CE - Sentencia 25000233600020150197201 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

BogotÆ, D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección –UNP–

Demandado: CSL ingeniería y Arquitectura S.A.S. —anteriormente CSL

Trading S.A.S.—

Referencia: Controversias contractuales – CPACA

TEMAS: NULIDAD ABSOLUTA DEL CONTRATO - El artículo 44 de la Ley 80 de 1993 establec e causales especiales de nulidad absoluta para los contratos estatales y, ademÆs, ind ica que serÆn nulos en los casos previstos en el derecho comœn. CELEBRACIÓN DE UN CONTRATO CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN LEGAL COMO CAUSA DE NULIDAD ABSOLUTA – Para su configuración debe acreditarse la violación del rØgimen de prohibiciones y que la prohibi ción sea expresa y explícita. NATURALEZA Y DIFERENCIAS ENTRE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y CONTRATOS DE CONSULTOR˝A - Mientras que el contrato de consultoría es tÆ revestido de una clÆusula de estricta tipicidad cerrada que condiciona de manera detallada su procedencia, el de prestación de servicios goza de una regulación jurídica amplia, qu e se instrumentaliza por vía de tres tipologías (profesional, de simple apoyo a la gesti ón y de ejecución

procedencia, el de prestación de servicios goza de una regulación jurídica amplia, qu e se instrumentaliza por vía de tres tipologías (profesional, de simple apoyo a la gesti ón y de ejecución de trabajos artísticos), de manera que los objetos contractuales que no estØn comprend idos dentro del contrato de consultoría podrÆn satisfacerse a travØs de este œltimo. CONTRATACIÓN DIRECTA – Procedimiento de selección excepcional y restrictivo en el que una entid ad estatal contrata directamente con una persona natural o jurídica sin realizar una convocatoria pœblica. TACHA DE FALSEDAD – Procede en el caso de la falsedad material, pues su trÆmite y estructura estÆ dirigid o a determinar si la prueba documental ha sido irregularmente alterada o modificada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por ambas partes contra la sentencia del 5 de abril de 2017, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se declaró la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 del 19 de diciembre de 2014 y su modificación 001 del 28 de enero de 2015, y se negó el reconocimiento de las restituciones pretendidas.

I. S˝NTESIS DEL CASO

En el presente proceso la controversia entre las partes gira en torno a la validez del contrato de prestación de servicios 941 de 2014, cuyo objeto consistió en brindar apoyo a la supervisión de los contratos celebrados por la entidad pœblica contratante con diferentes operadores para la provisión de esquemas de protección, así como

contrato de prestación de servicios 941 de 2014, cuyo objeto consistió en brindar apoyo a la supervisión de los contratos celebrados por la entidad pœblica contratante con diferentes operadores para la provisión de esquemas de protección, así como de su modificación 001 de 2015, suscritos entre la Unidad Nacional de Protecci ón —en lo sucesivo, UNP — y CSL Trading S.A.S. Lo anterior, por cuanto, en criterio de la parte demandante, dichos negocios jurídicos estarían viciados de n ulidad absoluta, al haberse celebrado contra expresa prohibición legal —artículo 44.2 de la Ley 80 de 1993—, pretermitiendo los principios que rigen la contratación estatal, particularmente los de planeación, transparencia y selección objetiva.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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El fallo de primera instancia declaró la nulidad absoluta de los referidos acue rdos de voluntades y negó las restituciones mutuas. Ambas partes apelan la sentencia.

II. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. El 19 de agosto de 2015 1, la UNP presentó demanda —subsanada el 15 de octubre de la misma anualidad2—, en ejercicio del medio de control de controversias contractuales, contra CSL Ingeniería y Arquitectura S.A.S. —anteriormente CSL Trading S.A.S.—, con las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERA. Se declare la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios

Trading S.A.S.—, con las siguientes pretensiones (se transcriben de forma literal, incluso con posibles errores):

“PRIMERA. Se declare la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de fecha 19 de diciembre de 2014, celebrado entre la UNP y la sociedad CSL Trading S.A.S, hoy CSL Ingeniería y Arqui tectura S.A.S., mediante el mecanismo de selección de contratación directa, al desconocerse con el mismo las reglas y los principios propios de la contratación estatal, en concreto los de selección objetiva, planeación transparencia, buena fe, eficiencia, concurrencia, necesidad y razonabilidad del negocio jurídico celebrado por la Administración […].

SEGUNDA. Se declare la nulidad absoluta de la modificación 001 del 28 de enero de 2015 del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 94 1 de fecha 19 de diciembre de 2014, celebrado entre la UNP y la sociedad CSL Trading S.A.S, hoy CSL Ingeniería y Arquitectura S.A.S., mediante la cual (i) se modificó la clÆusula quinta, prorrogÆndose por un mes mÆs, esto es, hasta el 28 de febrero de 2015; y, (ii) se adicionó su valor en la suma de $450.000.000, nulidad que se origina, en primer lugar, por encontrarse la respectiva modificación sin fundamento jurídico que la amerite, mÆxime si se tiene en cuenta que el contrato principal objeto de modificación terminó el día 31 de diciembre de 2014 por vencimiento del plazo; y, en segundo lugar, al haberse desconocido con dicha modificación las reglas y los

que la amerite, mÆxime si se tiene en cuenta que el contrato principal objeto de modificación terminó el día 31 de diciembre de 2014 por vencimiento del plazo; y, en segundo lugar, al haberse desconocido con dicha modificación las reglas y los principios propios de la contratación estatal, en concreto los de selección objetiva, planeación, transparencia, buena fe, eficiencia, concurrencia, necesidad y razonabilidad del negocio jurídico celebrado por la Administración […].

TERCERA. Como consecuencia de las anteriores declaraciones y como un efecto propio de la declaración de la nulidad absoluta, se ordene la restitución de las cosas al mismo estado en que se hallaban antes de la celebración del respectivo contrato y su modificación, esto es, que se condene a la sociedad CSL Trading S.A.S, hoy CSL Ingeniería y Arquitectura S.A.S., a restituir, pagar, devolver o reint egrar a la UNP, todas las sumas de dinero pagadas por la entidad en virtud del negocio jurídico cuya nulidad se solicita [1.350’000.0003].

1 Fl 1 a 24, C.1. 2 Fl 34 a 38, C.1. 3 Al subsanar la demanda, la parte demandante especificó que “las sumas de dinero cuya restitución devolución o reintegro se solicita en el presente proceso como un efecto propio de la declaración de nulidad absoluta del contrato son: a) la suma $300’000.000 que fue pagada por la UNP a favor de CSL Trading S.A.S. […] el 23 de diciembre de 2014; b) la suma de $600’000.00 0, que fue pagada

nulidad absoluta del contrato son: a) la suma $300’000.000 que fue pagada por la UNP a favor de CSL Trading S.A.S. […] el 23 de diciembre de 2014; b) la suma de $600’000.00 0, que fue pagada por la UNP a favor de CSL Trading S.A.S. […] el 25 de enero de 2015; c) la suma de $129’271.370, que fue pagada por la UNP a favor de CSL Trading S.A.S. […] el 27 de marzo de 2015; y d) la suma de $320’728.631, que fue pagada por la UNP a favor de CSL Trading S.A.S. el 1 de abril de 2015” .Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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CUARTA. Sobre las sumas de dinero a que se hace referencia en la pretensión tercera anterior, se debe reconocer y pagar intereses comerciales de mora a la tasa mÆxima legal permitida a favor de la parte demandante, desde la fecha en que pagó los dineros cuya restitución se solicita y hasta la fecha en que se verifique el pago de total de los mismos.

Subsidiaria primera. En subsidio de la pretensión cuarta anterior, se condene a la parte demandada al pago de intereses corrientes comerciales sobre las sumas de dinero a que se hace referencia en la pretensión tercera anterior, a la tasa mÆxima legal permitida, a favor de la parte demandante, desde la fecha en que pagó los dineros cuya restitución se solicita y hasta la fecha en que se verifique el pago de total de los mismos.

Subsidiaria segunda. En subsidio de la pretensión subsidiaria primera anterior, se

dineros cuya restitución se solicita y hasta la fecha en que se verifique el pago de total de los mismos.

Subsidiaria segunda. En subsidio de la pretensión subsidiaria primera anterior, se condene a la parte demandada al pago indexado […], de las sumas de dinero a que se hace referencia en la pretensión tercera anterior, a favor de la parte demandante, desde la fecha en que pagó los dineros cuya restitución se solicita y hasta la fecha en que se verifique el pago de total de los mismos.

QUINTA. Se condene en costas al extremo demandado […]”.

1.2. En síntesis, la parte actora narró los siguientes hechos:

1.2.1. El 19 de diciembre de 2014, la UNP —por intermedio de Alonso Miranda Montenegro, encargado de las funciones del secretario general — y CSL Trading S.A.S. celebraron el contrato de prestación de servicios 941 de 2014, cuyo objeto era brindar “apoyo a la supervisión y verificación de los operadores contratados por el Estado, para la prestación del servicio de seguridad, a travØs de la implementación de los esquemas protectivos de la población objeto del programa de protección de la UNP, con el propósito de salvaguardar su vida, integrida d, libertad y seguridad, en el marco del respeto a la intimidad personas”.

En el texto contractual se estipuló: (i) que el valor total ascendía a $900’000.000 (clÆusula segunda); (ii) que la UNP reconocería a la sociedad contratista un primer pago por $300’000.000, a título de anticipo, y un segundo pago por $600’000.000, condicionado al recibo a satisfacción de la totalidad de los servicios prestados

pago por $300’000.000, a título de anticipo, y un segundo pago por $600’000.000, condicionado al recibo a satisfacción de la totalidad de los servicios prestados (clÆusula tercera); (iii) que el plazo de ejecución sería hasta el 31 de diciembre de 2014 (clÆusula quinta); y (iv) que, atendiendo la naturaleza del contrato celebrado, la modalidad de selección empleada había sido la contratación directa (clÆusula dØcima) .

1.2.2. El 28 de enero de 2015, cuando ya había vencido el plazo contractua l fijado y sin que mediara justificación tØcnica ni jurídica alguna, la UNP —nuevamente por conducto de Alonso Miranda Montenegro, encargado de las funciones del secretario general— y CSL Trading S.A.S. suscribieron la modificación 001 al contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014, mediante la cual se prorrogó el plazo de ejecución hasta el 28 de febrero de 2015 y se adicionó su valor en la suma de $450’000.000.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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1.2.3. Posteriormente, la UNP efectuó a favor de la sociedad contratista el pago total de las sumas pactadas en el contrato y su correspondiente modificación, tal com o quedó consignado en la “certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, Alonso Miranda Montenegro, certificación que valga decirlo, fue expedida un día antes de que dicho funcionario dejara el cargo en la entidad”.

quedó consignado en la “certificación de cumplimiento suscrita por el supervisor del contrato, Alonso Miranda Montenegro, certificación que valga decirlo, fue expedida un día antes de que dicho funcionario dejara el cargo en la entidad”.

1.2.4. El 12 de junio de 2015, la UNP —bajo una nueva administración — puso en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, de la Fiscalía General de la Nación y de la Contraloría General de la Repœblica la posible comisión de irregularidades que podrían tipificar conductas de carÆcter disciplinario, penal y fiscal, respectivamente, derivadas de la suscripción y ejecución del contrato de prestación de servicios 941 de 2014, atinentes principalmente al desconocim iento del procedimiento adelantado para la selección del contratista, en tanto no se encontró registro documental que acreditara la realización de estudios previos, aunado a la ausencia de anÆlisis respecto de la oferta presentada po r la sociedad contratista, particularmente en lo referente a su idoneidad y capacidad para ejecutar el objeto contractual, dado que tampoco se encontró que esta hubie se allegado el certificado de existencia y representación legal ni el Registro Único de Proponentes.

1.2.5. El 10 de julio de 2015, con fundamento en los artículos 76 y 150 de la Ley 734 de 2002, la UNP ordenó la apertura de indagación preliminar interna de carÆcter disciplinario, por las presuntas irregularidades que se presentaron en la celebración y ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014 —a la fecha de presentación de la demanda dicha indagación preliminar se encontraba en etapa probatoria—.

y ejecución del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014 —a la fecha de presentación de la demanda dicha indagación preliminar se encontraba en etapa probatoria—.

1.2.6. En el mes de julio de 2015, la UNP convocó a la sociedad contratista a varias reuniones con el fin de promover la liquidación bilateral del contrato y, en especial, para obtener información relacionada con su celebración y ejecución, toda vez que “en los archivos de la entidad no reposaba dicha información” . No obstante, dicho trÆmite resultó infructuoso, puesto que en el curso de dichas reuniones el contratista allegó ciertos documentos de los cuales se desprendió que: (i) “no hay coincidencia entre lo pactado en el contrato y las actividades que dice el contratista habe r ejecutado”; (ii) “los informes entregados por el contratista no aparecen debida y oficialmente radicados en la entidad en la oportunidad correspondiente, po r lo que no existe ningœn elemento de juicio que permita demostrar que las p restaciones pactadas se ejecutaron conforme lo establecido en el contrato” ; (iii) “luego de celebrado el contrato, sin formalidad alguna y sin fundamento de ninguna clase, se modificaron las obligaciones del contratista, desnaturalizando el objeto y alcance del mismo”; y (iv) “uno de los documentos aportados […] corresponde a un supuesto acuerdo de suspensión, celebrado sin formalidad alguna, en papel que no corresponde al que oficialmente utiliza la entidad, del cual no existe registro oficial en los archivos de la entidad, por lo que se desconoce si el mismo es autØntico ”.

1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la parte demandante sostuvo

corresponde al que oficialmente utiliza la entidad, del cual no existe registro oficial en los archivos de la entidad, por lo que se desconoce si el mismo es autØntico ”.

1.3. Como fundamento jurídico de sus pretensiones, la parte demandante sostuvo que tanto el contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 deRadicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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2014, como su modificación 001 de 2015, adolecen de nulidad a bsoluta, de conformidad con el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, dado que fueron celebrados “con desconocimiento de las normas que rigen la contratación estatal, al no haberse dado una correspondiente planeación contractual que ga rantizara la ejecución transparente del contrato y, por tanto, la satisfacción del interés general”.

En particular, expuso que la UNP omitió elaborar los estudios previos previstos en el artículo 20 del Decreto 1510 de 2013, para justificar la procedencia d e la contratación directa como modalidad de selección y para establecer la necesidad , conveniencia y viabilidad de celebrar el contrato, lo cual evidenciaba una falta de planeación, reflejada tambiØn en la inexistencia de fundamentos tØcnicos, jurídicos y financieros que sustentaran “el precio tan elevado del contrato, tomando en cuenta el corto plazo de duración que fue pactado”, así como la determinación de efectuar un primer pago a título de anticipo.

Agregó que, en la etapa precontractual, tampoco se acreditó la imposibilidad de que el objeto contractual fuera ejecutado por funcionarios de la propia entidad, ni que “el

un primer pago a título de anticipo.

Agregó que, en la etapa precontractual, tampoco se acreditó la imposibilidad de que el objeto contractual fuera ejecutado por funcionarios de la propia entidad, ni que “el contratista fuese el mÆs idóneo para ejecutar el contrato y que tuviese la experiencia y conocimientos suficientes para tal efecto”, situación que, en su criterio, constituye una transgresión al principio de selección objetiva.

De igual forma, advirtió que, si bien en los archivos de la entidad no reposa “ningún tipo de documento que soporte actividad alguna desplegada por el contratista como cumplimiento de las obligaciones que en el mentado contrato se pactaron”, lo cierto es que durante su ejecución se modificaron obligaciones contractuales, exonerando a la sociedad contratista del cumplimento de varias de ellas, sin haberse observado los requisitos legales para el efecto, lo que pone de manifiesto, una vez mÆs, la falta de planeación.

Asimismo, indicó que, aunque tampoco existe soporte documental que j ustifique la suscripción de la modificación 001 de 2015, se pudo comprobar que esta fue firmada con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución inicial, “lo cual es totalmente violatorio de nuestro ordenamiento jurídico, toda vez que no puede prorrog arse un contrato ya terminado por vencimiento del término pactado”.

Finalmente, con fundamento en los argumentos expuestos, concluyó que en el caso sub judice procede la declaratoria de nulidad absoluta del contrato y de su acuerdo modificatorio, por lo que, en los tØrminos de los artículos 1746 del Código Civil y 48 de la Ley 80 de 1993, debe ordenarse que las cosas vuelvan al estado actual en

modificatorio, por lo que, en los tØrminos de los artículos 1746 del Código Civil y 48 de la Ley 80 de 1993, debe ordenarse que las cosas vuelvan al estado actual en que se encontraban antes de la celebración del contrato, lo cual implica que: (i) “la parte demandada […] debe restituir o devolver a la UNP, la totalidad del dinero recibido, el cual asciende, como mínimo, a $1.350 ’000.000 […], junto con sus intereses y en forma actualizada”; y (ii) “la UNP no debe restituir, devolver o pagar nada a la parte demandada, pues la contratista no ejecutó ninguna labor relevante en ejecución de contrato y, por ende, la entidad no se benefició en lo mÆs mínimo de las actividades que dijo el contratista haber cumplido”.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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2. Contestación de la demanda

CSL Ingeniería y Arquitectura S.A.S.4 se opuso a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la demanda, argumentando que la parte actora pretende, de manera errónea, derivar automÆticamente una causal de nulidad del contrato por una supuesta vulneración al principio de planeación, sin precisar en quØ consistió dicha transgresión ni acreditar que esta hubiera afectado efectivamente la legalidad de las clÆusulas contractuales, las cuales deben interpretarse con prevalencia de la voluntad real de las partes; ejercicio que la entidad demandante no rea lizó, limitÆndose a cuestionar “la legalidad del contrato con fundamento en la formulación de silogismos simplistas estructurados a partir de una lectura inadecuada de las

voluntad real de las partes; ejercicio que la entidad demandante no rea lizó, limitÆndose a cuestionar “la legalidad del contrato con fundamento en la formulación de silogismos simplistas estructurados a partir de una lectura inadecuada de las cláusulas establecidas en la minuta contractual”.

Asimismo, propuso las siguientes excepciones de mØrito: (i) enriquecimiento sin causa, basada en que, si bien la UNP se benefició del cumplimiento del con trato y por ello efectuó los pagos correspondientes, “ahora pretende desconocer sus propios actos, valiØndose para ello del supuesto […] desconocimiento de los principios […] de la contratación pública que ella misma debía cumplir, enrostrÆndole al contratista tales deficiencias solo porque en su opinión ello no sucedió, lo cual significa que pretende beneficiarse de su propia culpa”; (ii) pago de lo no debido , con sustento en que, en el marco del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión, fueron ejecutadas obligaciones de hacer que, por su naturaleza, resultan imposibles de restituir; sin embargo, la parte actora n o distinguió la naturaleza jurídica particular de cada obligación y formuló erradamente “unas pretensiones de restitución de valores que fueron empleados por el contratista para desarrollar adecuadamente el objeto contractual” ; y (iii) ejecución de buena fe, con fundamento en que la ejecución contractual desplegada por el con tratista fue “ajustada a los términos del contrato y a la estricta terminología financiera, contable y administrativa del mismo”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La entidad accionante5 reiteró los argumentos planteados en la demanda, para

contable y administrativa del mismo”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

3.1. La entidad accionante5 reiteró los argumentos planteados en la demanda, para concluir que tanto el contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014 como su modificación 001 de 2015 “fueron celebrados con violación de los principios de planeación, publicidad y selección objetiva, motivo por el cual , son absolutamente nulos por objeto y causa ilícita”. En consecuencia, sostuvo que, como efecto de la declaración de nulidad, la sociedad demandada debí a ser condenada a devolver o restituir a la UNP la totalidad del precio recibido, “pues no se probó en el proceso que se haya obtenido un beneficio real, serio y efectivo por la simple revisión de ochenta facturas [como se desprende del dictamen pericial allegado] a un costo tan exageradamente alto y lesivo del patrimonio público”.

4 Fl 91 a 108, C.1. 5 Fl 185 a 205, C.1.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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3.2. CSL Ingeniería y Arquitectura S.A.S. 6 replicó algunos de los argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda, insistiendo en que la celebración del contrato fue legal, y en que su objeto consistía, precisament e, en que la empresa apoyara a la UNP “en la supervisión de los contratos celebrados con los contratistas que le prestaban el servicio de esquemas de seguridad a travØs de los cuales la entidad cumple su función, y que Øste fue ejecutado con forme a las

que la empresa apoyara a la UNP “en la supervisión de los contratos celebrados con los contratistas que le prestaban el servicio de esquemas de seguridad a travØs de los cuales la entidad cumple su función, y que Øste fue ejecutado con forme a las necesidades de la supervisión de dichos contratos y atendiendo a los fines lega les previstas en las normas […], por lo tanto, la causal de nulidad alegada no tuvo ocurrencia”.

3.3. El Ministerio Pœblico guardó silencio.

4. Sentencia de primera instancia

4.1. Mediante sentencia proferida el 5 de abril de 2017 7, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca: (i) declaró la nulidad absoluta del contrato de prestación de servicios de apoyo a la supervisión 941 de 2014 y de su modificación 001 de 2015; (ii) se abstuvo de ordenar cualquier tipo de restitución; (iii) ordenó compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la Repœblica para que investigaran las conductas de quienes suscribieron el contrato y su modificación con violación a los principios de planeación, transparencia y selección objetiva; y (iv) condenó a la parte demandada al pago de las costas procesales.

4.2. Tras realizar un desarrollo conceptual acerca de los principios que rigen la contratación pœblica —particularmente los de planeación, transparencia y selección objetiva— así como de la nulidad absoluta en los contratos estatales, el a quo razonó, en síntesis, lo siguiente:

A partir del acervo probatorio obrante en el expediente, precisó que n o era posible

objetiva— así como de la nulidad absoluta en los contratos estatales, el a quo razonó, en síntesis, lo siguiente:

A partir del acervo probatorio obrante en el expediente, precisó que n o era posible advertir que, en el trÆmite previo a la celebración del contrato objeto de controversia, la UNP hubiera elaborado unos estudios previos que justificaran tanto la necesidad como la conveniencia de dicha contratación, así como tampoco la confección de “un pliego de condiciones en el que se seæalaran las reglas claras y completas pa ra la selección del contratista, con factores a evaluar frente al cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo y precio […] que permitiera la comparación objetiva y la favorabilidad de la contratación para la entidad mediante la satisfacción de los intereses generales”, todo lo cual, seæaló el a quo, demuestra una desatención al principio de planeación y transparencia. En este sentido, estimó que en el presente asunto lo que se evidencia es la transgresión del deber de selección objetiva, en la medida en que la entidad estatal suscribió de forma directa el contra to, sin realizar trÆmite de publicidad alguno que permitiera garantizar la libre concurrencia de los interesados al proceso de selección y el recibo de varias ofertas.

6 Fl 206 a 212, C.1. 7 Fl. 214 a 230, C. Ppal.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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De acuerdo con lo anterior, concluyó que la UNP desconoció las reglas propias de la contratación estatal, lo que hacía “necesario declarar la nulidad absoluta del

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De acuerdo con lo anterior, concluyó que la UNP desconoció las reglas propias de la contratación estatal, lo que hacía “necesario declarar la nulidad absoluta del contrato 941 de 2014 y la modificación 001 de 2015, de conformidad con lo estipulado en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993” , por haberse celebrado contra expresa prohibición constitucional o legal. Seguidamente, consideró que en el caso bajo estudio no procedían las restituciones mutuas previstas en el artículo 48 ejusdem, toda vez que la entidad actora no logró demostrar que el negocio jurídico referido “costaba menos de los que aduce fue pagado a la sociedad como tampoco pobra en el expediente prueba alguna que de certeza que efectivamente el monto de $1.350’000.000 le fue entregad o a la aquí demandada”.

5. Recursos de apelación

Ambas partes interpusieron recurso contra la sentencia, en los tØrminos que a continuación se resumen:

5.1. La UNP 8 solicitó la modificación parcial del fallo recurrido, a fin de que se accediera a la totalidad de las pretensiones formuladas en la demanda. A su juicio, en el sub examine se encuentra suficientemente probado que la entidad pagó de manera oportuna el precio —$1.350’000.000— convenido en el contrato declarado nulo, a pesar de que las prestaciones ejecutadas —limitadas a la revisión de 80 facturas y a la verificación de información en unas bases de datos— no le reportaron ninguna utilidad, tampoco contribuyeron a la adecuada prestación del servicio, y mucho menos beneficiaron el interØs pœblico.

facturas y a la verificación de información en unas bases de datos— no le reportaron ninguna utilidad, tampoco contribuyeron a la adecuada prestación del servicio, y mucho menos beneficiaron el interØs pœblico.

En consecuencia, resaltó que, a la luz de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 80 de 1993, debió ordenarse la restitución del monto pagado, mÆxime si se tien e en cuenta que este resultó desproporcionado de cara a la actividad desarrollada por la sociedad contratista, la cual no tuvo siquiera contacto con los operadores qu e suministraban los servicios de seguridad.

5.2. La sociedad demandada 9 solicitó la revocatoria de la decisión que declaró la nulidad absoluta del contrato 941 de 2014 y del modificatorio 001 de 2015, argumentando que, aunque el a quo reconoció expresamente que se trataba de un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión —específicamente de apoyo a la supervisión —, omitió tener en cuenta que, conforme al literal h) del artículo 2.4. de la Ley 1150 de 2007, el proceso de selección aplicable a esta clase de contratos es la contratación directa, regulada por el Decreto 1510 de 2013, cuyas particularidades permiten concluir que son errados los fundamentos fÆcticos y jurídicos a partir de los cuales el Tribunal declaró absolutamente nulos los negocios jurídicos cuestionados.

8 Fl. 237 a 240, C. Ppal. 9 Fl. 241 a 254, C. Ppal.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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9 Fl. 241 a 254, C. Ppal.Radicado: 25000-23-36-000-2015-01972-01 (59412)

Demandante: Unidad Nacional de Protección (UNP)

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Bajo este contexto, y en virtud de lo dispuesto en los artículos 74 y 8 1 del referido decreto, destacó que para la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión no se requería la expedición de un acto administrativo d e justificación de la contratación directa, ni tampoco era necesario que el ente estatal obtuviera previamente varias propuestas. En ese sentido, sostuvo