CE - Sentencia 25000233600020120018401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., dos (02) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00184-01 (49801) Demandante: Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y otros Demandado: Departamento Administrativo de Seguridad y otros

Referencia: Reparación directa – CPACA

TEMAS: RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDAD POR LESIONES FÍSICAS CAUSADAS A PERSONA CAPTURADA - Los daños ocasionados a personas detenidas, se analizan, en primer lugar, desde la óptica de la falla del servicio y, en segundo, desde una de atribución objetiva, por la relación de especial sujeción que existe entre los privados de la libertad y el Estado. RÉGIMEN DE ATRIBUCIÓN OBJETIVA DE RESPONSABILIDAD POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD – La sentencia SU -072 de 2018, que actualmente traza los derroteros para aplicar este tipo de responsabilidad, sólo fijó dos eventos: cuando se demuestra que el implicado fue detenido por un hecho que no existió o por una conducta objetivamente atípica . DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINSITRACIÓN DE JUSTICIA POR DEMORA EL PROFERIR SENTENCIA PENAL DE PRIMERA INSTANCIA – Las consecuencias que el vencimiento de términos puede causar a los actores son atribuibles a la propia inactividad procesal de la víctima, cuando la defensa deja de ejercer la prerrogativa

Las consecuencias que el vencimiento de términos puede causar a los actores son atribuibles a la propia inactividad procesal de la víctima, cuando la defensa deja de ejercer la prerrogativa que le permite al procesado ser titular del beneficio de excarcelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 5 de septiembre de 2013 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda1.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 30 de septiembre de 2005, Álvaro Eduardo Benavides Velásquez fue capturado por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación adelantada por el atentado terrorista perpetrado contra el Club El Nogal . Durante el proceso penal que cursó en su contra el sindicado sufrió unas lesiones - no fatales - tras ser fuertemente esposado por miembros del Departamento Administrativo de Seguridad. A pesar de que se profirió medida de aseguramiento contra Benavides Velásquez y que fue acusado de ser coautor de los punibles de terrorismo, homicidio agravado con fines terroristas, tentativa de homicidio agravado con fines terroristas, rebelión y daño en bien ajeno , el procesado fue absuelto en primera y segunda

1 El presente fallo es de reemplazo, pues se profiere atendiendo a lo dispuesto en la sentencia SU 054 de 2025, que ordenó: “ DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 19 de julio de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación

054 de 2025, que ordenó: “ DEJAR SIN EFECTOS la providencia del 19 de julio de 2023, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, dentro del proceso de reparación directa identificado con el radicado 25000 -23-36-000-2012-00184-01 (49801); y ORDENAR a dicha autoridad judicial que, en el término máximo de treinta (30) días, contados a partir de la notificación de esta sentencia, emita una nueva providencia de segunda instancia, en la que vuelva a valorar la caducidad del medio de control de reparación directa, teniendo en cuenta estrictamente lo señalado en la parte motiva de esta decisión y proceda a resolver integralmente la apelación a su cargo ”.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

Demandante: Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y otros

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instancia por el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá y por el Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente.

Los demandantes consideran que el Departamento Administrativo de Seguridad, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por los daños antijurídicos que le ocasionaron a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, derivados de: (i) las lesiones - no fatales – que sufrió tras ser fuertemente esposado al momento de su captura ; (ii) la privación injusta de la libertad de la que fue objeto; y (iii) la prolongación injustificada de su detención.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el Departamento Administrativo de

libertad de la que fue objeto; y (iii) la prolongación injustificada de su detención.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el Departamento Administrativo de Seguridad retuvo injustificadamente a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y le causó lesiones no fatales mientras estuvo bajo su custodia. También concluyó, bajo la égida de un régimen objetivo de atribución, que la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial privaron injustamente de la liber tad al procesado. La sentencia fue apelada por todos los sujetos procesales.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

El 15 de agosto de 2012 2, Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, Margarita Isabel Córdoba García y Manuel David Benavides Córdoba, mediante apoderado judicial, presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, contra el Departamento Administrativo de Seguridad (en adelante DAS), la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial, para que fueran declarad os patrimonialmente responsables : (i) por las lesiones - no fatales – que sufrió Benavides Velásquez tras ser fuertemente esposado al momento de su captura; (ii) por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto; y (iii) por la prolongación injustificada de su detención.

En consecuencia, solicitaron condenar a las entidades demandadas a pagar les: (i) por concepto de daño moral, 200 SMLMV para cada demandante; (ii) por daño a la vida de relación , 500 SMLMV para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y 300

por concepto de daño moral, 200 SMLMV para cada demandante; (ii) por daño a la vida de relación , 500 SMLMV para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y 300 SMLMV para Margarita Isabel Córdoba García y Manuel David Benavides Córdoba; (iii) por afectaciones a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados, 1.000 SMLMV para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, 500 SMLMV a favor de Margarita Isabel Córdoba García y 400 SMLMV a nombre de Manuel David Benavides Córdoba ; (iv) por daño emergente, $ 221.801.683 para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez; (v) por lucro cesante, las sumas de $877.240.771 a favor Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, $438.620.393,80 para de Margarita Isabel Córdoba García y $438.620.393,80 para Manuel David Benavides Córdoba; y (vi) “por indemnización futura”, la suma de $1.849.562.496 a favor Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, $924.781.247,7 para de Margarita Isabel Córdoba García y $924.781.247,7 con destino a Manuel David Benavides Córdoba.

Asimismo pidieron ordenar las siguientes medidas de reparación integral : (a) tratamiento médico y psicológico para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez , Margarita Isabel Córdoba García y Manuel David Benavides Córdoba, (b) garantías de no repetición, (c) revelación pública de lo verdaderamente ocurrido, (d)

2 Fl. 4 a 148 y 157 a 180, C.1.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

de no repetición, (c) revelación pública de lo verdaderamente ocurrido, (d)

2 Fl. 4 a 148 y 157 a 180, C.1.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

Demandante: Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y otros

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declaración oficial que restablezca la dignidad d e Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, Margarita Isabel Córdoba García y Manuel David Benavides Córdoba , (e) aplicación de sanciones judiciales y administrativas contra los responsables de las violaciones a los derechos fundamentales y (f) establecer un mecanismo para apoyar el plan de vida de Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, Margarita Isabel Córdoba García y Manuel David Benavides Córdoba.

Como antecedentes fácticos, la parte actora narró que el 7 de febrero de 2003, las FARC perpetraron un atentado contra el Club El Nogal , a través de la detonación de un automóvil que se encontraba cargado con material explosivo. Agregó que, a partir de ese momento , el DAS y la Fiscalía General de la Nación desplegaron labores investigativas tendientes a establecer los móviles del acto terrorista e identificar a los responsables de su ejecución.

Expuso que la Fiscalía General de la Nación identificó a Alipio Murillo como partícipe del hecho y, en consecuencia, lo capturó el 4 de abril de 2003. Manifestó que aquel sujeto declaró en diversas ocasiones ante el ente investigador , señalando a la Columna Móvil “Teófilo Forero” de las FARC , como la organización criminal responsable del atentado.

sujeto declaró en diversas ocasiones ante el ente investigador , señalando a la Columna Móvil “Teófilo Forero” de las FARC , como la organización criminal responsable del atentado.

Indicó que el DAS y la Fiscalía General de la Nación “crearon un proceso” artificioso contra Álvaro Eduardo Benavides Velásquez , pues la primera presentó al ente instructor el informe No. DAS.DGO.028 -160381 - del 30 de septiembre de 2005 , mediante el cual lo sindicó de ser participe del atentado terrorista ; y la segunda dispuso capturarlo para escucharlo en indagatoria.

Manifestó que Álvaro Eduardo Benavides Velásquez fue capturado el 30 de septiembre de 2005 , en el curso de l allanamiento realiz ado a su residencia . Asimismo, destacó que en dicha diligencia no se le dieron a conocer sus derechos y se lesionaron sus muñecas, tras ser fuertemente esposado.

Señaló que, a partir de la captura, el implicado fue llevado hacia los calabozos del DAS y que el 7 de octubre de 2005 la Fiscalía General de la Nación le impuso medida de aseguramiento , consistente en detención preventiva , por ser presunto autor de los delitos de terrorismo, homicidio agravado con fines terroristas, tentativa de homicidio agravado con fines terroristas, rebelión y daño en bien ajeno. Precisó que la medida precautelativa estuvo fundada en el testimonio de Alipio Murillo y en varias interceptaciones telefónicas sostenidas por el implicado . Asimismo, que dispuso que la detención se hiciera efectiva en la cárcel de máxima y alta seguridad

que la medida precautelativa estuvo fundada en el testimonio de Alipio Murillo y en varias interceptaciones telefónicas sostenidas por el implicado . Asimismo, que dispuso que la detención se hiciera efectiva en la cárcel de máxima y alta seguridad de Cómbita , Boyacá, pero el DAS solo cumplió con lo ordenado hasta el 3 de noviembre de siguiente.

Expuso que el 24 de mayo de 2006, la Fiscalía General de la Nación calificó el mérito del sumario con acusación por los delitos de terrorismo, homicidio agravado en concurso homogéneo, tentativa de homicidio agravado en concurso homogéneo, rebelión y daño en bien ajeno ; decisión fundada en las mismas consideraciones esgrimidas para el dictado de la medida de aseguramiento.

Adujo que mediante sentencia del 19 de enero de 2009, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá profirió sentencia de primera instancia , mediante la cual absolvió de cargos a Álvaro Eduardo Benavides , decisión que motivó que recuperara su libertad a partir del día siguiente.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

Demandante: Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y otros

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Finalmente, indicó que mediante proveído d el 3 de marzo de 2011 , el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la sentencia absolutoria.

Consideró que el DAS, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial son patrimonialmente responsables por los daños antijurídicos que le ocasionaron a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, derivados de: (i) las lesiones - no fatales –

patrimonialmente responsables por los daños antijurídicos que le ocasionaron a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, derivados de: (i) las lesiones - no fatales – que sufrió tras ser fuertemente esposado al momento de su captura; (ii) la privación injusta de la libertad de la que fue objeto; y (iii) la prolongación injustificada de su detención.

2. Contestaciones

2.1. El DAS3 se opuso a las pretensiones de la demanda, alegando que no le asistía responsabilidad por la privación de la libertad de la que había sido objeto Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, pues había actuado de conformidad con lo previsto en los artículos 314 4 y 3165 de la Ley 600 de 2000, que regula ban las labores de verificación de los organismos de policía judicial. Señaló que la Fiscalía General de la Nación fue quien ocasionó el daño al procesado, pues era quien había ordenado su captura. Como excepciones propuso las de: i) falta de legitimación en la causa por pasiva; y ii) la genérica.

2.2. La Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial guardaron silencio.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La parte actora 6 y el DAS 7 insistieron en los argumentos expuestos en la demanda y en su contestación, respectivamente.

3.2. La Fiscalía General de la Nación8 advirtió que las actuaciones de investigación e instrucción se llevaron a cabo dentro de los límites fijados en el artículo 2509 de la

3 Fl. 308 a 325, C.1. 4 “Articulo 314. Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes de la judicialización

e instrucción se llevaron a cabo dentro de los límites fijados en el artículo 2509 de la

3 Fl. 308 a 325, C.1. 4 “Articulo 314. Labores previas de verificación. La policía judicial podrá antes de la judicialización de las actuaciones y bajo la dirección y control del jefe inmediato, allegar documentación, realizar análisis de información, escuchar en exposición o ent revista a quienes considere pueden tener conocimiento de la posible comisión de una conducta punible. Estas exposiciones no tendrán valor de testimonio ni de indicios y sólo podrán servir como criterios orientadores de la investigación.” 5 “Artículo 316. Actuación durante la investigación y el juzgamiento. Iniciada la investigación la policía judicial sólo actuará por orden del fiscal, quien podrá comisionar a cualquier servidor público que ejerza funciones de policía judicial para la práctica de pruebas técnicas o diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, lo cual podrá ser ordenado y comunicado por cualquier medio idóneo, dejando constancia de ello. La facultad de dictar providencias interlocutorias es indelegable. Los miembros de policía judicial pueden extender su actuación a la práctica de otras pruebas técnicas o diligencias que surjan del cumplimiento de la comisión, excepto capturas, allanamientos, interceptación de comunicaciones, las que atenten contra el derecho a la intimidad o cualquier actividad que represente la vinculación de lo s implicados a la actuación procesal. Por comisión del juez respectivo, en la etapa del juzgamiento cumplirán las funciones en la forma indicada en los incisos anteriores.”. 6 Fl. 767, C. 1-1. 7 Fl. 768, C. 1-1. 8 Fl. 768, C.1-1.

incisos anteriores.”. 6 Fl. 767, C. 1-1. 7 Fl. 768, C. 1-1. 8 Fl. 768, C.1-1. 9 Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir, ni renunciar a la persecución penal, salvo en losRadicado: 25000233600020120018401 (49801)

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Constitución Política y la Ley 600 de 2000. Asimismo, destacó que la vinculación de Álvaro Eduardo Benavides Velásquez al proceso penal provino de l recaudo de pruebas que daban cuenta de la posible consumación de varios delitos por los cuales, a la postre, fue acusado y llevado a juicio.

3.3. La Rama Judicial 10 precisó que no ocasionó un daño a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, pues el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá fue quien lo absolvió de cargos al procesado y lo dejó en libertad.

3.4. El Ministerio Público 11 solicitó acceder a las súplicas de la demanda frente al DAS y a la Fiscalía General de la Nación, aduciendo que, atendiendo a un régimen objetivo de atribución, habían privado injustamente de la libertad a Álvaro Eduardo

DAS y a la Fiscalía General de la Nación, aduciendo que, atendiendo a un régimen objetivo de atribución, habían privado injustamente de la libertad a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, quien había sido absuelto de cargos. Sugirió no condenar a la Rama Judicial, señalando que dejó en libertad al procesado.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 5 de septiembre de 2013 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca12 declaró patrimonialmente responsables a las entidades demandadas, por los daños que sufrió Álvaro Eduardo Benavides Velásquez en el curso del proceso penal que se tramitó en su contra.

Consideró que el DAS debía responder patrimonialmente por los daños causados al procesado con ocasión de las lesiones que sufrió mientras estuvo bajo su custodia, así como por la prolongada retención de la que fue objeto en sus salas transitorias de detención . A su turno, dispuso que en virtud de los regímenes objetivo y subjetivo de atribución, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial debían responder patrimonialmente por la privación injusta de la libertad de la que había sido objeto Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, puesto que fue absuelto de cargos y se había incurrido en mora al resolver el asunto durante la primera instancia penal.

En la parte resolutiva condenó al DAS a pagar: (i) por daño moral, 60 SMLMV para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, 30 SMLMV a favor de Margarita Isabel Córdoba García y 30 SMLMV a nombre de Manuel David Benavides Córdoba; y (ii)

Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, 30 SMLMV a favor de Margarita Isabel Córdoba García y 30 SMLMV a nombre de Manuel David Benavides Córdoba; y (ii) por lucro cesante, la suma de $319.964,84 para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez.

Asimismo, condenó a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial, en proporción de 60% y 40%, respectivamente, a pagar las siguientes sumas: (iii) por daño moral , 60 SMLMV para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, 30 SMLMV para Margarita Isabel Córdoba García y 30 SMLMV para Manuel David Benavides Córdoba; (iv) por daño a la vida de relación, 30 SMLMV para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, 10 SMLMV a favor de Margarita Isabel Córdoba García y 10 SMLMV a nombre de Manuel David Benavides Córdoba ; (v) por daño emergente,

casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías. S e exceptúan los delitos cometidos por Miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio […]”. 10 Fl. 768, C.1-1. 11 Fl. 768 a 769, C.1-1. 12 Fl. 772 a 801, C. Ppal.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

Demandante: Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y otros

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12 Fl. 772 a 801, C. Ppal.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

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$14’521.129,97 para Álvaro Eduardo Benavides Velásquez; y (vi) por lucro cesante, la suma de $129’373.245,54 a favor de Álvaro Eduardo Benavides Velásquez.

Finalmente, como medida de reparación integral, (vii) ordenó que se publicara la sentencia en la página web de cada uno de los entes demandados, por un lapso de seis meses.

5. Apelaciones

5.1. La parte actora13 apeló la sentencia proferida el 5 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, solicitando condenar al DAS por la privación injusta de la libertad de la que había sido objeto Álvaro Eduardo Benavidez Velásquez, puesto que había incurrido en falla del servicio al decretar pruebas ilícitas, manipular testigos y ocultar elementos probatorios que permitían dar cuenta de su inocencia. Asimismo, solicitó reconocerle una indemnización de perjuicios por la vulneración a bienes convencional y constitucionalmente protegidos , así como por los gastos de reclusión, créditos incumplidos, intereses, matrículas y honorarios del abogado que lo defendió en el proceso penal.

5.2. El DAS14 solicitó revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar denegar el reconocimiento de las súplicas invocadas en el libelo introductorio. Afirmó que no se acreditó que incurrió en una falla del servicio durante el trámite del proceso penal que se adelantó contra Benavidez Velásquez

el reconocimiento de las súplicas invocadas en el libelo introductorio. Afirmó que no se acreditó que incurrió en una falla del servicio durante el trámite del proceso penal que se adelantó contra Benavidez Velásquez

5.3. La Fiscalía General de la Nación 15 pidió revocar el fallo de primera instancia y desestimar las pretensiones de la demanda. Alegó que su actuación se ajustó a los fines constitucionales de investigación penal y que cumplió con los requisitos legales para dictar medida de aseguramiento contra Álvaro Eduardo Benavides Velásquez. Indicó que durante el tiempo en que el procesado estuvo bajo su custodia, el trámite fue diligente y se ajustó a lo previsto en la Ley . Finalmente, objetó el monto reconocido por lucro cesante, aduciendo que incluía ingresos percibidos antes de la detención, asó como prestaciones sociales improcedentes.

5.4. La Rama Judicial 16 apeló la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca aduciendo que no ocasionó un daño antijurídico a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, puesto que no profirió la decisión que lo privó de la libertad ni realizó ninguna actuación que hubiese prolongado ilícitamente su detención . Asimismo, instó a que el análisis de responsabilidad se realizara bajo un régimen de responsabilidad subjetiva, como correspondía de conformidad con los hechos puestos de presente en la demanda.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

6.1. La parte actora, el DAS, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial 17 reiteraron lo expuesto en instancias anteriores.

13 Fl. 310 a 325, C. Ppal.

6.1. La parte actora, el DAS, la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial 17 reiteraron lo expuesto en instancias anteriores.

13 Fl. 310 a 325, C. Ppal. 14 Fl. 807 a 815 y 864 a 873, C. Ppal. 15 Fl. 855 a 873, C. Ppal. 16 Fl. 804 a 806, C. Ppal. 17 Fl. 1126 a 1137, 1138 a 1141, 1142 a 1168 y 1185 a 1190 C. Ppal.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

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6.2. El Ministerio Público 18 solicitó confirmar el fallo apelado, aduciendo que la s entidades demandadas era n patrimonialmente responsables de los daños ocasionados a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez , porque fue absuelto de cargos.

III. CUESTIÓN PREVIA

Mediante escrito del 26 de abril de 2019, el doctor Nicolás Yepes Corrales presentó manifestación de impedimento para conocer del presente asunto, por encontrarse incurso en la causal dispuesta en el numeral 12 del artículo 141 del Código General del Proceso, al haber rendido concepto en el sub examine como Procurador Judicial Delegado ante esta Corporación19.

El impedimento fue aceptado mediante proveído del 29 de julio de 2019 20, por lo que se resolvió apartar al doctor Yepes Corrales del conocimiento del sub lite.

IV. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto

que se resolvió apartar al doctor Yepes Corrales del conocimiento del sub lite.

IV. CONSIDERACIONES

La Sala seguirá el siguiente orden para resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante: (1) presupuestos procesales, (2) problemas jurídicos, (3) hechos probados, (4) caso concreto, (5) liquidación de perjuicios, (6) conclusión y (7) costas.

1. Presupuestos procesales

1.1. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto, según lo previsto en el artículo 104 21 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo22 -en adelante CPACA -, porque

18 Fl. 1194 a 1203 C. Ppal. 19 Fl. 1207, C. Ppal. 20 Fl. 1209 a 1210 C. Ppal. 21 “Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios ori ginados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa… [de] 1. Los relativos a la responsabilidad extr acontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable […]” 22 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -27 de noviembre de 2014 -, las cuales corresponden a las contenidas

aplicable […]” 22 Al sub júdice le resultan aplicables las disposiciones procesales vigentes para la fecha de presentación de la demanda -27 de noviembre de 2014 -, las cuales corresponden a las contenidas en la Ley 1437 de 2011, así como a las disposiciones del C.G.P, en virtud de la integración normativa dispuesta por el artículo 306 del primero de los estatutos mencionados.Radicado: 25000233600020120018401 (49801)

Demandante: Álvaro Eduardo Benavides Velásquez y otros

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se demanda la responsabilidad d el DAS23, de la Fiscalía General de la Nación 24 y de la Rama Judicial25.

Igualmente, el Consejo de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra la sentencia del 5 de septiembre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, de conformidad con lo previsto en los artículos 150 26 y 152 27 del CPACA , dada la vocación de doble instancia del proceso, puesto que la cuantía excede los 50028 SMLMV.

1.2. El medio de control de reparación directa es el mecanismo procesal idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, una omisión, una operación administrativa, la ocupación temporal o permanente de un inmueble o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato o a un acto administrativo, en los términos del artículo 14029 de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso el medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de daños ocasionados a

de la Ley 1437 de 2011.

En el presente caso el medio de control de reparación directa ejercido por la parte actora es adecuado, por cuanto se reclama la reparación de daños ocasionados a Álvaro Eduardo Benavides Velásquez, por hechos imputables al DAS, a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial.

23 El Decreto 512 de 1989 disponía la naturaleza jurídica y las funciones del DAS, así: “Artículo 1. Naturaleza. El Departamento Administrativo de Seguridad tiene la jerarquía, obligaciones y funciones generales señaladas en el Título XII de la Constitución Política de Colombia... Artículo 6. Generales. Son funciones del Departamento Administrativo de Seguridad: […] d) Actuar como cuerpo de policía judicial, […] y prestar a los Magistrados y Jueces los auxilios operativos, científicos y técnicos que soliciten, en la forma prevista por las leyes”. Sin embargo, atendiendo a que el Gobierno Nacional por medio de los Decretos 4057 y 2404 de 2013 suprimió la referida entidad, a través del artículo 1 del Decreto 108 de 2016 asignó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el deber de atender y pagar con cargo al patrimonio autónomo autorizado por el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, los procesos judiciales como sucesor procesal del DAS. 24 Constitución Política. “Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el Fiscal General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. […] La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administra tiva y presupuestal”.

General, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. […] La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administra tiva y presupuestal”. 25 Constitución Política. “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” 26 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. [modificado por el artículo 615 del CGP]. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las s entencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 27 Artículo 152. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: […] 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinie ntos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. […]”. 28 La pretensión mayor de la demanda se estima en $877.240.771 por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante, lo cual