CE - Sentencia 25000233600020140076301 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: JORGE HUMBERTO ROMERO Y OTROS

Demandado: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – POLICÍA NACIONAL

Tema: Daños sufridos por miembros de la fuerza pública durante el ataque armado a la estación de policía de Puerto Rico, Meta / secuestro de subintendente de la Policía Nacional / falla en el servicio por omisión de la Policía Nacional / Graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Responsabilidad de terceros en la causación del daño an tijurídico. Obligaciones resarcitorias frente a las víctimas en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Concausa en el h echo generador del daño. /N o se acreditó lucro cesante, pues la entidad pag ó todos los salarios del secuestrado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuesto s por las partes contra la sentencia del 7 de julio d e 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

sentencia del 7 de julio d e 2016 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Los días 10, 11 y 12 de julio de 1999, la guerrilla de las FARC atacó la est ación de policía de Puerto Rico, Meta, donde prestaba sus servicios el subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero, quien fue secuestrado por ese grupo armado ilegal desde el 12 de julio de 1999 hasta el 2 de abril de 2012, cuando fue liberado.2

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados con la falla en el servicio que provocó el secuestro del subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero , pues este , junto a sus compañeros , resistió el ataque de la guerrilla de las FARC durante 3 días sin recibir apoyo de sus superiores, pese a que , según se aduce, la institución contaba con los medios logísticos para contrarrestar el ataque.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 4 de junio de 2014 1, Jorge Humberto Romero Romero, Diana Lorena Romero Acosta, Vaney Katherine Romero Enciso, José Vicente Romero, Rosalba del Carmen Romero de Romero, Luis Edgar Romero Romero , Carlos Fernando Romero Romero, Óscar Eduardo Romero Romero y Guillermo Javier Romero

Acosta, Vaney Katherine Romero Enciso, José Vicente Romero, Rosalba del Carmen Romero de Romero, Luis Edgar Romero Romero , Carlos Fernando Romero Romero, Óscar Eduardo Romero Romero y Guillermo Javier Romero Romero, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional , para que se le decl arara patrimonialmente responsable por el secuestro del subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero ocurrido el 12 de julio de 1999.

Como pretensiones de su demanda, los actores solicitan condenar a la entidad accionada a paga rles, por perjuicios morales , la suma de 2.000 SMLMV para Jorge Humberto Romero Romero ; 1.000 SMLMV para cada uno de los demandantes Diana Lorena Romero Acosta, Vaney Katherine Romero Enciso, José Vicente Romero, Rosalba del Carmen Romero de Romero y 500 S MLMV para cada uno de los demandantes Luis Edgar Romero Romero, Carlos Fernando Romero Romero, Óscar Eduardo Romero Romero y Guillermo Javier Romero Romero; por “ alteración grave a las condiciones de existencia ”, la suma de 2.000 SMLMV para Jorge Humberto Romero Romero; 1.000 SMLMV para Diana Lorena

1 Archivo “ ED_CUADERNO4_02DEMANDA-CD2 EN FOLIO 54(.pdf) N roActua 40.pdf ”, índi ce 40 Samai.3

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

Romero Acosta, Vaney Katherine Romero Enciso, José Vicente Romero, Rosalba del Carmen Romero de Romero y 500 SMLMV a Luis Edgar Romero Romero,

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

Romero Acosta, Vaney Katherine Romero Enciso, José Vicente Romero, Rosalba del Carmen Romero de Romero y 500 SMLMV a Luis Edgar Romero Romero, Carlos Fernando Romero Romero, Óscar Eduardo Romero Romero y Guiller mo Javier Romero Romero; y, por lucro cesante, la suma de $800’584.133 para Jorge Humberto Romero Romero.

En apoyo de las pretensiones, la parte actora afirma que, entre febrero y julio de 1999 el comandante del Departamento de Policía del Meta alertó a l os otro s comandos de policía de ese Departamento sobre la presencia de la “guerrilla” en la región.

Asegura que, en fecha indeterminada, el comandante de la estación de policía de Puerto Rico solicitó al Departamento de Policía del Meta el suministro de materiales para arreglo del búnker, material de guerra y baterías para radio portátil, no obstante, dichos requerimientos no fueron atendidos.

Relata que los días 10, 11 y 12 de julio de 1999, un grupo armado de las FARC atacó la estación de policía de P uerto R ico, donde prestaba sus servicios el subintendente Jorge Humberto Romero Romero, quien fue secuestrado por ese grupo armado ilegal ese mismo 12 de julio, pues ante la falta de material de guerra para repeler el ataque del grupo subversivo los agentes del E stado se rindieron ante el enemigo.

Indica que, el 10 de julio de 1999, a las 4:00 pm, por intermedio de la estación de policía de Guayabetal, Cundinamarca, los uniformados de la estación de policía de

ante el enemigo.

Indica que, el 10 de julio de 1999, a las 4:00 pm, por intermedio de la estación de policía de Guayabetal, Cundinamarca, los uniformados de la estación de policía de Puerto Rico solicitaron apoyo al comandante de l Depar tamento de Policía del Meta, a quien le informaron que estaban en combate desde tempranas horas, no obstante, no se les prestó ayuda.

Señala que, mediante Resolución No. 03081 del 10 de septiembre de 1999, la Dirección General de la Policía Nacio nal dec laró secuestrado al personal que prestaba sus servicios en la estación de policía de Puerto Rico los días 10, 11 y 12 de julio de 1999, entre ellos, el subintendente Jorge Humberto Romero Romero.4

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

Sostiene que, el 2 de abril de 2012, el subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero fue liberado, esto es, luego de transcurridos 2 años y 9 meses de cautiverio.

Manifiesta que, por medio de Resolución No. 01044 del 4 de abril de 2012 la Dirección General de la Policía Nacional restableció en el servicio a esa Institución al subintendente Jorge Humberto Romero Romero.

Indica que, el 27 de septiembre de 2012, el Comando del Departamento de Policía del Meta calificó las lesiones y posibles secuelas del subintendente Jorge Humberto Romer o Romer o como ocurridas en el servicio por consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo.

del Meta calificó las lesiones y posibles secuelas del subintendente Jorge Humberto Romer o Romer o como ocurridas en el servicio por consecuencia del combate o en accidente relacionado con el mismo.

Los demandantes consideran que la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional es patrimonialmente responsable por los perjuicios causados a ellos con ocasión de la falla en el servicio que provocó el secuestro del subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero, pues este , junto a sus compañeros, resistió el ataque de la guerrilla de las FARC durante 3 días sin recibir apoyo de sus superiores, pese a que la institución contaba con los medios logísticos para contrarrestar el ataque.

2. Contestación

El 28 de julio de 2014 2, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación a la entidad demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional3 manifestó que el daño no le era imputable, pues actuó de acuerdo con sus capacidades humanas y logísticas y que aquel fue causado por un grupo armado ilegal. Propuso las

2 Archivo “ED_CUADERNO4_05AUTOADMISORIO(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai. 3 Archivo “ ED_CUADERNO4_17CONTESTACIONDEMAND(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai.5

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

excepciones de “ hecho exclusivo y determinante de un tercero” , “falta de

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Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

excepciones de “ hecho exclusivo y determinante de un tercero” , “falta de legitimación en la causa por pasiva” y “materialización del riesgo propio del servicio”.

3. Audiencia inicial

El 28 de octubre de 20 154 el Tribunal Administrativo de Cundinama rca, Se cción Tercera, Subsección A, realizó la audiencia inicial, en la que declaró saneado el proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, es decir, el objeto del litigio, señaló que se circunscribiría a determinar “si la toma de la estación de policía de Puerto Rico, Meta, que terminó con el secuestro del demandante, el día 12 de julio de 1999, fue producto de la falta de previsión en primer lugar de la Policía Nacional, pues existían suficientes elementos de que esa Estación iba a ser atacada por un grupo guerrillero y, en segundo lugar, si hubo una omisión de apoyo por parte de los superiores quienes no prestaron servicio de apoyo militar. De la misma manera, establecer si el hecho obedeció a la responsabilidad ex clusiva de un tercero o a la materialización de un riesgo propio del servicio. Finalmente, establecer si dentro del expediente se acreditó la causación de los perjuicios solicitados y si es procedente su reconocimiento en la cuantía solicitada en la demanda”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1 de febrero de 2015 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para

procedente su reconocimiento en la cuantía solicitada en la demanda”.

4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1 de febrero de 2015 5 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4 Archivo “ ED_CUADERNO4_42AUDIENCIAINICIALP-CD4 EN FO LIO 172A(.pdf) NroAct ua 40.pdf”, índice 40, Samai. 5 Archivo “ ED_CUADERNO4_52AUDIENCIAPRUEBASPCD5 EN FOLIO 202(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai.6

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Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

4.1. La parte demandante6 y la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional7 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación a esta, respectivamente.

4.2. El Ministerio Público8 consideró que debía accederse a las pretensiones de la demanda, dado que se probó la falla en el s ervicio de la Policía Nacional consistente en la falta de apoyo oportuno a los miembros de la estación de policía de Puerto Rico, pues la ayuda solo llegó el 13 de julio de 1999, cuando ya habían ocurrido el ataque armado y el secuestro del demandante.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 7 de julio de 2016 9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, accedió parcialmente a las

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 7 de julio de 2016 9 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que la Policía Nacional incurrió en falla en el servicio por la falta de apoyo eficaz a los miembros de la estación de Puerto Rico, lo cual facilitó el secuestro del subintendente Jorge Humberto Romero Romero.

Al efecto, en la sentencia el a quo indicó: “[…] desde que los integrantes de la estación de policía de Puerto Rico tuvieron conocimiento de la intención del grupo subversivo de llevar a cabo un ataque armado, cuyo objetivo principal eran los miembros de la fuerza pública solicitaron al Comando Departamental reemplazar o reparar los i mplementos que no funcionaban o lo hacían defectuosamente y reforzar el personal policial para repeler en mejores condiciones la ofensiva; no obstante, estas solicitudes no fueron atendidas por la demandada previamente a la arremetida lo cual , en criterio de esta Sala, incidió negativamente en el resultado del combate. Igualmente, en el expediente se demostró que una vez

6 Páginas 1 a 13 del a rchivo “ ED_CUADERNO4_05AUTOADMISORIO(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 7 Páginas 14 a 19 del archivo “ ED_CUADERNO4_05AUTOADMISORIO(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 8 Archivo “ ED_CUADERNO4_54OTROS-CONCEPTOMINISTERIOPÚBLICO(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai.

índice 40, Samai. 8 Archivo “ ED_CUADERNO4_54OTROS-CONCEPTOMINISTERIOPÚBLICO(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai. 9 Archivo “ED_CUADERNO1_01FALLO(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai.7

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

iniciada la arremetida guerrillera los funcionarios de la estación de policía de Puerto Rico solicitaron a los mandos superiores el envío de apoy o bélico y logístico para repeler el ataque. Si bien las fuerzas militares ejecutaron algunas operaciones de apoyo, en criterio de la Sala, estas resultaron insuficientes y deficientes. […] las actuaciones surtidas por la Policía Nacional e informad as dentro de la presente causa no fueron adecuadas, pues la presencia del avión fantasma no tuvo ninguna consecuencia en la represión del ataque, el refuerzo de personal se brindó ya terminada la toma y el armamento enviado favoreció al enemigo. […]”.

En la pa rte resolutiva condenó a la demandada a pagar indemnización por perjuicios morales y “ daño a la vida de relación ” a los demandantes, pero negó el pago de lucro cesante, con fundamento en que la accionada siguió pagando los salarios y prestaciones so ciales que le correspondían al subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero durante su cautiverio y hasta que fue liberado.

6. Recursos de apelación

salarios y prestaciones so ciales que le correspondían al subintendente de la Policía Nacional Jorge Humberto Romero Romero durante su cautiverio y hasta que fue liberado.

6. Recursos de apelación

Los días 2210 y 2511 de julio de 2016, las partes interpusieron recursos de apelación contra la sentencia del 7 de julio de 2016 , respectivamente, los cuales fueron concedidos el 9 de septiembre de 201612 y admitidos el 24 de octubre de 201613.

6.1. La Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional 14 manifestó como argumentos de su apelación los siguientes: i) que si bien existía información general de inteligencia sobre un posible ataque, la entidad no tenía conocimiento de que este

10 Archivo “ ED_CUADERNO1_03RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 11 Archivo “ ED_CUADERNO1_04RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 12 Archivo “ED_CUADERNO1_10AUDIENCIA-AUDIENCIACONCILIACIÓN(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai. 13 Archivo “ ED_CUADERNO1_15AUTOADMITEYOADMITE(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 14 Archivo “ ED_CUADERNO1_04RECURSOAPELACIONP(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai.8

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

Samai.8

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

se produciría en una fecha específica; ii) que la estación de policía de Puerto Rico contaba con suficiente munición, al punto que pudo repeler el ataque durante tres días; iii) que una vez se acabó la munición, la Policía Nacional envió el refuerzo bélico solicitado; iv) que si bien el refuerzo de personal se hizo cuando finalizó el ataque, esto se debió a las dificultades que debió afrontar para llegar al municipio de Puerto Rico; y, v) que no se probó la afectación en mayor grado de intensidad de los familiares de la víctima directa, para haberles reconocido un mayor valor de indemnización de perjuicios inmateriales.

6.2. La parte actora15 solicitó que se reconocieran a cada uno de los demandantes la suma equivalente a 1.000 SMLMV por concepto de perjuicios morales y 400 SMLMV por “alteración grave a las condiciones de existencia”. Igualmente, señaló que se le debía reconocer lucro cesante a la víctima directa, pues los salarios y prestaciones que pagó la Policía Nacional durante el secuestro fueron entregados a sus familiares en un 75% y, a pesar de que le devolvieron el 25% restante “ ya no le fue posible darse los gustos que se hubiera dado sino es secuestrado y recibe su sueldo”.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 30 de noviembre de 201616 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 30 de noviembre de 201616 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte actora 17 y la Nación – Ministerio de Defensa - Policía Nacional 18 reiteraron los argumentos expuestos en los recursos de apelación , respectivamente.

6.2. E l Ministerio Público 19 consideró que debía confirmarse el sentido de la decisión, dado que se probó la falla en el servicio de la Policía Nacional por la falta

15 Fl. 786 a 793, Cuaderno Consejo de Estado. 16 Archivo “ ED_CUADERNO1_18AUTOCORRETRASLADOP(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 17 Páginas 1 a 6 del a rchivo “ED_CUADERNO1_19ALEGATOS(.pdf) NroActua 40.pdf ”, índice 40, Samai. 18 Páginas 7 a 16 del archivo “ED_CUADERNO1_19ALEGATOS(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai.9

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Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

de previsión, apoyo y medidas eficaces para contrarrestar el ataque perpetrado a la estación de policía de Puerto Rico, Meta. Señaló que , por tratarse el secuestro de una grave violación a los derechos humanos, a la víctima directa y a su núcleo familiar en primer grado se les podía reconocer hasta 200 SMLMV y para sus

de una grave violación a los derechos humanos, a la víctima directa y a su núcleo familiar en primer grado se les podía reconocer hasta 200 SMLMV y para sus hermanos hasta 100 SMLMV. Sostuvo que debía revocarse el reconocimiento del daño a la vida de relac ión a l os familiares del afectado, pues de acuerdo con la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado en materia de perjuicios, este solo podía reconocerse al directamente afectado. Finalmente, estimó bien denegado el reconocimiento del lucro cesan te, pues la Policía Nacional pagó los salarios y prestaciones a la familia de Jorge Humberto Romero Romero durante el tiempo que este estuvo en cautiverio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer los recursos de apelac ión int erpuestos contra la sentencia del 7 de julio de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 150 y 152 numeral 6° del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo puesto que la cuantía, dada por la pretensión mayor20 de la demanda, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

19 Archivo “ED_CUADERNO1_21OTROS-CONCEPTOMINISTERIOPÚBLICO(.pdf) NroActua 40.pdf”, índice 40, Samai. 20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “ la cuantía se determinará por el valor de la multa

40.pdf”, índice 40, Samai. 20 El artículo 157 del CPACA dispone que: “ la cuantía se determinará por el valor de la multa impuesta o de los perjuicios causados, s egún la estimación ra zonada hecha por el actor en la demanda, sin que en ello pueda considerarse la estimación de los perjuicios morales, salvo que estos últimos sean los únicos que se reclamen (…) P ara los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda s e acumulen varias pre tensiones, la cuantía se determinará por el valor de la pretensión mayor (…)”. 21 En el presente caso la pretensión mayor de la demanda es de $800’584.133 y 500 SMLMV para el 2014 equivalían a $308’000.000.10

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

2. Acción procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el artículo 140 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En este caso el medio de contr ol procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño atribuido a una omisión y/o negligencia de la Policía Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue aleg ada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que

Policía Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue aleg ada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio23.

22 “Artículo 140. Reparación directa. En los térmi nos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sen tencia se determinará la proporción por la cual debe resp onder cada una de ell as, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 23 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respect o a este fenómeno jur ídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el

primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Códi go Contencioso Admini strativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como excepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez11

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general 24, estableció unos plazo s para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 25, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por

racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 25, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 24 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una i nstitución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumpli da justicia. Su funda mento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario ap unta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sentencia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”

referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.” 25 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es ab soluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condicio na el acceso a la jus ticia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la f irmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos”.12

Radicado: 25000233600020140076301 (57972)

Demandante: Jorge Humberto Romero y otros

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguri dad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 26 que opera por la falta de actividad oportuna en la

situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 26 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia27, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

A su turno, artículo 164.2.i del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – CPACA, vigente para la fecha de presentación de la demanda, determinó que “La demanda deberá ser presentada: […] so pena de que opere la caducidad: […] Cuando se pretenda la reparación directa, […] dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pr uebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia ”. Lo anterior, con excepción del término para formular la pretensión de reparación directa derivada del

26 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determ inadas acciones judic iales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no

eventos en que determ inadas acciones judic iales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no