CE - Sentencia 25000233600020150202001 de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, diecisiete (17) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178)

Demandante: ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ Y OTRAS

Demandado: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA (CAR) Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA – CCA

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – OCUPACIÓN

PERMANENTE DE INMUEBLE POR OBRA PÚBLICA –

COSA JUZGADA

Síntesis del caso: la Arquidiócesis de Bogotá, Pilar Umaña de Pardo y Helena Umaña de Huertas solicitan indemnización por causa de la ocupación permanente por parte de la CAR de una franja de 172.767 m² del predio “La Macarena” ubicado en Soacha (Cundinamarca) que fue destinado a la e jecución de obras de adecuación hidráulica del río Bogotá ; aunque inicialmente la CAR obtuvo entrega anticipada del inmueble en un proceso de expropiación judicial, dicha actuación fue anulada por falta de vinculación de los herederos del propieta rio fallecido, lo cual dejó sin respaldo legal la ocupación desde el 28 de agosto de 2013 ; posteriormente, los demandantes formalizaron su derecho de dominio en 2014, y la CAR inició

fallecido, lo cual dejó sin respaldo legal la ocupación desde el 28 de agosto de 2013 ; posteriormente, los demandantes formalizaron su derecho de dominio en 2014, y la CAR inició un nuevo proceso de expropiación en 2016 que culminó con sentencia judicial que reconoció la indemnización correspondiente

Decide la Sala los recursos de apelación interpuesto s por la parte demandante (fls. 270 a 294 cdno. apelación) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) (fls. 295 a 302 cdno . apelación) en contra de la sentencia proferida el 14 de septiembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A mediante la cual se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR administrativamente responsable por la ocupación permanente de una franja de tierra de 172.767 mts2 del inmueble “La Macarena” de propiedad de PILAR UMAÑA DE PARDO, HELENA UMAÑA DE HUERTAS y la ARQUIDIÓCESSOS DE BOGOTÁ que destinó las obras de adecuación hidráulica del Río Bogotá, conforme a las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR en abstracto a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA – CAR al restablecimiento de los perjuicios irrogados a título de daño emergente (valor del terreno ocupado y anexos), y de lucro cesante (intereses moratorios sobre lo reconocido por daño em ergente) causados a PILAR UMAÑA DE PARDO, HELENA DE HUERTAS y la2

título de daño emergente (valor del terreno ocupado y anexos), y de lucro cesante (intereses moratorios sobre lo reconocido por daño em ergente) causados a PILAR UMAÑA DE PARDO, HELENA DE HUERTAS y la2

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178) Actores: Arquidiócesis de Bogotá y otras Reparación directa Apelación de sentencia

ARQUIDIÓCESIS DE BOGOTÁ, lo cual se liquidará mediante incidente de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

TERCERO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

CUARTO: Esta sentencia y el auto mediante el cual se resuelva el incidente de liquidación de la condena, deberán ser registrados en la oficina de

registro de instrumentos públicos de la ciudad de Bogotá D.C., como títulos translaticios de dominio de una franja de tierra de 172.767 mts2 del inmueble “La Macarena”. Los gastos correspondientes al registro serán por cuenta de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

QUINTO: Se condena en costas a la parte demandada Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Por Secretaría de la Sección liquídense los gastos procesales causados a la parte actora. De las sumas causadas que resulten de la liquidación se impone su pago con ca rgo a la parte demandada Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

SEXTO: Fijar como agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de la entidad demandada la suma equivalente a tres millones

parte demandada Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca.

SEXTO: Fijar como agencias en derecho a favor de la parte demandante y a cargo de la entidad demandada la suma equivalente a tres millones trescientos noventa mil setecientos pesos ($3.390.700).” ( fl. 237 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas sostenidas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1. El 25 de agosto de 2015 (fl. 4 cdno. 1), la Arquidiócesis de Bogotá, Pilar Umaña de Pardo y Helena Umaña de Huertas, por intermedio de apoderado judicial presentaron demanda a través del medio de control de reparación directa consagrado en el artículo 140 del CPACA (fls. 4 a 30 cdno. 1) en contra de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (en adelante CAR) con las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se declare a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR CUNDINAMARCA, entidad de derecho público; como responsable extracontractual de los daños y perjuicios ocasionados por la ocupación permanente a causa de obras y trabajos públicos que se ejecutan en el inmueble denominado “ LA MACARENA”, ubicado en jurisdicción municipal de Soacha, identificado con Matrícula Inmobiliaria anterior Origen No. 50-S 178636 (ORIP Bogotá) y actual 050 -2786 Oficina de Instrumento Públicos

de Soacha y Cédula Catastral No. 00-00-0014-0085-000 antes 00-01-00020048-000. Cuyos derechos de cuota de l as señoras MARÍA DEL PILAR Y HELENA UMAÑA es de 25% para cada una y el 50% restante de la Arquidiócesis de Bogotá y respecto de la sociedad mencionada en su calidad de tenedora derivada del contrato de comodato suscrito con las personas naturales propietar ias; predio afectado para la ejecución del proyecto denominado ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BOGOTÁ. PROYECTO FIAB, el cual fue objeto de ocupación desde el día dieciocho (18) de julio de 2013 hasta la fecha.

SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior pretensión, se condene a la

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR CUNDINAMARCA, a3

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adquirir la propiedad a mis representadas del predio la Macarena en sus respectivos derechos de cuota sobre el terreno afectado por la ejecución de obras y trabajos públicos.

TERCERA: Como consecuencia de la anterior pretensión, se condene a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR CUNDINAMARCA a pagar indemnizar a favor de mis representadas por los perjuicios materiales, ocasionados como consecuenci a del daño antijurídico derivado de la ocupación permanente por causa de obras y trabajos públicos ejecutados en el inmueble denominado “LA MACARENA”, ubicado en jurisdicción

ocasionados como consecuenci a del daño antijurídico derivado de la ocupación permanente por causa de obras y trabajos públicos ejecutados en el inmueble denominado “LA MACARENA”, ubicado en jurisdicción municipal de Soacha, identificado con Matrícula Inmobiliaria anterior Origen No. 50-S 178636 (ORIP Bogotá) y actual 051 -2786 Oficina Instrumentos Públicos de Soacha y Cédula Catastral No. 00-00-0014-0085-000 antes 0001-0002-0048-000, afectado para la ejecución del proyecto denominado ADECUACIÓN HIDRÁULICA DEL RÍO BOGOTÁ. PROYECTO FIAB, el cual fue objeto de ocupación desde el día dieciocho (18) de julio de 2013 hasta la fecha (…).1

CUARTA: Como consecuencia de las pretensiones anteriores SE CONDENE a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR CUNDINAMARCA a pagar indemnización a favor de mis representadas los valores reclamados conjuntamente con la corrección monetaria a partir del momento de la ocupación del predio hasta que se efectúe el pago de la indemnización solicitada.

QUINTA: Como consecuencia de las pretensiones anteriores, se condene a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL CAR CUNDINAMARCA a pagar a mis representadas los intereses bancarios sobre las sumas que constituyeron el concepto de daño emergente y lucro cesante desde el momento en que el predi o fue objeto de ocupación por la CAR CUNDINAMARCA (…)”.” (fls. 6 a 9 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

momento en que el predi o fue objeto de ocupación por la CAR CUNDINAMARCA (…)”.” (fls. 6 a 9 cdno. 1 – negrillas y mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico la parte actora invocó, en síntesis, lo siguiente:

1. El señor Manuel Umaña Piedrahíta y la sociedad JYB Agropecuarias Ltda Ltda detentaban el derecho de dominio sobre el inmueble denominado “ La Macarena ” ubicado en el municipio de Soacha (Cundinamarca), identificado con folio de matrícula inmobiliaria no. 051 -2786 y cédula catastral no. 00 -00-0014-0085-000, con una

1 Pretensión modificada en escrito de adición de la demanda del 24 de septiembre de 2015 (fls. 42 a 47 cdno. 1) , admitido por auto del 26 de octubre de 2025 (fl50 cdno. 1). En las súplicas de la demanda puntualmente se solicitan los siguientes perjuicios: a) por daño emergente (i) el precio comercial del terreno ocupado en una extensión de 172.767 m2 por valor total de $2.093.983.367, (ii) el costo de las obras de adecuación de un sistema de irrigación que aseguran los demandantes fue afectado con la ocupación ($510.223.309), (iii) el costo de compra de alimento para ganado por la disminución de la extensión de tierra ($48.384.000), (iv) el pago de impuesto predial de los años 2013, 2014 y 2015 ($9.614.218), (v) intereses de mora por no haberse podido registrar las escrituras públicas mediante las cuales los demandantes adquirieron los

tierra ($48.384.000), (iv) el pago de impuesto predial de los años 2013, 2014 y 2015 ($9.614.218), (v) intereses de mora por no haberse podido registrar las escrituras públicas mediante las cuales los demandantes adquirieron los derechos de propiedad ($2.673.286.327); b) lucro cesante por causa de (i) la disminución de la producción lechera por la suspensión parcial de esa actividad por el periodo de ejecución de las obras adelantadas por la CAR durante 22 meses ($53.856.000), (ii) la disminución de la producción lechera por la reducción del hato ganadero por la menor disponibilidad de tierra destinada a esa actividad y, (iii) por los cánones de arrendamiento dejados de percibir desde el momento de la entrega del bien hasta el mes de abril de 2015 ($23.945.250).4

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extensión superficiaria de 1.015.648 m 2; el 20 de marzo de 2004 falleció el señor Manuel Umaña Piedrahita, quien era propietario del 50% del inmueble en cuestión , a partir de esa fecha las señoras Pilar Umaña de P ardo y Helena Umaña de Huertas comenzaron a ejercer actos de posesión sobre los terrenos correspondientes en condición de sobrinas y herederas.

1. Tiempo después, las señoras Pilar Umaña de Pardo y Helena Umaña de Huertas adquirieron el derecho de propiedad sobre el 50% del inmueble mediante sucesión protocolizada en la escritura pública no. 567 del 17 de marzo de 2011 de la Notaría 41

1. Tiempo después, las señoras Pilar Umaña de Pardo y Helena Umaña de Huertas adquirieron el derecho de propiedad sobre el 50% del inmueble mediante sucesión protocolizada en la escritura pública no. 567 del 17 de marzo de 2011 de la Notaría 41 de Bogotá; e l otro 50% de es e predio que le pertenecía a la sociedad JYB Agropecuarias Ltda Ltda fue donado por esa empresa en favor de la Arquidiócesis de Bogotá mediante la escritura pública no. 2508 de l 23 de septiembre de 2011 de la Notaría Tercera del Círculo de Bogotá ; no obsta nte, dichos títulos de adquisición no pudieron registrarse sino hasta el mes de noviembre del año 2014 por causa atribuible a la CAR.

1. Posteriormente, la CAR expidió los oficios números 20112124391 del 30 de noviembre de 2011 y 20112126877 del 28 de diciembre de 2011 mediante los cuales hizo una oferta de compra de dicho inmueble a quienes para entonces ya no eran los propietarios, es decir, a la sociedad JYB Agropecuarias Ltda Ltda Ltda y al señor Manuel Umaña Piedrahita , con el propósito de adquirir una parte del inmueble en cuestión, específicamente 17.767 m2 por un valor de $986.272.490.

1. Ante la imposibilidad de concretar el trámite de enajenación voluntaria la CAR expidió la Resolución no. 0894 del 27 de marzo de 2012 a través de la cual ordenó la expropiación del terreno requerido por razones de utilidad pública y, por consiguiente, instauró demanda judicial de expropiación ; en dicho proceso adelantado ante el

expropiación del terreno requerido por razones de utilidad pública y, por consiguiente, instauró demanda judicial de expropiación ; en dicho proceso adelantado ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha (Cundinamarca) se ordenó la entrega anticipada del inmueble en favor de la CAR con el fin de permitir la ejecución de la obra de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá.

1. Para la entrega del inmueble se delegó al Juzgado Primero Civil Municipal de Soacha, diligencia que se llevó a cabo el 18 de julio de 2013 y en la cual las señoras Pilar Umaña de Pardo y Helena Umaña de Huertas solicitaron su vinculación al proceso en calidad de poseedoras y herederas del señor Manuel Umaña Piedrahita ; sin embargo, no se accedió a esa vinculación y el 20 de agosto de 2013 el proceso fue5

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declarado nulo , precisamente por la omisión en l a vinculación de los herederos determinados e indeterminados del mencionado causante.

1. En consecuencia, se ordenó el levantamiento de los gravámenes que por el trámite de expropiación figuraban en el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria y en el mes de noviembre de 2014 Pilar Umaña de Pardo Helena Umaña de Huertas y la Arquidiócesis de Bogotá pudieron inscribir los correspondientes títulos de adquisición.

1. Desde el primer día de la entrega del bien a la CAR, la entidad inició a ejecutar la

Arquidiócesis de Bogotá pudieron inscribir los correspondientes títulos de adquisición.

1. Desde el primer día de la entrega del bien a la CAR, la entidad inició a ejecutar la correspondiente obra pública con carácter permanente, sin que hasta el momento de la presentación de la demanda se hubiere adelantado otro proceso de expropiación.

3. Contestación de la demanda

El 15 de diciembre de 2015, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) contestó la demanda en el sentido de manifestar su oposición a todas y cada una de las súplicas formuladas por la parte actora, en el siguiente sentido (fls. 60 a 73 cdno. 1):

1. La CAR acudió a los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico con el fin de adquirir una parte del inmueble “La Macarena ”, lo cual incluyó la etapa de negociación directa y una orden de entrega emitida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha el 18 de julio de 2013, hechos que descartan una ocupación ilegal; además, para ese momento el señor Manuel Umaña Piedrahita figuraba como propietario e n el correspondiente folio de matrícula inmobiliaria y su fallecimiento ocurrido en 2004 era un hecho que la entidad desconocía.

1. Una vez anulado el primer proceso judicial de expropiación se procedió a levantar la inscripción de la oferta de compra y de la demanda en la correspondiente matrícula inmobiliaria; sin embargo, no debe desconocerse que la protocolización de la sucesión del señor Umaña Piedrahíta se realizó en marzo de 2011 y la donación a la

inmobiliaria; sin embargo, no debe desconocerse que la protocolización de la sucesión del señor Umaña Piedrahíta se realizó en marzo de 2011 y la donación a la Arquidiócesis de Bogotá se escrituró en septiembre de l mismo año , más de dos (2) meses antes de que se registrara la primera oferta de compra en enero de 2012 ; por consiguiente, la imposibilidad de inscripción de estos títulos no es un hecho atribuible al ente público demandado.6

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1. Por otro lado, debido al rechazo de la demanda del primer proceso de expropiación fue adelantado otro trámite de negociación voluntaria con los aquí demandantes para adquirir 17 hectáreas y 991 m² por un valor de $1.212.488.220 , pero como no hubo respuesta alguna fue proferida la Resolución no. 2356 del 3 de noviembre de 2015 que ordenó, por segunda vez, la expropiación administrativa y el inicio de un nuevo proceso judicial.

1. Cabe destacar que el predio se encuentra en una zona de conservación hidrológica y protección ambiental s egún el POT de Soacha (Acuerdo no. 46 de 2000), lo cual incide en la evaluación de posibles perjuicios por lucro cesante ; finalmente, se configura la excepción de “falta de legitimación en la causa por pasiva ”, dado que la ocupación se produjo por causa de una orden judicial en una fecha en la que los demandantes no figuraban como propietarios en el registro inmobiliario2.

4. La sentencia de primera instancia

ocupación se produjo por causa de una orden judicial en una fecha en la que los demandantes no figuraban como propietarios en el registro inmobiliario2.

4. La sentencia de primera instancia

El 14 de septiembre de 2017 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección tercera, Subsección A declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) por la ocupación permanente de una franja de terreno de 172.767 m2 del inmueble “La Macarena” y, en consecuencia, condenó a dicha entidad al pago de los perjuicios de daño emergente (valor del terreno ocupado ) y lucro cesante (intereses derivados del monto del daño emergente) que deberían ser liquidados mediante trámite incidental (fls. 218 a 237 cdno. apelación), con base en las siguientes consideraciones:

1. A pesar de que al momento de la oferta de compra formulada por la CAR el 30 de noviembre de 2011 la titularidad del predio “La Macarena” estaba registrada a nombre del señor Manuel Umaña Piedrahita y la sociedad JYB Agropecuarias Ltda , los demandantes ya ejercían la posesión material del inmueble, lo cual les otorgaba legitimación para reclamar perjuicios ; con todo, en noviembre de 2014 adquirieron formalmente el dominio cuando inscribieron las escrituras públicas de sucesión y donación.

1. Aunque la CAR obtuvo la entrega anticipada del predio el 18 de julio de 2013 por orden judicial, dicha actuación fue anulada el 20 de agosto del mismo año por falta de

2 La audiencia inicial se llevó a cabo el 28 de junio de 2026, en esa oportunidad de declaró la legitimación en la

orden judicial, dicha actuación fue anulada el 20 de agosto del mismo año por falta de

2 La audiencia inicial se llevó a cabo el 28 de junio de 2026, en esa oportunidad de declaró la legitimación en la causa por activa de los demandantes, se fijó el litigio y decretaron pruebas (fls. 167 a 171 cdno. 1).7

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178) Actores: Arquidiócesis de Bogotá y otras Reparación directa Apelación de sentencia

vinculación de los herederos, decisión que quedó en firme el 27 de agosto de 2013; de este modo, desde el 28 de agosto de 2013 la CAR carecía de habilitación judicial para ocupar el inmueble y no promovió un nuevo proceso de expropiación sino hasta el 29 de abril de 2016, pese a que debía hacerlo de inmediato ; e n consecuencia, la ocupación parcial y permanente de 172.767 m² del predio desde el 28 de agosto de 2013 se quedó sin respaldo legal y con ello se configuró la responsabilidad patrimonial extracontractual de la CAR.

1. Sobre los perjuicios, debe tenerse en cuenta que actualmente cursa un nuevo proceso de expropiación judicial promovido por la CAR radicado el 26 de abril de 2016 ante el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha, fecha posterior a la notificación de la demanda en el presente proceso de reparación directa; frente a lo cual se destaca que ambos trámites persiguen la misma finalidad indemnizatoria que no se limita al valor del predio ocupado o expr opiado, sino que , comprende todos los perjuicios causados, con esa advertencia, se decide lo siguiente:

que ambos trámites persiguen la misma finalidad indemnizatoria que no se limita al valor del predio ocupado o expr opiado, sino que , comprende todos los perjuicios causados, con esa advertencia, se decide lo siguiente: a) El daño emergente por el valor comercial del bien ocupado no se acreditó, por las siguientes razones : (i) el dictamen de la Lonja Colombiana de Propi edad Raíz no cumplió con los requisitos del artículo 219 del CPACA, porque no se acompañó de los documentos soporte, tales como los avalúos del IGAC y encuestas sobre el valor del metro cuadrado en la zona ; (ii) el valor consignado en el trabajo de partici ón de la sucesión del señor Manuel Umaña Piedrahita no resulta fiable debido a que el predio se encuentra en zona de ronda del río Bogotá, hecho que impone restricciones de uso que afectan su precio y, (iii) el avalúo comercial solicitado por la CAR al IGAC en agosto de 2014 fue aportado como prueba documental y no como dictamen pericial, sin haberse agotado su contradicción conforme al artículo 220 del CPACA. En consecuencia, se ordena que el precio comercial de la franja afectada se determine mediante trámite incidental dentro del cual deben observase, entre otros aspectos, la aplicación de un interés del 6% anual sobre el valor del bien desde la ocupación hasta la decisión del incidente y el monto indemnizatorio no podrá superar los $2.093.367, conforme al límite fijado en las pretensiones, para efectos de evitar una condena extra petita. b) Se niega el daño emergente futuro por la adecuación del sistema de irrigación, dado que e l dictamen presentado por la empresa Irridelco no puede tenerse en cuenta8

petita. b) Se niega el daño emergente futuro por la adecuación del sistema de irrigación, dado que e l dictamen presentado por la empresa Irridelco no puede tenerse en cuenta8

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178) Actores: Arquidiócesis de Bogotá y otras Reparación directa Apelación de sentencia

porque el perito no compareció a la audiencia de pruebas para su sustentación y aunque presentó excusa, esta no fue debidamente justificada. c) No se reconoce el “ lucro cesante” derivado del pago de impuesto predial sobre el área afectada (2013–2015), porque, aunque se aportaron los recibos de pago, no se probó quién lo efectuó ni que este proviniera del patrimonio de los demandantes. c) Se niega el lucro cesante correspondiente a la pérdida de ingresos por actividad lechera y por los cánones de arrendamiento dejados de percibir por la Arquidiócesis de Bogotá porque las pruebas aportadas para su demostración carecen de mérito suficiente para ser valoradas. d) Se niega lo concerniente al pago de i ntereses por imposibilidad de registrar las escrituras públicas mediante las cuales se adquirió la propiedad , porque fue la conducta omisiva de los demandantes la qu e impidió el registro oportuno , pues, los actos jurídicos de sucesión y donación fueron suscritos en los meses de marzo y septiembre de 2011, más de dos (2) meses antes de la inscripción de la oferta de compra por la CAR el 12 de enero de 2012; no obstante, los accionantes no registraron

septiembre de 2011, más de dos (2) meses antes de la inscripción de la oferta de compra por la CAR el 12 de enero de 2012; no obstante, los accionantes no registraron los títulos adquisitivos del dominio en el plazo previsto en el artículo 231 de la Ley 223 de 19953.

5. Los recursos de apelación

5.1 Parte demandante

Impugnó la sentencia mediante escrito radicado el 15 de enero de 2018 (fls. 270 a 294 cdno. apelación), por las siguientes razones:

1. El juez de primera instancia no valoró adecuadamente el dictamen pericial practicado dentro del proceso sobre el valor com ercial del terreno, pues, aunque el perito no anexó todos los documentos soporte, el artículo 219 del CPACA no exige su presentación estricta y era deber del juez solicitarlos de oficio; además, el dictamen se elaboró de conformidad con las normas técnicas vigentes y la estimación del valor

3 La sentencia de primera instancia fue objeto de sendas solicitudes de aclaración y adición presentadas tanto por la parte demandante como por la parte demandada (fls . 243 a 254 cdno. apelación); no obstante, ambas fueron denegadas el 13 de diciembre de 2017 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C por el hecho de considerar que no existían puntos que provocaran confusión o que estuv ieran pendientes de resolver (fls. 264 a 268, cdno. apelación).9

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178) Actores: Arquidiócesis de Bogotá y otras Reparación directa

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178) Actores: Arquidiócesis de Bogotá y otras Reparación directa Apelación de sentencia

de las mejoras demolidas por la CAR se basó en documentos del primer proceso de expropiación.

1. No es de recibo el límite impuesto por el a quo sobre el monto a reconocer, por cuanto en ninguna de las pretensiones consignadas en los ordinales tercero, cuarto y quinto de la demanda se indicó un valor máximo de indemnización; aunque se solicitó puntualmente la suma $2.093.983.367 por el valor del terreno ocupado, a dicho monto debe agregarse el lucro cesante derivado del p ago de intereses y la correspondiente corrección monetaria.

1. Finalmente, se solicita como prueba que se oficie al IGAC y a la CAR para que aporten al proceso la copia de los avalúos correspondientes a los predios CAR-A-003, CAR-A-026, CAR-A-014. CAR-A-013, y CAR-B-039, elaborados todos en desarrollo del proyecto de adecuación hidráulica del río Bogotá.

5.2 Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR)

El 23 de enero de 2018 presentó recurso de alzada (fls. 295 a 302 cdno. apelación), a través del cual solicitó la modificación de la sentencia de primera instancia por los siguientes motivos: (i) cuestionó la declaración de la ocupación en extensión de 172.767 m², cuando en realidad solo utilizó 17 hectáreas y 991 m² de conformidad con la segunda oferta de compra realizada en el año 2015; (ii) el lucro cesante solo debe

172.767 m², cuando en realidad solo utilizó 17 hectáreas y 991 m² de conformidad con la segunda oferta de compra realizada en el año 2015; (ii) el lucro cesante solo debe reconocerse desde noviembre de 2014, fecha en la que los demandantes inscribieron sus títulos de propiedad ; (iii) no debió imponerse una condena en abstracto ya que , dentro del proceso obran pruebas documentales válidas sobre el valor comercial del predio, tales como como el avalúo realizado IGAC, (v) debe tenerse en cuenta el valor ya consignado en el proceso de expropiación judicial para evitar un doble pago, y (vi) debe revocarse la condena en costas emitida en primera instancia porque no hubo una ocupación arbitraria.

6. Actuación surtida en segunda instancia

1. Por auto del 3 de mayo de 20 18 se admitieron los recursos de apelación presentados por ambas partes (fls. 320 cdno. apelación ) y, posteriormente, el 23 de enero de 2019 fue negada la solicitud de pruebas realizada en la segunda instancia por los demandantes (fls. 323 a 326 cdno. apelación).10

Expediente: 25000-23-36-000-2015-02020-01 (61.178) Actores: Arquidiócesis de Bogotá y otras Reparación directa Apelación de sentencia

1. El 20 de marzo de 2019 se corrió traslado a las partes para para alegar de conclusión (fl. 330 cdno. apelación ) por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes expresaron lo

conclusión (fl. 330 cdno. apelación ) por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto, quienes expresaron lo siguiente: (i) la parte demandante reiteró lo expuesto en el recurso de apelación (fls. 332 a 334 cdno. apelación); (ii) la CAR se ratificó en todos los argumentos expuestos en la contestación de la demanda (fls. 335 a 337 cdno. apelación ), y (iii) el Ministerio Público, a través de Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó la modificación de la sentencia impugnada por cuanto el área del terreno ocupada es en realidad de 170.991 mts2 y los perjuicios a reconocer se deben liquidar a partir del mes de noviembre de 2014, debido a que desde esa fecha los accionantes inscribieron los correspondientes títulos que los acreditan como propietarios, igualmente pidió que se clarifique lo relacionado con lo pagado por la CAR en el proceso de expropiación tramitado ante la justicia ordinaria (fls. 338 a 344 cdno. apelación).

1. El 20 de abril de 2022, la CAR informó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soacha mediante sentencia del 12 de febrero de 2020 dentro del proceso de expropiación judicial no. 2016 -00125 declaró l a expropiación del predio objeto de indemnización y ordenó la transferencia del derecho de dominio en favor de la entidad; como indemnización fijó el pago de $2.701.242.912,30 de los cuales ya se había consignado $1.212.488.220, otorgándose un plazo de 20 días para pagar el saldo

como indemnización fijó el pago de $2.701.242.912,30 de los cuales ya se había consignado $1.212.488.220, otorgándose un plazo de 20 días para pagar el saldo restante; en atención a que dicha sentencia tuvo en cuenta la entrega del predio desde el 18 de julio de 2013, la CAR solicitó declarar la excepción de cosa juzgada (índice Samai 20)4.

1. Con ocasión de lo anterior, el 19 de octub re de 2022 se decretó la incorporación, como prueba de oficio , de los documentos anexados con la referida petición y, adicionalmente, se ordenó oficiar a la Oficina de Registro de Instrumentos Públic