CE - Sentencia 25000233600020120050101 de 2025

Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

Demandantes: Constructora Arkgo Ltda. y otro

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – APELACIÓN Radicación: 25000-23-36-000-2012-00501-01 (67190)

Demandantes: CONSTRUCTORA ARKGO LTDA. Y OTRO

Demandado: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA E.S.P. Y OTRO

TEMAS: CESIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – la cesión del contrato no varía el régimen jurídico al que está sujeto, en concordancia con el artículo 38 de la Ley 153 de 1887, pues en todo contrato se entienden incorporados las normas vigentes al momento de su celebración. LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO – La liquidación unilateral efectuada en el marco del EGCAP al que está sujeto el contrato constituye acto administrativo. De proferirse exclusivamente con base en el convenio de las partes que habilitan a una de ellas a dictar decisiones unilaterales, se está ante actos de derecho privado, frente a los cuales no se predica la presunción de legalidad , en virtud de la jurisprudencia de unificación . INEPTITUD DE LA DEMANDA FRENTE A CONTRATOS QUE HAN SIDO LIQUIDADOS UNILATERALMENTE - cuando se pide el incumplimiento del negocio jurídico

jurisprudencia de unificación . INEPTITUD DE LA DEMANDA FRENTE A CONTRATOS QUE HAN SIDO LIQUIDADOS UNILATERALMENTE - cuando se pide el incumplimiento del negocio jurídico sin incluir la pretensión de nulidad del acto administrativo que lo liquidó unilateralmente, se configura la ineptitud de la demanda, según los lineamientos jurisprudenciales de la Sección Tercera de e sta Corporación. JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - está sometido al principio de justicia rogada y no puede incorporar pretensiones no formuladas por la parte demandante. INTERPRETACIÓN DE LA DEMANDA - se restringe a establecer la voluntad allí plasmada, pero no puede tergiversar la litis, ni suplantar al demandante en las cargas que le corresponde asumir.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la Constructora Arkgo Ltda. y el señor Víctor Armando Cortés Torres contra la sentencia del 10 de febrero de 2021, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se inhibió para resolver la demanda de fondo, por su ineptitud.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La sociedad Constructora Arkgo Ltda. y el señor Víctor Armando Cortés Torres, quienes conformaron el consorcio Acueplan, suscribieron con el departamento de Cundinamarca el contrato No. SOP -A-202-2006, que tuvo por objeto la realización de múltiples obras, relacionadas con la construcción de varios acueductos y

quienes conformaron el consorcio Acueplan, suscribieron con el departamento de Cundinamarca el contrato No. SOP -A-202-2006, que tuvo por objeto la realización de múltiples obras, relacionadas con la construcción de varios acueductos y alcantarillados en distintos municipios de esa entidad territor ial y que, una vezRadicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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2 ejecutado, fue liquidado unilateralmente por Empresas Públicas de Cundinamarcaa quien se le cedió el contrato - mediante la decisión 218 del 6 de julio de 2011, confirmada por medio de decisión 233 del 31 de agosto de 2011.

Según la parte actora, en la ejecución del contrato se presentaron dificultades no imputables a su gestión, que la llevaron a asumir una mayor cantidad de obra y, por ende, sobrecostos que le debían ser reconocidos por la entidad, originados tanto en un desequilibrio económico del contrato, como en un incumplimiento del extremo activo del negocio, por lo que solicitó su declaratoria de incumplimiento, sin haber cuestionado la legalidad del acto liquidatorio.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 15 de marzo de 20121 la constructora Arkgo Ltda. y el señor Víctor Armando Cortés Torres2, quienes conformaron el consorcio Acueplan, presentaron demanda, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. -en lo sucesivo EPC-, con el fin de obtener la “modificación económica de la liquidación unilateral

en ejercicio de la acción de controversias contractuales, contra el departamento de Cundinamarca y Empresas Públicas de Cundinamarca S.A. E.S.P. -en lo sucesivo EPC-, con el fin de obtener la “modificación económica de la liquidación unilateral del contrato estatal No. SOP -A-202-2006”, a efectos de incluir el pago de emolumentos no reconocidos en el cruce de cuentas, así como de obtener la declaratoria de incumplimiento y desequilibrio económico de tal acuerdo de voluntades. Como consecuencia, solicit aron el reconocimiento de la suma de $4.750’933.840,32 por los perjuicios derivados de lo anterior.

1.2. En particular, las pretensiones formuladas fueron las siguientes (se transcriben de forma literal, incluso con eventuales errores):

“A. DECLARATIVAS.

1 Páginas 16 a 80 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI. 2 La constructora Arkgo Ltda. manifestó haberle cedido los derechos litigiosos de este asunto al señor Armando Cortés Torres; sin embargo, tal solicitud fue negad a mediante proveído del 29 de abril de 2019, por falta de documentación para verificar si se contaba con la facultad de proceder de esa forma, como obra en las páginas 262, 274 y 481 a 484 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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3 1.- Se ordene la modificación del aspecto económico de la liquidación unilateral del contrato de obra No SOP -A-202-2006, efectuada por la demandada EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, mediante

3 1.- Se ordene la modificación del aspecto económico de la liquidación unilateral del contrato de obra No SOP -A-202-2006, efectuada por la demandada EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA, mediante Resolución No. 218 de julio 06 de 2011, y confirmada en vía gubernativa a través de la Resolución No. 233 de agosto 31 de 2011.

2.- Se declare patrimonialmente responsable a la entidad pública demandada de los perjuicios causados a los miembros integrantes del CONSORCIO ACUEPLAN, integrado por VÍCTOR ARMANDO CORTÉS TORRES Y CONSTRUCTORA ARKGO LTDA., porque incumplió el contrato de obra pública No. SOP -A-202-2006, por la violación del principio de planeación, ante el no pago de los sobrecostos ocasionados por la demora en la etapa de inicio imputabl e a la entidad, por gastos administrativos generados por la mayor permanencia en obra derivada de los innumerables ajustes a los diseños, costos administrativos asociados a la etapa de liquidación y, ante la demora en la entrega de los espacios para iniciar los trabajos y del tiempo que fue necesario permanecer en ejecución para las actividades no previstas y mayores cantidades de obra, sobrecostos por mayor permanencia en obra; sobrecostos por demora en la etapa de inicio imputable a la entidad; costos de ampliación de pólizas por causas no imputables al contratista; costos administrativos asociados a la etapa de liquidación; intereses causados sobre acta de ajuste; utilidad por obras no ejecutadas por causas no imputables al contratista; pago de ajustes pactados contractualmente a partir del acta No. 19 perjuicios que

a la etapa de liquidación; intereses causados sobre acta de ajuste; utilidad por obras no ejecutadas por causas no imputables al contratista; pago de ajustes pactados contractualmente a partir del acta No. 19 perjuicios que dada la conmutatividad del contrato estatal no deben quedar sin retribución económica alguna.

3.- Se declare que la entidad es responsable del restablecimiento del equilibrio económico del contrato, ante la necesidad de ajustar los precios del contrato de obra No. SOP -A-202-2006, como consecuencia de las variaciones de precios de los insumos y de la mano de obra.

4.- Se declare que la entidad es responsable del reconocimiento y pago de intereses por mora en el recibo y pago tardío de obra ejecutadas; utilidad por obras no ejecutadas por causas no imputables al contratista; en virtud del principio de c onmutatividad de los contratos estatales o simetría prestacional.

5.- Se declare que la entidad demandada incumplió con el principio de planeación contractual, al estimar la ejecución del contrato en un plazo inicial en un tiempo considerablemente menor a la ejecución real, que no se cumplieron por razones ajenas al contratista, obligándolo a permanecer mayor tiempo en la obra, a los necesarios ajustes a diseños y entrega de espacios para iniciar los trabajos generando sobrecostos administrativos, y financieros en detrimento de su patrimonio, y por ende debe ordenarse el reconocimiento y pago de éstos perjuicios dada la conmutatividad del contrato estatal No. SOP-A-202-2006.

6.- Que se declare que la entidad es responsable de los perjuicios pretendidos bajo los títulos de imputación desarrollados y en últimas, en virtud del título de imputación del no enriquecimiento sin causa contractual

contrato estatal No. SOP-A-202-2006.

6.- Que se declare que la entidad es responsable de los perjuicios pretendidos bajo los títulos de imputación desarrollados y en últimas, en virtud del título de imputación del no enriquecimiento sin causa contractual por parte de la SED.

B. CONDENATORIAS:Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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4 1Como consecuencia de las anteriores declaraciones se condene a EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P., al pago de la suma de cuatro mil setecientos cincuenta millones novecientos treinta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos con treinta y dos centavos ($4.750.933.480,32), o en su defecto a las cifras que logren ser demostradas parcialmente dentro del proceso, de acuerdo con la estimación realizada en anexos explicativos, correspondiente a los siguientes conceptos:

• Intereses por mora en el recibo y pago tardío de obra ejecutada por valor de $798.027.542,85 • Sobrecostos por mayor permanencia de obra $1.171.842.042,63 • Sobrecostos por demora en la etapa de inicio imputable a la entidad $446.416.016,18 • Costos de ampliación de pólizas por causas no imputables al contratista $17.539.736 • Costos administrativos asoci ados a la etapa de liquidación

$1.166.451.720,33

• Intereses causados sobre acta de ajuste No. 2 por valor de $41.096.593,57 • Utilidad por obras no ejecutadas por causas no imputables al

$1.166.451.720,33

• Intereses causados sobre acta de ajuste No. 2 por valor de $41.096.593,57 • Utilidad por obras no ejecutadas por causas no imputables al contratista por valor de $107.437.509,14 • Pago de ajustes pactados contra ctualmente a partir del acta No. 19 por valor de $1.002.122.319,62

2Se condene en costas y gastos del proceso a la entidad pública demandada.

3Se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 177 del C.C.A”.

1.3. Como fundamentos fácticos de sus pretensiones, la parte demandante formuló los siguientes hechos que, a continuación, la Sala sintetiza:

1.3.1. Indicó que, el 27 de diciembre de 2006, el consorcio Acueplan y el departamento de Cundinamarca suscribieron el cont rato de obra No. SOP -A-202, cuyo objeto consistió en la ejecución de las obras relacionadas con los productos de construcción de acueductos y alcantarillados de varios municipios de Cundinamarca. Se fijó un plazo de ejecución de 14 meses, que debía finalizar el 12 de abril de 2008. El valor del contrato fue de $20.362’220.292 , que se cancelaría mediante el sistema de precios unitarios “con fórmula de reajuste de precios”.

1.3.2. Manifestó que el 12 de febrero de 2007 se inició la ejecución del contrato; sin embargo, se suscribieron varias prórrogas y adiciones, lo que extendió el plazo hasta el 3 de febrero de 2009, para un tiempo de ejecución total de 23 meses y 19

embargo, se suscribieron varias prórrogas y adiciones, lo que extendió el plazo hasta el 3 de febrero de 2009, para un tiempo de ejecución total de 23 meses y 19 días, así como se amplió el valor del contrato en $5.138’000.000 adicionales.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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1.3.3. Aseveró que, en el curso de la ejecución del contrato, mediante sendos oficios radicados entre el 12 de enero de 2007 y el 18 de abril de 2008, solicitó a la entidad contratante que entregara la totalidad de diseños de los 37 frentes de la obra, per o solo recibió los de Viotá, Nariño planta, Líneas de Acueducto Mesitas integración, Bituima, Acueducto Regional de Pandi, Paratebueno, Planta Pandi casco urbano y Pacho la Cabrera.

1.3.4. Afirmó que, en diciembre de 2008, el departamento de Cundinamarca cedió a EPC el contrato de obra SOP-A-202-2006.

1.3.5. Adujo que, luego de que por defectos en la ejecución el consorcio Acueplan tuviera que asumir mayores cantidades de obra, el 3 de feb rero de 2009 finalizó el contrato y en junio de 2009 el departamento de Cundinamarca decidió no convalidar varias de las entregas de las obras finales, por considerar que se debían entregar a cada municipio.

1.3.6. Arguyó que, mediante la Resolución 218 del 6 de julio de 2011, EPC liquidó

varias de las entregas de las obras finales, por considerar que se debían entregar a cada municipio.

1.3.6. Arguyó que, mediante la Resolución 218 del 6 de julio de 2011, EPC liquidó unilateralmente el contrato de obra No. SOP -A-202-2006, decisión frente a la cual presentó recurso de reposición, que fue resuelto desfavorablemente por medio de la Resolución No. 233 del 31 de agosto de 2011.

1.4. Como fundamentos jurídicos de la demanda, la parte demandante expuso que en la ejecución del contrato SOP -A-202-2006 tuvo lugar un desequilibrio económico en perjuicio del consorcio contratista por las mayores cantidades de obra que ejecutó, así como un incumplimiento de la entidad contratante, que debía llevar a que se le reconocieran los costos adicionales en que incurrió.

1.4.1. Primero, manifestó que el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 dispuso que era dable restablecer la ecuación económica de aquello s contratos que se hubieran visto afectados por circunstancias tales como mayores cantidades, como ocurrió con ocasión d el de obra pública No. SOP -A-202-2006, dado que se tuvo que ejecutar actividades adicionales por cuenta y riesgo del consorcio Acueplan y por causas que no le eran imputables , por lo que debían serle reconocidos los valores adicionales que asumió.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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Así pues, adujo que la entidad contratante entregó solo parte de los diseños, en unos casos de manera incompleta y en otros de forma tardía, además de lo cual

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Así pues, adujo que la entidad contratante entregó solo parte de los diseños, en unos casos de manera incompleta y en otros de forma tardía, además de lo cual hubo problemas en la gestión de los predios y en el manejo de plantas de tratamiento de aguas, que impidieron que el proyecto saliera avante con los costos inicialmente estimados, pues se tuvo que asumir una “inmensa cantidad de actividades no previstas y mayores cantidades de obra” , sin que se le hubieran reconocido recursos adicionales por aquellas . También consideró que se le impusieron barreras, como fue el hecho de someterlo a que la entrega de las obras se realizara a cada uno de los municipios donde las mismas se llevaron a cabo y no al departamento, a pesar de que este último había sido el contratante.

En ese punto, enfatizó en que las anteriores alteraciones al contrato fueron ajenas a su actuar y lo hicieron más oneroso, añadiendo al respecto que los sobrecostos que ello ocasionó tuvieron que ser asumidos de su bolsillo, aunque no estaban previstos en el contrato.

1.4.2. Segundo, aseveró, en línea con los mandatos de los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que la contratante incumplió el contrato y transgredió los principios de pacta sunt servanda y buena fe, al no reconocer los mayores costos en que incurrió por la extensión de las labores en tiempo, pues estaba obligado, a la luz del principio de conmutatividad negocial, a pagar todo lo que el contratista llevó a cabo, partiendo de la premisa de que nadie está obligado a asumir aspectos que no le

principio de conmutatividad negocial, a pagar todo lo que el contratista llevó a cabo, partiendo de la premisa de que nadie está obligado a asumir aspectos que no le representen ninguna ventaja en el marco de la ejecución de un negocio jurídico y considerando que se debe actuar de manera leal a lo largo del iter contractual.

En ese punto, resaltó que la contratante también incurrió en un incumplimiento por desconocimiento del principio de planeación, pues dicho postulado obligaba al departamento de Cundinamarca a determinar el alcance real del contrato que suscribió con los aquí demandantes, lo que no sucedió, comoquiera que sus estimaciones de tiempo y plazo estuvieron totalmente desfasadas , lo que se vio reflejado en la ausencia de diseños o falta de su aprobación, la indeterminación de las cantidades de obra, la carencia de lotes, la falta de permisos, las cantidades y especificaciones erradas, los predios mal elegidos, la inexistencia de permisos urbanos y una defectuosa interventoría, la falta de reconocimiento de los ajustes, laRadicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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7 ausencia de coordinación de los proyectos entregados, el “desgaste administrativo” y la alteración inusual de cronogramas.

Así las cosas, consideró que la entidad contratante debía responder por las falencias descritas, que llevaron a la causación de sobrecostos que fueron asumidos por los aquí demandantes, en concordancia con el “no enriquecimiento sin causa como título subsidiario de imputación de responsabilidad de orden contractual” , en el que se predica que la entidad contratante, de haberse visto favorecida por la

por los aquí demandantes, en concordancia con el “no enriquecimiento sin causa como título subsidiario de imputación de responsabilidad de orden contractual” , en el que se predica que la entidad contratante, de haberse visto favorecida por la mayor ejecución del objeto contractual, deb e reconocer los montos en favor del consorcio Acueplan por tal situación.

1.4.3. La cuantía fue estimada en $4.750’933.480,32, monto reclamado por los demandantes a título de indemnización de perjuicios.

2. Admisión de la demanda y su contestación

2.1. El 18 de abril de 2012 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda por encontrar reunidos los requisitos de ley, decisión que fue notificada.

2.2. El 5 de junio de 2012 4, EPC contestó la demanda y se opuso a sus pretensiones, con sustento en que no hubo un desequilibrio económico, ni un incumplimiento del contrato de obra SOP -A 202 de 2006, a lo cual sumó que la demanda fue inepta, por no haberse cuestionado la legalidad del acto de liquidación unilateral. Así, formuló los medios exceptivos de “improcedencia de la acción por ineptitud formal de la demanda” y falta de legitimación en la causa por activa.

2.2.1. Previo a sus argumentos de oposición, resaltó que, en efecto, mediante el convenio interadministrativo No. 05 del 23 de octubre de 2008, el departamento de Cundinamarca le cedió los contratos de obra vigentes relacionados con la ejecución de proyectos de a cueducto, alcantarillado y electrificación, incluido el No. SOP-A

Cundinamarca le cedió los contratos de obra vigentes relacionados con la ejecución de proyectos de a cueducto, alcantarillado y electrificación, incluido el No. SOP-A 202 de 2006. Al respecto, añadió que posteriormente las partes suscribieron la “nota

3 Páginas 84 a 85 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI. 4 Páginas 89 a 112 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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8 de cesión del contrato de obra SOP-A-202-2006, que fue debidamente comunicada al contratista y a la aseguradora mediante escrito del 9 de diciembre de 2008.

2.2.2. Aclarado lo anterior, manifestó que, para la prosperidad de las pretensiones de la parte actora, concernientes al reconocimiento de mayores emolumentos por la ejecución del contrato de obra SOP-A 202 de 2006, debía controvertir la legalidad de la Resolución 218 de 2011, confirmada por la Resolución 233 del mismo año, mediante la cual se liquidó el acuerdo de voluntades, pues a través de tales decisiones se determinó que no había lugar a reconocer m ontos adicionales, de suerte que, al no haberse procedido de ese modo, se incurrió en una “ineptitud formal de la demanda”.

Sobre el punto anterior, consideró que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado uniformemente que “una vez liquidado unilateralmente un contrato estatal, solo se puede alegar el incumplimiento de las obligaciones a través de la censura de la legalidad del acto administrativo que contiene esa manifestación de voluntad

reiterado uniformemente que “una vez liquidado unilateralmente un contrato estatal, solo se puede alegar el incumplimiento de las obligaciones a través de la censura de la legalidad del acto administrativo que contiene esa manifestación de voluntad de la administración públic a”, lo cual no sucedió en el sub lite, debido a que se solicitó el reconocimiento de sumas de dinero del contrato de obra SOP -A 202 de 2006 sin que se hubiera reprochado la legalidad del cruce de cuentas que se restringió a determinar una suma diferente.

2.2.3. Aunado a lo anterior, alegó la falta de legitimación en la causa por activa, dado que solo demandaron dos de los cuatro miembros que conformaron el consorcio Acueplan, sin que se pudiera proceder de tal modo, pues era necesario que todos los que conformaron el esquema asociativo presentaran la demanda.

2.2.4. En cuanto al fondo del asunto, argumentó que no se configuró un desequilibrio económico, ni un incumplimiento del contrato de obra SOP -A 202 de 2006 que transgrediera la buena fe y la conmutati vidad, debido a que la entidad contratante le pagó al consorcio Acueplan el valor de los montos a que tenía derecho por la ejecución del acuerdo negocial e incluso lo adicionó para solventar los imprevistos que se hubieran podido haber ocasionado , de ahí q ue no se configuró ningún enriquecimiento sin justa causa. Además, añadió que tampoco se incurrió en un desconocimiento del principio de planeación, al punto que los aquí demandantes suscribieron el negocio jurídico sin reparos en la forma como fue constituido.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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suscribieron el negocio jurídico sin reparos en la forma como fue constituido.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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2.3. El 5 de junio de 2012 5, el departamento de Cundinamarca contestó la demanda y formuló la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, por estimar que, como cedió el contrato de obra SOP-A 202 objeto de la controversia a EPC, era dicha entidad, creada mediante escritura pública 2069 del 19 de mayo de 2008, la llamada a responder por los reproches formulados por los demandantes.

3. Alegatos de conclusión

Una vez vencido el término probatorio 6, el Tribunal corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. El departamento de Cundinamarca reiteró que no estaba legitimado en la causa por pasiva para comparecer en el presente asunto, por haber cedido el contrato objeto de la disputa a EPC7.

3.2. EPC reafirmó que no hubo un desequilibrio económico, una mayor cantidad de obras, ni un incumplimiento negocial, debido a que se le pagó todo lo debido al consorcio Acueplan. Igualmente, añadió que, en su criterio, operó la caducidad, debido a que el contrato de obra SOP-A-202-2006 se prolongó hasta el 3 de febrero de 2009, por lo que “el término de vigencia era hasta el día 3 de junio de 2009” de modo que podía ser liquidado bilateralmente dentro de los 4 meses siguientes y/o

de 2009, por lo que “el término de vigencia era hasta el día 3 de junio de 2009” de modo que podía ser liquidado bilateralmente dentro de los 4 meses siguientes y/o unilateralmente 2 meses despué s, por lo que, como tal plazo feneció el 3 de diciembre de 2009, se contaba con 2 años para radicar el escrito inicial desde entonces y, como la demanda se presentó hasta el 15 de marzo de 2012, considerando la interrupción del término por el agotamiento d el trámite de la conciliación, entre el 3 de febrero y el 3 de mayo de 2011, fue allegada tardíamente8.

En cuanto a la excepción de ineptitud de la demanda alegada desde la contestación de la demanda, afirmó que “se encuentra sustentada en el hecho de que los actos administrativos en virtud de los cuales se liquidó unilateralmente el contrato no

5 Página 166 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI. 6 Páginas 209 a 211, 219 a 221, 224 a 227, 236, 240 a 241 y 487 del archi vo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI. 7 Página 503 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI. 8 Páginas 504 a 515 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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10 fueron objeto de ataque ante la jurisdicción y consecuencialmente no le es dable a la parte demandante invocar como pret ensión autónoma el incumplimiento del

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10 fueron objeto de ataque ante la jurisdicción y consecuencialmente no le es dable a la parte demandante invocar como pret ensión autónoma el incumplimiento del contrato”. Así, aseveró que al permanecer incólumes los actos administrativos de liquidación del contrato, por no haberse solicitado su nulidad, no puede proferirse decisión judicial que involucre el análisis del presunto incumplimiento aducido por la parte demandante, ya que, de procederse de ese modo, se estaría contrariando la presunción de legalidad de los actos administrativos sin que haya razones válidas para ello.

3.3. La parte demandante allegó sus alegatos e xtemporáneamente, luego de vencidos los 10 días para tal efecto 9, mientras que el Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 10 de febrero de 2021 10, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se inhibió de decidir la demanda, por configurarse la excepción de inepta demanda, con sustento en que la parte actora no recurrió el acto de liquidación unilateral.

4.1. Previo a arribar a la conclusión anterior, descartó que hubiera operado la caducidad de la acción, debido a que la demanda se radicó dentro del término de dos años -el 15 de marzo de 2012-, contados a partir de la liquidación del acuerdo de voluntades -que quedó ejecutoriada el 31 de agosto de 2011-.

4.2. Luego, argumentó que, como el contrato de obra SOP -A 202 de 2006 fue

de voluntades -que quedó ejecutoriada el 31 de agosto de 2011-.

4.2. Luego, argumentó que, como el contrato de obra SOP -A 202 de 2006 fue liquidado unilateralmente, decisión que quedó en firme una vez se despachó desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto contra aquella, a los actores les asistía el deber de recurrir judicialmente tal determinación para controvertir el velo de legalidad de que es objeto, y solo así proceder a solicitar un mayor valor por la ejecución del objeto negocial, lo que no sucedió, dado que del escrito inicial no se lee, ni se interpreta ninguna pretensión encaminada en tal sentido.

9 Páginas 524 a 592 del archivo 36 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI. 10 Páginas 2 a 22 del archivo 39 del índice 33 del expediente digital en la plataforma SAMAI.Radicado: 250002336000201200501-01 (67190)

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En efecto, de la lectura de la demanda se encontró que el extremo activo de la litis solamente pretendió la modificación aritmética de la liqui dación, pero en ningún caso manifestó por qué el acto liquidatorio no se ajustó a derecho, al punto de que en las pretensiones no se lee ninguna concerniente a que tal declaración fuera anulada.

Asimismo, puso de presente que “la sola referencia a la vuln eración de disposiciones o preceptos jurídicos, en aras de que se declare un supuesto incumplimiento de la entidad demandada, no permite que la Sala estudie de fondo la legalidad del acto de liquidación, precisamente porque no es una de las pretensiones de la demanda y no existen cargos individualizados frente a los que

incumplimiento de la entidad demandada, no permite que la Sala estudie de fondo la legalidad del acto de liquidación, precisamente porque no es una de las pretensiones de la demanda y no existen cargos individualizados frente a los que se pueda adelantar el análisis de legalidad contra el citado acto administrativo”, ello, en línea con el hecho de que el juez contencioso administrativo está atado a las pretensiones que se formulen por la parte actora, sin que pueda anular una decisión que no fue solicitada.

De conformidad con lo expuesto advirtió que, sin que se acredite una ilegalidad del acto liquidatario, no es dable pasar a estudiar un incumplimiento del contrato impugnado, debido a que, en tal escenario, el cruce final de cuentas efectuado unilateralmente por EPC se mantiene vigente para las partes y rige toda la relación negocial. Al respecto afirmó que “una vez que la entidad pública contratante liquida unilateralmente e