CE - Sentencia 25000233600020120067001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

Demandante: Ana del Rosario López

Demandado: Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

-ESPProceso: Reparación Directa

PRINCIPIO DE CONGRUENCIA – no resulta vulnerado cuando el juez se separa de los razonamientos jurídicos de la demanda, con sujeción al principio de iura novit curiaAFECTACIÓNNociónAFECTACIÓNacto que somete un bien de propiedad pública o privada a un régimen jurídico particular; AFECTACIÓN – alcance según el bien sea de propiedad pública o privada -; AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD PÚBLICAal dominio público-; DOMINIO PÚBLICO Y DOMINIO PRIVADO – distinción-; INCORPORACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS al DOMINIO PÚBLICO -distinción entre el dominio público artificial y el natural - INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO NATURAL -ocurre por hechos de la naturaleza -; ACTOS ADMINISTRATIVOS QUE DECLARAN LA INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO NATURAL - Tienen el carácter de declarativos y contingentes; INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO ARTIFICIAL-Se da por hechos del hombre; INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO

DECLARAN LA INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO NATURAL - Tienen el carácter de declarativos y contingentes; INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO ARTIFICIAL-Se da por hechos del hombre; INCORPORACIÓN AL DOMINIO PÚBLICO ARTIFICIAL REGULAR – recae sobre un bien de propiedad pública, el cual es objeto de una manifestación de voluntad, dirigida a destinarlo al uso público y además se evidencia el uso efectivo del bien por parte del público «afectación real» ; INCORPORACIÓN IRREGULAR AL DOMINIO PÚBLICO –cuando solo existe una « afectación real o material»/ una ocupación permanente, sin que exista titularidad del derecho de dominio por una persona de derecho público; REGULARIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE TÍTULO DE PROPIEDAD– se da por sentencia judicialen los términos del artículo 191 del

CPACA-.

AFECTACIÓN DE LOS BIENES DE PROPIEDAD PRIVADASe trata de una manifestación de las funciones sociales y ecológicas reconocidas por el artículo 58 de la Constitución Política-. AFECTACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓN POR DECLARATORIA DE UTILIDAD PÚBLICA -cargas de la administración e ineficacia de la afectación -. MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE FRENTE A LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DERIVADA DE UNA AFECTACIÓN -cuando no se dirija a cuestionar la legalidad de los actos administrativos que la configuran o la declaren la afectación será la reparación directa -; CADUCIDAD FRENTE A LOS DAÑOS DERIVADOS DE UNA AFECTACIÓNse debe consultar la naturaleza del acto de afectaciónAFECTACIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓNel cómputo

la afectación será la reparación directa -; CADUCIDAD FRENTE A LOS DAÑOS DERIVADOS DE UNA AFECTACIÓNse debe consultar la naturaleza del acto de afectaciónAFECTACIONES DENTRO DEL PROCESO DE EXPROPIACIÓNel cómputo de caducidad inicia cuando termina la vigencia de la referida afectación-. MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE PARA IMPUGNAR - actos de registro, nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho-; ACTOS DE REGISTRONo son constitutivos de la afectación-.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

Demandante: Ana del Rosario L Demandado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP Medio de control: Reparación directa

2 Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 28 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección «A», que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

La señora Ana del Rosario López, copropietaria de dos predios que , presuntamente, fueron objeto de declaratoria de utilidad pública por la Resolución 783 de 2000 de la Empresa de Acueducto y de Alcantarillado de Bogotá -ahora EAABque «afectó» la zona del corredor de obra del proyecto canal de Córdoba y obras complementarias, acude a la jurisdicción pretendiendo la declaratoria de

EAABque «afectó» la zona del corredor de obra del proyecto canal de Córdoba y obras complementarias, acude a la jurisdicción pretendiendo la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la EAAB por la referida afectación, su registro en los folios de matrícula de los respectivos inmuebles, su ausencia de levantamiento y la omisión de la entidad en agotar el proceso de expropiación. Como consecuencia, de lo decidido por la primera instancia, también se discute si los referidos predios tienen la naturaleza de bienes de uso público y, por ende, no resultaban susceptibles de expropiación.

ANTECEDENTES La demanda

El 11 de diciembre de 2012, por intermedio de apoderado judicial la señora Ana del Rosario López de Lara, elevó el medio de control de reparación directa1, en contra de la EAAB, con el objeto de que se la declare administrativamente responsable por las afectaciones, el registro de estas, su falta de levantamiento y las omisiones en el proceso de expropiación que recayeron sobre los inmuebles 1 Ff. 2-21 C.1, subsanación de la demanda cd folio 26 reforma a la demanda ff. 33 y ss. En el transcurso de la primera instancia, por decisión del 5 de agosto de 2013 se vinculó como litisconsortes necesarios por activa a los señores Esteban Arrubla Devis, Cristina Arrubla Devis, Juan José Manzanera Devis, Adela Nahir Devis Saavedra, Sandra Devis Saavedra , Olga Lucia Devis de Acevedo, Carolina Devis Chaparro, Angela Patricia Devis Chaparrro, Daniel Hernando Devis Chaparro y Dela Patricia Manotas Devis, quienes fungen como

Saavedra, Sandra Devis Saavedra , Olga Lucia Devis de Acevedo, Carolina Devis Chaparro, Angela Patricia Devis Chaparrro, Daniel Hernando Devis Chaparro y Dela Patricia Manotas Devis, quienes fungen como propietarios del 10% de los predios presuntamente afectados por la E.A.A.B.Ver, ff. 130 a 132 CP.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

Demandante: Ana del Rosario L Demandado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP Medio de control: Reparación directa

3 identificados con las matrículas inmobiliarias N°50N-406724 y N° 50N-382955. Las pretensiones se elevaron en los siguientes términos:

(…) DECLARACIONES Y CONDENAS

Primera. El Distrito Capital-Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB; es administrativamente responsable por el daño antijurídico y los consecuentes perjuicios materiales y morales causados a la señora ANA DEL ROSARIO LÓPEZ DE LARA; por la acción de la administración de afectar para enajenación los predios identificados con las matrículas inmobiliarias N°50N-406724 y N°50N-382955, por registrar dicha afectación en los correspondientes folios de matrícula inmobiliaria: y por la omisión consistente en no iniciar el trámite de expropiación conforme lo establece la Ley.

Segunda. El Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB; es administrativament e responsable por el daño antijurídico y los

establece la Ley.

Segunda. El Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB; es administrativament e responsable por el daño antijurídico y los consecuentes perjuicios materiales y morales causad os a la señora ANA DEL ROSARIO LÓPEZ DE LARA; por la omisión de la administración en levantar la afectación para enajenación de los predios identificados con las matrículas inmobiliarias N° 50N406724 y N° 50N382955, conforme lo ordena el artículo 37 de la Ley 9a. de 1.989 y el artículo 13 del Decreto 2400 de 1.989.

Tercera. Como consecuencia de las declaraciones anteriores, se condene al Distrito Capital - Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, EAAB; como reparación del daño ocasionado, a pagar a la parte actora, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, subjetivos y objetivados, actuales y futuros, los cuales se estiman en la suma de CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS M/CTE, ($50.000'000.000.00), O(sic) conforme a lo que resulte probado dentro del proceso, o en su defecto, en forma genérica. (…)

Como fundamento de las anteriores pretensiones, se expuso como hechos de la demanda que, desde el 3 de diciembre de 1976, la demandante adquirió mediante las escrituras públicas N°6882 y N°6883, corridas en la Notaría 4a del círculo de Bogotá, la propiedad del 90% de los inmuebles identificados con las matrículas

las escrituras públicas N°6882 y N°6883, corridas en la Notaría 4a del círculo de Bogotá, la propiedad del 90% de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias N°50N-406724 y N° 50N-382955 (respectivamente).

El 23 de agosto de 1977 mediante escritura pública N° 1707 suscrita en la Notaría 19 de Bogotá, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá adquirió de la señora Rosario López de Lara «(…) la cuota parte que le correspondía, en la compraventa parcial de los lotes (…)», que, según se describió en la demanda, correspondió a la parte que estaba afectada por la ronda del canal de Córdoba.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

Demandante: Ana del Rosario L Demandado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP Medio de control: Reparación directa

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Transcurridos varios años, por comunicaciones del 20 de diciembre de 2000, N° 6300-2000-0387 y N° 6300-2000-0388 la EAAB elevó oferta formal de compra de los predios de la demandante, con fundamento en la Resolución N° 783 del 17 de agosto de 2000 que los había declarado de utilidad pública. La oferta recayó sobre 6.381,24 m2 del predio identificado con matrícula No.50N-382955 y 13.573,55m2 del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-406724.

6.381,24 m2 del predio identificado con matrícula No.50N-382955 y 13.573,55m2 del predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 50N-406724.

Especificó que las anteriores ofertas de compra se materializaron, a través del registro de los oficios No.2000-5197 y No.2000-5198 que ordenaron inscribir en los folios de matrícula No.50N-382955 y No. 50N-406724, las limitaciones sobre el derecho de propiedad de dichos inmuebles. Se indicó, por la parte demandante, que la afectación sobre los predios fue total, los cuales quedaron por fuera del comercio pese a que la oferta de compra fue parcial, pues la misma se inscribió en los folios de matrícula de los inmuebles, lo que implicó la pérdida de la vocación comercial de estos.

Pese a lo anterior, se señaló que la EAAB nunca perfeccionó una oferta de compra y omitió iniciar el proceso de expropiación en los términos de la Ley 9 de 1989 y la Ley 338 de 1997. Por lo cual, mediante petición del 22 de agosto de 2012, se solicitó a la demandada el levantamiento del registro de la afectación de compra, la cual tuvo «respuesta definitiva» el 19 de septiembre 2012; por la cual, se determinó que los predios de la demandante (…) se encuentran dentro de la zona acotada y declarada de utilidad pública, están afectados y es necesario adquirirlos (…) y para ello citó a la demandante a una reunión el 19 de septiembre de 2012. En dicha citación, se elevó una nueva oferta, en las mismas condiciones de la comunicada

declarada de utilidad pública, están afectados y es necesario adquirirlos (…) y para ello citó a la demandante a una reunión el 19 de septiembre de 2012. En dicha citación, se elevó una nueva oferta, en las mismas condiciones de la comunicada en el año 2000. Por último, se señaló que la demandada se ha opuesto a que el registrador de instrumentos públicos cancele la afectación predial que recae sobre los inmuebles objeto del litigio.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

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Contestaciones de la demanda

1. De la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP-2

Por intermedio de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda. En relación con los hechos, alegó que la demandante tenía la carga de acreditar la existencia, ubicación y linderos de los predios identificados con matrículas inmobiliarias No. 50N-406724 y No. 50N-382955, punto en el que expuso, que el terreno adquirido por Escritura Pública del 23 de agosto de 1977 de la Notaría (19) del Círculo de Bogotá fue registrado en el folio de matrícula 50N-376356. De

igual forma, afirmó que «(…) dentro de los linderos del predio adquirido por la EAABESP, mediante la escritura anteriormente mencionada, no aparece ningún predio de la Sra. Ana del Rosario López de Lara como colindante con el predio comprado por la EAAB-ESP (…)». De igual forma, indicó que en los términos de los artículos 2, 3 y 4 del Decreto 3496 de 1983, reglamentario de la Ley 14 de 1983, el demandante no identificó el «aspecto físico» de los predios en los que se sustenta la demanda.

A continuación, expresó que la Dirección de Bienes Raíces de la EAAB - ESP informó el 15 de septiembre de 2011 que los predios, objeto de la controversia «(…)presuntamente se encuentran inmersos dentro del espejo de agua del Humedal Córdoba(…)», generando una imposibilidad de compra por parte de la empresa. Adujo que la demandante no allegó los documentos exigidos en las comunicaciones N° 6300-2000-0387 y No. 6300-2000-0388 del 20 de diciembre de 20003, para continuar el proceso de negociación; así como, la entidad no prosiguió con el trámite de adquisición de los predios porque estos «(…)no se encuentran incorporados dentro de sistema de información geográfica de la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital(…)».

2 Ff. 92-110 C.1. 3 Esos correspondían a: Respuesta escrita a la oferta de compra; original del folio de matrícula - reciente;

Fotocopia de los recibos de pago del impuesto predial por los años 1994 a 2000; paz y salvo del IDU correspondiente a valorización; Fotocopia de recibos de servicios públicos; Fotocopia de la Cédula; Formulario de inscripción del giro electrónico.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

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6 Reprochó que, en la demanda, se le atribuyó una extensión al predio No. 50N406724 que no guarda relación con la realidad, consideración que extendió a la afectación que se identificó en la demanda -sobre dicho inmueble-, pues el área ofertada fue de 3.087,95 m². Además, consideró que las afectaciones que aparecen registradas en los folios de matrícula ya no tenían efecto de pleno derecho, por el mandato legal contenido en el inciso 3 del artículo 25 de la Ley 9 de 1989.

Como excepciones de mérito alegó: la inexistencia del daño; el desconocimiento de la ubicación de los predios objeto del litigio; la imposibilidad de compra de los predios por estar inmersos en el cuerpo de agua del humedal Córdoba; la falta de localización de los predios y su incorporación en el catastro distrital, y la pérdida de fuerza ejecutoria de las ofertas de compra. Por otro lado, en relación con las excepciones previas, en el escrito se propuso: la ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción e imprecisión sobre los demandados y la

fuerza ejecutoria de las ofertas de compra. Por otro lado, en relación con las excepciones previas, en el escrito se propuso: la ineptitud sustantiva de la demanda, por indebida escogencia de la acción e imprecisión sobre los demandados y la caducidad de la acción; indebida integración del contradictorio por activa y pasiva.

En este punto, adujo que el medio de control procedente se trataba de la nulidad y restablecimiento de del derecho, con el objeto de que se declare la nulidad del registro y como consecuencia de ello se restableciera el derecho de propiedad, alegado por los demandantes. No obstante, al tenerse que el registro de las afectaciones en los folios de matrícula se remonta al 28 de diciembre de 2000, la demanda se elevó cuando ya había caducado la acción. Frente a la integración del contradictorio, estimó que se requiere la integración al proceso de los herederos de los propietarios Hernando Devis Echandía (Q.E.P.D.), en la calidad de litisconsortes necesarios y por pasiva de la Superintendencia de Notariado y Registro.

Sentencia de primera instancia

El 28 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A4 dictó sentencia en el asunto de la referencia, por la cual, negó las pretensiones de la demanda. Como problema jurídico la Sala de Tribunal planteó que debía establecerse si el daño deprecado en la demanda, la presunta 4 Ff. 286-300 CPRadicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

Demandante: Ana del Rosario L Demandado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP

4 Ff. 286-300 CPRadicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

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7 afectación de los inmuebles identificados con las matrículas inmobiliarias 50N4067245 y 50N-382955, resultaba imputable a la presunta omisión administrativa de la demandada, por no adelantar el proceso expropiación sobre los mismos.

Para efecto de su análisis, la Sala priorizó el examen de la imputación jurídica, en el cual se refirió al marco jurídico del procedimiento administrativo y judicial de expropiación, al régimen de la responsabilidad extracontractual por las afectaciones fácticas y/o jurídicas sobre los bienes de propiedad privada y a la naturaleza jurídica de los humedales.

Al descender al análisis del caso concreto, la Sala del Tribunal estimó que el contenido de la Resolución 783 del 17 de agosto de 2000 no limitó de forma absoluta el dominio, «(…) simplemente cambio el uso del bien, en aras de proteger este ecosistema(…)», por lo que, – en principioestaría en el supuesto de una limitación parcial al derecho de propiedad, para el cual la jurisprudencia ha admitido el reconocimiento de una compensación.

No obstante, estimó que, en el caso de la referencia, la simple expedición de la Resolución No. 783 del 17 de agosto de 2000 o la oferta de compra de la administración a los titulares del derecho, no conllevan un daño antijurídico. Ello al

Resolución No. 783 del 17 de agosto de 2000 o la oferta de compra de la administración a los titulares del derecho, no conllevan un daño antijurídico. Ello al valorarse que la oferta de compra no implica per se la obligación de iniciar el procedimiento de expropiación, pues debe verificarse con anterioridad, si los predios resultan cobijados por el acto administrativo contentivo de la declaratoria de utilidad pública o si concurren circunstancias externas que impidan la expropiación.

Así, en el caso de los predios objeto del litigio , no se acreditó que estos fueran afectados por la Resolución No. 783 del 17 de agosto de 2000, de lo cual la Sala concluyó que no existió limitación de uso frente a los referidos inmuebles. De igual forma, estimó que la acción popular iniciada para proteger los humedales de Córdoba impidió continuar con los trámites de expropiación.

Por último, concluyó que los predios objeto del proceso nunca ingresaron en el patrimonio privado de los demandantes, al tenerse por demostrado que hacían parte del cuerpo de agua del humedal de Córdoba, por lo que el daño resultaba inexistenteRadicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

Demandante: Ana del Rosario L Demandado Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP Medio de control: Reparación directa

8 y un proceso de expropiación era improcedente. De allí, que la carga probatoria les exigía a los demandantes acreditar que dichos predios no corresponden a bienes de uso público, o que al momento de la compra no existía el ecosistema, pero no

8 y un proceso de expropiación era improcedente. De allí, que la carga probatoria les exigía a los demandantes acreditar que dichos predios no corresponden a bienes de uso público, o que al momento de la compra no existía el ecosistema, pero no se agotó ese deber probatorio, en el presente asunto.

Recurso de apelación

Contra la anterior decisión, los apoderados de la parte demandante y de los litisconsortes necesarios5de forma conjuntaelevaron recurso de apelación, por el cual se persiguió la revocatoria de la sentencia de primera instancia, y que, en su lugar, se acceda a las pretensiones de la demanda. Acusaron a la sentencia del tribunal de incurrir en una vulneración del principio de congruencia, al extralimitarse del debate planteado, al examinar lo relativo a la definición de la naturaleza jurídica (privada o pública) de los predios objeto de la controversia. De esta forma, objetó que la decisión recurrida, haya establecido que los referidos predios eran de naturaleza pública, sin que ello se propusiera por la demandada.

Arguyeron que el a quo incurrió en una contradicción, por afirmar que la Resolución 783 del 17 de agosto de 2000 cambió el uso de los bienes objeto del litigio, y luego, asegurar que esta decisión no configuró una limitación frente al derecho de dominio. En esta línea argumentativa, refirieron que de la lectura de esta resolución y en el plan de desarrollo del distrito se evidencia que la finalidad del EAAB era ampliar la infraestructura en servicios públicos y adquirir zonas que se verían afectadas por las obras «proyecto canal de Córdoba y obras complementarias», que en su

plan de desarrollo del distrito se evidencia que la finalidad del EAAB era ampliar la infraestructura en servicios públicos y adquirir zonas que se verían afectadas por las obras «proyecto canal de Córdoba y obras complementarias», que en su momento incluían ciclo rutas y equipamiento urbano, -las cuales le resultaban aledañas al humedal, pero no lo integraban-. De allí concluyó que la EAAB amplió el «límite legal del humedal» y, por tanto, se determinó adquirir una zona que antes no se encontraba afectada, así como, la naturaleza de las obras se deducía que al año 2000 dichas zonas no hacían parte integral del humedal. En otras palabras, estimó que, con anterioridad a dicha resolución, los predios que se determinó adquirir la administración no se encontraban afectados, ni se consideraban como cuerpos de agua, ni bienes públicos. 5 Ff. 302-320 CPRadicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

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De igual forma, objetó la apreciación que realizó el a quo de los efectos de la acción popular, pues en criterio del recurrente, esta no hizo cesar los efectos de las afectaciones que existieron sobre los predios. En el recurso , se adujo que la decisión adoptada por el juez popular fue ordenar al distrito abstenerse de iniciar, las obras proyectadas (ciclorrutas y urbanismo), para dejar con la menor intervención posible las áreas acotadas por la R. 783 de 2000, sin que dicha

decisión adoptada por el juez popular fue ordenar al distrito abstenerse de iniciar, las obras proyectadas (ciclorrutas y urbanismo), para dejar con la menor intervención posible las áreas acotadas por la R. 783 de 2000, sin que dicha providencia judicial portara alguna incidencia sobre la ampliación legal del humedal.

Indicó que la sentencia, de primera instancia, incurrió un «defecto fáctico», al equiparar los conceptos de «humedal» y «cuerpo de agua», incurriendo en errores de calificación jurídica. Explicó que la Resolución 783 de 2002 tuvo por efecto, afectar zonas que no eran «cuerpos de agua» y que con anterioridad a dicha decisión eran «zonas de manejo y preservación ambiental» , por ende, resulta equivocado concluir que los bienes objeto de litigio «nunca entraron en el patrimonio de los particulares». Además, consideró que al haberse calificado los predios objeto de la controversia como públicos, el tribunal desconoció los derechos adquiridos, el derecho de propiedad, el principio de igualdad – al acusarse la demandada de comprar otros predios-.

Frente a la valoración probatoria, reprocharon que el tribunal identificara la titularidad del derecho de propiedad de los demandantes desde 1976, para después de desestimar el carácter privado de los predios objeto del proceso. También acusaron a la decisión de primera instancia, de otorgarle valor probatorio a los memorandos internos del área jurídica del área técnica, el informe del representante legal de la demandada, los testimonios de Fabio de la Pava Amaya y Roger Fajardo Maldonado y el dicho de la oficina de Catastro Distrital, para concluir que los predios

legal de la demandada, los testimonios de Fabio de la Pava Amaya y Roger Fajardo Maldonado y el dicho de la oficina de Catastro Distrital, para concluir que los predios objeto de litigio están «inmersos dentro del espejo de agua». Al respecto, objetaron que se tuvieran por ciertos los hechos relatados en los memorandos, cuando en estos se trataban de presuntos, y también contradecían el contenido de los levantamientos topográficos, avalúos y ofertas por medio del cual la demandada dio respuesta al derecho de petición, por medio del cual solicitó el levantamiento de la afectación.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

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10 Refirieron que las pruebas técnicas obrantes en el expediente, en especial el dictamen allegado con la apelación, dan cuenta la ubicación de los predios en suelo, pese a realizarse obras para aumentar el tamaño del cuerpo de agua, lo que descarta que los predios estén sumergidos en el agua. Asimismo, considero equivocado que el fallo de primera instancia, no valorara que: i) el expediente administrativo arribó de forma incompleta; ii) el avalúo allegado con la reforma de la demanda, del predio “Guali” antes de la afectación; iii) el informe escrito del registrador de instrumentos públicos de Bogotá, Zona Norte; iv) el informe allegado por el representante legal de la demandada.

Por último, indicó que se incurrió en una indebida aplicación o interpretación de

registrador de instrumentos públicos de Bogotá, Zona Norte; iv) el informe allegado por el representante legal de la demandada.

Por último, indicó que se incurrió en una indebida aplicación o interpretación de normas, al considerar que todos los humedales constituyen bienes públicos, sin sujeción a los derechos adquiridos

Trámite en la segunda instancia

El 9 de julio de 2015, el tribunal concedió el recurso de apelación6y el 22 de enero de 2016, el despacho lo admitió7 El 20 de septiembre de 20168, el despacho sustanciador profirió auto de pruebas, por el cual denegó la solicitud probatoria que elevó la parte demandante en el recurso de apelación. Contra la anterior decisión se elevó recurso de reposición9, al cual el despacho le dio el trámite de recurso de súplica10, que fue resuelto por la Sala, en auto fechado 12 de julio de 201711, por el cual se revocó la decisión recurrida, y en su lugar, ordenó tener como pruebas las allegadas con el recurso y ofició a la demandada para que allegara copia integral del expediente administrativo, relativo a los inmuebles objeto del litigio.

Luego, por auto del 28 de enero de 2019, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión12. Oportunidad empleada por los apoderados de la parte actora13 y 6 Folio 324 C.P.

Luego, por auto del 28 de enero de 2019, se dio traslado a las partes para alegar de conclusión12. Oportunidad empleada por los apoderados de la parte actora13 y 6 Folio 324 C.P. 7 Folio 329 CP 8 Ff.340-341 CP. 9 Ff-344 y 345 CP 10 Auto del 13 de febrero de 2017 folio 349 CP. 11 Ff. 354-358. 12 F. 398 CP 13SAMAI indice 00052. Archivo alegatos obrante “Expediente Digital” índice 00076.Radicación: 25001-2336-000-2012-00670-01 (55.310)

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11 de la EAAB14. Por su parte, el ministerio público, en esta etapa, guardó silencio.

Alegatos de conclusión

La parte demandante insistió en que debía revocarse la decisión de primera instancia y le sugirió a la Sala abordar el asunto desde dos problemas jurídicos: el primero, frente a la naturaleza jurídica de los predios objeto del proceso; y el segundo, frente a la fijación de litigio, donde sugirió analizar lo relativo al respeto del principio de congruencia. Adujo que los predios objeto del litigio, solo pasaron a estar afectados a lo público, «(…) solo en razón a la expedición de la Resolución 783 de 2000 (…)» y no han tenido dicha naturaleza desde siempre, como lo hace ver el tribunal, por lo que se debe dirigir a discutir el deber de reparación integral de la administración.

783 de 2000 (…)» y no han tenido dicha naturaleza desde siempre, como lo hace ver el tribunal, por lo que se debe dirigir a discutir el deber de reparación integral de la administración.

Por su parte, la parte demandada EAAB, solicitó confirmar la decisión de primera instancia, al probarse que los predios se encuentran en el humedal de Córdoba, zona protegida.

CONSIDERACIONES

I. Presupuestos procesales

1. Como la demanda se presentó el 11 de diciembre de 2012, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuaciones administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del mentado 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante 14 SAMAI índice 00053. Archivo alegatos obrante “Exp