CE - Sentencia 25000233600020120066801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

Demandante: Transportes Autollanos S.A.

Demandado: Nación-Ministerio de Transporte y otro Proceso: Nulidad y restablecimiento del derecho

APELANTE ÚNICO-Límites de la apelación. COPIAS SIMPLES -Valor probatorio. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Procedencia frente al acto que adjudica una ruta terrestre de transporte de pasajeros. ADJUDICACIÓN DE RUTAS -Acción procedente. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE RUTAS-Procedimiento administrativo para la prestación del servicio público de transporte terrestre regulado en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996 y el Decreto 171 de 2001. LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA ADJUDICACIÓN DE RUTAS-No termina con la adjudicación de un contrato. DECRETO 171 DE 2001Reglamento del procedimiento de selección de propuestas para la adjudicación de rutas. ACTO DE ADJUDICACIÓN DE RUTAS-No es un acto precontractual. ACTO ADMINISTRATIVO BILATERAL-Concepto. RECURSOS-Una vez agotada la actuación administrativa el acto solamente puede controvertirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. TÉRMINOS DE REFERENCIA-Marco general del proceso de

RECURSOS-Una vez agotada la actuación administrativa el acto solamente puede controvertirse ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. TÉRMINOS DE REFERENCIA-Marco general del proceso de selección. COSTAS EN CPACA-Se condena a la parte vencida en el proceso y la Sala tasará las agencias en derecho en segunda instancia.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 28 de octubre de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negaron las pretensiones. La decisión fue la siguiente:

PRIMERO: NEGAR LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA.

SEGUNDO: SE FIJA POR AGENCIAS EN DERECHO A FAVOR DE LA

ENTIDAD DEMANDADA - MINISTERIO DE TRANSPORTE, UN UNO POR

CIENTO (1%) DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

CORRESPONDIENTE A QUINCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL

PESOS ($15.960.000).

TERCERO: SE FIJA POR AGENCIAS EN DERECHO A FAVOR DEL TERCERO VINCULADO POR TENER INTERES EN EL PROCESOCOOTRANSGUAVIARE LTDA, UN UNO POR CIENTO (1%) DE LAS

PRETENSIONES DE LA DEMANDA CORRESPONDIENTE A QUINCE

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($15.960.000).

CUARTO: LA PRESENTE SENTENCIA SE NOTIFICA EN ESTRADOS DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 202 DEL CPACA.

MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($15.960.000).

CUARTO: LA PRESENTE SENTENCIA SE NOTIFICA EN ESTRADOS DE

CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 202 DEL CPACA.

QUINTO: CONTRA LA PRESENTE SENTENCIA PROCEDE RECURSO DE APELACIÓN, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS (f. 89 c. p.pal).Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

Demandante: Transportes Autollanos S.A.

Ejecutado: Nación-Ministerio de Transporte y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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I. SÍNTESIS DEL CASO

El 10 de agosto de 2011, la Dirección Territorial Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés del Ministerio de Transporte ordenó la apertura de la licitación n°. DTM001-2011 para la adjudicación de la ruta terrestre de pasajeros San José del Guaviare (Guaviare) – Granada (Meta). El 5 de octubre siguiente, la entidad adjudicó la ruta a la Cooperativa de T ransportadores del GuaviareCootransguaviare Ltda. Un participante que no fue seleccionado demandó la nulidad del acto de adjudicación, al considerar que adolece de falsa motivación y fue expedido con infracción en las normas en que debía fundarse.

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 11 de diciembre de 20121, Transportes Autollanos S.A., por medio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y

II. ANTECEDENTES

Pretensiones

El 11 de diciembre de 20121, Transportes Autollanos S.A., por medio de apoderado judicial, formuló demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Transporte2 con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

1.) Que se declare la Nulidad del acto administrativo complejo Resolución No. 084 del 05 de octubre de 2011 con la cual se decide sobre la evaluación de la licitación Pública No. DTM-001 de 2011, con la cual se adjudica la ruta San José de GuaviareGranada (Meta) y viceversa signada por el Director Territorial Meta del Ministerio de Transporte, y la resolución 1787 del 30 de abril de 2012 signada por la dirección Nacional de Transporte y Tránsito por medio de la cual se resolvió recursos [sic] de apelación en contra de la primera.

2.) Que como consecuencia de la declaración de nulidad del acto administrativo demandado citado, se DECLARE por su Honorable Despacho que EL MINISTERIO DE TRANSPORTE, está obligado a reconocer y pagar a mi mandante la suma de MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($1.596'000.000), los cuales explico así: (…).

3.) Que se ordene la actualización de la condena dispuesta con base en el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A, aplicando la siguiente formula:

cuales explico así: (…).

3.) Que se ordene la actualización de la condena dispuesta con base en el inciso final del artículo 187 del C.P.A.C.A, aplicando la siguiente formula:

1 Según da cuenta el sello de radicación del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, folio 11 cuaderno 1. 2 En proveído del 4 de junio de 2013, el a quo vinculó como «sujeto de la parte pasiva» a Cootransguaviare Ltda. dado su interés en defender la propuesta que presentaron a la entidad (fls. 62-63 c. 1). En esa oportunidad también se le corrió traslado de la demanda.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

Demandante: Transportes Autollanos S.A.

Ejecutado: Nación-Ministerio de Transporte y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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R= Rh X INDICE FINAL / INDICE INICIAL

En donde el valor presente ( R ) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo dejado de percibir por mi representado por concepto de asignación de retiro por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente a la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice vigente en la fecha que se causaron las sumas adeudadas.

4.) Que en virtud del principio de Reparación Integral establecido en el artículo 16 de la ley 446 de 1998, e Inciso final del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo se ordene al MINISTERIO DE TRANSPORTE reconocer y pagar al actor el equivalente a cien (100)

artículo 16 de la ley 446 de 1998, e Inciso final del artículo 138 del Código Contencioso Administrativo se ordene al MINISTERIO DE TRANSPORTE reconocer y pagar al actor el equivalente a cien (100) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, por concepto de perjuicios morales por el daño causado a mi representado con ocasión de la negativa a aplicar la normatividad que debía reconocer el derecho a mi mandante.

5.) Que la entidad demandada de [sic] cumplimiento a la sentencia en los términos previstos en el artículo 187 del Código Contencioso Administrativo y Sentencia C-188 DE 1999 de la Corte Constitucional Magistrado Ponente Dr. José Gregorio Hernández Galindo . y [sic] sentencia de 27 de abril de 2000 Exp. 2955 -99. Actor: Jesús Alirio Caicedo Gutiérrez, Consejero Ponente: Dr. ALEJANDRO ORDOÑEZ MALDONADO (fls. 2-3 c. 4).

Hechos

En apoyo de las pretensiones, la parte actora indicó que la Dirección Territorial Meta, Vichada, Guainía, Guaviare y Vaupés del Ministerio de Transporte (en adelante Dirección Territorial Meta), mediante la Resolución n°. 069 del 10 de agosto de 2011, ordenó la apertura de la licitación n°. DTM-001-2011 para la adjudicación de la ruta terrestre de pasajeros San José del Guaviare (Guaviare) – Granada (Meta).

Expuso que s e presentaron cinco propuestas y que e n la evaluación Cootransguaviare Ltda. obtuvo 110 puntos; Rápido los Centauros S.A. 89 puntos;

Granada (Meta).

Expuso que s e presentaron cinco propuestas y que e n la evaluación Cootransguaviare Ltda. obtuvo 110 puntos; Rápido los Centauros S.A. 89 puntos; Flota la Macarena S.A. 78 puntos; Transportes Autollanos S.A. 77 puntos y Taxmeta S.A. 62 puntos. En atención a lo anterior, la Dirección Territorial Meta, mediante la Resolución n°. 84 del 5 de octubre de 2011, adjudicó a Cootransguaviare Ltda. la licitación n°. DTM-001-2011.

Añadió que contra esa decisión Flota la Macarena S.A. y Transportes Autollanos S.A. interpusieron recurso de reposición y en subsidio apelación, al considerar queRadicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

Demandante: Transportes Autollanos S.A.

Ejecutado: Nación-Ministerio de Transporte y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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Cootransguaviare Ltda. –adjudicataria de la ruta– no cumplió con determinados requisitos de los términos de referencia.

Manifestó que Transportes Autollanos S.A. formuló los siguientes reparos frente a la evaluación de la propuesta de Cootransguaviare Ltda.: i) se le otorgaron 10 puntos por cumplir con el numeral 2.3.1.3. de los términos de referencia a pesar de que no contaba con un dispositivo de localización en la totalidad de los vehículos ofrecidos; ii) se le reconocieron 15 puntos por la capacitación de conductores, aun cuando no demostró el vínculo laboral entre aquellos y la cooperativa; iii) la entidad

que no contaba con un dispositivo de localización en la totalidad de los vehículos ofrecidos; ii) se le reconocieron 15 puntos por la capacitación de conductores, aun cuando no demostró el vínculo laboral entre aquellos y la cooperativa; iii) la entidad aceptó la proforma n°. 5.1 a pesar de que no fue firmada por el revisor fiscal de Cootransguaviare Ltda. y iv) Cootransguaviare Ltda. operaba la ruta antes de que hubiera sido adjudicada y, por ello, se configuró una causal de rechazo de la propuesta.

Explicó que la Dirección Territorial Meta, mediante la Resolución n°. 089 del 29 de noviembre de 2011, no acogió los reparos formulados por los recurrentes, confirmó en su integridad el acto de adjudicación y concedió el recurso de apelación. La Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte, mediante la Resolución n°. 001787 del 30 de abril de 2012, resolvió el recurso de apelación y modificó parcialmente el orden de elegibilidad de las propuestas de la siguiente manera: Cootransguaviare Ltda. 104,5 puntos; Transportes Autollanos S.A. 92 puntos y Flota la Macarena 78 puntos.

Indicó que la entidad consideró que las certificaciones que Cootransguaviare Ltda. aportó se ajustaron a los términos de referencia en lo relativo a los dispositivos de localización y capacitación de conductores. Asimismo, estimó que los términos de referencia ni las normas aplicables exigen un revisor fiscal y que contra la adjudicataria no figuran inhabilidades ni sanciones y, por ello, confirmó la adjudicación de la ruta a Cootransguaviare Ltda.

referencia ni las normas aplicables exigen un revisor fiscal y que contra la adjudicataria no figuran inhabilidades ni sanciones y, por ello, confirmó la adjudicación de la ruta a Cootransguaviare Ltda.

Finalmente, sostuvo que si se restaran los puntos que fueron reconocidos a la propuesta de Cootransguaviare Ltda. con infracción de los términos de referencia, su propuesta habría sido la mejor calificada.

Concepto de la violaciónRadicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

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La demandante aduce que los actos acusados fueron expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, ya que la entidad, al reconocer el máximo puntaje a Cootransguaviare Ltda. en lo referente a los dispositivos de localización, desconoció lo dispuesto en las secciones 2.3.1.2 y 2.3.1.3 de los términos de referencia, así como el artículo 10 del Decreto 1787 de 2012.

La demanda hizo consistir el error en que la sección 2.3.1.3 de los términos de referencia reconoce diez puntos a la empresa que cuente –al momento de la presentación de la propuesta– con dispositivos de localización en todos los vehículos, pero aun así la entidad otorgó el máximo puntaje a Cootransguaviare Ltda., que únicamente acreditó la posibilidad de adquirirlos una vez le fuera adjudicada la ruta.

Asimismo, esgrimió la demanda que los actos adolecen de falsa motivación, porque

Ltda., que únicamente acreditó la posibilidad de adquirirlos una vez le fuera adjudicada la ruta.

Asimismo, esgrimió la demanda que los actos adolecen de falsa motivación, porque Cootransguaviare Ltda. fue adjudicataria de la ruta a pesar de que i) no acreditó el vínculo laboral entre los conductores y la cooperativa; ii) la proforma n°. 5.1 no fue firmada por el revisor fiscal y iii) operaba la ruta sin permiso, lo cual configuró una causal de rechazo de la propuesta.

Contestación de la demanda

El 15 de mayo de 2013 (fls. 40 -55 c. 1), la Nación-Ministerio de Transporte, al oponerse a las pretensiones, precisó que Cootransguaviare Ltda. cumplió con las certificaciones sobre disponibilidad de dispositivos de localización satelital y capacitación de conductores. Sostuvo que la proforma n°. 5.1 se diligenció en debida forma por cuanto la cooperativa no contaba con revisor fiscal. Agregó que corresponde a la Superintendencia de Puertos y Transporte ejercer la vigilancia, inspección y control de las empresas prestadoras del servicio público de transporte y, por ello, era suficiente para participar en la licitación la certificación que expidió dicha entidad sobre inhabilidades y sanciones.

El 30 de septiembre de 2013 (fls. 67-73 c. 1), Cootransguaviare Ltda. –adjudicataria de la ruta– se opuso a las pretensiones. Esgrimió que el acto administrativo se ajustó a los términos de referencia y reiteró las consideraciones de las resoluciones

de la ruta– se opuso a las pretensiones. Esgrimió que el acto administrativo se ajustó a los términos de referencia y reiteró las consideraciones de las resoluciones demandadas. Sostuvo que al cierre de la licitación contaba con la posibilidad de contratar los elementos y servicios necesarios para el control y asistencia en elRadicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

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recorrido de las rutas, como lo exigían los términos de referencia . Señaló que cumplió con la capacitación de los conductores y agregó que en la proforma n°. 5.1 se consignaron las firmas necesarias, porque, de acuerdo con los términos de referencia y el Decreto 171 de 2001, no era necesario que los participantes contaran con un revisor fiscal.

Fundamentos de la providencia recurrida

El 28 de octubre de 2013 (fls. 84-89 c. p.pal.)3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A negó las pretensiones de la demanda, al estimar que las decisiones de la entidad se ajustaron a lo dispuesto en los términos de referencia y el Decreto n°. 171 de 2001 –norma que reglamentó la licitación para la adjudicación de rutas de transporte terrestre–.

Consideró que la entidad demandada otorgó correctamente el puntaje objeto de reproche, porque Cootransguaviare Ltda. demostró que de resultar adjudicataria contrataría el sistema de localización requerido, que era la exigencia prevista en los

Consideró que la entidad demandada otorgó correctamente el puntaje objeto de reproche, porque Cootransguaviare Ltda. demostró que de resultar adjudicataria contrataría el sistema de localización requerido, que era la exigencia prevista en los términos de referencia. Señaló que los requisitos de los elementos de localización se encontraban en los numerales 2.3.1.1 y 2.3.1.3 de los términos de referencia, los cuales, interpretados de manera complementaria, llevaban a concluir que el primero de los numerales estableció que el participante debía acreditar la posibilidad de contratar los elementos y servicios necesarios, mientras que el segundo numeral previó las especificaciones técnicas de los dispositivos.

De conformidad con lo anterior, estimó que no era exigible que los participantes tuvieran que acreditar la instalación de los dispositivos de localización al momento de la presentación de la propuesta, sino que bastaba para otorgar el puntaje que el oferente demostrara que de llegar a ser adjudicatario de la ruta iba a contar con un sistema de localización que cumpliera con las especificaciones del numeral 2.3.1.3.

Señaló que Cootransguaviare Ltda. acreditó haber capacitado a sus conductores de acuerdo con las condiciones de los términos de referencia. Asimismo , como la proforma n°. 5.1 fue firmada por la representante legal y el contador de la 3 La providencia señaló que la audiencia inicial inició el 9 de octubre de 2013, pero lo cierto es que la audiencia se llevó a cabo, en su integridad, el 28 de octubre de 2013, según dan cuenta los archivos contenidos en el CD

3 La providencia señaló que la audiencia inicial inició el 9 de octubre de 2013, pero lo cierto es que la audiencia se llevó a cabo, en su integridad, el 28 de octubre de 2013, según dan cuenta los archivos contenidos en el CD 2 del expediente (f. 82A c. 4), particularmente, el video de la audiencia que demuestra que el trámite se surtió en un solo día y el archivo denominado «acta», en el que se consignó: fecha inicio audiencia:09:03:29 AM del 28 de octubre de 2013 // fecha final audiencia:10:42:15 AM del 28 de octubre de 2013.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

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cooperativa, esta se diligenció en debida forma, porque, de conformidad con el parágrafo 1° del artículo 14 del Decreto 171 de 2001, la prestación del servicio público de transporte puede ser realizada por empresas que no tengan revisor fiscal.

Agregó que la adjudicataria aportó con su propuesta una certificación expedida por la Superintendencia de Puertos y Transporte en la que se indicó que la cooperativa no había sido objeto de sanciones. En todo caso, no correspondía a la entidad que adelantó la licitación determinar si la adjudicataria incurrió en una posible conducta ilegal.

Finalmente, condenó en costas al demandante, para lo cual fijó agencias en derecho que liquidó en el 1% de las pretensiones de la demanda ($15’960.000) a favor de cada demandado.

ilegal.

Finalmente, condenó en costas al demandante, para lo cual fijó agencias en derecho que liquidó en el 1% de las pretensiones de la demanda ($15’960.000) a favor de cada demandado.

Recurso de apelación

La demandante interpuso recurso de apelación (fls. 90-110 c. p.pal.), que fue concedido el 25 de noviembre de 2013 (fls. 112-113 c. p.pal.), insistió en que el acto de adjudicación era nulo con fundamento en tres argumentos puntuales:

1. El numeral 2.3.1.3 de los términos de referencia reconocía 10 puntos a la empresa que contara –al momento de la presentación de la propuesta– con dispositivos de localización en los vehículos ofrecidos, pero Cootransguaviare Ltda. únicamente acreditó la posibilidad de adquirirlos una vez le fuera adjudicada la ruta, situación que, a su juicio, contradice lo dispuesto en el artículo 10 del decreto 2474 de 2008 que prohíbe acreditar circunstancias que ocurran con posterioridad al cierre de la convocatoria; ii) la entidad otorgó a Cootransguaviare Ltda. 15 puntos por la capacitación de conductores, según lo dispuesto en el numeral 2.3.1.2 de los términos de referencia, pero la adjudicataria no acreditó que las personas que se relacionaron en las certificaciones efectivamente fueran conductores de la cooperativa y iii) la proforma n°. 5.1 no fue firmada por el revisor fiscal de Cootransguaviare Ltda. Además, el contador y representante legal que suscribieron la proforma no fueron identificados plenamente.

cooperativa y iii) la proforma n°. 5.1 no fue firmada por el revisor fiscal de Cootransguaviare Ltda. Además, el contador y representante legal que suscribieron la proforma no fueron identificados plenamente.

Agregó que el Tribunal confundió los requisitos de los numerales 2.3.1.1 y 2.3.1.3 de los términos de referencia, puesto que no era cierto que se complementaran,Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

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sino que se referían a criterios puntuables distintos, de manera que Cootransguaviare Ltda. únicamente demostró lo correspondiente al numeral 2.3.1.1, según el cual, el participante debía acreditar la posibilidad de contratar el suministro de los elementos de localización, pero no así el del numeral 2.3.1.3, que otorgaba diez puntos siempre y cuando para el momento de presentar la propuesta los vehículos ofrecidos contaran con los dispositivos de localización.

Reprochó que el Tribunal no se hubiera pronunciado sobre el puntaje obtenido por Transportes Autollanos S.A. en lo referente a los dispositivos de localización vehicular, puesto que, aun cuando la demandante cumplió con estos requisitos, su propuesta no fue calificada con el máximo puntaje.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal omitió analizar los argumentos que Transportes Autollanos S.A. esgrimió en el recurso de apelación –interpuesto durante la actuación administrativa– contra el acto de adjudicación, en particular, lo referente

Asimismo, sostuvo que el Tribunal omitió analizar los argumentos que Transportes Autollanos S.A. esgrimió en el recurso de apelación –interpuesto durante la actuación administrativa– contra el acto de adjudicación, en particular, lo referente a las inconsistencias en el diligenciamiento de la proforma n°. 4. de la propuesta de Cootransguaviare Ltda.

Adujo que se configuró una nulidad insaneable en la audiencia inicial y en la sentencia, porque la Sala de decisión solo estuvo conformada por dos magistrados. Esgrimió que ello desconoce el artículo 122 del CPACA que, a su juicio, ordena que las Salas de los Tribuales estén conformadas por un número plural, que en el caso de ese Tribunal es de tres magistrados.

También formuló reparos frente a la fijación de las agencias en derecho. Sostuvo que el Tribunal no tuvo en cuenta los criterios del artículo 3 del Acuerdo 1887 de 2003, específicamente, la duración útil del proceso. Afirmó que no existió un desgaste exagerado de los apoderados y que la demanda se dirigió en contra del Ministerio de Transporte únicamente, pero fue el Tribunal el que decidió vincular como parte pasiva a Cootransguaviare Ltda., razón por la que no podía condenarse al pago de las agencias en favor de todos los sujetos de la parte pasiva.

Trámite de segunda instancia

El 13 de marzo de 2014, el Despacho admitió el recurso de apelación (fls. 116-122 c. p.pal.) y, el 28 de agosto siguiente, se corrió traslado para alegar de conclusiónRadicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

c. p.pal.) y, el 28 de agosto siguiente, se corrió traslado para alegar de conclusiónRadicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

Demandante: Transportes Autollanos S.A.

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en segunda instancia (f. 124 c. p.pal.). Las partes reiteraron lo expuesto (fls. 125128, 129-149 y 150-162 c. p.pal). El Ministerio Público guardó silencio.

El 15 de noviembre de 2019, el Despacho, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 del CGP, rechazó la solicitud de nulidad formulada por la parte demandante en el escrito de apelación y reiterada en los alegatos de conclusión, puesto que la solicitud se fundamentó en una disposición que no contiene de forma expresa una causal de nulidad y se respetó el quorum decisorio exigido en el artículo 128 del CPACA en la expedición de la sentencia (fls. 203-204 c.p.pal.).

III. CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 11 de diciembre de 2012, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA–, que empezó a regir desde el 2 de julio de 2012.

Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los aspectos no regulados se seguirá el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso –en adelante CGP–, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y

Adicionalmente, conforme al artículo 306 del CPACA, en los aspectos no regulados se seguirá el Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso –en adelante CGP–, en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción administrativa conoce de las controversias y litigios originados en actos sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa, según el artículo 104 del CPACA. El Consejo de Estado es competente en segunda instancia para estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, según el cual conoce de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, porque el valor de la pretensión material mayor –$1.596’000.000 (f. 3 c. p.pal.)– supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.2 del CPACA, es decir, $283350.0004.

4 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.700, por 500.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

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Ejecutado: Nación-Ministerio de Transporte y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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3. Hay que precisar que la Resolución n°. 084 de 2011, tal como se expondrá más adelante, corresponde a un acto administrativo ajeno a la actividad contractual del

Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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3. Hay que precisar que la Resolución n°. 084 de 2011, tal como se expondrá más adelante, corresponde a un acto administrativo ajeno a la actividad contractual del Estado, por lo que, en principio, el conocimiento de este proceso estaría a cargo de la Sección Primera de esta Corporación, de conformidad con el artículo 13 del Acuerdo 058 de 1999 –modificado por el artículo 1° del Acuerdo 055 de 20035–. Sin embargo, tal circunstancia no afecta la competencia de la Sala ni constituye motivo

de nulidad procesal por los siguientes motivos:

3.1. La distribución entre Secciones, de conformidad con la especialidad del tema a tratar, no altera la competencia funcional establecida a cargo del Consejo de Estado. En tal sentido, la distribución contenida en el mencionado acuerdo corresponde a un reparto de cargas de trabajo al interior de las Secciones que integran la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación que, en todo caso, conforme a los factores de atribución funcional y cuantía es el encargado de resolver la apelación formulada, según lo ya expuesto. Al respecto se ha indicado lo siguiente:

En lo atinente al Acuerdo 55 de 2003 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, el Despacho recuerda que el mismo trae las reglas de reparto de los procesos que le corresponde a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corporación, pero no estableció reglas de competencia de los mismos como erradamente lo pretende hacer valer el representante de la entidad demandada, dado que, como se precisó, ellas se encuentran consagradas únicamente en la ley.

En efecto, es reiterada la jurisprudencia de esta Corporación que ha sostenido que

erradamente lo pretende hacer valer el representante de la entidad demandada, dado que, como se precisó, ellas se encuentran consagradas únicamente en la ley.

En efecto, es reiterada la jurisprudencia de esta Corporación que ha sostenido que el referido Acuerdo consagra reglas de reparto para equilibrar las cargas dentro de la Corporación, esto es, por el volumen de trabajo que llega al Consejo de Estado, pero no establece reglas de competencia6.

3.2. En idénticas situaciones a las que ahora ocupa la atención de la Sala, en las que se resolvieron demandas contra la adjudicación de rutas de transporte, las Subsecciones que integran esta Sección han sostenido que, encontrándose para fallo, corresponde dictar sentencia de mérito7. Esto con fundamento en que i) las normas que indican los asuntos que corresponden a las diferentes Secciones de esta Corporación son reglas de reparto, pero que no afectan su competencia, porque el legislador es quien define las reglas de competencia y ii) es el mismo artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 el que dispone que la distribución de procesos 5 Si bien el Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019, lo derogó, era el que se encontraba vigente al momento de presentar la demanda de la referencia. 6Consejo de Estado, Sección Primera, auto del 15 de febrero de 2019, rad. nº. 2013-00256-00 [fundamento jurídico 1]. 7 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2020, rad. n°. 54487

[fundamento jurídico 3.2.1], Subsección B, sentencia del 8 de septiembre de 2021, rad. n°. 61896 [fundamento jurídico 9] y Subsección A, sentencia del 27 de septiembre, rad. n°. 61859 [fundamento jurídico 5.a].Radicación: 25000-23-36-000-2012-00668-01 (49.525)

Demandante: Transportes Autollanos S.A.

Ejecutado: Nación-Ministerio de Transporte y otro Asunto: Nulidad y restablecimiento del derecho

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entre las secciones tiene «efectos de repartimiento».

A