a gestionarla alegando que era responsabilidad del contratista. Solo hasta el 15 de octubre de 1998, la UESP inició el proceso de contratación del PMA del cementerio sur.

dicha obligación; sin embargo, ésta se negó a gestionarla alegando que era responsabilidad del contratista. Solo hasta el 15 de octubre de 1998, la UESP inició el proceso de contratación del PMA del cementerio sur.

10. El 6 de octubre de 1999, tras la presentación del PMA, el Concesionario pudo reiniciar las obras de construcción del nuevo horno, las cuales concluyeron el 3 de noviembre del mismo año. El retardo de la UESP en presentar el PMA ante el DAMA ocasionó que el Concesionario incurriera en mayores costos para la construcción de las obras civiles, así como para la fabricación y puesta en marcha del nuevo horno crematorio.

11. Por otra parte, du rante la ejecución del contrato, la Empresa Comercial de Servicios de Aseo Ltda. reclasificó el cementerio como gran productor de basura.

Esta decisión provocó un aumento anormal en el valor de los servicios facturados por concepto de recolección de residuos, el cual no podía preverse al momento de presentar la oferta.

12. El 6 de julio de 2000 se terminó el contrato de concesión por vencimiento del plazo de ejecución. Dentro del término pactado para su liquidación bilateral no se logró un acuerdo.Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

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13. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, el demandante invocó las normas del Código Civil atinentes a la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales. Asimismo, citó las disposiciones de la Ley 80 de 1993

13. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, el demandante invocó las normas del Código Civil atinentes a la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones contractuales. Asimismo, citó las disposiciones de la Ley 80 de 1993 que regulan la responsabil idad contractual y las que consagran el derecho del contratista a que se mantenga la equivalencia entre derechos y obligaciones surgida al momento de proponer o contratar. Por último, citó el artículo 25 de la misma Ley, señalando que la UESP incumplió su obligación legal de planear adecuadamente el proyecto y contar con las licencias y permisos ambientales necesarios para que se pudiera adelantar la construcción del nuevo horno crematorio, antes de la apertura de la licitación.

Contestación de la demanda

14. La UESP se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda. Propuso la excepción de cláusula compromisoria y alegó que el Concesionario había convocado un tribunal arbitral y promovido una demanda contra la entidad, en la que solicitó el pago de las mismas sumas reclamadas en este proceso, aunque sin pedir la liquidación del contrato. Explicó que, ante la negativa del Concesionario a cubrir los honorarios de los árbitros, el tribunal cesó en sus funciones y, con ello, se extinguieron l os efectos del pacto arbitral, lo que permitió acudir a la jurisdicción contencioso -administrativa, pero únicamente respecto de las pretensiones indemnizatorias. Sostuvo que la cláusula compromisoria conservaba eficacia frente a la pretensión de liquidación judicial, por cuanto esta no fue objeto del proceso arbitral.

15. Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, señalando que esta

compromisoria conservaba eficacia frente a la pretensión de liquidación judicial, por cuanto esta no fue objeto del proceso arbitral.

15. Asimismo, propuso la excepción de caducidad de la acción, señalando que esta había operado respecto de las pretensiones relacionadas con la indemnización de perjuicios por las demoras en la construcción del nuevo horno crematorio y la compensación por el aumento en el costo del servicio de recolección de residuos.

En sustento de esta tesis, afirmó que los efectos del pacto arbitral se extinguieron cuando ya se había cumplido el plazo legal pa ra ejercer la acción, por lo que las mencionadas pretensiones no podían ser decididas por la jurisdicción contenciosoadministrativa.

16. Sostuvo que el retraso en la construcción del nuevo horno crematorio era imputable exclusivamente al Concesionario. Explicó que la demora obedeció a que el contratista tardó en elaborar el estudio de impacto ambiental (en adelante, “EIA”), necesario para obtener la licencia ambiental requerida para ejecutar la obra. Añadió que dicha licencia no se confundía con el PMA exigi do a la UESP para todos los cementerios del Distrito Capital. Finalmente, señaló que la mora en la puesta en operación del nuevo horno dio lugar a la imposición de una multa mediante la Resolución 054 de 1998, confirmada por la Resolución 080 del mismo año.

17. Adujo que no se configuró un incumplimiento en la obligación de liquidar el contrato, toda vez que, durante el término legal para efectuar la liquidación unilateral, el Concesionario convocó un tribunal arbitral y formuló pretensiones de contenido patr imonial, lo que impedía a la entidad efectuar el balance final del

contrato, toda vez que, durante el término legal para efectuar la liquidación unilateral, el Concesionario convocó un tribunal arbitral y formuló pretensiones de contenido patr imonial, lo que impedía a la entidad efectuar el balance final del negocio jurídico. Finalmente, sostuvo que no era procedente reconocer unaRadicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

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compensación por el incremento en el costo del servicio de recolección de residuos, por tratarse de una circunstanc ia previsible al momento de presentar la oferta. Añadió que dicho riesgo debía ser asumido por el contratista, habida cuenta de su experiencia en la administración de cementerios y en la prestación de servicios funerarios. Vinculación e intervención de litisconsorte necesario

18. En auto del 2 de octubre de 2002, corregido mediante providencia del 22 de octubre del mismo año, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca citó al proceso a Carlos Jorge Silva Bernal como litisconsorte necesario por activa, al s er el segundo integrante del consorcio que celebró el contrato de concesión objeto del litigio (en adelante, el “Litisconsorte”) 4. En memorial presentado durante la fijación en lista de la demanda, manifestó “ insistir favorablemente en las pretensiones, hechos, fundamentos y pruebas de la demanda contractual ”; además, aportó documentos y solicitó pruebas adicionales, pero no formuló pretensiones autónomas5.

Demanda de reconvención

19. El 22 de mayo de 2003, la UESP presentó demanda de reconvención contra el

documentos y solicitó pruebas adicionales, pero no formuló pretensiones autónomas5. Demanda de reconvención

19. El 22 de mayo de 2003, la UESP presentó demanda de reconvención contra el Concesionario6. Como pretensión principal, la UESP solicitó que, “en el evento que la jurisdicción decida que puede conocer de fondo sobre las pretensiones del demandante original y accede a liquidar el contrato”, se reconozcan e incorporen en dicha liqu idación las sumas reclamadas en la demanda presentada el 5 de diciembre de 2002 ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. En subsidio de lo anterior y para el caso en que “ el tribunal arbitral de que trata la pretensión principal (...) declare que no tiene competencia para conocer del litigio, o de cualquier otra forma el proceso arbitral pierda su eficacia, de tal manera que no se produce laudo en ese proceso”, la UAESP formuló

el siguiente grupo de pretensiones:

20. Solicitó que se declare que el Concesionario y sus integrantes son solidariamente responsables por los siguientes hechos constitutivos de incumplimiento contractual: (1ª) la obtención de un beneficio económico por el uso del globo B del cementerio central durante un periodo superior al pactado; (2ª) el impago de la cuota de depreciación de los bienes entregados en concesión; (3ª) el cobro anticipado, sin autorización contractual, de valores por concepto de aseo y mantenimiento de áreas comunes; (4ª) el cobr o de sumas no autorizadas en los documentos tarifarios de servicios funerarios; (5ª) la omisión en la entrega del inventario físico de las bóvedas y demás elementos del cementerio; y (6ª) la omisión

documentos tarifarios de servicios funerarios; (5ª) la omisión en la entrega del inventario físico de las bóvedas y demás elementos del cementerio; y (6ª) la omisión en el pago de los servicios de acueducto y alcantarillado causados durante la ejecución del contrato.

4 C. ppal, p. 34. 5 C. ppal, pp. 233 – 242. 6 C. 3, pp. 43 – 75.Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

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21. En apoyo de sus pretensiones, relató los siguientes hechos —adicionales a los

indicados en la demanda principal—:

22. El Concesionario realizó inhumaciones en el globo B del cementerio central hasta marzo del añ o 2000. Sin embargo, conforme al pliego de condiciones y al reglamento de la concesión, aprobado mediante el Decreto 367 de 1995, solo tenía derecho a prestar servicios y percibir los ingresos correspondientes durante el primer año de la concesión, es decir, hasta el 7 de julio de 1996. Por lo tanto, obtuvo un beneficio económico adicional sin realizar reconocimiento alguno a la UAESP.

Además, el Concesionario asumió la obligación de pagar mensualmente una suma por concepto de la depreciación de los bienes entregados, compromiso que no cumplió durante la ejecución del contrato.

23. En el reglamento de la concesión, el Alcalde Mayor de Bogotá fijó las tarifas de los servicios prestados por el concesionario y estableció pagos anuales por

cumplió durante la ejecución del contrato.

23. En el reglamento de la concesión, el Alcalde Mayor de Bogotá fijó las tarifas de los servicios prestados por el concesionario y estableció pagos anuales por concepto del servicio de aseo y mantenimiento de las áreas comunes. A pesar de ello, el Concesionar io cobró estos servicios por anticipado al momento de las inhumaciones, lo que le generó un beneficio económico injustificado.

Adicionalmente, cobró sumas superiores a las establecidas en el reglamento por conceptos como limpieza de mausoleos, instalación de lápidas, utilización de baños públicos y uso de bóvedas pequeñas y osarios, los que no fueron autorizados por la autoridad competente.

24. Finalmente, el Concesionario no entregó el documento que debía contener el inventario de las bóvedas y mausoleos par ticulares, junto con la identificación y ubicación de los respectivos propietarios. Por otra parte, no pagó las facturas expedidas por las empresas que prestaron los servicios de acueducto y alcantarillado en los cementerios entregados en concesión.

Contestaciones de la demanda de reconvención

25. COOTRANSFUN y el Litisconsorte se opusieron a las pretensiones formuladas por la UAESP 7. Ambos propusieron la excepción de caducidad de la acción, aduciendo que el plazo para efectuar la liquidación unilateral del contrato expiró el 7 de enero de 2001 y, en consecuencia, el término de caducidad de la acción venció el 7 de enero de 2003, por lo que la demanda de reconvención, presentada el 22 de mayo de 2003, habría sido extemporánea. Asimismo, propusieron la excepc ión de

el 7 de enero de 2003, por lo que la demanda de reconvención, presentada el 22 de mayo de 2003, habría sido extemporánea. Asimismo, propusieron la excepc ión de cosa juzgada, afirmando que todas las pretensiones formuladas por la entidad estatal —excepto la relativa al incumplimiento en la entrega del inventario — ya habían sido decididas en un laudo proferido el 5 de julio de 2002.

26. Por otra parte, COOTRA NSFUN formuló la excepción de pleito pendiente, alegando que el presunto incumplimiento en la entrega del inventario físico de las bóvedas y demás elementos del cementerio dio lugar a la expedición de la Resolución 054 de 1998, confirmada por la 080 del mismo año, mediante la cual se impuso una multa. Indicó que esos actos administrativos fueron demandados ante

7 C. ppal, pp. 339 – 382.Radicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

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la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que existe un litigio pendiente entre las partes sobre ese mismo asunto. Finalmente, sostuvo que, sin perjuicio de la excepción de cosa juzgada, no se configuró ningún cobro indebido por los servicios de aseo, mantenimiento, limpieza de mausoleos, instalación de lápidas ni por el uso de baños públicos, toda vez que tales servicios no estaban previstos en el contrato y generaban costos que debían ser asumidos por los usuarios. Alegatos en primera instancia

de baños públicos, toda vez que tales servicios no estaban previstos en el contrato y generaban costos que debían ser asumidos por los usuarios. Alegatos en primera instancia

27. Culminada la etapa probatoria, las partes presentaron sus alegatos de conclusión8. El Litisconsorte afirmó que los documentos del expediente demostraban que la demora en la construcción del horno crematorio era imputable a la UAESP, lo que aplazó su puesta en operación e impidió amortizar la inversión.

En relación con la demanda de reconvención, reiteró las excepciones de caducidad y cosa juzgada 9. Por su parte, la UAESP se limitó a reiterar los argumentos expuestos en la contestación de la demanda principal 10. COOTRANSFUN no presentó alegatos y el Ministerio Público guardó silencio.

28. Estando el expediente para proferir sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo declaró la nulidad de lo actuado por falta de jurisdicción, debido a la existencia de la cláusula compromisoria 11. Sin embargo, esta providencia fue revocada mediante auto del 30 de noviembre de 2021, en el que el Desp acho Ponente concluyó que existía identidad jurídica de objeto, causa y partes entre los dos procesos y que, al haberse declarado extinguidos los efectos del pacto arbitral por el impago de los honorarios de los árbitros, esa misma controversia sustancial podía ser decidida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo12.

8 Mediante auto del 12 de febrero de 2004 (c. ppal., p. 384), el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes. En consecuencia, se tuvieron como tales los documentos aportados con la demanda

8 Mediante auto del 12 de febrero de 2004 (c. ppal., p. 384), el Tribunal decretó las pruebas solicitadas por las partes. En consecuencia, se tuvieron como tales los documentos aportados con la demanda inicial, la demanda de reconvención y sus contestaciones. Respecto de COOTRANSFUN, se ordenó la práctica de los testimonios de Luis Fernando Torres Barón y Oswaldo Riveros y la práctica de dos dictámenes periciales, uno técnico y otro contable. En cuanto a la UESP, se decretaron los testimonios de siete personas y la práctica de un dictamen pericial contable. Por su parte, respecto del litisconsorte necesari o, se ordenó la práctica del testimonio de Himelda Tapiero. Finalmente, como pruebas conjuntas, se decretaron el testimonio de Javier Gutiérrez Oviedo y la expedición de un oficio a la Cámara de Comercio de Bogotá para que allegara copia de un dictamen practicado en un proceso arbitral entre las partes, como prueba trasladada. En auto del 13 de abril de 2012 (c. 2, p. 996), el Tribunal tuvo por desistidas varias de las pruebas decretadas mediante providencia del 12 de febrero de 2004, debido a la inactivida d procesal de las partes interesadas. En particular, se tuvo por desistida la práctica de los testimonios de Himelda Tapiero, Oswaldo Riveros, Herbert Ramírez Sánchez y Hernando Villalba Ortiz, toda vez que no comparecieron a las diligencias programadas y la parte interesada no acreditó haberlos citado en debida forma ni justificó su inasistencia. Asimismo, se declaró el desistimiento de pruebas documentales solicitadas por la parte actora mediante oficio, por no haberse dado trámite al requerimiento. 9 C 2., pp. 1201 – 1216.

inasistencia. Asimismo, se declaró el desistimiento de pruebas documentales solicitadas por la parte actora mediante oficio, por no haberse dado trámite al requerimiento. 9 C 2., pp. 1201 – 1216. 10 C 2., pp. 1192 – 1215. 11 C. 7, pp. 1249 – 1263 12 “Así, además de que existe identidad jurídica de partes, por cuanto en ambos procesos COOTRASNFUN demanda a la Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos, hoy UAESP, se concluye que en ambos procesos lo que se busca es que sean reconocidos en favor de la contratista -demandantelos mayores valores, costos y gastos generados en la construcción del horno crematorio del Cementerio del Sur, los perjuicios derivados de no haber podido inici ar la construcción a tiempo y el mayor valor cancelado por el servicio de recolección de basuras o residuos sólidos. Así, las sumas que solicita la parte actora le sean reconocidas con base en tales reclamaciones, coinciden en ambos procesos, así: (i) por concepto de mayores valores, costos y gastos generados pide la suma deRadicación: 25000233600020020179402 (69.317)

Actor: COOTRASFUN

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

Referencia: Controversias contractuales

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Los fundamentos de la sentencia impugnada

29. El Tribunal declaró probada la excepción de caducidad respecto de la demanda de reconvención presentada por la UESP. Indicó que el plazo para la liquidación unilateral expiró el 7 de enero de 2001 y, en consecuencia, el término para ejercer

de reconvención presentada por la UESP. Indicó que el plazo para la liquidación unilateral expiró el 7 de enero de 2001 y, en consecuencia, el término para ejercer la acción venci ó el 7 de enero de 2003. Como la demanda de reconvención fue presentada el 22 de mayo de 2003, concluyó que había operado la caducidad. En contraste, consideró que la demanda principal presentada por COOTRANSFUN el 4 de septiembre de 2002 fue oportuna, al ser esta la fecha relevante para verificar la oportunidad en el ejercicio de la acción, y no la del auto que declaró extinguidos los efectos del pacto arbitral.

30. Por otra parte, el Tribunal negó las pretensiones indemnizatorias formuladas en la demanda pr incipal por los sobrecostos y perjuicios derivados del retraso en la construcción del nuevo horno crematorio del cementerio sur, al considerar que dicho retraso era imputable al Concesionario y que su causa determinante correspondía a una circunstancia previsible al momento de contratar. Señaló que el DAMA ordenó la suspensión de la obra por no haberse tramitado previamente la licencia ambiental, y no por la falta de implementación del PMA, instrumento que tiene un alcance distinto a la licencia. En esta lí nea, indicó que, aunque el contrato no precisaba expresamente a quién correspondía tramitar dicha licencia, era obligación del Concesionario, pues: (i) la construcción del horno era una obra adicional ofertada por él y no prevista en el pliego de condiciones; (ii) se comprometió a ejecutar todas las “tareas necesarias y suficientes ” para cumplir el objeto contractual, que incluía

Concesionario, pues: (i) la construcción del horno era una obra adicional ofertada por él y no prevista en el pliego de condiciones; (ii) se comprometió a ejecutar todas las “tareas necesarias y suficientes ” para cumplir el objeto contractual, que incluía dicha obra; y, (iii) la UESP solo asumió el deber de colaborar con el contratista cuando este lo solicitara para gestionar permisos y licencias.

31. En consonancia con lo anterior, el Tribunal concluyó que no se probó que el Concesionario hubiera solicitado la colaboración de la UESP para tramitar la licencia ambiental y que, en todo caso, la obligación de obtener la autorización recaía sobre el contratista. También advirtió que entre la fecha de suspensión de la obra y la presentación del EIA por parte del Concesionario —requisito indispensable para obtener la licencia— transcurrió más de un año y nueve meses. Además, sostuvo que la necesidad de contar con esa licencia debió preverse al momento de presentar la oferta, dado que el Decreto 1753 de 1994, reglamentario de la Ley 99 de 1993, ya se encontraba vigente para entonces y exigía dicha autorización para ejecutar la obra. Finalmente, destacó que la falta de previsión del Concesionario también se

$438'819,515 -pretensión 3.1 del sub-júdice y 3 del proceso arbitral-; (ii) por concepto de mayor valor cancelado por el servicio de recolección de basura solicita la suma de $18'380.62 0 -pretensión 3.3. ibidem y 7 proceso arbitral - y, (iii) por concepto de perjuicios irrogados como consecuencia de no haber podido iniciar la operación del Horno Crematorio del C