CE - Sentencia 25000233600020140053301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., siete (7) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 25000-23-36-000-2014-00533-01 (59.839)

Actora: Compañía Aseguradora de Fianzas S.A.

Demandado: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Asunto: Controversias contractuales

Temas: Régimen jurídico de los convenios especiales de cooperación científica y tecnológica. Se rigen por el derecho privado. No se dictan actos administrativos en el marco de estos convenios. Prescripción de la acción derivada del contrato de seguro.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra de la sentencia del 20 de abril de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda y se fijaron las agencias en derecho en la suma de $45.000.000 a favor de la Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (fls. 307 a 322, c. ppal, 2ª instancia).

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora pretende que se anulen las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013, por medio de las cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento que

La parte actora pretende que se anulen las resoluciones n.°s 331 y 333 del 25 y 30 de septiembre de 2013, por medio de las cuales el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural declaró la ocurrencia del siniestro de incumplimiento que amparaba el convenio especial de cooperación científica y tecnológica n.° 52 del 16 de enero de 2009, cuyo objeto consistió en la implementación, desarrollo y ejecución de la convocatoria pública de riego y drenaje I -2009, para la asignación de los recursos del programa “Agro Ingreso Seguro”. En consecuencia, solicita que, en caso de que hubiera pagado dicho siniestro, se ordene la devolución de dichas sumas, debidamente actualizadas y con intereses.2

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

II. ANTECEDENTES

A. Demanda

1. El 24 de abril de 2014 (fl. 1, c. ppal, 1ª instancia) , la Compañía Aseguradora de Fianzas S.A., en adelante la aseguradora, presentó demanda, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, en contra de la Nación -Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con base en las siguientes pretensiones (fl. 2 y rev.,

c. ppal, 1ª instancia):

1. La nulidad de la resolución número 000331 del 25 de septiembre de 2013 mediante la cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, declaró el incumplimiento del IICA del convenio especial 052 de 2009, que declaró “la

1. La nulidad de la resolución número 000331 del 25 de septiembre de 2013 mediante la cual, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, declaró el incumplimiento del IICA del convenio especial 052 de 2009, que declaró “la ocurrencia del siniestro de i ncumplimiento amparado por la póliza de cumplimiento n.° GU027478 expedida por CONFIANZA S.A., y como consecuencia, de tal declaratoria adelantar los trámites establecidos para obtener el pago de las indemnizaciones precisadas en la parte resolutiva de tal acto amparadas por la garantía única expedida por confianza”, por violación manifiesta a las di sposiciones de orden legal y contractual en que debía fundarse, teniendo en cuenta que al momento de proferirse el acto administrativo se interpretaron y aplicaron erróneamente normas reguladoras del contrato de seguro, y se aplicaron indebidamente disposiciones legales que debieron servir de fundamento en la decisión adoptada por la administración.

2. La nulidad de la resolución número 000333 del 30 de septiembre de 2013, mediante la cual el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural resolvió el recurso de reposición interpuesto por Confianza SA y el IICA contra la resolución 000331 del 25 de septiembre de 2013 “reponiendo el artículo 2 de la resolución 000331 del 25 de septiembre de 2013 para declarar la ocurrencia del siniestro de incumplimiento amparado en la garantía única de seguros de cumplimiento a favor de entidades estatales n.° GU027478 de la Compañía Aseguradora de Fianzas CONFIANZA expedida mediante certificados

24GU044533, 24GU060788 y 24GU061308 correspondiente al amparo de

cumplimiento a favor de entidades estatales n.° GU027478 de la Compañía Aseguradora de Fianzas CONFIANZA expedida mediante certificados 24GU044533, 24GU060788 y 24GU061308 correspondiente al amparo de cumplimiento que asciende a CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($4.500.000.000) y además no accediendo al rec urso de reposición interpuesto por Confianza S.A.”, por violación manifiesta de las disposiciones de orden legal, y contractual en que debía fundarse, teniendo en cuenta que al momento de proferirse el acto administrativo se interpretaron y aplicaron erróneamente normas reguladoras del contrato de seguro, y se aplicaron indebidamente disposiciones legales que debieron servir de fundamento en la decisión adoptada por la administración.

3. Que como consecuencia de lo anterior, se declare que mi representada no está obligada al pago de las obligaciones derivadas de la póliza de cumplimiento n.° GU027478 ni de sus certificados de modificación.

4. Que en el evento de que la aseguradora se haya visto compelida a pagar suma alguna derivada de las resoluciones atacadas, se ordene la devolución de dichas sumas a la aseguradora, junto con sus intereses y actualizaciones legales, a título de restablecimiento del derecho de mi representada.

5. Que se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada.

2. En los hechos (fls. 3 a 9, c. ppal, 1ª instancia) se refirió que el 16 de enero de 2009, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en lo que sigue el Ministerio o la demandada), y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (en

el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (en lo que sigue el Ministerio o la demandada), y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (en adelante el IICA), celebraron el convenio especial de cooperación científica y tecnológica n.° 052 para la “cooperación científica y tecnológica mediante la unión3

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

de esfuerzos, recursos, tecnología y capacidades, para la implementación, desarrollo y ejecución de la convocatoria pública de riego y drenaje que permite la asignación de recursos del programa Agro Ingreso Seguro” (fl. 3, c. ppal, 1ª instancia). El valor del convenio fue la suma de $100.837.934.000. Las partes no pactaron cláusula penal pecuniaria y el plazo máximo finalizó el 31 de marzo de 2011.

2.1. Para garantizar dicho convenio, la aseguradora expidió la póliza n.° 24GU027478/044533, en la que se amparaba el cumplimiento por valor de $10.000.000.000, reducido mediante el certificado n.° 24GU027478/GU061308 a la suma de $4.500.000.000. La cobert ura de este amparo fue por la vigencia del contrato y cuatro meses más, es decir, hasta el 30 de julio de 2011.

2.2. Mediante comunicación del 5 de septiembre de 2013, radicado n.° 20131100193431, el Ministerio citó a la aseguradora a audiencia por el posible incumplimiento del IICA, puesto que desde el 31 de marzo de 2011, cuando se

20131100193431, el Ministerio citó a la aseguradora a audiencia por el posible incumplimiento del IICA, puesto que desde el 31 de marzo de 2011, cuando se terminó el convenio, se le requi rió para que allegara el informe final de ejecución, lo cual solo cumplió hasta el 26 de abril de 2013, pero sin los respaldos necesarios para determinar los alcances. También que el IICA no reintegró la suma de $225.140.918, sin más información.

2.3. Una vez escuchadas las partes, el Ministerio, mediante la resolución n.° 000331 del 25 de septiembre de 2013 declaró el incumplimiento por parte del IICA y la ocurrencia del siniestro de incumplimiento, por lo que ordenó adelantar las gestiones necesarias para su pago por la suma de $4.500.000.000.

2.4. Inconformes, el IICA y la actora interpusieron recursos de reposición, los cuales, previ a práctica de algunas pruebas documentales, fueron denegados a través de la resolución n.° 000333 del 30 de septiembre de 2013, que tan solo aclaró el numeral segundo de la resolución n.° 000331, en el sentido de especificar la identificación de la póliza, sus modificaciones y el monto del amparo.

2.5. El 7 de noviembre de 2013, la aseguradora solicitó la revocatoria directa de las resoluciones arriba referidas, la cual fue denegada por medio de la resoluc ión n.° 000001 del 2 de enero de 2014.

2.6. Se agotó el trámite de conciliación extrajudicial, según constancia del 7 de abril de 2014.

000001 del 2 de enero de 2014.

2.6. Se agotó el trámite de conciliación extrajudicial, según constancia del 7 de abril de 2014.

3. Como concepto de la violación adujo (fls. 10 a 38, c. ppal, 1ª instancia):4

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

3.1. El desconocimiento e interpretación errónea del artículo 1081 del Código de Comercio. Después de exponer el alcance de la prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro, estimó consumado dicho fenómeno.

3.1.1. Explicó que finalizado el convenio afianzado el 31 de marzo de 2011, su liquidación debió llevarse a cabo hasta el 31 de julio siguiente; sin embargo, la demandada tan solo informó a la aseguradora del incumplimiento del convenio n.° 052 de 2009 hasta el 5 de septiembre de 2013, oportunidad en la que advirtió que desde el 8 de agosto de 2011 requirió al contratista para la entrega del informe final de ejecución, sin éxito. Dicha obligación se satisfizo el 26 de abril de 2013.

3.1.2. Afirmó que la demandada reconoció en la resolución n.° 000331 de 2013, aquí cuestionada, que el incumplimiento se avizoraba desde el 21 de enero de 2011, cuando el IICA presentó el octavo informe de ejecución técnica y financiera.

3.1.3. De conformidad con lo expuesto, estimó que el siniestro ocurrió, como

2011, cuando el IICA presentó el octavo informe de ejecución técnica y financiera.

3.1.3. De conformidad con lo expuesto, estimó que el siniestro ocurrió, como máximo, el día de la finalización del convenio n.° 052, es decir, el 31 de marzo de 2011, si se tiene en cuenta que, como se expuso, desde el 8 de agosto siguiente se evidenciaban los incumplimientos del contratista y, por lo tanto, su declaratoria el 25 de septiembre de 2013, fue extemporánea, en los tér minos del artículo 1081 del Código de Comercio.

3.1.4. Sostuvo que resultaba errado contar la prescripción desde el 26 de abril de 2013, cuando el contratista entregó el informe final de ejecución, fecha en la que para la demandada se materializó el incumplimiento, en tanto de ser así estaría por fuera del amparo de cumplimiento de la póliza n.° 24GU027478, que finalizó el 30 de julio de 2011. Además, así se dilataría la prescripción al arbitrio de la demandada y de forma indefinida.

3.2. El desconocimiento e inaplicación de los artículos 1060, 1061, 1074 y 1075 del Código de Comercio. En consideración a la falta de comunicación del siniestro en forma oportuna a la aseguradora, siendo que más de dos años después de terminado el convenio no tuvo noticia de algún incumplimiento del contratista. Esto conllevó a la agravación del riesgo amparado y del incumplimiento del contrato de seguro. De esta forma se generó la terminación de este último acuerdo.

3.3. La interpretación errónea de los artículos 1077, 1088 y 1089 del Código de

seguro. De esta forma se generó la terminación de este último acuerdo.

3.3. La interpretación errónea de los artículos 1077, 1088 y 1089 del Código de Comercio. La demandada no probó el monto del perjuicio causado, si se tiene en cuenta que el valor de los recursos no ejecutados fue por la suma de $225.140.918, los cuales fueron reintegrados por el IICA. No obstante, se hizo efectivo el amparo en su totalidad, e s decir, por la suma de $4.500.000.000, lo que desconoció lo5

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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ejecutado por el contratista. Precisó que no se pactó cláusula penal pecuniaria en el convenio n.° 052, razón de más para probar los perjuicios.

3.4. La violación del debido proceso administrativo. Por cuanto, sin razón alguna y con desconocimiento de los argumentos de la aseguradora, declaró la totalidad del amparo, cuando lo no ejecutado era una suma exponencialmente menor.

3.5. La interpretación errónea e inaplicación del numeral 8 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993. Después de desarrollar el concepto de desviación de poder, se limitó a señalar que “con base en lo expuesto y sustentado respecto de cada violación aquí señalada el Ministerio de Agricultura ha actuado con desviación de poder y por ende, los actos impugnados y objeto de esta controversia deben ser revocados” (fl. 38, c. ppal, 1ª instancia).

B. Trámite de primera instancia

ende, los actos impugnados y objeto de esta controversia deben ser revocados” (fl. 38, c. ppal, 1ª instancia).

B. Trámite de primera instancia

4. El 7 de julio de 2014, el Tribunal a quo admitió la demanda, vinculó como litisconsorte cuasinecesario al IICA y ordenó las notificaciones y traslados de ley

(fls. 48 y 49, c. ppal, 1ª instancia).

5. Una vez surtidas las notificaciones y los traslados, sólo se pronunció el Ministerio

(fls. 253 a 255, c. ppal, 1ª instancia). En su contestación de la demanda (fls. 61 a 71, c. ppal, 1ª instancia) excepcionó el cobro de lo no debido y la legalidad de los actos, comoquiera que, previo el cumplimiento del debido proceso y sin obtener respuesta por parte del IICA sobre el estado del cumplimiento de sus obligaciones, procedió a declarar el siniestro a través de los actos demandados.

5.1. También propuso como excepción la garantía del debido proceso, en la medida que se cumplieron todas las pautas fijadas en la Ley 1474 de 2011.

5.2. Estimó probada la ineptitud de la demanda, en consideración a que la demandada recayó sobre unos actos administrativos y, por lo tanto, el medio de control procedente era la de nulidad y restablecimiento del derecho y no el contractual.

5.3. Afirmó que contaba con la facultad para declarar a través de un acto administrativo el siniestro ocurrido. Este último, estimó que se materializó el 13 de abril de 2013, cuando conoció el informe final de ejecución del IICA, momento en

administrativo el siniestro ocurrido. Este último, estimó que se materializó el 13 de abril de 2013, cuando conoció el informe final de ejecución del IICA, momento en el que pudo constatar el incumplimiento de las obligaciones. Por lo tanto, el término de dos años, regulado en el artículo 1081 del Código de Comercio, no se6

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

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encontraba vencido, porque los actos demandados fueron expedidos dentro de ese lapso.

5.4. Precisó que aunque el convenio se terminó el 31 de marzo de 2011, el mismo estaba sometido al trámite liquidatorio, razón por la cual esperó, prudentemente, la finalización del mismo y el momento en el que conoció del incumplimiento definitivo, es decir, el 13 de abril de 2013, para pro ceder la declaración cuestionada, previa notificación a la aseguradora, por lo que no puede alegar esta deficiencia ni tampoco la agravación del riesgo, por cuanto actuó una vez se conoció el estado de incumplimiento.

5.5. Se limitó a señalar que la cuantía de los perjuicios fue muy superior a la declarada, en razón del valor y naturaleza del contrato asegurado.

5.6. Estimó que se no señalaron las razones por las que el Ministerio desconoció el debido proceso, deficiencia suficiente para desestimar este cargo.

5.7. Finalmente, sostuvo que los actos demandados, además de ser expedidos por el funcionario competente, tenían como finalidad honrar el interés público.

debido proceso, deficiencia suficiente para desestimar este cargo.

5.7. Finalmente, sostuvo que los actos demandados, además de ser expedidos por el funcionario competente, tenían como finalidad honrar el interés público.

6. El 30 de noviembre de 2015, el a quo fijó para el 16 de marzo de 2016 la realización de la audiencia inicial (fls. 254 y 255, c. ppal, 1ª instancia).

7. El 16 de marzo de 2016, con la presencia de la parte demandante y demandada, así como del Ministerio Público, en el desarrollo de la audiencia inicial (fls. 258 a 269, c. ppal, 1ª instancia) , el a quo descartó la adopción de medidas encaminadas a subsanar el proceso, debido a la ausencia de irregularidades. Después, precisó que sólo se pronunciaría sobre las excepciones previas y, por ende, se limitaría a resolver sobre la ineptitud de la demanda, que era la única que tenía dicho carácter.

La denegó por cuanto el medio de control para cuestionar los actos dictados con ocasión de la actividad contractual es el de controversias contractuales, que fue el presentado.

7.1. Encontró acreditada la legitimación de las partes como emisores y destinatarios de los actos atacados.

7.2. Declaró la falta de legitimación del IICA, pues en los términos del artículo 6º del Acuerdo Básico de Privilegios e Inmunidades de 1967, dicha institución goza de inmunidad de jurisdicción de los tribunales nacionales. Descartó la caducidad del medio de control, comoquiera que entre la notificación de la resolución n.° 000333

inmunidad de jurisdicción de los tribunales nacionales. Descartó la caducidad del medio de control, comoquiera que entre la notificación de la resolución n.° 000333 de 2013, el 30 de septiembre de dicha anualidad, y la presentación de la demanda,7

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

el 24 de abril de 2014, no había transcurrido el bienio legal establecido como límite para el efecto.

7.3. Después de notificadas las anteriores decisiones, fijó el litigio a la determinación de la legalidad de los actos administrativos demandados a la luz de los cargos formulados en la demanda. Decretó algunas pruebas y negó otras y estableció el 17 de ma yo de 2016 como fecha para la audiencia de práctica de pruebas, en la que efectivamente se llevó a cabo y, una vez finalizada, corrió traslado para alegar de conclusión (fls. 271 a 273, c. ppal, 1ª instancia).

8. En las alegaciones finales, la parte actora y la demandada reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 274 a 305, c. ppal, 1ª instancia).

C. La sentencia de primera instancia

9. En la sentencia del 20 de abril de 2017 (fls. 307 a 322, c. ppal, 2ª instancia) se concluyó que el régimen jurídico de los convenios de cooperación científica y tecnológica era el de los contratos estatales y, por lo tanto, en lo no regulado en los Decretos Leyes

que el régimen jurídico de los convenios de cooperación científica y tecnológica era el de los contratos estatales y, por lo tanto, en lo no regulado en los Decretos Leyes 393 y 591 de 1991, estaban sujetos a la Ley 80 de 1993, en línea con lo precisado por la jurisprudencia de esta Corporación.

9.1. En punto de los cargos, sostuvo que al vencimiento del plazo, el 31 de marzo de 2011, el IICA tan s olo había presentado el informe de ejecución técnica y financiera del 21 de enero del referido año. En este señaló que, de los 16 proyectos, cuatro presentaban problemas, y los demás estaban ejecutados en su totalidad. Debido a lo anterior, la demandada sol icitó al IICA el informe final para determinar un posible incumplimiento.

9.2. El 26 de abril de 2013, el IICA entregó el referido informe. Una vez analizado por el Comité Interventor se llegó a la conclusión de que existían posibles incumplimientos. En consecuencia, para el a quo desde la referida fecha debía computarse la prescripción y, por lo tanto, como la declaratoria del siniestro se produjo el 25 de septiembre del mismo año, concluyó que lo fue en tiempo.

9.3. Sobre la falta de notificación oportuna a la aseguradora y la consecuente agravación del riesgo, precisó que, de conformidad con la línea jurisprudencial marcada por esta Corporación, para la contratación estatal no se aplica el procedimiento señalado en los artículos 1075 y 1077 del Código de Comercio , puesto que la reclamación regulada en estos se realiza mediante la notificación del acto administrativo.8

procedimiento señalado en los artículos 1075 y 1077 del Código de Comercio , puesto que la reclamación regulada en estos se realiza mediante la notificación del acto administrativo.8

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

9.4. Consideró que, después de agotado el respectivo procedimiento, se expidieron los actos demandados, los cuales fueron notificados debidamente, hasta el punto que la aseguradora interpuso los recursos de ley. En esta medida, la violación alegada tampoco estaba llamada a prosperar.

9.5. En cuanto a la falta de pruebas de los perjuicios concluyó que “desde el mismo instante en que se expidió la póliza se cuantificó el perjuicio, como (sic) quiera que la suma asegurada representa los perjuicios de incumplimientos de la obligación” (fl. 320 rev., c. ppal, 2ª instancia).

9.6. En relación con la violación al debido proceso, sostuvo que la aseguradora no precisó los motivos por los cuales se desconoció este principio; por el contrario, observó que los actos fueron proferidos con todas las garantías que exigen este tipo de facultades.

9.7. Finalmente, descartó la existencia de desviación de poder, comoquiera que no se probó que la demandada hubiera actuado con un interés diferente al general.

D. El recurso de apelación

10. La parte actora (fls. 332 a 341, c. ppal, 2ª instancia) 1 insistió en (i) la prescripción de

D. El recurso de apelación

10. La parte actora (fls. 332 a 341, c. ppal, 2ª instancia) 1 insistió en (i) la prescripción de la acción derivada del contrato de seguro, (ii) la inexigibilidad por agravación del riesgo, (iii) la falta de pruebas de los perjuicios y (iv) la violación al debido proceso,

así:

11. La prescripción. Reiteró que, a diferencia de lo concluido por el a quo, la fecha para iniciar el cómputo era la terminación del convenio, cuando se hicieron exigibles las obligaciones. Incluso, sostuvo que el incumplimiento se avizoraba desde el 21 de enero de 2011, cuando en el último informe presentad o por el IICA ya se vislumbraba el incumplimiento. Estimó que aceptar que el conocimiento se produjo el 26 de abril de 2013, cuando el IICA presentó su informe final, conllevaría a concluir que el siniestro ocurrió por fuera de la cobertura del amparo y que se podrían hacer efectivas de manera indefinida.

12. La inexigibilidad por agravación del riesgo. Señaló que más de dos años después de terminado el contrato no tuvo noticia del incumplimiento del contratista, si se tiene en cuenta que solo fue enterada para septiembre de 2013; sin embargo, como lo señaló en el cargo anterior, desde la terminación del contrato, la demandada tenía conocimiento del siniestro.

1 El recurso fue presentado el 15 de junio de 2017 (fl. 332, c. ppal, 2ª instancia).9

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

1 El recurso fue presentado el 15 de junio de 2017 (fl. 332, c. ppal, 2ª instancia).9

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

13. La falta de pruebas del perjuicio. Sostuvo que ante la falta de cláusula penal pecuniaria en el convenio n.° 52 se debieron probar los perjuicios. Por consiguiente, desestimó el argumento del a quo sobre que el valor del amparo sea la tasación anticipada de perjuicios. Reiteró que no se tuvo en cuenta el cumplimiento del IICA y la devolución de lo no ejecutado para la cuantificación del perjuicio. Echó de menos el análisis del comportamiento de la demandada, porque el 29 de diciembre de 2010 decidió dar por terminada la convocatoria de riego y drenaje y prorrogar el convenio. Tampoco se analizó el estado de emergencia que impidió culminar dicho acuerdo. También estimó que, de acuerdo a la póliza, el siniestro se probaba con el documento de liquidación, la cual nunca se dio.

14. Violación al debido proceso. Precisó que sí indicó los motivos de violación, porque señaló que se afectó toda la póliza sin consideración al cumplimiento del contratista ni la prueba del perjuicio.

E. Trámite en segunda instancia

15. Concedida la apelación por parte del a quo, mediante auto del 17 de julio de 2017 (fl. 343 y rev., c. ppal, 2ª instancia), esta Corporación la admitió (fl. 348 y rev., c. ppal,

15. Concedida la apelación por parte del a quo, mediante auto del 17 de julio de 2017 (fl. 343 y rev., c. ppal, 2ª instancia), esta Corporación la admitió (fl. 348 y rev., c. ppal, 2ª instancia) y, luego, corrió traslado para alegar de conclusión (fl. 354, c. ppal, 2ª instancia), oportunidad en la que las partes reiteraron los argumentos de sus intervenciones (fls. 358 a 371, c. ppal, 2ª instancia).

III. CONSIDERACIONES

F. Jurisdicción, competencia, medio de control procedente y caducidad

16. Atendiendo a la naturaleza pública del Ministerio de Agricultura, la presente controversia es de conocimiento de esta jurisdicción, en los términos del artículo 104 del CPACA.

17. Esta Corporación es la competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia, en atención a su naturaleza y cuantía 2, en los términos del artículo 150 del CPACA.

18. El medio de control es el procedente, toda vez que se cuestionan unos actos dictados en el marco de un contrato estatal.

2 La cuantía del proceso se estimó en la suma de $4.500.000.000, equivalente al amparo que se hizo efectivo en los actos demandados (fl. 40, c. ppal, 1ª instancia).10

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

G. Legitimación en la causa

19. Las partes están legitimadas, en tanto la parte demandada profirió y suscribió

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sentencia

G. Legitimación en la causa

19. Las partes están legitimadas, en tanto la parte demandada profirió y suscribió los actos jurídicos demandados y, por su parte, la aseguradora fue destinataria de los mismos al hacerse efectivo el siniestro.

H. Caducidad de la acción

20. La demanda tuvo como fundamento jurídico la expedición de los actos demandados, en tanto son los que determinaron sus pretensiones. En esa medida, con solo tomar la fecha de uno de ellos, el que resolvi ó la reposición , el 30 de septiembre de 2013, y la fecha de presentación de la demanda, el 24 de abril de 2014, es claro que el medio de control fue presentado en tiempo. Igualmente, vale referir que se agotó el trámite de conciliación prejudicial (fl. 208, c. 2).

I. Plan de solución del caso

21. En el centro de la controversia está el cuestionamiento de unos actos jurídicos dictados en el marco del convenio n.° 52 de 2009. Para resolverla es preciso determinar el régimen jurídico de dicho acuerdo y, precisado este punto, la naturaleza de tales actos, toda vez que esto determinará el alcance del estudio, porque de ser actos administrativos, la presunción de legalidad de estos obliga un ejercicio diferente, cuando menos en relación con la carga probatoria de las partes.

Después, será posible emprender los argumentos de la apelación, con el ánimo de salvaguardar el acceso a la administración de justicia, con independencia del régimen jurídico del convenio y de la naturaleza de los actos demandados.

Después, será posible emprender los argumentos de la apelación, con el ánimo de salvaguardar el acceso a la administración de justicia, con independencia del régimen jurídico del convenio y de la naturaleza de los actos demandados.

J. El régimen jurídico del convenio n.° 52 de 2009

22. Toda vez que el a quo concluyó que el régimen jurídico del convenio era de Ley 80 de 1993 y ello determinó el estudio de los cargos de la demanda como si los actos fueran administrativos, aquí se impone su precisión, en aras del real marco en el que se debe realizar dicho anál isis. La Sala ya ha tenido la oportunidad de abordar un litigio sobre un convenio similar 3, aunque con una parte adicional.

Efectivamente, se trató del convenio n.° 55 de 2008, cuyo objeto coincide, en punto

3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de octubre de 2023, exp. 54.709, M.P. José Roberto Sáchica Méndez. Posición reiterada en la sentencia del 30 de agosto de 2024, exp. 55.642, M.P. Fernando Alexei Pardo Flórez. Frente al ré gimen jurídico de este tipo de convenios, la ahora ponente hizo un salvamento de voto a la primera sentencia en cita, el cual reitera en lo pertinente y, para tal efecto, considera suficiente con remitir a tales consideraciones. Procede de esta forma, pues to que las dinámicas mayoritarias de la Sala y la naturaleza colegiada de esta Corporación así lo imponen, claro está, con la precisión expuesta.11

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Corporación así lo imponen, claro está, con la precisión expuesta.11

Radicación número: 25000233600020140053301 (59.839)

Actora: Confianza S.A.

Demandada: Nación-Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Referencia: Sent