CE - Sentencia 25000233600020120017901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., treinta (30) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: MARTHA ISABEL DURÁN DE JAIMES Y OTROS

Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Dilación en la adopción de decisiones judiciales – No se configuró / ERROR JUDICIAL – Cargas de claridad, precisión y argumentación - límites de la autonomía e independencia judicial – No se configuró.

La Sala procede a resolver los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la sentencia del 26 de noviembre de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora estima que la Nación – Rama Judicial incurrió en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y error judicial en el proceso de reparación directa seguido por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, que concluyó con la declaración de la excepción de cosa juzgada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

reparación directa seguido por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, que concluyó con la declaración de la excepción de cosa juzgada.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 15 de agosto de 2012 1, los señores Martha Isabel Durán de Jaimes, Martha Viviana, Claudia Patricia y César Alonso Jaimes Durán, y Álvaro, Carmen Cecilia,

1 Folios 11 – 47 del cuaderno 1.2

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa Elsa, Beatriz Castro y María Elena Rangel Castro, estos últimos actuando en nombre propio y en representación de su madre Claudina Castro, presentaron demanda de reparación directa, subsanada el 25 de septiembre siguiente 2, contra la Nación – Rama Judicial, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable de los perjuicios ocasionados con la presunta morosidad judicial, error judicial y violación al derecho al juez natural que se produjo en el trámite del proceso de reparación directa con radicación 47001-33-31-004-2009-00301-01 incoado por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, en el cual, mediante sentencia del 23 de junio de 2010, se declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada.

Por lo anterior, solicitaron como indemnización por perjuicios materiales derivados de la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, el reconocimiento del valor correspondiente a las exequias, por concepto de daño emergente, y por concepto

Por lo anterior, solicitaron como indemnización por perjuicios materiales derivados de la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, el reconocimiento del valor correspondiente a las exequias, por concepto de daño emergente, y por concepto de lucro ces ante, la suma de dinero que su cónyuge e hijos dejaron de percibir como consecuencia de su fallecimiento 3. Asimismo, solicitaron el pago del daño moral padecido, en cuantía de 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMLMV) a favor de la cónyuge y de cada uno de sus hijos, y 500 SMLMV para cada uno de sus hermanos.

Como sustento fáctico de las pretensiones, manifestaron que, para el 1º de agosto de 2006, fecha en la que entraron en funcionamiento los juzgados administrativos, el proceso de reparación directa incoado por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, que era de conocimiento del Tribunal Administrativo del Magdalena, se encontraba al despacho para fallo, por lo que no debía ser remitido a los juzgados administrativos, sino decidido en primera instancia por el Tribunal.

No obstante lo anterior, el 23 de abril de 2009, casi tres años después de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, el Tribunal Administrativo del Magdalena ordenó la remisión del expediente a dichos juzgados para que dictaran

2 La subsanación se centró en aclarar la estimación razonada de la demanda, informar sobre las direcciones electrónicas de notificaciones, aportar copia de la solicitud de conciliación y allegar el traslado de la demanda para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Folios 54 – 68 del cuaderno 1.

direcciones electrónicas de notificaciones, aportar copia de la solicitud de conciliación y allegar el traslado de la demanda para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Folios 54 – 68 del cuaderno 1. 3 El monto indemnizatorio por concepto de lucro cesante fue tasado en la demanda, de la siguiente manera: (i) para Martha Isabel Durán de Jaimes, en su calidad de esposa, la suma de $590’392.375,70; (ii) para Claudia Patricia Jaimes Durán, quien era menor de edad para el momento de fallecimiento de su padre, la suma de $6’643.062,99; y (iii) para César Alonso Jaimes Durán, quien igualmente era menor de edad al momento del fallecimiento de su padre, la suma de $20’354.052,95.3

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa sentencia de primera instancia. Aunque esa decisión fue impugnada, el Tribunal la confirmó.

Mediante sentencia del 21 de enero de 2010, el Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, declarando responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por los daños y perjuicios ocasionados por la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro.

Sin embargo, el 23 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó dicha decisión y declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, al considerar que el asunto ya había sido resuelto en un proceso anterior de

Sin embargo, el 23 de junio de 2010, el Tribunal Administrativo del Magdalena revocó dicha decisión y declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, al considerar que el asunto ya había sido resuelto en un proceso anterior de reparación directa promovido por la misma familia, en el cual se había dictado fallo a su favor, esto es, la sentencia del 23 de septiembre de 2009 proferida por el Consejo de Estado.

Los demandantes explicaron que, en julio de 1997, presentaron dos demandas de reparación directa de manera simultánea, con fundamento en el factor de competencia territorial. La primera fue interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Cesar, por los hechos relacionados con el secuestro del señor Jaimes Castro ocurrido en ese departamento, en la cual solicitaron exclusivamente la indemnización de perjuicios morales. La segunda fue presentada ante el Tribunal Administrativo del Magdalena, con ocasión del fallecimiento de aquel, en el municipio de El Banco, donde fue sepultado como N.N. a orillas del río Magdalena, en un paraje conocido como Mata de Caña, demanda en la que reclamaron tanto perjuicios materiales como morales.

Sostuvieron que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en error judicial al declarar la excepción de cosa juzgada, dado que entre ambos procesos no existe identidad ni de causa ni de objeto, pues uno se originó en el secuestro, y el otro, en la muerte del señor Jaimes Castro, y en cada caso se solicitaron indemnizaciones distintas. Agregan que no existía obligación legal de acumularlas en una sola demanda, y que, como consecuencia de esa indebida apreciación, no han sido reparados integralmente, ya que los perjuicios derivados del asesinato no

indemnizaciones distintas. Agregan que no existía obligación legal de acumularlas en una sola demanda, y que, como consecuencia de esa indebida apreciación, no han sido reparados integralmente, ya que los perjuicios derivados del asesinato no han sido indemnizados.

De igual forma, alegaron que existió una mora injustificada en el proceso relacionado con la muerte del señor Jaimes Castro, dado que, a pesar de haberse4

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa radicado al mismo tiempo que el correspondiente al secuestro, la sentencia de primera instancia fue proferida doce años después del fallo emitido en el primer proceso. Esta dilación obedeció, entre otras razones, a que el Tribunal Administrativo del Magdalena remitió el expediente a los juzgados administrativos varios años después de que estos entraran en funcionamiento, en lugar de haber proferido directamente la sentencia de primera instancia. Según los demandantes, de haberse decidido primero el proceso relacionado con la muerte del señor Jaimes Castro, habrían recibido una reparación más favorable, por cuanto en dicho proceso se reclamaron tanto perjuicios materiales como morales.

Finalmente, argumentaron que el Tribunal Administrativo del Magdalena carecía de competencia funcional para conocer el proceso en segunda instancia, puesto que, al momento de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, el 1º de agosto de 2006, el expediente ya se encontraba al despacho para fallo, inclusive, con pruebas decretadas de oficio desde 2004. Conforme al régimen

que, al momento de la entrada en funcionamiento de los juzgados administrativos, el 1º de agosto de 2006, el expediente ya se encontraba al despacho para fallo, inclusive, con pruebas decretadas de oficio desde 2004. Conforme al régimen transitorio aplicable, el Tribunal debió fallar el proceso en primera instancia en lugar de remitirlo a los juzgados. E n consecuencia, no solo incurrió en error al declarar la excepción de cosa juzgada, sino que además se arrogó una competencia que no le correspondía.

2. El trámite de primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante auto del 1º de octubre de 2012 4, el cual fue notificado en debida forma a la demandada5, quien presentó los siguientes planteamientos de defensa:

La Nación – Rama Judicial contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones bajo el argumento de que la sentencia cuestionada se encontraba ajustada a derecho, por cuanto el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró de oficio la excepción de cosa juzgada, al encontrar que ya existía una condena por los mismos hechos puestos a su consideración. En consecuencia, propuso las excepciones de ausencia de causa para demandar e inexistencia de daño antijurídico6.

4 Folios 69 y 70 del cuaderno 1. 5 Folio 71 del cuaderno 1. 6Folios 72 – 77 del cuaderno 1.5

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa 2.2. Mediante auto del 14 de marzo de 2013 7, confirmado el 30 de mayo 8 y adicionado el 10 de octubre del mismo año 9, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se declaró incompetente por razón del territorio y ordenó la remisión del expediente al Tribunal Administrativo del Magdalena.

2.3. No obstante, mediante fallo de tutela del 5 de junio de 2014, esta Corporación dejó sin efecto las decisiones anteriores y ordenó al Tribunal Administrativo de Cundinamarca continuar con el trámite del proceso, por considerarlo competente10.

2.4. Ante la pérdida del expediente, el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante auto del 14 de marzo de 2016, fijó fecha para realizar la audiencia de reconstrucción del expediente prevista en el artículo 126 del CGP11.

2.5. Sin embargo, por solicitud de la parte actora 12, mediante auto del 18 de mayo de 2016, el Tribunal revocó dicha decisión y dispuso remitir las actuaciones al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, para que fuera este el que adelantara la reconstrucción del expediente13.

2.6. A través de auto del 4 de agosto de 2016, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reconstruyó el expediente y fijó fecha y hora para la audiencia inicial14.

2.7. En la audiencia inicial celebrada el 16 de noviembre de 2016, el Tribunal, una

Cundinamarca reconstruyó el expediente y fijó fecha y hora para la audiencia inicial14.

2.7. En la audiencia inicial celebrada el 16 de noviembre de 2016, el Tribunal, una vez saneado el proceso, procedió a la fijación del litigio15.

7 Folios 79 – 81 del cuaderno 1. 8 Folios 88 – 89 del cuaderno 1. 9 Folios 91 – 93 del cuaderno 1. 10 Folios 164 – 184 del cuaderno 3. 11 Folios 5 – 6 del cuaderno 2. 12 Folios 8 – 26 del cuaderno 2. 13 Folios 42 – 43 del cuaderno 2. 14 Folios 85 – 86 del cuaderno 2. 15 En esa oportunidad se dispuso: “5.3.) Escuchadas las partes, previamente a fijar el litigio, el Despacho hará las siguientes precisiones: 5.3.1. De los hechos relacionados con el daño antijuridico denominado por el actor, como violación al juez natural. “a) Respecto al daño antijurídico relacionado con el derecho al juez natural, el demandante, lo concreta en los siguientes dos aspectos: a) La remisión del proceso de reparación directa a los Juzgados del Distrito del Magdalena y b) El hecho, de no conocer el Tribunal del Magdalena en Primera Instancia, que conllevó en su criterio, que el H. Consejo de Estado no conociera de esta actuación en segunda instancia”. “b) Sobre este punto, debe el Despacho resaltar que la parte demandante, interpuso recurso extraordinario de revisión, precisamente solicitando la nulidad de la sentencia proferida por el

actuación en segunda instancia”. “b) Sobre este punto, debe el Despacho resaltar que la parte demandante, interpuso recurso extraordinario de revisión, precisamente solicitando la nulidad de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, con fundamento en la causal 6 del artículo 188 del anterior CCA., (Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede6

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa 2.8. Posteriormente, mediante providencia del 7 de diciembre de 2017 16, confirmada el 12 de julio de 2018 17, la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación negó la solicitud de cambio de radicación interpuesta por la parte actora y ordenó continuar el trámite ante el Tribunal Administrativo de

Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.

2.9. En la audiencia inicial celebrada el 5 de septiembre de 2018, el Tribunal declaró la nulidad de lo actuado los días 15, 16 y 17 de diciembre de 2016, debido a la acreditación de una enfermedad grave del apoderado judicial de la demandante. En consecuencia, procedió nuevamente a la fijación del litigio18 y a la programación de la audiencia de pruebas19.

Al momento de fijar el litigio, el Tribunal excluyó los hechos relacionados con la presunta violación del derecho al juez natural, al considerar que no constituían un punto en controversia. Esto, por cuanto las circunstancias fácticas y jurídicas

Al momento de fijar el litigio, el Tribunal excluyó los hechos relacionados con la presunta violación del derecho al juez natural, al considerar que no constituían un punto en controversia. Esto, por cuanto las circunstancias fácticas y jurídicas relacionadas con la remisión del proceso a los juzgados administrativos de Santa Marta, ya habían sido analizadas por el Consejo de Estado al resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia del 23 de junio de 2010,

recurso de apelación); ese recurso extraordinario de revisión se fundamentó, precisamente en lo que ahora reclama, como violación a su juez natural. “c) El H. Consejo de Estado, mediante providencia de febrero 12 de 2014, resolvió: “DECLARAR INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión, propuesto contra la sentencia de fecha 23 de junio de 2010, proferido por el Tribunal Administrativo del Magdalena, que negó las pretensiones de la demanda incoada, por Martha Isabel Duran de Jaimes y otras, contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional”. “d) Por lo anterior, es claro para este Despacho, que la situación fáctica, al igual que los aspectos de orden jurídico, relacionados en esta nueva demanda, con la remisión del proceso al Juzgado Administrativo de Santa Marta y que el demandante, denomina como “violación del derecho a su juez natural”, ya fue objeto de estudio por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo lo que significa, que no puede hacer parte de la fijación del litigio en esta actuación procesal. “En estricto sentido, quedan excluidos en consecuencia los hechos 1 a 12, que se relacionan con la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos de Santa Marta.

“En estricto sentido, quedan excluidos en consecuencia los hechos 1 a 12, que se relacionan con la remisión del expediente a los Juzgados Administrativos de Santa Marta. “5.3.2. Por consiguiente, la fijación del litigio, se centrará en definir, los hechos relacionados con los siguientes daños antijuridicos: a) la morosidad de la actuación judicial del Tribunal del Magdalena y; b) los hechos relacionados con el error judicial imputado a la sentencia de fecha 23 de junio de 2010, proferida igualmente por el Tribunal Administrativo del Magdalena”. Folios 110 – 113 del cuaderno 2. 16 Folios 208 – 218 del cuaderno 2. 17 Folios 310 – 315 del cuaderno 3. 18 En esa ocasión se excluyó del objeto del litigio los hechos relacionados con la presunta violación del derecho del juez natural. Por tanto, se fijó el litigio en el siguiente sentido: “Escuchadas las partes, se procede a fijar el litigio, el cual, en este caso se centra en los hechos 9 a 11 y 16 a 18, que guardan relación con: a) la presunta morosidad de la actuación judicial del Tribunal Administrativo del Magdalena y; b) el presunto error judicial contenido en la sentencia de segunda instancia proferida el 23 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativo de Magdalena. Igualmente será parte de la fijación del litigio, lo relacionado con la demostración de los presuntos perjuicios sufridos por la parte actora”. 19 Folios 226 – 230 del cuaderno 2.7

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

actora”. 19 Folios 226 – 230 del cuaderno 2.7

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena 20. Contra esta decisión no se interpuso recurso alguno21.

2.10. Celebrada la audiencia de pruebas el 21 de septiembre de 2018 22, se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento, y se dispuso la presentación de alegatos de conclusión por escrito.

2.10.1. La Nación – Rama Judicial reiteró que no incurrió en error judicial ni en defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, argumentando que la declaración de cosa juzgada estuvo jurídicamente sustentada, y que el retraso en el trámite tenía justificación. Además, afirmó que la parte actora incurrió en abuso del derecho al haber acudido reiteradamente a acciones civiles, penales, constitucionales, disciplinarias y ahora administrativas, con el propósito de obtener un resultado contrario a derecho23.

2.10.2. La parte actora reiteró los argumentos de la demanda y agregó que el Tribunal Administrativo del Magdalena incurrió en error al considerar vinculante un obiter dictum y, con base en este, declarar la excepción de cosa juzgada. Asimismo,

20 En esa oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que tales hechos no eran objeto de litigio, por cuanto: “La parte demandante interpuso recurso extraordinario de revisión,

20 En esa oportunidad, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca precisó que tales hechos no eran objeto de litigio, por cuanto: “La parte demandante interpuso recurso extraordinario de revisión, contra la sentencia proferida el 23 de junio de 2010, por el Tribunal Administrativa del Magdalena, solicitando su nulidad con fundamento en la causal 6 del artículo 688 del CCA "Existir n ulidad originada en la sentencia que puso fin a proceso y contra la que no procede recurso de apelación", por considerar que el tribunal carecía de competencia para conocer el asunto en segunda instancia, esto es, como tribunal de cierre, argumentando que al encontrarse el proceso al despacho para fallo, no podía remitirlo a los Juzgados Administrativos. // Mediante providencia del 12 de febrero de 2014, el H. Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión, por considerar que si bien se presentó una irregularidad en el proceso, consistente en la remisión del expediente a los juzgados administrativos, comoquiera que las reformas legislativas producidas por las leyes 446 de 1998 y 957 de 2005, convirtieron el proceso en única instanc ia ante el Tribunal Administrativo, le correspondía al Tribunal del Magdalena dictar la sentencia, pero no como juez de primera instancia sino en única instancia”. 21 Dicha decisión se notificó por estrados, conforme a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley 1437 de 2011, sin que la parte actora interpusiera recurso alguno dado que no asistió a la audiencia inicial. Si bien el 6 de septiembre de 2018, la abogada Marí a Ángela Fajardo Ruíz, quien manifestó actuar como apoderada sustituta del representante judicial de la parte actora – Oscar Humberto Gómez

Si bien el 6 de septiembre de 2018, la abogada Marí a Ángela Fajardo Ruíz, quien manifestó actuar como apoderada sustituta del representante judicial de la parte actora – Oscar Humberto Gómez Gómez-, solicitó la interrupción del proceso y la nulidad de lo actuado, debido a una enfermedad incapacitante (amigdalitis) que le impidió asistir a dicha diligencia (fls. 235 - 237 del cuaderno 2), la cual fue negada por el Tribunal a quo durante la audiencia de pruebas y, posteriormente, el apoderado principal de la parte actora reiteró la solicitud de nulidad procesal, argumentando que la audiencia inicial se llevó a cabo pese a la configuración de una causal de interrupción del proceso por enfermedad grave de la apoderada sustituta (fls. 1 – 21 del cuaderno 4); lo cierto es que, mediante auto del 13 de diciembre de 2018, el Tribunal a quo negó dicha solicitud, por considerar que la causal de interrupción solo podía ser presentada por el apoderado reconocido en el proceso y que la afección alegada no tenía la connotación de enfermedad grave (fls. 28 - 30 del cuaderno 4). Esta decisión fue confirmada el 25 de abril de 2019, cuando el Tribunal rechazó por improcedente el recurso de súplica interpuesto por la parte actora (fls. 45 – 46 del cuaderno 4) y el 13 de junio siguiente, cuando negó la solicitud de adición formulada frente a esta última decisión (fls. 62 – 63 del cuaderno 4). 22 Folios 239 – 241 del cuaderno 2. 23 Folios 242 – 246 del cuaderno 2.8

siguiente, cuando negó la solicitud de adición formulada frente a esta última decisión (fls. 62 – 63 del cuaderno 4). 22 Folios 239 – 241 del cuaderno 2. 23 Folios 242 – 246 del cuaderno 2.8

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa insistió en la responsabilidad del Tribunal por haber remitido el expediente a los juzgados administrativos más de tres años después de su entrada en funcionamiento, cuando ya se encontraba al despacho para fallo24.

2.10.3. En esa oportunidad procesal, el Ministerio Público guardó silencio.

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió sentencia de primera instancia el 26 de noviembre de 2019, en la que resolvió lo siguiente:

PRIMERO: DECLARAR la responsabilidad extracontractual de la NACIÓNRAMA JUDICIAL por el error jurisdiccional cometido en la sentencia del 23 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena.

SEGUNDO: En consecuencia, CONDENAR a la NACIÓN -RAMA JUDICIAL, a pagar por concepto de pérdida de oportunidad, las siguientes sumas:

• A favor de la señora MARTHA ISABEL DURÁN DE JAIMES el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. - A favor de la joven MARTHA VIVIANA JAIMES DURÁN el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. - A favor de la joven MARTHA VIVIANA JAIMES DURÁN el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. - A favor de la joven CLAUDIA PATRICIA JAIMES DURÁN el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes. - A favor del joven CÉSAR ALONSO JAIMES DURÁN el equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

TERCERO: Se fijan como agencias en derecho a favor de la parte actora y a cargo de la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, en la suma de TRES MILLONES

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3.500.000.oo).

CUARTO: Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Ejecutoriada la presente providencia, liquídense por secretaria de la sección los gastos ordinarios del proceso y en caso de remanente devuélvanse al interesado, lo anterior de conformidad a lo establecido por los artículos 7 y 9 del Acuerdo No 2552 de 2004 de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

Con respecto al defectuoso funcionamiento de la administración de justicia derivado de la presunta morosidad en el proceso de reparación directa relacionado con la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro, el Tribunal concluyó que el retraso no fue in justificado ni atribuible a actuaciones negligentes o arbitrarias de los funcionarios judiciales, sino que obedeció al desarrollo propio del proceso.

24 Folios 276 – 292 del cuaderno 2.9

no fue in justificado ni atribuible a actuaciones negligentes o arbitrarias de los funcionarios judiciales, sino que obedeció al desarrollo propio del proceso.

24 Folios 276 – 292 del cuaderno 2.9

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa En cuanto al error judicial, consideró que el Tribunal Administrativo de Magdalena erró al declarar de oficio la excepción de cosa juzgada en la sentencia del 23 de junio de 2010, por cuanto no se cumplían los presupuestos estructurales de dicha figura jurídica.

Sobre este punto, explicó que, independientemente de la técnica utilizada en la demanda, en el proceso tramitado ante el Tribunal Administrativo del Cesar se indicó expresamente que la muerte del señor Ernesto Alonso Jaimes Castro no era objeto del litigio , razón por la cual no se solicitaron perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante. En consecuencia, el daño antijurídico invocado en cada proceso era distinto: en el primero, se reclamaba la reparación patrimonial derivada del hurto del vehículo y el secuestro de la víctima, mientras que, en el segundo, se pretendía la indemnización por su fallecimiento. Así, a pesar de que existía identidad de partes y de causa petendi, no concurría identidad de objeto, dado que las pretensiones formuladas eran diferentes.

El Tribunal precisó que el análisis realizado no constituía una instancia adicional ni implicaba la nulidad de los efectos de la providencia cuestionada, por lo que no le

dado que las pretensiones formuladas eran diferentes.

El Tribunal precisó que el análisis realizado no constituía una instancia adicional ni implicaba la nulidad de los efectos de la providencia cuestionada, por lo que no le correspondía emitir una nueva sentencia sustitutiva, ni adelantar el estudio de fondo sobre la responsabilidad de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte del señor Jaimes Castro, ni valorar los perjuicios reclamados en ese proceso.

En lo atinente al daño indemnizable, el Tribunal reconoció que, si bien no es posible determinar con certeza el sentido que habría tenido una eventual sentencia de fondo, sí se frustró la posibilidad de los demandantes de acceder a una decisión judicial respecto de sus pretensiones. Por tanto, se configuró un perjuicio autónomo por pérdida de oportunidad, como único daño resarcible en el presente proceso, ante la imposibilidad de definir técnicamente el grado de afectación sufrido con ocasión del error judicial.

En consecuencia, condenó a la Rama Judicial al pago de cincuenta (50) SMLMV a favor de cada uno de los demandantes que resultaron favorecidos inicialmente por el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo de Santa Marta y que obran como10

Radicación número: 25000-23-36-000-2012-00179-01 (67.179)

Actor: Martha Isabel Durán de Jaimes y otros

Demandado: Nación – Rama Judicial Referencia: Medio de Control de Reparación Directa demandantes en esta acción, esto es, la cónyuge y los tres hijos del señor Jaimes Castro, con fundamento en el principio de equidad y el arbitrio judicial25.

4. Recursos de apelación

Referencia: Medio de Control de Reparación Directa demandantes en esta acción, esto es, la cónyuge y los tres hijos del señor Jaimes Castro, con fundamento en el principio de equidad y el arbitrio judicial25.

4. Recursos de apelación

4.1. La parte demandante presentó recurso de apelación contra la decisión de primera instancia, solicitando su revocatoria parcial y que, en su lugar, se disponga: (i) el reconocimiento de los perjuicios que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Naciona l habría debido indemnizar en la acción d