CE - Sentencia 25000233600020130178801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D. C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278)

Actor: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA -CARDemandado: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA -ANMY CARBONERAS

TERRANOVA LTDA.

Referencia: LEY 1437 DE 2011 – MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS

CONTRACTUALES

Temas: EXCEPCIÓN AL TÉRMINO DE CADUCIDAD: En aquellos procesos en los que se pretenda la nulidad absoluta de un contrato de exploración y de explotación minera, por superponerse o traslaparse con áreas de especial protección ambiental, será aplicable la re gla prevista en el parágrafo 1 del artículo 136 del C.C.A. - subrogado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998y en el literal b) del numeral 1) del artículo 164 del C.P.A.C.A., de acuerdo con la cual, cuando el objeto del litigio lo constituyan bienes estatales imprescriptibles e inenajenables, la acción o el medio de control no caducarán / NULIDAD SOBREVINIENTE: La pretensión de nulidad de un contrato es originaria, lo cual implica que se estudie a partir del na cimiento del respectivo acuerdo de voluntades; por ello, no hay lugar a predicar la existencia de nulidades sobrevinientes.

un contrato es originaria, lo cual implica que se estudie a partir del na cimiento del respectivo acuerdo de voluntades; por ello, no hay lugar a predicar la existencia de nulidades sobrevinientes.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, Agencia Nacional de Minería, en contra de la sentencia del 17 de marzo de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A (fls. 188 – 196 y CD, fl. 187, c. ppl.), en la cual se concedieron las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 17 de octubre de 2013, la Corporación Autónoma Regional de CundinamarcaCARpresentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales (fls. 8 – 14, c1), en contra de la Agencia Nacional de Minería y de la sociedad Carboneras T erranova Ltda., con la pretensión de que se declarara la2

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales. nulidad absoluta del contrato 887-T del 15 de agosto de 2001, inscrito en el registro minero nacional el 22 de octubre de ese año, por superponerse con el Distrito de Manejo Integrado Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, en un 86.77%, y con el Área de Reserva Forestal Protectora – Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, en un 85.62%.

II. ANTECEDENTES

86.77%, y con el Área de Reserva Forestal Protectora – Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, en un 85.62%.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda:

Mediante demanda radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de octubre de 2013 (fls. 8 – 14, c1), la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, previsto en el artículo 141 del C.P.A.C.A., se dirigió en contra de la Agencia Nacional de Minería y de la sociedad Carboneras Terranova Ltda. -en calidad de litisconsorte necesario por pasiva -, con el propósito de obtener las siguientes declaraciones y condenas:

PRIMERO. Que se declare la nulidad absoluta del contrato de concesión minera HBOO-02 suscrito entre el INGEOMINAS (hoy Agencia Nacional de Minería) y CARBONERAS TERRANOVA LTDA., inscrito en el Registro Minero el 22 de octubre de 2001, para la exploración y explotación de carbón, ubicado en la Reserva Forestal Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, con un área de 287.16 hectáreas, correspondiéndole un porcentaje del 86.77% de la reserva Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce y un 85.62% de la reserva Cuenca Alta del río Bogotá, reservas protegidas ambientalmente por normas de rango constitucional y legal, como se explicará más adelante, declarada y delimitada por el Consejo Directivo de la CAR desde el año 1997 con el Acuerdo 17 y el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena, respectivamente.

normas de rango constitucional y legal, como se explicará más adelante, declarada y delimitada por el Consejo Directivo de la CAR desde el año 1997 con el Acuerdo 17 y el Acuerdo 30 de 1976 del Inderena, respectivamente.

SEGUNDO. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad absoluta del referido contrato de concesión minera, se declare la nulidad de la inscripción del contrato de concesión HBOO -02 suscrito entre el INGEOMINAS y CARBONERAS TERRANOVA LTDA, en el Registro Minero Nacional.

TERCERO. Que se ordene la desanotación de la inscripción del contrato de concesión HBOO-02 del Registro Minero Nacional (fl. 8, reverso, c1).

1.1 Los fundamentos de hecho:

La parte actora sustentó sus pretensiones en los fundamentos fácticos que, en síntesis, se expresan a continuación:

A través del contrato HBOO -02, inscrito en el registro minero el 22 de octubre de 2001, el INGEOMINAS -hoy, Agencia Nacional de Mineríale otorgó a Carboneras3

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Terranova Ltda. un título minero para la exploración y explotación de carbón en la Reserva Forestal Protectora Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, con un área de 287.16 hectáreas, correspondiéndole un porcentaje del 86.77% de

Reserva Forestal Protectora Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, con un área de 287.16 hectáreas, correspondiéndole un porcentaje del 86.77% de dicha reserva, y un 85.62% de la reserva Cuenca Alta del Río Bogotá.

El área titulada mediante el contrato de concesión minera se encontraba ubicada dentro de la Reserva Forestal Protectora Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, declarada y delimitada como reserva forestal protectora por medio del Acuerdo 17 de 19 97, expedido por el Consejo Directivo de la CAR. Igualmente, el Acuerdo 30 de 1976 declaró como área de reserva forestal protectora a la Cuenca Alta del Río Bogotá.

La CAR, como autoridad ambiental, tiene un interés jurídico directo en impedir el desarrollo de actividades mineras, cuando estas pongan en grave riesgo los recursos naturales renovables.

El título minero HBOO -02, otorgado por el INGEOMINAS, seguía vigente al momento de presentación de la demanda, toda vez que fue otorgado por un término de 14 años, que vencía el 22 de octubre de 2014.

La suscripción del contrato de concesión minera desconoció los artículos 8, 79 y 80 de la Constitución Política, 1 de la Ley 99 de 1993, y 34 de la Ley 685 de 2001actual Código de Minas-.

1.2 Los fundamentos de derecho:

El actor presentó como fundamentos de derecho, los que denominó:

(i) “El sistema ambiental en la Carta Política de 1991” : en la actualidad, diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico exigen que se tomen medidas articuladas

El actor presentó como fundamentos de derecho, los que denominó:

(i) “El sistema ambiental en la Carta Política de 1991” : en la actualidad, diferentes disposiciones del ordenamiento jurídico exigen que se tomen medidas articuladas entre el Estado y los particulares, orientadas a preservar el derecho constitucional al medio ambiente.

Sumado a ello, el Estado tiene la responsabilidad de planificar y aprovechar los recursos naturales, de forma tal que se logre un desarrollo sostenible, el cual garantice la conservación y la preservación del entorno ecológico.4

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

(ii) “Reserva Forestal Nacimiento del Río Subachoque y Páramo (sic) de Arce – Distrito de Manejo Integrado - DMI”: explicó que el distrito de manejo integrado cuenta con cuatro categorías, a saber: zona de preservación; zona de recuperación para la preservación; zona de producción, y zona de protección. Posteriormente, resaltó la importancia del Distrito de Manejo In tegrado Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, por lo que era claro que la administración y la comunidad debían velar por su conservación y protección.

(iii) “Impactos ambientales producidos por la Minería” : aseveró que, en su criterio, las debilidades estructurales (administrativas y financieras) de las autoridades ambientales y mineras han derivado en que gran parte de las actividades mineras que se adelantan en el país no cumplan con los estándares ambien tales o de

las debilidades estructurales (administrativas y financieras) de las autoridades ambientales y mineras han derivado en que gran parte de las actividades mineras que se adelantan en el país no cumplan con los estándares ambien tales o de seguridad. Además, mencionó diferentes impactos sociales y ambientales derivados de la actividad minera.

(iv) “Objeto y funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales”: en este título, recapituló las funciones a cargo de las corporaciones autónomas regionales, especialmente, las previstas en el artículo 30 y en los numerales 2, 9, 11, 12, 15 y 16 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993.

(v) “De la naturaleza y régimen aplicable a los contratos de concesión minera” : citó los artículos 141 de la Ley 1437 de 2011 y 289 de la Ley 685 de 2001, que permiten que los terceros con un interés directo pretendan la nulidad de los contratos. Asimismo, aseguró que, en virtud del artículo 76 de la Ley 80 de 1993, los contratos en materia de recursos naturales no renovables no se rigen por el Estatuto General de Contratación Estatal, sino por las disposiciones especiales en la materia.

Finalmente, sostuvo que la concesión del contrato HBOO -02 vulneró el artículo 34 del Código de Minas, al desconocer una zona de reserva forestal en la que no se puede ejercer la minería, así como los artículos 8, 9, 79 y 80 superiores, 1 del Decreto 2811 de 1974 -Código Nacional de los Recursos Naturales -, la Ley 99 de 1993, y la zona de reserva declarada y delimitada por la CAR.

Decreto 2811 de 1974 -Código Nacional de los Recursos Naturales -, la Ley 99 de 1993, y la zona de reserva declarada y delimitada por la CAR.

(vi) “Interés directo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- ”: reiteró que, en virtud de la Ley 99 de 1993, la CAR “ […] tiene el interés jurídico directo para impedir el desarrollo de actividades como la minería, que impactan y5

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales. ponen en grave riesgo los recursos naturales renovables dentro de dicha área que goza de protección especial ambientalmente” (fl. 14, c1).

(vii) “Caducidad”: para la entidad actora, la acción contractual no había caducado, por cuanto el título minero se encontraba vigente, de acuerdo con el literal j) del numeral 2) del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

2. Actuaciones procesales en primera instancia:

A través del auto del “15 de octubre de 2013” (fls. 17 – 19, c1) 1, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda, y ordenó su notificación al representante legal de la Agencia Nacional de Minería, a la sociedad Carboneras Terranova Ltda., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1 Contestación de la demanda:

El 20 de febrero de 2014, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda (fls.

Terranova Ltda., al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1 Contestación de la demanda:

El 20 de febrero de 2014, la Agencia Nacional de Minería contestó la demanda (fls. 37 – 53, c1), oponiéndose a las pretensiones de la misma. Precisó, en primer término, que el número HBOO -02 correspondía al de la inscripción en el registro minero, y no al del contrato, por cuanto este era, en realidad, el 887 -T. Asimismo, resaltó que este negocio lo celebró MINERCOL Ltda., y no el INGEOMINAS, como lo señaló el actor, y que el plazo del contrato era de 13 años, y no de 14.

Aseveró que el accionante erró al asegurar que el Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce era una zona de reserva forestal protectora, pues este es, realmente, un distrito de manejo integrado, figura que no se encuentra en conflicto con la actividad minera.

Afirmó que, según la Gerencia de Catastro y Registro Minero, no existía ninguna superposición entre la zona objeto de la concesión y la Reserva Forestal Protectora Cuenca Alta del Río Bogotá.

1 Como la demanda es del 17 de octubre de 2013, la fecha del auto admisorio debe estar errada. En el índice 3 del SAMAI del tribunal, la anotación relacionada con la admisión de la demanda tiene fecha del 13 de noviembre de 2013.6

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Indicó que las referencias al actual Código de Minas eran equivocadas, puesto que, cuando se suscribió el contrato de concesión, se encontraba vigente el Decreto 2655 de 1988.

Reiteró que los distritos de manejo integrado no son zonas excluidas de la actividad minera, dado que, según el Decreto 2811 de 1974, estas áreas están diseñadas para la implementación de modelos de aprovechamiento racional2.

En su criterio, de la lectura del artículo 9 del Decreto 2655 de 1988, se derivaba la posibilidad de que, incluso en zonas restringidas de la minería, se adelantaran actividades mineras, siempre que fuera de manera limitada o solo con determinados métodos y sistemas de extracción. Por ello, como la CAR expidió el plan de manejo ambiental, es claro que ella misma autorizó la realización de actividades mineras, lo cual torna en extraño el hecho de que demandara posteriormente la nulidad del contrato 887-T.

Finalmente, señaló que el contrato 887-T era válido, debido a que se celebró entre personas capaces, con objeto y causa lícitos, y con observancia de las normas aplicables para su celebración.

La sociedad Carboneras Terranova Ltda., por su parte, contestó la demanda el 19 de octubre de 2015 (fls. 132 – 146, c1). Planteó como excepciones, las siguientes: (i) “Indebida identificación del acto cuya nulidad se demanda”, dado que el contrato

de octubre de 2015 (fls. 132 – 146, c1). Planteó como excepciones, las siguientes: (i) “Indebida identificación del acto cuya nulidad se demanda”, dado que el contrato HBOO-02 no existía, pues este número correspondía al del registro nacional minero. Arguyó que, si la voluntad de la CAR iba dirigida a solicitar la nulidad del registro minero, debió acudir a la acción de nulidad (la contractual era la acción equivocada para ello).

(ii) El Nacimiento del Río Subachoque y Pantano de Arce, diferente a lo esgrimido por el actor, no es una reserva forestal protectora, sino un distrito de manejo integrado, en el cual sí es posible llevar a cabo actividades mineras.

2 Relató que la CAR, originalmente, había declarado una reserva forestal protectora -mediante el Acuerdo 10 de 1994 -. Sin embargo, dicha declaratoria fue “revocada”, en atención al impacto socioambiental generado en la comunidad. Por este motivo, finalmente se constituyó el DMI del Río Subachoque y el Pantano de Arce, lo cual demuestra que esta última figura no tiene conflicto con la actividad minera.7

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

(iii) Según el Decreto 2811 de 1974 y normativa complementaria, en los distritos de manejo integrado podían realizarse actividades económicas controladas, entre las que se encuentran las actividades mineras. Precisó que el desarrollo de tales actividades depende de la zonificación que se haya hecho del respectivo DMI, por

manejo integrado podían realizarse actividades económicas controladas, entre las que se encuentran las actividades mineras. Precisó que el desarrollo de tales actividades depende de la zonificación que se haya hecho del respectivo DMI, por medio de un plan de manejo.

(iv) Luego de explicar el concepto de plan de manejo a la luz de lo prescrito en el Decreto 2372 de 2010, sostuvo que la CAR “[…] no ha expedido el Plan De Manejo del Distrito de Manejo Integrado (D.M.I.) de la Cuenca Alta del Río Subachoque y la Región del Pantano de Arce, pues en su demanda, y debiendo hacerlo, no hace mención a la existencia del mismo, y ni siquiera el demandante tiene el cuidado de establecer en cuál de las cuatro categorías de ordenamiento establecidas por el Acuerdo 17 de 1997, se ubi ca la zona correspondiente al contrato de concesión minera No 887-T, contrato que en su demanda no ha identificado correctamente” (fl. 144, c1).

(v) Señaló que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la Resolución 138 del 31 de enero de 2014, realinderó la Reserva Forestal Protectora – Productora de la Cuenca Alta del Río Bogotá, excluyendo de la misma “110.190 hectáreas” (fl. 144, c1).

3. Audiencia inicial y sentencia impugnada:

En la diligencia de la audiencia inicial (fls. 188 – 196 y CD, fl. 187, c. ppl.), regulada en el artículo 180 del C.P.A.C.A., el a quo aclaró que adelantaría una audiencia simultánea de los procesos con radicado 2013 -1785 y 2013-1788, toda vez que, si

en el artículo 180 del C.P.A.C.A., el a quo aclaró que adelantaría una audiencia simultánea de los procesos con radicado 2013 -1785 y 2013-1788, toda vez que, si bien se trataba de dos contratos de minería celebrados con contratistas diferentes, guardaban una similitud fáctica y jurídica, por lo que era procedente tramitarlos de manera conjunta.

Posteriormente, indicó que el objeto de la audiencia consistiría en determinar si debía declararse la nulidad del contrato de concesión minera FL2 -151 del 15 de noviembre de 2005, suscrito entre la hoy Agencia Nacional de Minería y el señor Jaime Gilberto Alvarado Gómez (proceso 2013-1785), y del contrato de explotación minera 887-T del 15 de agosto de 2001, suscrito entre la hoy Agencia Nacional de Minería y la sociedad Carboneras Terranova Ltda. (proceso 2013 -1788), cuya8

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales. finalidad era la exploración técnica y la explotación económica de un yacimiento de carbón.

Al analizar si existían irregularidades procesales, determinó que no se habían presentado situaciones que pudiesen generar alguna nulidad procesal. Por su parte, al estudiar las excepciones previas, consideró no probada la excepción de inepta demanda, form ulada por la sociedad Carboneras Terranova Ltda. 3, dado que, si bien en las pretensiones no se enunció -de manera expresa - que se pretendía la

al estudiar las excepciones previas, consideró no probada la excepción de inepta demanda, form ulada por la sociedad Carboneras Terranova Ltda. 3, dado que, si bien en las pretensiones no se enunció -de manera expresa - que se pretendía la nulidad del contrato 887-T, ya que en las mismas se solicitó la nulidad del registro minero, de los demás elementos de la demanda se podía colegir que era aquel negocio jurídico el que era objeto del debate.

Ahora bien, el tribunal a quo determinó que el litigio giraría en torno a si los contratos mineros se habían adjudicado en un área de protección ambiental, y si dicha situación configuraba una nulidad absoluta por objeto ilícito.

Teniendo en cuenta que el asunto era de puro derecho, y que no se requería de la práctica de pruebas, el juez de primera instancia, de conformidad con el artículo 179 del C.P.A.C.A., prescindió de la segunda etapa, y procedió a continuar con la audiencia d e alegaciones y juzgamiento. Una vez conformada la sala, se dio la palabra a las partes para que presentaran sus alegaciones finales, y al Ministerio Público para que rindiera su concepto4.

La CAR afirmó, en relación con el proceso 2013 -1788, que el contrato 887 -T ya estaba terminado, pero que el contratista continuaba adelantando actividades de extracción. Asimismo, señaló que el área objeto del contrato se superponía con una zona de protecc ión y con un ecosistema de páramo, en los cuales la explotación minera se encuentra prohibida. Por eso, estaba configurada la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito sobreviniente y por el ejercicio del principio de precaución.

zona de protecc ión y con un ecosistema de páramo, en los cuales la explotación minera se encuentra prohibida. Por eso, estaba configurada la causal de nulidad absoluta por objeto ilícito sobreviniente y por el ejercicio del principio de precaución.

La Agencia Nacional de Minería, frente al proceso de la referencia, sostuvo que el legislador no previó que los distritos de manejo integrado fueran áreas, por sí solas, excluibles de la minería, por lo que en ellas pueden realizarse este tipo de

3 El contratista expresó que la excepción era “indebida identificación del acto cuya nulidad se demanda”. Sin embargo, el tribunal estimó que se quiso formular la excepción de inepta demanda. 4 El Ministerio Público no se hizo presente en la diligencia.9

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales. actividades (una vez el plan de manejo integral regule el tema en debida forma).

También resaltó que este contrato se sometía al Código de Minas anterior.

Finalmente, la sociedad Carboneras Terranova Ltda. consideró que el demandante no podía presentar hechos nuevos, en relación con el páramo Guerrero, y que en los distritos de manejo integrado se encuentra permitida la explotación minera, siendo deber de la CAR zonificar el área para determinar en cuáles zonas se pueden o no realizar tales actividades.

De este modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la sentencia del 17 de marzo de 2016, resolvió:

o no realizar tales actividades.

De este modo, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por medio de la sentencia del 17 de marzo de 2016, resolvió:

[…] RESPECTO AL PROCESO: 2013 – 1788

PRIMERO: Se DECLARA de oficio la nulidad absoluta del contrato de explotación minera 887T de 15 de agosto de 2001, por ilicitud del objeto, SEGUNDO: Se ORDENA a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA, que inscriba esta sentencia en el Registro Nacional Minero del contrato de explotación minera 887T de 15 de agosto de 2001. TERCERO: Se ORDENA al contratista (sociedad CARBONERAS TERRANOVA LTDA), que una vez ejecutoriada esta providencia, entregue las áreas del presente contrato de concesión a la AGENCIA NACIONAL DE M INERÍA, sin derecho a ningún tipo de restitución de orden económico.

OTRAS DISPOSICIONES COMUNES A LOS PROCESOS

PRIMERO: Sin condena en costas, ni agencias en derecho, de conformidad con la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: LAS SENTENCIAS SE

NOTIFICA[N] EN ESTRADOS DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO

EN EL ARTÍCULO 202 DEL CPACA. TERCERO: CONTRA LAS SENTENCIAS PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN, DENTRO DE LOS 10 DÍAS SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS (fl. 196, c. ppl.).

Para sustentar estas determinaciones, el a quo explicó lo siguiente: en los contratos de explotación minera se configura un objeto ilícito cuando el área objeto de la

SIGUIENTES A SU NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS (fl. 196, c. ppl.).

Para sustentar estas determinaciones, el a quo explicó lo siguiente: en los contratos de explotación minera se configura un objeto ilícito cuando el área objeto de la concesión se superpone con: (i) una reserva forestal protectora; (ii) un distrito de manejo integrado, que no cuente con el plan integr al de manejo o con el plan de actividades para el corto plazo, o (iii) un páramo.

Asimismo, señaló que en materia minera no existe la figura de los derechos adquiridos, dado que, en virtud del principio de precaución, la protección de los recursos ambientales prima sobre los intereses particulares.10

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

Indicó que, como el Código de Minas no contempla las causales de nulidad de los contratos mineros, era necesario remitirse a lo prescrito en los artículos 44 de la Ley 80 de 1993 y 1741 del Código Civil.

Al estudiar lo relativo al proceso 2013 -1788, explicó que el contrato 887 -T había terminado el día 22 de octubre de 2014, pero que esto no impedía que se analizara la legalidad de dicho negocio jurídico. Afirmó que el área de explotación de este contrato se superponía con el Distrito de Manejo Integrado del Río Subachoque y Pantano de Arce en un porcentaje igual al 86.64% (aunque en la grabación de la

contrato se superponía con el Distrito de Manejo Integrado del Río Subachoque y Pantano de Arce en un porcentaje igual al 86.64% (aunque en la grabación de la audiencia indicó “86.44%”). No obstante, en este caso, el contrato sí contaba con un plan de manejo, conten ido en la Resolución 946 del 15 de marzo de 2006, expedida por la CAR. Por lo tanto, no se configuraba la nulidad en relación con este porcentaje.

A pesar de lo anterior, estudió -de manera oficiosa - si la zona de explotación se superponía con el páramo Guerrero, determinando que esto ocurría en un 99.97%. Sostuvo que, si bien el artículo 202 de la Ley 1450 de 2011 entró a regir con posterioridad a l a celebración del contrato, lo hizo durante su vigencia, por lo que se configuraba una nulidad sobreviniente del contrato -se modificaron las condiciones jurídicas que permitieron inicialmente suscribirlo -. Dado que la Corte Constitucional, por medio de la sentencia C-035 de 2016, estableció que se prohibía la minería en páramos, dicha actividad no es posible, ni siquiera con los instrumentos ambientales pertinentes. En consecuencia, y en atención a la imposibilidad de aplicar la figura de la conservación del negocio jurídico, declaró de oficio la nulidad absoluta del contrato 887-T.

Finalmente, al abordar el tema de las restituciones mutuas, aseveró que, como el Código de Minas no contemplaba una disposición especial en la materia, era procedente aplicar los preceptos del artículo 48 de la Ley 80 de 1993. A partir de esto, concluyó que no había lugar a ordenar las restituciones mutuas5_6.

procedente aplicar los preceptos del artículo 48 de la Ley 80 de 1993. A partir de esto, concluyó que no había lugar a ordenar las restituciones mutuas5_6.

5 Concretamente, en la sentencia se lee: “En [el] presente caso, no hay lugar a restituciones mutuas, por cuanto revisado [s] los contratos, la entidad estatal, no estaba obligada al pago de contraprestación económica alguna a consecuencia de la explotación económica de la concesión minera por parte de los particulares” (fl. 195, reverso, c. ppl.). 6 En relación con las costas, en el acta de la audiencia se consignó: “El Despacho no encuentra, que se hayan causado costas y expensas. Por otro lado, de conformidad con la normatividad que rige las agencias en derecho, la Sala no fijará agencias en derecho, por cuanto, nos encontramos ante un control objetivo de legalidad, el cual tiene la característica de ser de orden público” (fl. 195, reverso, c. ppl.).11

Radicación número: 25000-23-36-000-2013-01788-01 (57278).

Actor: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

Demandado: Agencia Nacional de Minería y otro.

Referencia: Medio de Control de Controversias Contractuales.

4. Recurso de apelación:

El 4 de abril de 2016, la Agencia Nacional de Minería interpuso el recurso de apelación en contra de la anterior decisión (fls. 197 – 204, c. ppl.), solicitando que la misma fuera revocada.

Según el recurrente, el a quo erró al declarar la nulidad del contrato 887 -T por superponerse con la Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado del

la misma fuera revocada.

Según el recurrente, el a quo erró al declarar la nulidad del contrato 887 -T por superponerse con la Reserva Forestal Protectora y Distrito de Manejo Integrado del Río Subachoque y Pantano de Arce, pues en el proceso se demostró que la CAR, por medio del Acuerdo 017 de 1997, no había declarado ninguna reserva forestal protectora, la cual sí es una zona excluible de la minería en virtud del artículo 34 de la Ley 685 de 2001.

Aseguró que, si bien era cierto que la zona de explotación objeto del contrato 887T se superponía con el Distrito de Manejo Integrado del Río Subachoque y Pantano de Arce, esta simple situación no viciaba el objeto del contrato, dado que los distritos de manejo no son zonas excluibles, per se , de la minería. En vista de que el precitado artículo 34 no contempló a los distritos de manejo como zonas de exclusión, el juez se atribuyó competencias que eran propias del poder legislativo7.

Explicó que, según el Decreto 2811 de 1974, los distritos de manejo integrado fueron creados para que se constituyeran modelos de aprovechamiento racional, esto es, para que se realizaran actividades económicas controladas, investigativas, educativas y rec reativas, mas no para que se consideraran zon